De la desobediencia a la sedición

Artículo de Luis Marín Sicilia

“La enfermedad de estos golpistas es que quieren investir su desafuero de criterios democráticos, como si la democracia fuera compatible con la vulneración sistemática de la legalidad”

“Caminamos ya a marchas forzadas hacia dos medidas que creo, tal como van las cosas, pondrá el Gobierno en liza, porque la cerrazón de los sediciosos las hará inevitables: El artículo 155 de la Constitución y la Declaración de Interés para la Seguridad Nacional de la Ley de 2015”

Jamás se había producido tal unanimidad en la valoración de un proyecto legislativo como el que ha provocado el bodrio que propone, bajo la pretenciosa denominación de "Ley de transitoriedad jurídica", ese grupo de sediciosos que se oculta bajo el aforamiento del Parlamento de Cataluña.

"Una locura sin precedentes". "Aberración jurídica". "Por su forma, por su viciado procedimiento y por su fondo es más propia de cómicos que de juristas y políticos". "Un acto contrario al Estado de Derecho". "Radicalmente nula. Nula de pleno derecho". "Jamás se había visto una mayor chapuza jurídica en el mundo". "Vulnera la legalidad vigente, es claramente sediciosa, rompe la división de poderes y acredita las carencias democráticas de los secesionistas". Son todos los entrecomillados una muestra de los muchos comentarios analíticos expuestos por jurisconsultos de prestigio.
 
La enfermedad de estos golpistas es que quieren investir su desafuero de criterios democráticos, como si la democracia fuera compatible con la vulneración sistemática de la legalidad. Resulta significativo que los únicos que dan cobijo a tales argumentos sean los mismos que, asesores ellos del chavismo, no vean la vulneración de los principios democráticos que se lleva a cabo en el país caribeño.
 
Que tal bodrio jurídico haya salido de una institución catalana, siendo Cataluña vivero de juristas prestigiosos, pone de manifiesto en qué nivel está quedando la gestión del interés público en una comunidad que era ejemplo de rigor intelectual y de jurisprudencia ejemplar. Es una expresión más de aquella profecía que hizo el sociólogo alemán Robert Michels, hace un siglo, en cuya virtud "la política y los partidos acaban evolucionando a una burocracia en la que solo prosperan los mediocres".
 
¿Y qué debe hacer el Gobierno ante esta nueva provocación? Pues en mi opinión, todo menos lo que pretenden los provocadores que están locos porque se caiga en la trampa de imponer poco menos que el estado de sitio que los convierta en mártires de la causa. Cuando se pase de los dichos a los hechos, la ley se aplicará con la normalidad de un Estado de derecho. Mientras, se seguirán impugnando todos los actos ilegales y se pondrán a disposición judicial a quienes desobedezcan las resoluciones judiciales.
 
Como los actos de desobediencia son cada vez más reiterativos, caminamos ya a marchas forzadas hacia dos medidas que creo, tal como van las cosas, pondrá el Gobierno en liza, porque la cerrazón de los sediciosos las hará inevitables: El artículo 155 de la Constitución y la Declaración de Interés para la Seguridad Nacional de la Ley de 2015.
 
Respecto al artículo 155 parece cada vez más cercano el momento en que el Presidente del Gobierno requiera al de la Generalitat para que la Comunidad Autónoma de Cataluña deje de incumplir "las obligaciones que la Constitución y otras leyes le imponen", por venir actuando "de forma que atenta gravemente al interés general de España". Y de hacer caso omiso a dicho requerimiento, el Gobierno, con acuerdo de la mayoría absoluta del Senado, "adoptará las medidas necesarias para el cumplimiento forzoso de dichas obligaciones y para la protección del interés general".
 
El PP cuenta con mayoría absoluta en el Senado, por lo que las medidas que proponga el Gobierno serán aceptadas y, lo previsible y deseable, es que cuente además con el apoyo de los partidos constitucionalistas Cs y PSOE. Conjuntamente, para la ejecución de tales medidas, el Gobierno "podrá dar instrucciones a las autoridades de la comunidad autónoma".
 
Además de las medidas concretas que, con el respaldo del Senado, se acuerden, el Presidente del Gobierno puede, y creo que lo hará si el desafío persiste, declarar la Situación de Interés para la Seguridad Nacional, en cuya virtud la comunidad autónoma aportará "los medios humanos y materiales" necesarios para "afrontar la concreta emergencia declarada". Conviene aclarar que este aspecto de la ley citada fue impugnado por la Generalitat por entender que afectaba a las competencias de la comunidad, pero por sentencia del Tribunal Constitucional de 12 de diciembre de 2016, fue unánimemente respaldado en una resolución de la que fue ponente el magistrado Xiol, persona próxima a las tesis de la Generalitat que sin embargo propuso su declaración de constitucionalidad.
 
Los independentistas vienen haciendo proclamas de resistencia a las sentencias del Tribunal Constitucional y especialmente a las que anulan la resolución independentista. Todos los responsables de su incumplimiento van circulando ante los tribunales competentes que juzgan su desobediencia, cuyas penas impuestas son de multa y de inhabilitación.
 
Su afrenta actual va más allá y manifiestan en tono amenazante que seguirán realizando actos para ejecutar la desconexión de España. ¡Menos lobos! Ya la Fiscalía de la Audiencia Nacional avisó a funcionarios y altos cargos que, si realizan actos en ejecución de la llamada hoja de ruta independentista, pueden ser reos de delitos de sedición y rebelión, por pretender cambiar de forma ilegal la organización territorial del Estado y separar una parte del territorio nacional.
 
Esta insurrección contra el orden jurídico, que se viene realizando de manera pública y ostentosa, fuera de las vías legales y por varias personas, según las sucesivas sentencias acreditan, tiene pena de prisión de hasta diez años, que se incrementa hasta quince si se trata de personas investidas de autoridad, como es el caso de los sediciosos catalanes.
 
Por todo ello, los chantajes y las amenazas al legítimo orden constitucional y al gobierno de la nación, por mucho que se alardee de la decisión de culminarlas si no se les da lo que ilegalmente proponen, tendrán el final que en las democracias siempre tienen la rebelión y la sedición: la cárcel para quienes se empecinen en cumplir sus amenazas. Un grupo de delincuentes sediciosos, por muy numeroso y atrevido que diga ser, no puede ciscarse en la nación más antigua de Europa ni puede apropiarse de un territorio que pertenece al conjunto de los españoles.