Artículo de Antonio Barreda
La AVRA representa el 85 % del
resultado agregado negativo de todas las entidades públicas empresariales de la
Junta de Andalucía
Arrastra casi la misma deuda -511
millones de euros- desde, al menos, 2011
La Junta de Andalucía denunció a
directivos de EPSA
Los antecedentes
La Agencia de Vivienda y Rehabilitación
de Andalucía, así denominada desde la entrada en vigor de la Ley 4/2013, de 1
de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la
vivienda, se creó, con la denominación de Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, como Entidad de Derecho Público de carácter empresarial
al amparo de lo dispuesto en el artículo 6.1.b) de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, vigente a la fecha, y
mediante el artículo 28 de la Ley 1/1985, de 11 de febrero, del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 1985.
Se instituyó por el Decreto 262/1985, de
18 de diciembre, sobre constitución de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía
(EPSA), que aprobaba sus primeros Estatutos con el cometido inicial de
llevar a cabo las tareas técnicas y económicas requeridas para el desarrollo de
la gestión urbanística y patrimonial, en ejecución de los planes urbanísticos y
programas por parte de la Junta de Andalucía, mediante las actuaciones de
promoción, preparación y desarrollo de suelo para fines residenciales,
industriales, de equipamiento y de servicios, revelándose como un instrumento
eficaz de la Junta de Andalucía en este ámbito de actuación. Posteriormente,
para recoger diversas ampliaciones del objeto social, son derogados y
sustituidos por los aprobados mediante Decreto 113/1991, de 21 de mayo.
En virtud de la Ley 5/1990, de 21
de mayo, se configura en la Junta de Andalucía la condición de Promotor
Público de construcciones protegibles en materia de vivienda, procediéndose
a la ampliación del objeto de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía a la
realización, como promotor público, de tales actuaciones.
La Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y
administrativas, amplió el objeto de la Agencia a la administración y
gestión del patrimonio que constituye el parque de Viviendas de Protección
Oficial de Promoción Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a la
ejecución de programas que, referidos a las actividades relacionadas con su
objeto, le fueran encargados por la Administración autonómica o por las
Entidades Locales de Andalucía, y al ejercicio de las potestades públicas que
le pudieran atribuir o delegar por la Consejería de adscripción relacionadas
con su objeto y, en particular, la potestad sancionadora, así como la
tramitación y concesión de subvenciones y ayudas públicas.
En la actualidad, su objeto viene
especificado en el artículo 5 de la precitada Ley 4/2013, de 1 de
octubre, ampliándose al ejercicio de cuantas actuaciones en materia de
eficiencia energética de la edificación le puedan atribuir, al ejercicio de las
funciones que le sean atribuidas en materia de fomento del alquiler de vivienda
y a la gestión, control y registro de las fianzas de los contratos de
arrendamiento de vivienda y de uso distinto del de vivienda y de suministro
correspondientes a los inmuebles sitos en el ámbito de la Comunidad Autónoma
andaluza.
Por Decreto 217/2011, de 28 de
junio, de adecuación de diversas entidades de Derecho Público a las previsiones
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía,
la Empresa pasa a tener condición de agencia pública empresarial.
La Ley 1/2011, de 17 de febrero, de Reordenación del sector público de
Andalucía, modificó el régimen jurídico de las entidades instrumentales de
la Administración de la Junta de Andalucía establecido en la Ley 9/2007, de
22 de octubre, en aspectos tan importantes como la creación de estas entidades,
su modificación y refundición, el régimen jurídico de la contratación, los
tipos de agencias públicas empresariales o el régimen jurídico y el ejercicio
de potestades públicas.
Actualmente la Agencia está adscrita a
la Consejería de Fomento y Vivienda (CFV) por
Decreto 211/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura
orgánica de la citada Consejería.
Finalmente, el Decreto 174/2016, de 15 de noviembre, se aprueban los Estatutos de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).
Informe de la Cámara de Cuentas
En noviembre de 2013 se publicó la
Fiscalización de las Fuentes de Financiación y de la Gestión de Recursos
Humanos de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) del año 2011. En él la Cámara de Cuentas cifraba en 510 millones de euros la
deuda de la empresa y subrayaba irregularidades en la gestión de determinadas
subvenciones y en la elección del personal. La Cámara de Cuentas denunciaba los
"desfases entre los créditos aprobados en los Presupuestos de la Junta
y las inversiones realmente realizadas por la empresa", diferencia que
asciende a 256 millones de euros (a 31 de diciembre de 2011).
