A vueltas con la prisión permanente revisable

Artículo de Luis Marín Sicilia

“La legislación española ha introducido la figura de la prisión permanente revisable para protegernos de quienes realizan asesinatos de especial gravedad, de genocidas y terroristas”

“Pedro Sánchez y sus socios potenciales del ‘gobierno alternativo’ debieran explicar las razones de por qué pretenden derogar, si gobiernan, la pena de prisión permanente revisable para delitos de especial brutalidad, violaciones y asesinatos de menores y terrorismo”

El 14 de Marzo de 2009, el diario El Mundo, entre otros, recogía una noticia generada por el Consejo Asesor del PP andaluz que yo presidía, del siguiente tenor:

"El consejo asesor del PP andaluz elaborará un estudio sobre las posibilidades legales y constitucionales de aplicar en España la cadena perpetua, sujeta a revisiones periódicas en función de la posible reinserción social del delincuente.

Un comunicado del PP informa de que el presidente del consejo asesor, Luis Marín Sicilia, ha encargado el estudio a la Comisión de Libertades y Justicia de este órgano y luego lo elevará a los responsables del partido.

A juicio de Marín Sicilia, la expresión "cadena perpetua" es "tabú" en algunos sectores sociales y provoca reacciones encontradas que "sería bueno excluir del acaloramiento del debate".

Planteamientos dogmáticos

"Por ello sería mas adecuado alejarse de planteamientos dogmáticos y buscar el equilibrio entre la finalidad de la pena, en el doble sentido de garantizar el orden social quebrantado y conseguir la reinserción social del delincuente, principio inspirador de nuestra Constitución".

En cualquier caso, este tipo de debates debe realizarse sin dilaciones, pero procurando que el rigor de la reforma penal "no esté condicionado por hechos concretos demasiado próximos en el tiempo".

No obstante, Marín mostró su desacuerdo con algunos penalistas que proclaman que "la ley no la puede cambiar la opinión pública", ya que, aunque formalmente ello sea cierto, "el sistema hay que mejorarlo atendiendo las demandas de la sociedad".
Para el presidente del Consejo Asesor, la evolución social exige plantearse situaciones nuevas en base a criterios nuevos, sobre todo "cuando hablamos de delitos tan graves que merecen una privación permanente de libertad, en tanto no haya plena seguridad de la reinserción del delincuente".

En opinión de Marín Sicilia, el eje del debate debe ser "la prioridad constitucional de la reinserción social, ya que el mero hecho de la duración de la pena no implica por sí solo la rehabilitación". Una vez elaborado el informe de la Comisión de Libertades y Justicia, sus conclusiones serán aportadas al Pleno del Consejo Asesor para su remisión a la Presidencia del PP-A".

El órgano consultivo que presidía, desde mi independencia política y la de la mayor parte de sus miembros, abría así el debate sobre un asunto que la sociedad demandaba ante hechos delictivos de especial brutalidad. Pretendía romperse el tabú de que, al ser la reinserción del delincuente una de las finalidades de la pena, el mero transcurso del tiempo de privación de libertad era, por sí solo, determinante de la rehabilitación social. Tal postulado, que muchos consideraban constitucional, mereció el rechazo del Consejo Asesor que interpretaba más correctamente, en nuestra opinión, el mandato constitucional, toda vez que había casos reiterados y graves en los que el delincuente reincidía porque se le había dado la libertad sin estar reinsertado, con lo que se producía un evidente fallo de la pretensión constitucional.

Aquella iniciativa la hizo suya el propio Partido Popular y, tras largos debates, incorporó la misma a la Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada con la mayoría absoluta de los diputados populares, y con el voto en contra de toda la oposición, el 26 de marzo de 2015. Además de aportar un supuesto que ya era generalizado en todas las democracias, el apoyo popular al mismo era incontestable, ya que, en todas las encuestas realizadas, más del 72 % de los españoles se muestran partidarios de la prisión permanente revisable.

Actualmente hay interpuesto un recurso ante el Tribunal Constitucional, presentado por el PSOE, que pretende que tal precepto sea declarado inconstitucional. Por otra parte se ha dictado la primera sentencia imponiendo la prisión revisable por la Audiencia de Pontevedra, en la que -por unanimidad- el Jurado condenó al parricida de Moraña, que drogó y asesinó a sus hijas de 4 y 9 años con una radial. La pregunta es pertinente: ¿es aceptable que tan perverso asesino pueda ser liberado sin acreditar que está socialmente rehabilitado? Porque de no poder acreditar tal circunstancia mediante la revisión técnica procedente, el individuo saldría, pasado el plazo impuesto, con el riesgo evidente de la reincidencia.

Por mucho que la progresía pretenda vender la maldad de una medida totalmente acertada, la sociedad quiere protegerse ante delincuentes y terroristas cuya brutalidad en el acto delictivo provoca una indefensión generalizada. Los terribles sucesos de esta semana en Barcelona y otros lugares de Cataluña ponen de manifiesto que hay veces en los que los derechos de las víctimas deben sobreponerse, con meridiana claridad, a los pretendidos derechos de los delincuentes.

La legislación española ha introducido la figura de la prisión permanente revisable para protegernos de quienes realizan asesinatos de especial gravedad, de genocidas y terroristas que no pueden volver a convivir en sociedad si el Tribunal de expertos correspondiente no ve suficientemente acreditado, pasado un mínimo de cumplimiento de condena, que tales individuos están socialmente rehabilitados. Y es así como, en efecto, se cumple el mandato constitucional, cuando dice que "la pena se dirigirá a la reinserción del delincuente". O sea, si transcurrido un plazo no está reinsertado, ¿se cumple el mandato constitucional dejándolo libre?

El "buenismo" tan querido por una izquierda irresponsable tiene fácil venta entre sectores marginales y predicadores justicieros, pero el hombre medio, el ciudadano que se levanta diariamente sin otro objetivo que sacar dignamente a su familia adelante, cumpliendo sus obligaciones y pagando sus impuestos, quiere que el Estado le proteja de quienes son una amenaza constante para sus vidas y haciendas. Y aunque pueda parecer oportunista, los que defienden la apertura indiscriminada de las fronteras y aplauden a quienes -ilegal y descontroladamente- se incorporan a nuestro espacio vital, tendrían hoy que hacer tales alegatos ante las víctimas del terrorismo yihadista del jueves.

Y Pedro Sánchez y sus socios potenciales del "gobierno alternativo" debieran explicarles las razones de por qué pretenden derogar, si gobiernan, la pena de prisión permanente revisable para delitos de especial brutalidad, violaciones y asesinatos de menores y terrorismo.