¡Enhorabuena, lo hemos conseguido!

Artículo de Luis Marín Sicilia

“Su voluntad de servicio solo se ha doblegado porque una persona honrada no puede aceptar que sus hijos se sientan vulnerables ante una insidia tan repugnante como la experimentada”

“No se puede crucificar a quien hereda un 25 % de una sociedad perfectamente legal, mientras se perciben 272.000 euros de un régimen totalitario a través de un paraíso fiscal como las Granadinas, porque conductas tan ventajistas carecen de toda valoración moral o ética”

"Tu padre es un chorizo que se lleva el dinero a Panamá". Con mensajes como éste dirigidos a los hijos universitarios de Manuel Moix, se consiguió que el  Fiscal Jefe Anticorrupción arrojara la toalla. La cacería iniciada contra él desde el mismo momento en que, con su nombramiento, decidió poner orden en la citada Fiscalía, daba sus frutos. El sector más sectorizado de dicha institución había conseguido su objetivo, y los políticos y medios de comunicación que tienen como norte acabar con el Gobierno siguieron su letanía de que la dimisión llegaba tarde y que a la misma debía seguir la del Fiscal General, la del ministro de Justicia y, para los más embriagados por la malquerencia política, la del Gobierno entero.

Quienes conocen su trayectoria y preparación aseguran que Moix es un jurista impecable, inteligente, objetivo y de fuerte personalidad. La presión para hacerle saltar solo tendría éxito si afectaba a su familia o a la propia institución. Por ello, el pretexto sobre una herencia legal, cuyo conocimiento era tan público como que constaba su aceptación en escritura pública con sus obligaciones fiscales cumplimentadas, no sería suficiente para torcer su voluntad de servicio, que solo se ha doblegado porque una persona honrada no puede aceptar que sus hijos se sientan vulnerables ante una insidia tan repugnante como la experimentada.

La "renuncia irrevocable por razones personales" no tuvo marcha atrás, pese a que el Fiscal General, José Manuel Maza, lo persuadió para que no dimitiera ya que no concurría en su conducta "ni causa, ni irregularidad, ni ilegalidad, ni incompatibilidad". Una cuarta parte de una casa en venta, heredada sin tacha de ningún tipo, conocida desde hacía más de cinco años -por lo que también afectaría  a su anterior destino como Fiscal Jefe de Madrid-, filtrada con el interés sectario adecuado, degeneró en una cacería inaceptable, debido a esa doble vara de medir tan habitual entre una clase política y una legión de entusiastas periodistas que exigen a los demás lo que ellos ni en sueños estarían dispuestos a aceptar.

Por distintas causas hay sospechas fundadas de que en la Fiscalía Anticorrupción anidan fiscales, mayoritarios o no, que piensan en una sola dirección a la hora de cumplir el precepto constitucional que impone a la Fiscalía "la obligación de promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad".

Esta especie de asonada que impulsa un sector rebelde, curiosamente perteneciente a una agrupación pretendidamente "progresista" -que siendo minoritaria en el cuerpo parece ser mayoritaria en los altos organismos- debe cesar por el bien del crédito que merece la propia institución. Las incesantes filtraciones, los informes tan irresponsables como el que atribuía al Secretario de Estado de Seguridad un cierto chivatazo y que parece no leyó uno de los que lo firmaba, o el escaso porcentaje de apenas un 6 % de casos investigados que terminan en condena, ponen de manifiesto que esa Fiscalía necesita una reforma a fondo.

Un país serio debe denunciar todos esos movimientos que pretenden hurgar en los nobles sentimientos de los ciudadanos para, ensuciando el panorama, sacar ventaja en su lucha partidaria, cosa desgraciadamente muy en boga actualmente. Dejar en entredicho a las personas, generalizar conductas perversas sin más basamento que puras deducciones o suposiciones, al tiempo que se ignoran o silencian otras de igual o mayor gravedad, según sean los protagonistas, es un mal bochornoso de la actual clase política. No se puede crucificar a quien hereda un 25 % de una sociedad perfectamente legal, mientras se perciben 272.000 euros de un régimen totalitario a través de un paraíso fiscal como las Granadinas, porque conductas tan ventajistas carecen de toda valoración moral o ética.

Un hecho cierto es cada vez más frecuente en la realidad española: las personas decentes no aceptan que su honestidad quede en entredicho, y jamás tolerarán que su nombre quede bajo sospecha ante su familia, su entorno y sus amigos. Y cuando se embarra el terreno a los niveles que se viene haciendo, las personas decentes se alejan de la política. Mientras tanto la Justicia, que debiera evitar que tales desafueros se produjeran, con su lentitud, su indolencia a veces, sus filtraciones y sus lamentables intrigas con trasfondo político, está coadyuvando a esta desafección desgraciada hacia la participación política.

Cuando nos quejamos del bajo nivel de la actual clase política, la explicación no resulta difícil: quienes tienen un medio de vida suficiente para mantener a su familia y salvaguardar su prestigio personal, le dan la espalda. Quienes no tienen casi donde ir y no les importa lo que de ellos se diga o se piense, tienen un gran apego a la lucha partidaria como instrumento de su bienestar.

No es de extrañar, por tanto, que la gestión del interés público está quedando en manos de personajes de tan poca enjundia como escasa consideración. Por ello, quienes bien se mueven en el lodazal están aherrojando a lo mejor del país de la esfera política, mientras entre ellos se felicitan al grito de "enhorabuena, lo hemos conseguido". Los demás miraremos con desprecio al huerto putrefacto en que han convertido la noble dialéctica política.