Según el informe, "la adecuación del gasto subvencional al crédito
disponible es una condición necesaria para el otorgamiento de
subvenciones". Entre estos desfases, en el documento se detalla
que entre 2008 y 2011 la empresa pública concedió ayudas para el alquiler o
para la rehabilitación de edificios por valor de 322 millones de
euros a pesar de que solo tenía reconocidos 178 millones.
Además, en este caso, se imputaron gastos directos y corporativos
de la empresa con cargo a estos programas por valor de 74 millones.
Inexplicablemente, además, pagó más impuestos de los que debía. Dice el
informe de la Cámara que “EPSA debe iniciar las acciones necesarias para solicitar
ante la Administración Tributaria la devolución de los pagos indebidos”.
Desolador es lo que recoge la Cámara en el informe, que en el
Presupuesto de la Junta de 2013 se aprobó una ayuda de 50 millones para
familias e instituciones sin fines lucrativos, pero "estas
transferencias se han destinado al pago de intereses de la deuda financiera que
mantiene la empresa por actuaciones delegadas y a cumplir otros compromisos y
obligaciones de pago por proyectos ya iniciados".
Contrataciones sin publicidad ni concurrencia
La
Cámara indicaba en su informe algo que no es desconocido ya en la
administración paralela de la Junta de Andalucía, y así dice que “se ha
podido comprobar que, tanto en los expedientes de personal de alta dirección
como en los de directivos intermedios, no consta que se haya seguido un
procedimiento que garantice la publicidad y concurrencia en la designación.
Tampoco se ha podido determinar si su designación se ha realizado atendiendo
a los principios de mérito, capacidad e idoneidad”.
También
añade que “con fecha de 12 de abril de 2013, el Consejo de Administración de
la empresa aprobó un acuerdo mediante el cual se adoptan medidas para corregir
estas incidencias”. O sea, que 27 años después de su creación los
dirigentes de la EPSA se preocuparon de aprobar un acuerdo para el cumplimiento
de la igualdad, mérito y capacidad.
Por otro lado, la Cámara indica que “en
relación con los expedientes analizados correspondientes al personal con
contrato indefinido ordinario que proviene de la aplicación del acuerdo de
estabilidad de 22 de mayo de 2009, se ha podido comprobar que, para la
conversión de los contratos en indefinidos, no consta la realización de los
procesos de selección que garanticen los principios establecidos en la normativa”.
Además,
es interesante señalar que “con fecha 22
de mayo de 2009, se firma el Acuerdo para la estabilidad del personal de Áreas
de Rehabilitación Concertada, Rehabilitación Integral de Barriadas, Oficina
para el Comisionado y Oficina de Rehabilitación de Polígono Sur, firmado por la dirección de la empresa y la comisión permanente
del comité intercentros. Dicho acuerdo estipuló que se convertirían en
indefinidos los contratos temporales de obra o servicio determinado de los
trabajadores vinculados a los programas precitados, considerando su antigüedad
en la empresa con independencia de la adscripción para el desarrollo de su
trabajo (ámbito orgánico o funcional), con la única modificación del aumento de
la antigüedad a 5 años”.
Así, la Cámara señala que “el acuerdo
llevaba asociado un calendario en el que se programaba la incorporación como
indefinidos de los trabajadores adscritos a áreas funcionales a medida que
fueran cumpliendo los requisitos de antigüedad en la empresa. De esta forma en
el ejercicio 2009 se integraron como indefinidos 54 trabajadores de las Áreas
de Rehabilitación Concertada”.
Informe Cámara Cuentas sobre la Cuenta General de 2015
En el informe de fiscalización de la
Cuenta General de 2015 la Cámara indica que “La AVRA representa el 85,02 %
del resultado agregado negativo de las 25 entidades” (analizadas). Es
decir, que la AVRA representa el 85% del resultado agregado negativo de
todas las entidades públicas empresariales de la Junta de Andalucía. Sigue
indicando que “ello se debe, al incremento en el ejercicio 2015 de “Otros
gastos de explotación” por 267,26 millones de euros
respecto al ejercicio anterior, y al haber registrado las transferencias de
financiación de explotación por importe de 25,91 millones de euros, como
aportaciones de socios directamente en Fondos Propios, basándose en la orden
EHA/733/2010, de 25 de marzo”.
Pero si en el informe de fiscalización
publicado en 2013 la Cámara cifraba en 510 millones de euros la deuda de la
empresa pública EPSA, en 2015 la Cámara informa que “la Agencia de
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía ha formalizado cuatro operaciones de
refinanciación de préstamos a largo plazo por un total de 188,04 millones de
euros, siendo el saldo vivo a la finalización del ejercicio del conjunto de
operaciones de la Agencia AVRA de 511,37 millones de euros. Este saldo es
inferior al que se registraba en 2014, que se cifraba en 521,16 millones de
euros”. Es decir, que arrastra casi la misma deuda de 511 millones de
euros desde, al menos, el año 2011.
