ONG's y corrupción

Artículo de Luis Escribano

En primer lugar debo aclarar que aunque el título haga referencia a las ONGs, en el presente artículo me referiré a todas las entidades sin ánimo de lucro, bajo cualquiera de las formas que puede adoptar: asociación, fundación, cooperativa, etc.

A muchos de ustedes les extrañará una posible relación entre corrupción y entidades sin ánimo de lucro, dado que, en principio, parecen términos antagónicos. Y no me sorprende en absoluto, pues la mayoría de las personas piensan y actúan bajo los principios de la buena fe y confianza en sus relaciones con las demás, y deducir que una entidad sin ánimo de lucro pueda actuar al margen de dichos principios resulta bastante insólito, dado los fines de interés general o social que persiguen. No obstante, no olviden que dichas entidades, aunque adopten la forma de personas jurídicas -asociación, fundación, etc.-, están creadas y gobernadas por personas físicas, y aquí radica el problema.

Dichas entidades sin ánimo de lucro persiguen fines, en muchos casos, que suelen ser propios de la filantropía, es decir, de amor al prójimo, de ayuda desinteresada a los demás. Entre esos fines, encontramos, por ejemplo, la atención social y sanitaria, la promoción de valores constitucionales, la promoción y defensa de derechos humanos, ayudar a las víctimas del terrorismo, la cooperación para el desarrollo, la ayuda a la mujer maltratada, promover el interés general de carácter cívico, educativo, científico, cultural o deportivo, la promoción y protección de la familia, la protección de la infancia, el fomento de la igualdad de oportunidades y tolerancia, la defensa del medio ambiente, el voluntariado social, la defensa de consumidores y usuarios, la atención a la personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y otros de similar naturaleza.

Pero al estar dirigidas por personas físicas, la realidad es mucho más cruda y compleja, tanto como la naturaleza humana. El corrupto actúa sin escrúpulos, y si para ello tiene que disfrazarse de entidad sin ánimo de lucro, lo hace sin dudarlo un instante, y los buenismos en estos casos no ayudan en la lucha contra la corrupción. No debería presumirse la “santidad” de una persona por el mero hecho de que la misma anteponga a su nombre “San”. Por ello, es necesario vigilar y controlar adecuadamente a todas esas entidades para ver como actúan, a fin de evitar posibles conductas torcidas de sus dirigentes o socios.

El detalle del escaso interés de los partidos políticos por controlar estas entidades sin ánimo de lucro que usan fondos públicos o se benefician fiscalmente provoca ciertas sospechas. La Ley 50/2002, de Fundaciones, establecía que corresponde al Gobierno efectuar la actualización de las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos. Tras la aprobación del Plan General de Contabilidad y el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) en 2007, las entidades sin fines lucrativos han podido seguir aplicando la adaptación aprobada por una norma del año 1998 (Real Decreto 776/1998), y ¡¡hasta 2011!! no se ha actualizado (Real Decreto 1491/2011).

Como decía anteriormente, no toda entidad sin ánimo de lucro, por el hecho de serlo, actúa con filantropía. Mi intención es resaltar determinadas acciones de algunas de estas entidades beneficiadas que deben alertarnos. Las posibles evasiones fiscales o las retribuciones del personal contratado en dichas entidades, que deberían ser transparentes y debidamente controladas, son algunos ejemplos. Porque no sería de recibo que muchas de las subvenciones, donaciones y demás ayudas económicas que reciben, así como las bonificaciones fiscales que disfrutan, vayan en beneficio, por ejemplo, de posibles retribuciones “galácticas” de los dirigentes de estos entes. Y no sería admisible alegar que lo que cobran esos directivos o personal contratado procede exclusivamente de las cuotas de los socios cuando los ingresos totales es una mezcla de fondos privados y públicos, especialmente si la caja es única. Pero, ¿quién controla todo esto?

Por otro lado, también debería tenerse en cuenta que muchas de estas entidades son contratadas por las Administraciones Públicas, o conciertan sus servicios, y si no se controlan los importes que cobran en nóminas, o incluso si las personas contratadas por estas entidades mantienen alguna relación familiar, de amistad o incluso ideológica, con quienes adjudican las contrataciones públicas, nos podemos encontrar ante un campo minado de corrupción.

Subvenciones y ayudas a estas entidades, contrataciones, conciertos, etc., así como beneficios fiscales y de otras índoles, podrían acabar en testaferros de entidades creadas ad hoc por políticos y demás empleados públicos, nóminas disparatadas, evasiones fiscales, colocaciones de familiares de políticos y empleados públicos, siendo estas entidades favorecidas por las Administraciones en fraude de Ley.

