Hartos de la congelación salarial

Artículo de Antonio Barreda

El peso de los salarios en el PIB

El peso del empleo en los datos del 4º trimestre

Los inicios de la crisis

Las hipotecas subprime

España entra en crisis. El precio del rescate

Comienzan los recortes

Montoro continúa con las tijeras

Hoy toca hablar de ella. Los empleados públicos son y serán los blancos fáciles de los gobiernos a la hora de aplicar las tijeras de los recortes, de podar sus nóminas y su calidad de vida. De ponerles como ejemplos de cara a todas las negociaciones de la privada, ya que la administración -en su conjunto- es la mayor empresa del país. Y ya estamos cansados. Ya estamos hartos de que siempre seamos los que primeros pagamos los rescates bancarios costeados con dinero público y los que con nuestra masa salarial ajustada salgan las cuentas de los ministros de economía de turno en tiempos de crisis.

El peso de los salarios en el PIB

Los últimos datos macroeconómicos publicados el pasado marzo en la Contabilidad Nacional del INE (Instituto de Estadística) muestran con total claridad que la salida de la crisis económica es ya una realidad en España. El PIB de 2016 se quedó ya a un paso de alcanzar el máximo de 2008, a menos de 2.400 millones de euros.  Pero las políticas económicas de Montoro y de Luís de Guindos han hecho que la recuperación económica no sea igual para todos. Y es hora ya de decirlo alto y claro. La crisis y las políticas restrictivas han hecho que la economía haya perdido en su conjunto casi 35.000 millones de euros en salarios -una cantidad superior al presupuesto de la propia Junta de Andalucía para 2017-. Es decir, que la recuperación ha sido a costa del empleo y los salarios y a favor claramente del capital.

La masa salarial total en 2016, según los datos del INE, fue de 526.000 millones de euros (incluidos las cotizaciones sociales). Esto significa que, a la hora de repartir los beneficios de la producción interna, los asalariados se quedan algo más de un 47% de lo producido, el dato más bajo de toda la serie histórica que arranca en el año 1995. Antes del estallido de la crisis los salarios representaban más de la mitad del PIB, con una masa salarial que alcanzó los 560.000 millones de euros en el año 2008.

Los salarios están lejos de acabar a los niveles anteriores a la crisis. La mayor parte de ese dinero, incomprensiblemente, ha acabado en el Ministerio de Hacienda a través de los impuestos a la propiedad. Los desequilibrios de las cuentas públicas acumulados por los desmanes en el control presupuestario de las diferentes Administraciones, esa “borrachera” que llamó Montoro en el debate de los presupuestos, disparó el déficit. Pero el gobierno tenía otra sorpresa para equilibrar las cuentas públicas: la subida de impuestos, IVA incluido. A escote entre todos.

Las rentas del capital han conseguido salir de la crisis con importantes beneficios. Así, el Excedente Bruto de Explotación (EBE), que mide los beneficios del capital, incluyendo los resultados empresariales (incluyendo los autónomos, que son rentas mixtas) y los intereses de la propiedad (desde acciones, hasta alquileres o depósitos) han crecido en 8.000 millones de euros. El excedente de explotación supone en la actualidad el 45,5% del PIB.

El peso del empleo en los datos del 4º trimestre

El empleo de la economía, en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, registra una variación trimestral del 0,4%, cuatro décimas inferiores a la del trimestre anterior (0,8%). En términos anuales, el empleo presenta una tasa del 2,7%, dos décimas inferiores a la registrada en el trimestre precedente (2,9%). Esta evolución supone un incremento neto de aproximadamente 463 mil empleos equivalentes a tiempo completo en un año.  A escala agregada, el empleo de la Industria acelera su ritmo de crecimiento del 1,8% al 2,7%, mientras que se desacelera cuatro décimas en los Servicios, hasta el 2,7%. Por su parte, Agricultura y Construcción mantienen su ritmo de crecimiento, con unas variaciones anuales del 2,8% y 2,9%, respectivamente. La creación de empleo recuperó el peso de los salarios, pero trajo estos años reducción salarial y dejó salarios por debajo de los mil euros, además de una galopante escalada del empleo precario y del empleo eventual, arrasando este entre los jóvenes y entre los parados mayores de 45 años. Por primera vez en España, los jóvenes ganan menos que sus padres por los mismos trabajos remunerados. Pero vamos por partes.