Por otro lado, la Cámara advierte que “el
riesgo final de las operaciones avaladas a las agencias públicas empresariales
y sociedades mercantiles del sector público asciende a 651,79 millones de euros
más los intereses ordinarios devengados por los avales otorgados a AVRA, Metro
de Granada S.A. y la Agencia IDEA durante toda la vida de dichas
operaciones. En cuanto a las empresas privadas, tras las reducciones del
riesgo por amortizaciones en 2015, el riesgo al cierre asciende a 523,41
millones de euros, lo que da una suma de ambos riesgos que asciende a 1.175,21
millones de euros”.
La
Cámara indica en el informe de fiscalización que “en virtud de lo
dispuesto en la Ley del Presupuesto de 2015, se otorgaron garantías a favor de
AVRA (en virtud de Acuerdos de Gobierno de la Junta de Andalucía de
fecha 31 de marzo y 21 de julio de 2015), con el objeto de realizar la
refinanciación de varias operaciones de préstamo existentes con diversas
entidades financieras. Han sido garantizadas mediante cuatro nuevos avales
de la Tesorería de la Junta de Andalucía por importe global de 188,04 millones
de euros. Como consecuencia de las operaciones de refinanciación han
quedado cancelados totalmente tres avales otorgados a AVRA por importes de 50
millones de euros, 25 millones de euros y 35 millones de euros. Además, otro
aval que ascendía a 50 millones de euros ha visto reducido su importe a 35,71
millones de euros, por la cancelación parcial del mismo.
“Una empresa familiar”
En septiembre de 2006 el periódico ABC
publicaba que la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) se podría
definir como “empresa familiar”, porque, según señalaba este
periódico, “esta empresa pública de la Junta de Andalucía convirtió durante
el pasado mes de junio 87 contratos temporales en indefinidos, que no sólo
en la mayoría de los casos suponen un fraude de ley, sino que de ellos
se han beneficiado, muchos parientes, directos o indirectos, y amigos de
directivos y trabajadores de este organismo público”.
Seguía la información indicando que, “según
estas fuentes, un mínimo de 22 de estos 87 contratos ha recaído en
personal de la Consejería de Obras Públicas a las que se ha subrogado el
contrato; y un mínimo de 13 de ellos, son parientes de trabajadores de EPSA
con grados de parentesco que van desde cuñados a primos, pasando por hermanos”.
ABC en su artículo señalaba que “de
cinco contratos fijos se han beneficiado cinco familiares de cargos de libre
designación de esta empresa pública. Es el caso de Natividad Álvarez
Alvarado, hermana de Miriam Álvarez Alvarado, jefa de departamento de recursos
humanos; pero también de Patricia Candau García, cuñada de Dolores de Pablo
Blanco, subdirectora de gestión de patrimonio; y de Antonio Galán Pedrola, hermano
de Consuelo Galán Pedrola, gerente de espacios públicos”.
“También tienen vínculos familiares
dentro de EPSA los recientemente contratados Patrocinio García Castro, hermana
de Hilario García Castro, coordinador de áreas de rehabilitación; y Carmen Moruno
Gómez, hermana de Isabel Moruno Gómez, secretaria de dirección de esta empresa
pública de la Junta”.
“Los beneficiarios de esta
contratación indefinida eran empleados de esta empresa pública dependiente de
la Consejería de Obras Públicas, cuyo director es Francisco Espinosa Gaitán,
que tenían contratos temporales”.
Seguía el artículo de ABC explicando
que “entre ellos se cuentan los de acumulación de tareas, que se hacen para
empleados que realizan tareas específicas durante un periodo de tiempo limitado
cuando hay un gran volumen de trabajo; contratos de obras, para desarrollar un
trabajo concreto hasta su finalización sin una fecha concreta porque no se
puede precisar; y contratos de interinidad.
A estos hay que sumar contratos de
obra subrogados de la Consejería de Obras Públicas, que suponen un absoluto
«fraude de ley», señalan las fuentes consultadas, ya que ésta es una figura
jurídica que se utiliza cuando una empresa desaparece y se quiere garantizar la
continuidad de los trabajadores en la nueva compañía. Algo difícilmente
aplicable a los empleados temporales de esta Consejería de la Junta de
Andalucía, que ni ha desaparecido ni se encuentra en quiebra”.
