¿Sociedad corrupta o sociedad corrompida?

Artículo de Luis Marín Sicilia

“Los continuos casos de corrupción vividos en España, de los cuales tenemos estos días otro episodio lamentable, serían de más difícil realización si el marco jurídico autonómico no se hubiera convertido en una proliferación de empresas públicas”

“El lamentable funcionamiento de la Administración de Justicia en España es otro elemento que no coadyuva en la lucha contra la corrupción”

“No hay pues una sociedad corrupta, sino hombres dispuestos a corromperse”

Que el poder corrompe y que cuando es absoluto corrompe absolutamente, es algo tan cierto como la experiencia demuestra. No es casual que haya sido en las autonomías donde más tiempo ha gobernado un determinado partido (Madrid, Andalucía, Cataluña, Valencia...) donde la máxima del primer Barón de Acton se ha cumplido de forma más palmaria.

Cuando el poder se mantiene demasiado tiempo una sensación de impunidad embriaga a quienes lo ostentan, los cuales, en mayor o menor grado, son reacios a vencer la tentación de utilizar sus cargos públicos para el favor de los suyos o para su enriquecimiento a costa del interés público.

No cabe duda de que la corrupción tiene su raíz primaria en la propia condición humana y en la escala de valores que cada individuo ha asumido como norte de su existencia. Pero también hay que reconocer que el orden institucional, la estructura organizativa y los principios y valores con que una sociedad es educada, dificultarán o facilitarán -según sean sus parámetros éticos- la propagación de la corrupción en el entramado social.

Los continuos casos de corrupción vividos en España, de los cuales tenemos estos días otro episodio lamentable, serían de más difícil realización si el marco jurídico autonómico no se hubiera convertido en una proliferación de empresas públicas, a las que se les aleja del rigor del derecho administrativo, para convertirlas en chiringuitos gestionados alegremente por conmilitones que terminan cargando a los presupuestos públicos sus enormes y permanentes deudas, sin que nadie exija responsabilidades por su mala administración, incluso cuando solo se utilizan como tapadera de inversiones fraudulentas, cobro de comisiones y enriquecimiento personal.

Que la corrupción anida en el individuo dispuesto a prostituirse es tan cierto como que un Estado donde se dijo hace tiempo que la división de poderes no existía, porque habían enterrado a Montesquieu, se convierte en el primer y potencial cómplice del "choriceo" de los corruptos. Un Estado fuerte tiene contrapesos institucionales que hacen muy difícil la labor de quienes mercadean con los intereses generales. Un país sin auténtica división de poderes es una invitación al saqueo y la corrupción.

El lamentable funcionamiento de la Administración de Justicia en España es otro elemento que no coadyuva en la lucha contra la corrupción. Por principio, debido a la enorme lentitud de la misma, que hace cierto el aserto popular de que una justicia lenta no es justicia. Ello se agrava con un doble aspecto: de una parte, la falta de garantías en la instrucción de los sumarios, cuyo carácter "secreto" es una burla a la inteligencia. Y de otra, las dichosas puertas giratorias emprendidas por jueces y fiscales que han generalizado la sensación de que los encargados de impartir justicia forman parte también de la lucha partidaria, lo cual es el descrédito y la muerte de una Justicia objetiva.

Por último, unos medios de información alineados sin tapujos en distintos sectores políticos terminan dando la puntilla a la credibilidad de las instituciones, pues en connivencia o no con las oficinas judiciales y las fuentes policiales, hacen de la filtraciones sumariales y de los chivatazos de quienes tramitan o investigan los procesos una pelea de "holligans" forofos de una u otra fuerza política, que convierten la escena pública en un auténtico "patio de vecinos". No interesa la verdad, sino que "los de mi equipo" ganen el partido y destruyan al adversario, para lo cual el medio hace de portavoz.

No hay pues una sociedad corrupta, sino hombres dispuestos a corromperse. Y si el número de estos crece exponencialmente podremos hablar de una sociedad corrompida por mor de unas instituciones que no han cumplido con la función que les corresponde. Los escandalosos sucesos que protagonizan miembros de una clase política, incluso los que forman parte de una trama que denuncia públicamente a la otra trama, solo están contribuyendo a que la ciudadanía pierda la confianza en todos ellos, hasta el extremo de acudir a la próxima consulta electoral con la nariz tapada y buceando para escudriñar quien hará menos daño a la prosperidad del país.

Mientras tanto habrá que reclamar lo que en España lleva tiempo de haberse olvidado: el valor del esfuerzo, porque aquí, por desgracia, ni éste ni la responsabilidad gozan de buena salud. Con el timo de la igualación que propugnan "podemitas" y otros similares, típico de "pijo-progres" mal criados, se pretende que el Estado nos blinde de todos los beneficios, hayámonos esforzado o no. Incluso a quienes se apliquen y esfuercen reuniendo un cierto patrimonio se proponen brearlo a impuestos.

Así las cosas, sin estímulos de mejora basada en la preparación y el esfuerzo, ¿quién costeará el invento? Esa ha sido la filosofía bolivariana que ha arruinado a un país inmensamente rico como Venezuela, donde se encarcela a quienes no piensan como los gobernantes, mientras aquí son miembros del partido del Gobierno los que están sufriendo el rigor de la Justicia, a veces, como ocurre ahora, gracias a denuncias de instituciones regidas por los propios compañeros de partido. Al menos todavía nos queda un mínimo de confianza en el Estado de Derecho, porque sin él, como ocurre donde gobiernan los amigos de Iglesias y los suyos, la intolerancia dictatorial es el eje de la vida pública.

Para evitar que la mancha de la corrupción salpique al conjunto de la sociedad hay que exigir limpieza y respeto a todos los actores que gestionan el interés público. La regeneración no pasa por la protesta y la acusación gratuita, sino por la aplicación de medidas severas a quienes no merezcan el reconocimiento ciudadano, que casi siempre serán personas individuales. Y quizá nos hayamos equivocado en los sistemas de selección de nuestros dirigentes, dada la deficiente catadura de gran parte de los seleccionados. Como decía un viejo amigo, "España  no podía llegar a menos ni ellos a más". ¡Y sálvese quién pueda!