Libertad sin ira (40 años después)

Artículo de Luis Marín Sicilia

“Basado en el poder constituyente del pueblo alemán, los estados no son dueños de la Constitución. Por lo tanto, no hay espacio bajo la Constitución para que los estados individuales intenten separarse. Esto viola el orden constitucional”

“Imputar, denigrar, ofender o insultar no son suficientes credenciales como para poner al frente de la cuarta economía de la Unión Europea a un personaje tan carente de programa como sobrado de ego”

A quienes hoy cuentan con menos de cinco decenios puede resultarles difícil entender cómo era España hace cuarenta años. La mayoría ni siquiera imaginan las verdaderas carencias y desigualdades de entonces, con un país en blanco y negro, sin autovías (salvo unas pocas autopistas de peaje alrededor de Barcelona y la Sevilla-Cádiz), sin trenes de alta velocidad, con un lamentable estado de infraestructuras, sin apenas cobertura de desempleo, con una sanidad y una educación muy limitadas y de acceso restringido... y así un largo etcétera.

Por si fuera poco la incertidumbre sobre el futuro se incrementaba con los demonios familiares de las dos Españas y las heridas de una cruenta Guerra Civil que había dejado secuelas dolorosas. Algunos pretendían, como era casi tradición hispana, emplear "palo largo y mano dura para evitar lo peor". Pero una clase media emergente y una clase trabajadora profesionalizada, dispuestas a que sus hijos tuvieran un futuro de "libertad sin ira", emprendieron una aventura ilusionante, superadora de barreras y trincheras. Y ese impulso modernizador ganó la voluntad de los viejos que, casi sin creérselo, vieron que, por fin, los españoles eran capaces de entenderse con la palabra, la transacción y el acuerdo.

Tuvo que ser un grupo musical andaluz llamado Jarcha quien compusiera una canción que, a la postre, constituyó el himno y la banda sonora de un tiempo de ilusión. Había que salir del "rencor de viejas deudas" construyendo un futuro de LIBERTAD SIN IRA porque la gente, los españoles, solo querían "vivir su vida, sin más mentiras y en paz". Y a fe que se consiguió.

Hace hoy cuarenta años que los españoles concurríamos a las urnas con la ilusión de un mundo nuevo en el que todos seriamos partícipes. Con sus defectos, como toda obra humana, la democracia entonces instaurada ha colocado a España entre las grandes naciones mundiales, con un nivel de desarrollo social y económico impensable. Nada se nos ha dado gratis, lo hemos ganado con esfuerzo desde el respeto a todas las ideas y con la fuerza que da el respaldo mayoritario a cada uno de los gobiernos que han elegido los españoles.

Cuarenta años después, dos enemigos de la convivencia acechan, ya sin disimulo, para reventar el marco de convivencia que entonces construimos: el secesionismo de algunos catalanes y el populismo extremo de una izquierda radical. Uno y otro van de la mano, tal como el debate sobre la moción de censura de Podemos ha acreditado, donde Pablo Iglesias solo ha obtenido el apoyo de quienes, como Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu, tienen en su frontispicio programático la ruptura de España.

Ambos desafíos deben tener la adecuada y contundente respuesta de quienes, sin ira, defienden la libertad y la democracia. Los separatistas catalanes, que por fortuna no representan a la mayoría de catalanes, deben ser tratados como lo que realmente son: golpistas en un Estado de Derecho, dada su voluntad inequívoca de subvertir el orden constitucional. Las reiteradas sentencias y advertencias del Tribunal Constitucional sobre la ilegalidad de sus pretensiones deben empezar a tener consecuencias rotundas, proporcionales al nivel del desafío.

El 4 de enero último se conocía una sentencia del Tribunal Constitucional de la Republica Federal de Alemania que, ante la pretensión de celebrar un referéndum de independencia del Estado de Baviera, fallaba rotundamente que "basado en el poder constituyente del pueblo alemán, los estados no son dueños de la Constitución. Por lo tanto, no hay espacio bajo la Constitución para que los estados individuales intenten separarse. Esto viola el orden constitucional". Con la misma contundencia se han pronunciado en otros países, como EEUU, respecto a las pretensiones similares de Texas. Y las sentencias las han acatado los insurgentes. Punto final. ¿Por qué vamos a seguir mareando la perdiz con esta gente en España? Las cosas han llegado al límite de la paciencia de un Estado de Derecho y hay que actuar en consecuencia.

Respecto a quienes denigran la Transición y repelen al que llaman "Régimen del 1978", en clara oposición a nuestro sistema vigente de libertades, cada día se les va conociendo mejor, y basta con observar la insolvencia política y la demagogia rampante con la que han comparecido en el Congreso de Diputados para intentar investir a su líder como presidente del Gobierno. Imputar, denigrar, ofender o insultar no son suficientes credenciales como para poner al frente de la cuarta economía de la Unión Europea a un personaje tan carente de programa como sobrado de ego. En realidad a estos individuos, que  nos sumirían en el retraso económico y la malquerencia social, no les interesa resolver los problemas, lo único que quieren es administrar la pobreza.

Cuarenta años después de aquellas primeras elecciones de 1977 debemos sentirnos satisfechos de lo que hicimos. La ilusión para dejar a nuestros hijos un futuro de progreso y libertad produjo sus frutos. La mayor parte de los protagonistas de aquella aventura nos entregamos a ella con total desprendimiento, abandonando muchos sus profesiones casi siempre mejor remuneradas que la política en la que se sumergieron.

A las nuevas generaciones que crecieron bajo el paraguas de la llamada Constitución de la Concordia les corresponde asumir el reto de, manteniendo los valores esenciales de la misma, acometer cuanto sea necesario para que siga garantizando nuestra convivencia en paz y en libertad, vacunándose de quienes quieren escarbar en el batiburrillo de los descontentos porque eso solo conduce a la anarquía. Si algo no funciona correctamente se regenera y se reforma, pero no se destruye. Para que todos y cada uno pueda seguir "viviendo su vida, sin más mentiras y en paz".