Artículo de Luis Marín Sicilia
“Algo está fallando tanto en determinados
juzgados de la Audiencia Nacional como en la Fiscalía Anticorrupción”
“Sorprendente y frustrante resulta la
actuación de la Fiscalía Anticorrupción, organismo en el que se integran, según
el último informe, 57 fiscales y que, de los 340 procesos que emprendieron en
el último año, solo se substanciaron en juicio 22, quedando archivados o
sobreseídos 318”
“¿Es que acaso se trata, no tanto de investigar sino de filtrar que se
está investigando, para causar daño a alguien maliciosamente?”
Ser justo es dar a cada uno lo que le corresponde. Cuando
los jueces, encargados de la función de determinar lo que es o no es justo por
su adecuación o no a la ley, lo hacen correctamente, decimos que una
determinada resolución es justa, o que se ha hecho justicia.
¿Se está haciendo justicia en España con quienes, sin posibilidad de defenderse, ven su nombre y su honra alanceados sin piedad por unas filtraciones interesadas y ampliadas hasta niveles vomitivos? ¿Es un Estado de Derecho el que permite impunemente que se filtren aspectos parciales envilecedores de sumarios decretados secretos? ¿Actúa justamente el titular de un juzgado que ve impasible como se producen filtraciones, casi siempre con fines políticos espurios, de aspectos sumariales por él tramitados? ¿No es eso un delito de revelación de secretos? ¿No tienen ninguna responsabilidad sobre tales filtraciones quienes las toleran y no las persiguen? ¿Para qué sirve el Consejo General del Poder Judicial que asiste impertérrito a este espectáculo escandaloso?
Todas estas y muchas más preguntas se las hace una ciudadanía que ve cómo se manipula su aversión al delito y su desprecio al delincuente, mediante la técnica de influir interesadamente en su conciencia crítica a través de la alteración habilidosa de algo para, maliciosamente, conseguir un objetivo perverso. Por los motivos que sean, parecen existir miembros de la judicatura y de la carrera fiscal empeñados en influir en la contienda política partidaria, razón de más para marcar con nitidez absoluta la línea separadora de los poderes ejecutivo y judicial propios de una democracia.
Al lamentable episodio sufrido por el Secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, se une el procesamiento del exministro Acebes por la salida a Bolsa de Bankia, producida mucho antes de que fuera consejero de la entidad, mientras que al presidente del órgano supervisor, Fernández Ordóñez, se le exonera de responsabilidad pese a haberla aprobado en contra de las advertencias de los propios inspectores del Banco de España.
Algo está fallando tanto en determinados juzgados de la Audiencia Nacional como en la Fiscalía Anticorrupción. No es normal, por lo dicho, que el juez Andreu impute al exministro, salvo que acredite razones impensables, como no fue normal su proceder con la mafia China de Gao Ping, que supuso la libertad de toda la cúpula y una querella contra él por atentar a la libertad individual de los detenidos irregularmente. Ni es normal la imputación que dispuso el juez Velasco (otrora alto cargo del PP valenciano) un día antes de que se viera la moción del expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez. Son cosas propias de jueces estrella, despechados de partidos políticos como Garzón, que, con su afán "justiciero", dañan al propio concepto de la Justicia.
Sorprendente y frustrante resulta, por otra parte, la actuación de la Fiscalía Anticorrupción, organismo en el que se integran, según el último informe conocido, 57 fiscales y que, de los 340 procesos que emprendieron en el último año del informe, solo se substanciaron en juicio 22, quedando archivados o sobreseídos 318. Y de los 22 juzgados tuvieron sentencia condenatoria 19, quedando absueltos los otros 3. ¿Cómo se puede imputar tan alegremente a personas o grupos, abriendo poco menos que causas generales, para que a la postre solo un 6 % de los encausados resulte culpable? ¿A quién reclaman los afectados por ese 94 % que resultan inocentes? ¿Quién restituye su honra y su honor mancillados?
De todo lo anterior se concluye que lo grave no es que se investigue, porque eso es bueno para la seguridad y el bienestar ciudadano. Lo grave es que se filtre impunemente a quien se investiga y qué delitos se le atribuyen, cuando en el 94 % de los casos resultan inocentes. ¿Es que acaso se trata, no tanto de investigar sino de filtrar que se está investigando, para causar daño a alguien maliciosamente?
Mientras no se persigan a fondo los delitos de revelación de secretos -que eso es una filtración- los ciudadanos tenemos derecho a pensar en una justicia que no cumple correctamente su cometido de dar a cada uno lo suyo. Si la selección de los casos que se filtran tiene connotaciones claras en la lucha partidaria, la justicia pierde su principal razón de objetividad e imparcialidad.
En conclusión, y volviendo al principio, ¿quién restituye la honra a quienes han sido señalados impunemente sin causa justificada? ¿Cuándo se va a exigir responsabilidad a los únicos que pueden filtrar o revelar secretos del sumario: el juez, el fiscal o los investigadores del caso? ¿Contra cuál de ellos, por ejemplo, tendría que dirigirse el Secretario de Estado, víctima de un atropello inaceptable?