Y no debe extrañarnos que así ocurra, porque ya han sucedido casos. Existen tramas organizadas, porque al igual que ocurre con las ayudas sociolaborales (caso ERE, formación para el empleo, etc.), ayudas sociales y otros tipos de ayudas públicas, no hay mejor amparo para el corrupto que aprovecharse del paraguas que le ofrecen la solidaridad humana, la confianza y la buena fe de los demás.

No hace mucho escribí un artículo sobre lo que ocurrió con la Fundación Forja XXI (véase artículo aquí), entidad que se encuentra en un Juzgado con un agujero de varios millones de euros, en cuyo protectorado había políticos de varios partidos y empresarios conocidos, y que ha estado presidida por insignes miembros de la jerarquía de la Iglesia católica. Y para que nadie desvaríe, haré un inciso: por el hecho de autoetiquetarse de budista, católico, ecologista, feminista, representante de organizaciones sociales, etc., no debería presumirse un halo de “buenismo social” a esas personas. Sólo su comportamiento revelarán el grado ético y verdadero compromiso con la sociedad, y por ello deben vigilarse adecuadamente las acciones de las mismas cuando hay dinero público en juego.

Les pondré otro ejemplo para aclararlo. La Cámara de Cuentas ha denunciado numerosas irregularidades en la gestión de los fondos públicos que el Servicio Andaluz de Salud transfiere al Consorcio Sanitario Público del Aljarafe en base al concierto establecido -modalidad de contratación pública-, fondos que recibe la Entidad Provincia Bética de la Orden de San Juan de Dios para su gestión. ¿Por el mero hecho de tratarse de una entidad de la Iglesia católica ha de presumirse que toda la gestión con esos fondos es correcta? Obviamente no. Sólo un control exhaustivo de los gastos puede revelar si la gestión de esos fondos es acorde o no con la normativa aplicable y con los fines perseguidos por la entidad, y sólo con su control puede conocerse si esos fondos públicos están siendo utilizados adecuadamente. ¿Y si resulta que los directivos del Hospital de dicho Consorcio están cobrando importes astronómicos, muy por encima de lo que están cobrando los directivos de los Hospitales del SAS y de las Agencias sanitarias? Los auditores de la Cámara de Cuentas solicitó esa información sobre el ejercicio de 2012 y no se le facilitó. ¿Qué actuación ha realizado el SAS o la Consejería de Hacienda y Administración Pública al respecto? Que se conozca, ninguna.

En otros países, donde la corrupción es también uno de sus más graves problemas (y cuidado con la espiral en la que ha entrado España), están aprobando medidas para luchar contra la corrupción de supuestas entidades sin ánimo de lucro. En Colombia y México, por poner dos ejemplos actuales, las mafias corruptas utilizan este tipo de entidades para aprovecharse de sus beneficios fiscales, ayudas económicas públicas y evadir impuestos, y sus Gobiernos están dando pasos para controlarlas, con mayor o menor acierto.

En España, ¿qué está ocurriendo? Sabemos que empresas, partidos políticos, sindicatos, entidades bancarias y demás organizaciones, han creado en los últimos años entidades sin ánimo de lucro (fundaciones, etc.), en principio con fines lícitos. Pero, ¿están siendo controladas realmente cuando reciben fondos públicos o se benefician de bonificaciones fiscales (IVA, etc.)? ¿Se conoce con total transparencia cómo gastan estos fondos públicos cuando se benefician de ellos? Aunque ingresen parte en concepto de cuotas de sus socios o afiliados, si otra gran parte proceden de fondos públicos o de beneficios fiscales, debería controlarse el gasto de dichas entidades.

Si embargo, mucho me temo que, en el caso de Andalucía, la Administración gobernada por Susana Díaz está mirando para otro lado, aprovechándose de la buena fe de los ciudadanos que dan por hecho que todas esas entidades sin ánimo de lucro (asociaciones, fundaciones, cooperativas, etc.) están debidamente controladas o están actuando debidamente. Sin embargo, existen casos que demuestran lo contrario.

Una vez más, los ciudadanos son esquilmados a base de impuestos, tasas y cánones, mientras los corruptos campan a sus anchas con el beneplácito de los políticos que se dedican, como buenos buhoneros, a vendernos sus “mercancías” deterioradas.

¡Abran bien los ojos, que no es oro todo lo que reluce!