Artículo de Rafa G. García de Cosío
El artículo de El País de este miércoles sobre supuestos papeles secretos en torno a la financiación ilegal del PP comenzaba así:
''La pieza que aún mantiene secreta el juez Eloy Velasco en el marco de la Operación Púnica contiene profusas pruebas que presuntamente acreditan la financiación ilegal del PP de Madrid desde 2004 y que salpica a gran parte de la anterior cúpula del partido, según fuentes jurídicas. Se trata de documentación confidencial requisada por el juez en casa del exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez y que destapa la caja B con la que los populares madrileños han sufragado en los últimos lustros campañas electorales y actos del partido. Y, según se desprende de las pesquisas, lo han hecho, entre otros canales delictivos, a través de Fundescam, la fundación que creó el PP en época de la expresidenta Esperanza Aguirre y que se ha nutrido de fuertes sumas de dinero pagadas por empresarios afines a cambio supuestamente de contratas públicas.''
La verdadera clave en este párrafo para entender la persecución desproporcionada al PP (y luego explicaré lo de la desproporción, si me dan tiempo) es el adverbio adjetival 'secreta', o sea, la sexta palabra del texto. Si la 'pieza' de la que habla el periodista José Antonio Hernández es secreta, por qué lo sabe él? Quién se lo ha filtrado? Qué contactos tiene con el juez? O, mucho más grave aún: qué contactos privilegiados tiene el juez?
En este pequeño detalle reside el éxito de la imagen del PP como partido más corrupto de España desde hace algunos años: el martilleo contínuo con filtraciones cargadas de afirmaciones cuanto menos atrevidas, dado que se trata de instrucciones aún secretas. De hecho, en la noticia de marras sólo se empieza a mencionar cantidades de dinero a partir del sexto párrafo, citando, eso sí, investigaciones de 2010. Lo dicho, martilleo.
Y da igual, por supuesto, que el pasado jueves El Mundo sacara en portada en Andalucía la deuda de 4.700 millones de euros de las agencias de la Administración paralela de la Junta de Andalucía, con datos de la Cámara de Cuentas de la Comunidad Autónoma. Pongamos la cantidad en pesetas, por si se ha quedado usted tal como estaba: 782.014 millones de pesetas. Efectivamente, rozando el billón. Y hablamos solo de la estructura 'alegal' de las agencias paralelas, nada de déficit, de servicios cerrados, de subidas de impuestos o la locura de las sucesiones. Sólo las agencias paralelas.
Por qué El País no habla en ninguna de sus ediciones de este auténtico sumidero en Andalucía, centrándose siempre en el etéreo concepto de la 'financiación ilegal' con documentos 'secretos' de los que solo ellos disponen? Da la impresión de que en España, la corrupción vieja y conocida, que además da trabajo a miles de familias, no importa. Mientras tanto, todo aquello a lo que nos referimos como 'Secreto' es pecado mortal, aunque nos falten números, fuentes y nombres.
La imagen que me da de España este tipo de noticias elpaisiescas es que el Estado español es una especie de Titanic hundiéndose por el exceso del agua desviada en Andalucía en la sala de bombeo, mientras que el dedo acusador de la mayoría preocupada se dirige a un partido (el PP, al que no tengo ningún interés de defender, bastante daño innecesario han hecho) atrincherado en la bita y agarrado cobardemente a las amarras.
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