Los inicios de la crisis

Pero no se crean que solo es culpa de estos dos, Montoro y De Guindos. Desde Solchaga la contención salarial ha sido una máxima de los gobiernos que han pasado por Moncloa. Las políticas macroeconómicas en España han variado muy poco. La acumulación de capital en manos privadas siempre era la consigna. La idea era que esta concentración de capital moviera el mercado invirtiendo para generar riqueza y puestos de trabajo. Pero la crisis sobrevino porque la banca, principal prestataria de la industria, que al fin y al cabo genera empleo y riqueza, se dedicó a invertir en otros productos financieros que se alejaban de generar riqueza, empleo y puestos de trabajo. Se dedicaron a especular. Y esa especulación financiera trajo un agujero financiero como nunca se ha conocido desde la crisis del 29. El aldabonazo de aviso llegó con la quiebra de uno de los mayores bancos de inversión del mundo, Lehman Brothers.

Un banco que había sobrevivido al crack del 29 y al periodo de entreguerras. La quiebra, tras 158 años de actividad, llegaba ante el fracaso de las negociaciones con las dos entidades que en un principio se perfilaban como posibles compradores, Bank of America y el grupo británico Barclays. La decisión final de las autoridades norteamericanas de no acudir al rescate del banco por el riesgo moral que suponía finalizó con la quiebra del mismo y el contagio hacia el resto del sistema financiero.

Las hipotecas subprime

La gran recesión de 2008 -algunos autores indican que ha sido superior a la del 29- convirtió en un mito a Leman Brothers. Desde 2007 se estaban observando síntomas irrefutables de que la cosa no iba bien: crecían los impagos en el sector hipotecario mientras el precio de la vivienda comenzaba a bajar. Las ejecuciones hipotecarias aumentaron, los subyacentes con los que se quedaban los bancos hipotecarios perdían valor y las entidades no tenían capacidad de devolver el dinero a los bonistas, es decir, a los inversores que les habían prestado el dinero para que ellas, a su vez, concedieran los préstamos hipotecarios. Entonces todos conocimos por primera vez aquella maldita palabra de hipotecas subprime.

Aquí empezó el problema. En lo que se conoció como titularizaciones de esta deuda que se vendieron como activos seguros pero que tenían un enorme riesgo de pérdida de capital invertido. El mercado se paralizó porque los bancos empezaron a desconfiar unos de otros. Sospechaban de unos balances y una contabilidad supeditadas a la inversión de las hipotecas basura que escondían enormes pérdidas y dejaron de prestarse entre sí. El mercado global extendió el problema de la subprime a nivel mundial. En ellas residía, fundamentalmente, el problema. La crisis fue global porque las titularizaciones de las hipotecas basura americanas se vendieron por todo el mundo como un activo seguro y no lo eran.

La situación era tan grave que los principales bancos centrales del mundo realizaron una primera intervención conjunta ya en agosto de 2007. Y desde entonces no dejaron de hacerlo. Para financiar tanto a los bancos, con dinero casi sin interés, como a los propios gobiernos comprándoles deuda pública. El problema era que los bancos no movían ese dinero por el sistema financiero, sino que se refugiaban en comprar deuda pública que emitían los países y ese dinero dejó de prestarse a los actores de la economía como industria o emprendedores. La falta de liquidez en los mercados fue pasmosa.

España entra en crisis. El precio del rescate

En España el crédito dejó de fluir, la economía se estranguló. Miles de empresas medianas cerraron atrapadas en la burbuja del ladrillo. Las quiebras eran omnipresentes en los BORME. El resultado era que millones de trabajadores españoles se quedaron de repente en el paro. Nunca se había conocido una destrucción de empleo tan amplia en España. En España el pago de prestaciones por desempleo fue inmenso. También la magnitud de gente a la que agotaba las prestaciones era pasmosa. Hubo que crear un subsidio de 426 euros que perciben durante seis meses los parados de larga duración. Empezó a hablarse de intervenir el país como y se había hecho en Grecia. Aunque se evitó a costa del rescate de la banca pública.

El rescate a la banca ha costado al menos 60.718 millones de euros, según informó el pasado enero el Tribunal de Cuentas en base a datos de cierre de 2015. La cifra es similar a los 61.495 millones en los que el Banco de España había cifrado las ayudas en un informe publicado el pasado septiembre y que arrojaba que solo se ha recuperado el 5 % de las ayudas financieras realizadas a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). El principal componente de este coste ha sido el derivado de las aportaciones al capital y cuotas participativas, que ascienden a 46.021 millones de euros, explica el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización del proceso de reestructuración bancaria.

La operación que más ha costado es el saneamiento y posterior venta de CatalunyaBanc, que se ha llevado 12.676 millones de las cuentas públicas. Está incluso por encima de lo que ha costado rescatar a Bankia y su matriz BFA, que han supuesto un desembolso de 12.347 millones de euros. En cualquier caso, es esta última la que más ha centrado la atención en los últimos años, ya que el Gobierno aún posee una participación del 65%, de la que se deberá desprender antes de 2019. Por detrás se sitúa el Banco CAM, con un coste de 11.065 millones de euros para los españoles, mientras que Novacaixagalicia ha supuesto otros 9.159 millones.

