Artículo de Miguel Ángel García
Por el momento no lo he acabado porque mi asombro, durante la lectura de su Exposición de Motivos, me lleva a escribir unas notas, entre ellas, esta que aquí plasmo, porque desde luego, la desfachatez, la pertinaz insistencia al revisionismo, la mayor de las estulticias pedagógicas, y la cantidad de bilis que rezuma el texto, no tiene uno por menos que plantarle cara a tan horripilante deposición literaria que queda negro sobre blanco y con rango de Ley, como todo un ejercicio de erudición histórica.
Dice el texto: “El Estado surgido como consecuencia de la Guerra Civil fue condenado en 1946 por las Naciones Unidas en sus primeras resoluciones, entre ellas la Resolución 39 (I) de la Asamblea General, de 12 de diciembre de 1946, en donde se declara que “en origen, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es un régimen de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hitler y de la Italia fascista de Mussolini”.
Y cierto es que así lo refleja la mencionada resolución, pero lo que omiten, es que en esta Resolución que se adopta a los 15 meses del nacimiento de la ONU recién terminada la Guerra mundial, se detalla también lo siguiente: "Recomienda que se excluya al Gobierno español de Franco como miembro de los organismos internacionales establecidos por las Naciones Unidas o que tengan nexos con ellas, y de la participación en conferencias u otras actividades que puedan ser emprendidas por las Naciones Unidas o por estos organismos, hasta que se instaure en España un gobierno nuevo y aceptable".
Bien, pues parece ser que la ONU, o no se enteró, o se le pasó, que en España, en 1955, cuando es admitida como miembro de pleno derecho, y siendo el país número 65 de los que la conformaban, seguía el mismo gobierno, igual de "nuevo y de aceptable", que nueve años antes, con Franco como Jefe del Estado.
Y a más abundar, se dice en este texto de medias verdades, donde se alude al Derecho Internacional para justificar esta Ley, que este ha de estar por encima de las leyes españolas: “Por su propia naturaleza, y con este razonamiento, estos crímenes serían imprescriptibles, y debe asegurarse su persecución universal, por lo que no puede aplicarse a ellos la prescripción de la acción penal o de la pena mediante el establecimiento de leyes de amnistía o de cualquier otro modo. Desde esta perspectiva, que sostiene una parte relevante de la doctrina, en cumplimiento del Derecho Internacional sobre crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, debería derogarse o modificarse cualquier norma legal de carácter estatal que se oponga o contravenga esta normativa internacional”… no sigo, voy al baño a vomitar.
¡Viva la pedagogía! ¡Viva la didáctica! ¡Viva la educación y la enseñanza! (ironía), pero, por supuesto, ¡Que viva Andalucía!... pero la Andalucía de TODOS los andaluces, y no sólo de la mitad.
Regresado de la tarea que me ha ocupado (desocupando mi revuelto estómago) los últimos minutos, termino diciendo, que este proyecto de Ley ha sido aprobado con los votos a favor del PSOE, Podemos e IU, y las abstenciones del PP y Ciudadanos.
Lo del PSOE, y la extrema izquierda, es normal porque todos están en ese nuevo y reeditado Frente Popular de conveniencia en el poder (no así en cuanto a confluencia ideológica), pero lo que no tiene nombre, es lo del PP y Ciudadanos, es decir, la reeditada, en contraposición al Frente Popular de entonces, CEDA de aquellos pasados tiempos que se empeñan en hacernos revivir otra vez.
Porque repito, esta Ley de Memoria Histórica, tiene parangón con el acuerdo que firmaron los del Frente Popular, de cara a las elecciones de febrero de 1936, que fundamentalmente se basaba, en la amnistía y reposición e indemnización de los “represaliados” en la Revolución de Octubre de 1934: “1.º A conceder por ley una amplia amnistía de los delitos político-sociales cometidos posteriormente a noviembre de 1933, aunque no hubieran sido considerados como tales por los Tribunales. Alcanzará también a aquellos de igual carácter no comprendidos en la ley de 24 de abril de 1934. Se revisarán, con arreglo a la ley, las sentencias pronunciadas en aplicación indebida de la de Vagos, por motivos de carácter político; hasta tanto que se habiliten las instituciones que en dicha ley se prescriben, se restringirá la aplicación de las mismas y se impedirá que en lo sucesivo se utilice para perseguir ideas o actuaciones políticas”.
Quédense con esto último de que “se impedirá que en lo sucesivo se utilice para perseguir ideas o actuaciones políticas”. Justo, todo lo contrario de lo que hace este Decreto, que ni los socios de gobierno de Susana, ni los conservadores del PP, han sido capaces de poner su no rotundo a semejante dislate, que, ni a nivel nacional con mayoría absoluta, Mariano Rajoy fue capaz de derogar –me refiero a Ley de Memoria Histórica de Zapatero–, ni estos acomplejados y necios del Partido Popular en Andalucía.
No se puede ni debe seguir por este camino de la confrontación y de mantener viva la llama de aquella cerril, fratricida y atroz contienda. Hace mucho que se debería haber pasado página, pero las izquierdas siguen en lo de siempre: o tienen el poder o no se juega democrática y escrupulosamente.
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