Del referéndum a la insurrección

Artículo de Luis Marín Sicilia

“¿Por qué a la izquierda de Pedro y Pablo le cuesta tanto defender la legalidad?”

“La ley se aplicará, como reiteradamente ha manifestado el Gobierno, con la proporcionalidad adecuada a cada acto concreto del desafío”

La paciencia con la que el Gobierno ha asistido a todos los "desafíos verbales" de los independentistas catalanes está a punto de surtir los efectos contrarios a los buscados por los insumisos. Nada de caer en sus provocaciones, en tanto las mismas solo sean espectáculos escénicos para satisfacción de su plebe. El desarme jurídico con que se pretende celebrar una consulta que ni es vinculante, ni es legal, ni reúne los requisitos mínimos para ser reconocida, ni interna ni externamente, ha llegado a causar tal cansancio que, a todos los niveles, se expresa sin recato el hastío con que el "procés" vive sus últimas horas.

La última "purga" llevada a cabo en el Gobierno de la Generalitat ha dejado el mismo en manos de fanáticos, sin ninguna misión específica para la buena gestión de los intereses ciudadanos, ya que solo tienen en su ADN el fanatismo secesionista y su disposición a inmolarse por la causa. Desautorizados por las resoluciones de Naciones Unidas, advertidos de su salida de la Unión Europea, en contra del derecho internacional, infringiendo la Constitución y las leyes españolas y violentando incluso la propia normativa estatutaria catalana, estos "kamikazes" pretenden hablar de un referéndum independentista que es tan torticero que hasta le da un nombre que no se corresponde con su pretensión.

Como bien ha advertido el presidente Rajoy, "la deriva autoritaria que se está produciendo en Cataluña por parte de algunos, es algo que no se producía en España desde hace décadas". Cuál fue la última vez y cómo acabó dicha deriva conviene recordarlo, porque el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra.

En 1934, a las 20:10 horas del 6 de octubre, Lluis Companys, desde el balcón de la Generalitat proclamaba: "En esta hora solemne, en nombre del pueblo y del Parlamento, el Gobierno que presido asume todas las facultades del poder en Cataluña y proclama el Estado Catalán de la República Federal Española...".

Cuentan las crónicas que, al terminar su proclama, el Presidente dijo en voz baja a sus íntimos: "ahora no podrán decir que no soy lo suficientemente catalanista". Expresiones similares a ésta deben estar pronunciándose entre los  fanáticos actuales del proceso.

Tras ser notificado de la proclamación, el General Batet ordenó desde la Capitanía de Cataluña al jefe de los "mossos", Pérez Farras, que se pusiera a sus órdenes, desobedeciendo éste la orden y aceptando solo la autoridad del Presidente Companys. Tras hablar con el Presidente del Consejo de Ministros Alejandro Lerroux, Batet proclamó el Estado de Guerra en aplicación de la Ley de Orden Público de 1933.

Alrededor de las 11 de la noche, grupos armados formando barricadas atacaron a una batería de Artillería y a una compañía de Infantería, mientras el capitán leía el bando proclamando el Estado de Guerra. A la una de la madrugada se rindieron los rebeldes; a las seis de la mañana del día 7 (diez horas después de comparecer con el manifiesto) Companys comunicaba al Capitán General Batet su rendición.

Durante esas diez horas fueron sofocadas pequeñas escaramuzas de activistas y extremistas que aprovechaban el desorden para sus fines revolucionarios. Así las cosas, conviene tener muy claras algunas cuestiones. Por ejemplo, ¿cuando Iglesias dice sí pero no, o no pero sí, a un referéndum no vinculante, y al tiempo alienta convertir la jornada en una movilización, qué es lo que pretende? Y cuando Sánchez vuelve a acreditar su inmadurez, jugando a la equidistancia y a la ambigüedad en un tema tan trascendental para la unidad nacional y la soberanía del pueblo español, ¿qué pretende? ¿Arañar votos de los populistas? ¿Por qué a la izquierda de Pedro y Pablo le cuesta tanto defender la legalidad?

Tal como están las cosas solo hay dos alternativas: o triunfa la secesión, en detrimento de la democracia, o se impone la legalidad que es la base de la democracia. Mientras la Generalitat selecciona un ejército de milicianos y políticos fanáticos, el Gobierno de la nación pone en liza un ejército de juristas que defenderán el imperio de la Ley. Y si la ley no se respeta como corresponde, el Estado aplicará las medidas coercitivas necesarias para garantizar el orden y la legalidad.

Tengo el convencimiento de que la cuestión se resolverá con menos dramatismo que en 1934. Pero también estoy convencido de que España es un país democrático y utilizará, si fuera procedente, todos los medios para restituir el orden constitucional si fuera quebrantado. El Reino Unido tuvo suspendida, custodiada por el ejército, la autonomía de Irlanda del Norte durante 27 años y nadie ha discutido la profunda raíz democrática de la acción de los británicos.

Es hora de saber identificar a cada cual. Rajoy propuso a Puigdemont diálogo y negociación de 45 asuntos de interés para Cataluña, recibiendo la negativa si antes no se aprobaba el referéndum sedicioso. Estos son los hechos. Y resulta infantil y voluntarista la actitud del PSOE de Sánchez, hablando, para calmar a la fiera, de plurinacionalidad y de federalismo asimétrico que, en el fondo, lo que pretende es distribuir privilegios y sembrar desigualdades.

Es el imperio de la ley lo que corresponde aquí y ahora. Precisamente ese es el camino que llevará, al parecer en esta semana, a iniciar un procedimiento de malversación de caudales contra Artur Mas y sus consejeros Homs, Rigau y Ortega, por los más de cinco millones de euros que costó a las arcas públicas la consulta prohibida del 9-N de 2014. En cuanto se dicte el auto por el Tribunal de Cuentas, el instructor impondrá una fianza por lo malversado o embargará los bienes de los encausados, esos que públicamente se chuleaban del desafuero cometido.

Por todo ello, el llamado proceso catalán está en su fase final. La ley se aplicará, como reiteradamente ha manifestado el Gobierno, con la proporcionalidad adecuada a cada acto concreto del desafío. Y si aquéllos, como parece, se tornan retadores, sin ningún atisbo de respeto a la legalidad, como parece empeñarse el grupo de fanáticos que se sientan en derredor de Puigdemont, se le aplicarán las medidas coercitivas que correspondan, que son todas y cada una de las que contempla la Constitución Española y la legislación que la desarrolla.

Porque lo que todo el mundo debe tener claro es que no se trata de detener un referéndum que no es tal, porque ni se elabora legalmente, ni tiene un objeto amparado jurídicamente, ni siquiera respeta las formalidades que deben seguirse en su tramitación. Se trata de un acto totalitario, sin soporte jurídico, no democrático. Es decir, estamos ante un acto subversivo, una insurrección o sublevación de un colectivo fanatizado contra la autoridad. Y a los insurrectos se les aplican las medidas correctoras propias de todo Estado de Derecho. Desde la inhabilitación hasta la cárcel. Y por supuesto, lo que más les duele: palos al bolsillo por la disposición irregular de fondos públicos.