Finalmente, ABC indicaba en el artículo
“que las mencionadas fuentes, afirman además que la mayoría de los
contratados por acumulación de tareas y obras y servicios no lo estaban para
desarrollar tareas específicas, sino para el trabajo ordinario de EPSA, el
mismo que desempeñaba el personal indefinido. Estos contratos -unidos a los de
personal en prácticas- se han transformado en indefinidos en lo que constituye
en muchos casos «un fraude de ley», afirman.
En la mayoría de estos contratos «no
se han respetado los principios constitucionales previstos en el propio
convenio colectivo» y tampoco «intervenido los representantes de los
trabajadores» en los procesos de selección de este personal. A todo esto hay
que sumar que las ofertas de empleo en EPSA raramente aparecen publicadas en
medios de comunicación, sino que la publicidad de estos trabajos se hace en
los tablones de anuncios de esta empresa pública, lo que provoca que en la
mayoría de los casos se beneficien de estos contratos familiares y conocidos de
los trabajadores y directivos.
Incluso, comentan estas fuentes, se
han adjudicado plazas sin sacarlas a concurso entre el resto de los empleados.
En otras ocasiones, se ha recurrido a empresas externas para los procesos de
selección de personal, sobre todo para el administrativo y auxiliar, a los que,
afirman estas fuentes, se han presentado familiares de miembros de estas
empresas”.
La Junta denunció a directivos de
EPSA
Diario de Sevilla informaba en octubre de
2012 que “la Junta de Andalucía ha denunciado ante los tribunales a
cuatro ex directivos de la Empresa Pública de Suelo (EPSA) por el supuesto
cobro de salarios y retribuciones indebidas mientras ejercían sus funciones.
Estos miembros de la alta dirección de la empresa pública de vivienda denunciaron
previamente a la Junta tras ser despedidos en julio en el proceso de
reestructuración de los órganos directivos que llevan a cabo los nuevos
gestores de EPSA, ahora en la Consejería de Fomento y Vivienda gestionada por
Izquierda Unida. Los denunciantes entienden que tras el cese tienen derecho a
una indemnización, negada por la Junta.
La Administración andaluza esgrime
recientes decretos autonómicos por los que los altos cargos de las empresas
públicas no tienen derecho a recibir indemnizaciones y se remite al momento
procesal oportuno para explicar las razones por las que se opone a estas
pretensiones. Pero lo novedoso en este tipo de conflictos es que la Junta de
Andalucía se ha acogido a un instrumento jurídico poco frecuentado, la
reconvención, una suerte de contraataque”.
Añadía este medio que “el caso más
llamativo de los que han pasado por el órgano de mediación es el de José Manuel
Vergel, que fuera director de Recursos Humanos de EPSA. Según consta en los
documentos a los que ha tenido acceso en exclusiva esta redacción, Vergel
ingresa en EPSA mediante libre designación sin someterse a proceso selectivo
alguno. La propia Junta asevera en el texto de reconvención que "ha
sido práctica habitual en la empresa pública durante mucho tiempo que la
selección de puestos de alta responsabilidad careciera de criterios objetivos y
estuviera reservada a personas designadas esencialmente por su afinidad
política”.
Es indispensable señalar, en este punto,
que Juan Manuel Vergel – entonces funcionario del SAE de Almería
- fue Secretario de Organización de la UGT-Andalucía con Juan Mendoza
Castro de Secretario General, cargo que ocupó hasta el siguiente congreso de
1998 en que Juan Mendoza perdió frente a Manuel Pastrana cuando este le
presentó una candidatura alternativa en dicho congreso.
Por otro lado, Diario de Sevilla seguía
indicando en la noticia que “en el caso de Vergel su selección viene
motivada por su "estrecha vinculación personal y política" con el
entonces director de EPSA, Jorge Cara, que ocupó el cargo de 2007 a
2010 y fue subdirector desde 2004. Cara es desde junio secretario general de
Formación Profesional en la Consejería de Educación que dirige Mar
Moreno. Vergel y Cara participaban en la dirección del PSOE de Roquetas
de Mar. Vergel compatibilizó el cargo en EPSA con la responsabilidad de la
Secretaría de Empleo del PSOE de Almería”.
Seguía el medio diciendo que “la Junta
expone que en septiembre de 2007 Vergel "da instrucciones" para que
se le prepare un contrato indefinido desde diciembre de 2006, constando una
antigüedad cuantificada en 1.285 euros, y estableciendo que, "habida
cuenta que el desempeño de cargo de directivo supone su desplazamiento a
Sevilla desde el domicilio familiar de Almería, se pacte expresamente el abono
de 7.000 euros brutos anuales, distribuidos en doce pagas, en concepto de
indemnización por traslado”.