El Tribunal de Cuentas aclara en su informe de fiscalización del proceso de reestructuración bancaria que “los recursos públicos comprometidos” en la reestructuración bancaria como consecuencia de las actuaciones realizadas sólo entre 2009 y 2015 ascienden realmente a 122.122 millones de euros. Al margen de ese importe, la Administración General del Estado otorgó avales a las entidades de crédito relacionadas con los procesos de reestructuración o resolución, por un máximo de 85.965 millones, aunque el saldo vivo de la única emisión sin amortizar es de 1.059 millones.

Comienzan los recortes

El gobierno de Zapatero, en medio de la crisis, se volvió totalmente keynesiano y creó entonces para taponar la hemorragia lo que se conoció como Plan E, que no sirvió ni para crear empleo, ni frenó la escalada del paro, ni permitió dotar al país de infraestructuras con valor añadido. En 2013 el Tribunal de Cuentas certificó la inutilidad de este plan, con obras caras, inútiles, insostenibles o que nunca llegaron a terminarse y otras con sobre coste, pero dejó mucha cartelería repartida por toda España. Este plan incluyó dos fondos, el Fondo Estatal de Inversión Local de 2009 con 7.860 millones y el Fondo Estatal para el Empleo de 4.250 millones. En total 12.110 millones. Según el Tribunal de Cuentas cada empleo temporal que se creó constó más de 13.000 euros al mes en obras innecesarias.

En medio de esto, Zapatero decidió castigar a los empleados públicos en 2010, cuando anunció en el Congreso de los Diputados que rebajaba en un 5 % la nómina de todos los empleados públicos y congelarlas en 2011. Se convertía en el primer presidente que rebajaba los sueldos de los empleados públicos. Todo un aldabonazo de aviso a todos los empleados de la privada. Hasta la fecha tan solo se habían congelado los salarios de los empleados públicos en dos ocasiones, en 1994 con Felipe González de presidente y la segunda en 1997 con el primer mandato de Aznar.

A esto se sumaba la suspensión para 2011 de la revalorización de las pensiones, excluyendo las no contributivas y las mínimas, la eliminación del régimen transitorio para la jubilación parcial de la Ley 40/2007 y la eliminación del cheque bebé, la prestación por nacimiento de 2.500 euros a partir del 1 de enero de 2015. Se inauguraba toda una poda en derechos y en salarios de los empleados públicos y, subsidiariamente, de los pensionistas en España.

Montoro continúa con las tijeras

Montoro continuó con la poda de derechos y salarios de los empleados públicos. Más congelaciones e incluso la supresión de la paga extra de la navidad de 2012, aunque esta última la ha ido devolviendo (no así la Junta), poda de moscosos, etc., recortes que se ampliaron en Andalucía a la eliminación de toda la acción social en su conjunto.

La propia UGT ya ha salido a denunciar, a través de su Secretario General de la FSP (Federación de Servicios Públicos) Julio Lacuerda, y valoraba la pérdida de poder adquisitivo acumulada de los empleados públicos desde 2012 en un 13,3%. Sólo en 2016, explicó Julio Lacuerda “se han perdido dos puntos”, ya que la mejora de salario de los funcionarios y trabajadores públicos fue del 1% y el IPC cerró en el 3%.

En la Mesa General de Negociación de finales de marzo el ministerio de Hacienda y Administración Pública con los sindicatos firmaron la conversión de 250.000 interinos en fijos en tres años. Así, la oferta de empleo público ascenderá a 67.000 plazas, de las que 19.000 serán del Estado, 28.144 plazas, aproximadamente se convocarán en las comunidades autónomas y en torno a 20.000 plazas en las entidades locales. Pero convocatorias derivadas por presiones de la sentencia del Tribunal Europeo sobre los interinos en España.

Pero viene siendo hora ya de dejarlo claro y decirlo alto a Montoro y a las comunidades autónomas. Ya estamos cansados de estar congelados. Las Comunidades autónomas también deberían levantarse y presionar para que dejemos de estar en la nevera salarial. Que las políticas de austeridad ya han pasado, que la economía va “in crescendo” y que viene siendo hora de empezar a hablar de repartir con más equidad esta mejora económica empezando por los que han dado ejemplo a toda la sociedad en la crisis: los empleados públicos. Y desde aquí traspasar estas mejoras vía convenios y vía negociación colectiva a salarios dignos y empleos dignos a toda la sociedad en su conjunto.