El órgano supremo de gobierno de los jueces no puede seguir mirando para otro lado. O se persiguen sin miramientos las filtraciones de sumarios o la Administración de Justicia se convertirá en un vertedero judicial. Es decir, en un lugar donde se arrojan la basura, los escombros y los vicios de una sociedad enferma.
¿Se está haciendo justicia en España con quienes, sin posibilidad de defenderse, ven su nombre y su honra alanceados sin piedad por unas filtraciones interesadas y ampliadas hasta niveles vomitivos? ¿Es un Estado de Derecho el que permite impunemente que se filtren aspectos parciales envilecedores de sumarios decretados secretos? ¿Actúa justamente el titular de un juzgado que ve impasible como se producen filtraciones, casi siempre con fines políticos espurios, de aspectos sumariales por él tramitados? ¿No es eso un delito de revelación de secretos? ¿No tienen ninguna responsabilidad sobre tales filtraciones quienes las toleran y no las persiguen? ¿Para qué sirve el Consejo General del Poder Judicial que asiste impertérrito a este espectáculo escandaloso?
Todas estas y muchas más preguntas se las hace una ciudadanía que ve cómo se manipula su aversión al delito y su desprecio al delincuente, mediante la técnica de influir interesadamente en su conciencia crítica a través de la alteración habilidosa de algo para, maliciosamente, conseguir un objetivo perverso. Por los motivos que sean, parecen existir miembros de la judicatura y de la carrera fiscal empeñados en influir en la contienda política partidaria, razón de más para marcar con nitidez absoluta la línea separadora de los poderes ejecutivo y judicial propios de una democracia.
Al lamentable episodio sufrido por el Secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, se une el procesamiento del exministro Acebes por la salida a Bolsa de Bankia, producida mucho antes de que fuera consejero de la entidad, mientras que al presidente del órgano supervisor, Fernández Ordóñez, se le exonera de responsabilidad pese a haberla aprobado en contra de las advertencias de los propios inspectores del Banco de España.
Algo está fallando tanto en determinados juzgados de la Audiencia Nacional como en la Fiscalía Anticorrupción. No es normal, por lo dicho, que el juez Andreu impute al exministro, salvo que acredite razones impensables, como no fue normal su proceder con la mafia China de Gao Ping, que supuso la libertad de toda la cúpula y una querella contra él por atentar a la libertad individual de los detenidos irregularmente. Ni es normal la imputación que dispuso el juez Velasco (otrora alto cargo del PP valenciano) un día antes de que se viera la moción del expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez. Son cosas propias de jueces estrella, despechados de partidos políticos como Garzón, que, con su afán "justiciero", dañan al propio concepto de la Justicia.
Sorprendente y frustrante resulta, por otra parte, la actuación de la Fiscalía Anticorrupción, organismo en el que se integran, según el último informe conocido, 57 fiscales y que, de los 340 procesos que emprendieron en el último año del informe, solo se substanciaron en juicio 22, quedando archivados o sobreseídos 318. Y de los 22 juzgados tuvieron sentencia condenatoria 19, quedando absueltos los otros 3. ¿Cómo se puede imputar tan alegremente a personas o grupos, abriendo poco menos que causas generales, para que a la postre solo un 6 % de los encausados resulte culpable? ¿A quién reclaman los afectados por ese 94 % que resultan inocentes? ¿Quién restituye su honra y su honor mancillados?
De todo lo anterior se concluye que lo grave no es que se investigue, porque eso es bueno para la seguridad y el bienestar ciudadano. Lo grave es que se filtre impunemente a quien se investiga y qué delitos se le atribuyen, cuando en el 94 % de los casos resultan inocentes. ¿Es que acaso se trata, no tanto de investigar sino de filtrar que se está investigando, para causar daño a alguien maliciosamente?
Mientras no se persigan a fondo los delitos de revelación de secretos -que eso es una filtración- los ciudadanos tenemos derecho a pensar en una justicia que no cumple correctamente su cometido de dar a cada uno lo suyo. Si la selección de los casos que se filtran tiene connotaciones claras en la lucha partidaria, la justicia pierde su principal razón de objetividad e imparcialidad.
En conclusión, y volviendo al principio, ¿quién restituye la honra a quienes han sido señalados impunemente sin causa justificada? ¿Cuándo se va a exigir responsabilidad a los únicos que pueden filtrar o revelar secretos del sumario: el juez, el fiscal o los investigadores del caso? ¿Contra cuál de ellos, por ejemplo, tendría que dirigirse el Secretario de Estado, víctima de un atropello inaceptable?
El órgano supremo de gobierno de los jueces no puede seguir mirando para otro lado. O se persiguen sin miramientos las filtraciones de sumarios o la Administración de Justicia se convertirá en un vertedero judicial. Es decir, en un lugar donde se arrojan la basura, los escombros y los vicios de una sociedad enferma.
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