Artículo de Mazelmind
Recientemente, Radio Sefarad entrevistó a don Ignacio
Wenley Palacios, abogado que ha conducido gran parte de los procesos
legales contra BDS en los ayuntamientos españoles.
El abogado expone de manera clara y breve los principios básicos de la lucha contra el boicot a Israel en España. Aquí tienen el enlace de Radio Sefarad para que lo escuche quien tenga unos minutos para enterarse con detalle y sin romanticismos en qué consiste el boicot y por qué es desmontable con la ley en la mano.
Lo que llama
poderosamente la atención del trabajo hecho y los objetivos conseguidos es la
desmitificación del sujeto a defender. Quienes somos o hemos sido parte de
comunidades judías a menudo percibimos al Estado de Israel, sus habitantes y
los judíos relacionados con el mismo (yo incluida) como objeto de ataque y
discriminación. Esto evidentemente tiene un sostén en la realidad. Tanto en
España como en Estados Unidos, Latinoamérica y países como Francia o Reino
Unido es conocida la existencia de grupos apoyados y financiados por teocracias
islamistas y ONGs varias que hacen a sabiendas o por simple supuesta ideología
de izquierda radical, propaganda antisraelí. Ahora no entraré a discutir la
vertiente judeófoba de la propaganda antiisraelí que da para unos cuantos
artículos.
El caso es que a
nuestros ojos y aparentemente a los ojos de más de uno y más de dos magistrados
y con la ley en la mano el boicot que promueve BDS es una discriminación. Pero
lo importante de esta entrevista es que no se habla de si la señora Stern, el
dueño de Soda Stream o yo nos sentimos ofendidos, sino de la perspectiva legal.
Si bien el judío y sionista no son los únicos colectivos con largas historias
de discriminación las sensaciones de rechazo y amenaza forman parte del sistema
de alarma con el que algunos desafortunadamente crecemos por simple instinto de
conservación. Este último, dada la supervivencia de lo judío y la
existencia del Estado judío, se rodean de un cierto misticismo.
Lo que hace don
Ignacio Wenley en su estrategia legal es sacarnos de encima el mito e igualar
la discriminación de BDS a la que pueda sufrir cualquier otro colectivo, sus
productos comerciales o intelectuales por el simple hecho de provenir de donde
provienen. Y más aún, él incluye en el boicot los derechos de los propios
ciudadanos susceptibles de hacer negocios o relacionarse con el país
boicoteado.
Este es un
asunto de Derechos Humanos. Explica que cada uno en su casa es libre de elegir
e incluso de boicotear a quien le parezca, porque es una cuestión privada. Sin
embargo, cuando el boicot proviene de una administración pública obligada a
proteger a todos los ciudadanos, esto entra en el terreno de las acciones
concretas. Un boicot que exige acciones trasciende el simple acto político.
Para que una administración o institución pública haga un boicot ha de
controlar a sus ciudadanos, hacerles preguntas y pedirles que no tengan
relaciones comerciales o intelectuales con determinadas personas. Esto
claramente es violatorio de los derechos de los ciudadanos como lo es el boicot
de productos o personas por su procedencia o ideología.
Da igual si
hablamos del Estado de Israel o de Vanuatu. No se puede someter a una empresa a
un interrogatorio del tipo “¿qué opina usted sobre el conflicto árabe-Israelí?”
para elegirla o boicotearla como se pretendía hacer con Matisyahu en el
festival Rototom. Esto es un “auto de fe” y de eso aquí supuestamente ya no
tenemos.
¿Y por qué hablo
de desmitificar? Los sionistas pueden percibir esto como una estrategia para
favorecer a Israel pero no es así. Yo agradezco al señor Wenley que hable de
Derechos Humanos en general y que abra esta ventana. Al menos entiendo que si
hoy se dejasen pasar casos de discriminación antiisraelí (que se hace) mañana
podría presentarse algún iluminado que quisiera boicotear todo aquello
proveniente de antiguas colonias españolas en América, de Quebec o de Suiza por
decir algo y que hubiese que cuestionar a los ciudadanos qué opinan de la
conquista de América, de la francofonía de Quebec o de los bancos suizos para
hacer o dejar de hacer algún negocio o trato de cualquier tipo con la administración.
Esto supondría una violación de los los derechos del ciudadano igual que
preguntarle su opinión sobre el conflicto árabe-israelí para incluirlo o
excluirlo de algo. Ni más ni menos.
Que yo sepa, hay
sentencias firmes que anulan el boicot en Avilés, Langreo, Sant Sadurní, Buñol,
Tavernes y Campezo. Se han conseguido suspensiones cautelares por orden
judicial en Vélez –Málaga, Santa Eulalia del Río, Langreo, Rivas Vaciamadrid,
Sant Adrià del Besòs, Barberà del Vallès, Sant Quirze y Olesa de Montserrat.
Y ahora voy a
otro punto que merece desmitificarse. El entrevistador habló de trabajo
voluntario contra el boicot. El abogado aclara que su trabajo no es voluntario.
Menos mal. No considero que conseguir semejantes resultados en menos de un año
pueda ni deba ser un trabajo voluntario. Supongo que cualquier abogado que se
precie, si se ocupa de tantos casos como acabo de enumerar, poco tiempo tendrá
para dedicar a otros asuntos y a menos que haya nacido en sábanas de seda o
tenga un mecenas, tendrá que trabajar para llenar la nevera, pagar la hipoteca
o el seguro del coche, como todo hijo de vecino por muy solidario que sea.
La
discriminación de cualquier colectivo es un asunto suficientemente serio como
para pretender que nadie lo haga gratis “porque yo lo valgo”, máxime si alguien
tiene que pasar noches sin dormir, recorrer España, cumplir plazos, escribir
argumentos y ganar juicios contra un enemigo nada desdeñable. Estamos hablando
de ir contra una organización que está financiada
para boicotear un Estado y a sus ciudadanos, desde la Autoridad Palestina
que a su vez está financiada por fondos de la Unión Europea, ONGs que
encuentran los entresijos de la legalidad para transferir dinero, fundaciones
privadas y organizaciones religiosas incluidas algunas que abrazan ideologías
antisemitas.
(Publicado en "Ideas
sueltas de una afortunada")
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