“Un año después ordena que se le
beneficie con una indemnización por vivienda. De 2007 a julio de 2012
recibe 53.073 euros en vivienda, una cantidad que la Junta, además,
considera que responde a un criterio "absolutamente fraudulento" al
tener domicilio familiar en Sevilla. El nuevo equipo de EPSA considera que
estableció el abono de dichas cantidades para incrementar sus retribuciones y,
además, pactó percibirlo en especie "para eludir las limitaciones
establecidas legalmente" a partir de 2010, cuando los emolumentos no
podían superar el sueldo del presidente de la Junta (68.981).
Vergel pacta incluso mantener estas
retribuciones si abandona la alta dirección, "siguiendo una práctica
habitual en la empresa de reconocer privilegios de dudosa legalidad y
moralidad", según el escrito de la Junta. Este alto cargo pasó de cobrar
55.977 euros como directivo intermedio a 78.179 euros”.
Finalmente, la noticia indicaba que “la
Junta también ha emprendido acciones legales contra otros tres ex altos cargos
que han reclamado una indemnización tras su cese. Se trata de José María Salas,
ex alcalde socialista del municipio jiennense de La Guardia, Federico Salmerón,
ex director de Rehabilitación y Renovación Urbana de EPSA, y Antonio López
Jiménez, amigo personal de Jorge Cara”.
Investigación Parlamentaria
Hace ahora casi 22 años, en mayo de 1995 el Parlamento de Andalucía discutía – entre
IU y el PP - la creación de una comisión de investigación para investigar los
créditos que por 19 millones de pesetas condonó, entre 1986 y 1987, la Caja de
Ahorros de Jerez a 32 dirigentes del PSOE gaditano. Además, el PP quería
ampliar esta condonación a las relaciones de la EPSA con el PSOE a través de la
Caja de ahorros de Jerez u otras cajas de ahorro. Al parecer, la Caja de
ahorros de Jerez desvió presuntamente al PSOE los intereses de una cuenta de
EPSA, empresa dependiente de la Consejería de Obras Públicas.
Libertad Digital recordaba el episodio de
EPSA de esta forma, “en julio de 1986 la
Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), dependiente de la Consejería de
Obras Públicas de la Junta de Andalucía, permitió que el importe de la
liquidación de los intereses de las cuentas que tenía abiertas en la Caja de
Ahorros de Jerez, como representante de la Junta de Compensación de un polígono
industrial, fuese ingresado en una cuenta del PSOE de manera subrepticia. Es decir, los intereses
generados por el depósito de dinero de la Junta, o sea, dinero de todos los
andaluces, terminó en las arcas privadas del PSOE.
Según la documentación disponible, fue Fermín del Moral, ex viceconsejero de Obras Públicas, luego candidato a la alcaldía de Cádiz y actualmente consejero delegado de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) quien recomendó la apertura de estas cuentas en la Caja de Ahorros de Jerez, en su sucursal de La Línea de la Concepción. El 7 de junio de 1984, Fermín del Moral propuso a la asamblea general extraordinaria de la Junta de Compensación del Polígono del Rosario Sector IV, en la que participaba como representante, «la necesidad de diversificar el trabajo financiero de la Junta de Compensación con más de una entidad bancaria y a tal efecto propone la apertura de cuentas en la Caja de Ahorros de Jerez, lo que es aceptado por unanimidad», según se recoge en el acta de la reunión.
EPSA, dependiente de la Consejería de Obras
Públicas, permitió entonces que el importe de la liquidación de intereses de
las cuentas que tenía abiertas en la Caja de Ahorros de Jerez, como
representante de la Junta de Compensación de un polígono industrial de
Algeciras, fuese ingresado en una cuenta del PSOE. EPSA controlaba el
36,3% de la propiedad del polígono. Entonces, Fermín del Moral
era representante de EPSA en Cádiz y delegado provincial de la Consejería
de Obras Públicas”.
Catálogo de Puestos de la AVRA
La relación de puestos de trabajo con
retribuciones de la AVRA, es decir, el catálogo de puestos de trabajo, indican
una plantilla de 612 trabajadores. Cifra que casi coincide con la ofrecida por
la Cámara de Cuentas para 2015 que nos habla de 616 trabajadores en plantilla.
El Demócrata Liberal ofrece a todos sus lectores, en exclusiva el catálogo de
puestos de la AVRA.
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