Carta abierta a Juan Marín

Artículo de Luis Escribano

Por la presente me dirijo a usted públicamente en su calidad de presidente y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos en Andalucía, aunque igualmente pudiera dirigirse el contenido de esta carta al resto de diputados que quedan en su grupo tras el abandono de una de las diputadas (María del Carmen Prieto) y, sólo en parte, a los diputados de los partidos de IU-CA, Podemos y PSOE, por los motivos que iré exponiendo a continuación.

Como bien sabe usted, este 23 de marzo se sometió a votación mi posible comparecencia en la Comisión de Presidencia y Administración Local del Parlamento andaluz, que fue solicitada por el grupo del PP a raíz del artículo que se publicó el pasado 8 de diciembre de 2016 en El Demócrata Liberal, titulado “Mi cese, una oportunidad para el Parlamento”, del que se hicieron eco medios de comunicación como Libertad Digital, El Mundo y ABC de Sevilla.

Con dicha comparecencia se me daba la oportunidad de detallar los verdaderos motivos por los que se me había cesado del puesto que ocupaba como responsable del Servicio de Cooperación Económica de la Dirección General de Administración Local. A esta unidad de la Junta de Andalucía le corresponden funciones de gran trascendencia relacionadas con el mundo local: coordinación del Plan de Cooperación Municipal, con una cuantía cercana a 1.000 millones de euros; líneas de subvenciones regladas y excepcionales a municipios andaluces y entidades sin ánimo de lucro, así como su vigilancia y control; retenciones a practicar de la PATRICA de municipios, por deudas contraídas con las Mancomunidades y Consorcios, a favor de estas últimas; informes de viabilidad económica de entidades locales autónomas (ELAs) para su segregación como municipios; elaboración de información de carácter económico de situación de las entidades locales de Andalucía (datos presupuestarios e información económica-financiera de entidades locales); etcétera.

Mi cese, como podía haber detallado en la comparecencia, no se debía a la alegada “pérdida de confianza” del Director General por un mal desempeño del puesto de trabajo como responsable del Servicio. De hecho, el mismo Director General ha valorado mi trabajo hasta el mismo día del cese, y en base a datos técnicos objetivos, con la máxima puntuación posible, que coincide con la del resto de funcionarios de libre designación de la Dirección General, que no han sido cesados. Es evidente, por tanto, que el cese se ha debido a otros motivos, relacionados en parte con hechos concretos ocurridos en la citada Dirección General, que nada tienen que ver con la satisfacción del interés general ni con el cumplimiento de la legalidad aplicable. En las noticias publicadas en la prensa se mencionaban algunos casos.

Estos sucesos son conocidos por el titular de la Consejería de la Presidencia y Vicepresidente de la Junta de Andalucía, no sólo porque se lo denunciara inmediatamente tras el cese, sino además porque el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, adscrito a dicha Consejería, conoce desde el pasado mes de febrero el contenido de la demanda que he presentado en el Juzgado de lo Contencioso administrativo, donde se explica con detalle todo lo ocurrido. Es decir, lo conocían desde semanas antes de la votación de mi posible comparecencia.

Sería muy interesante que manifestara públicamente, Sr. Marín, si usted o alguien de su grupo ha solicitado al Consejo de Gobierno en el Parlamento copias de las denuncias que presenté dirigidas al Consejero y Vicepresidente de la Junta de Andalucía y a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, denuncias que ustedes saben que existen desde diciembre de 2016, por las noticias y el artículo que escribí y les hice llegar, o si han solicitado alguna otra información sobre el asunto. ¿No lo han hecho? Ya le adelanto que no, y le ahorro las manifestaciones. Con su proceder queda demostrado que su interés y el de su grupo parlamentario por las presuntas ilegalidades cometidas en la Consejería de la Presidencia ha sido nulo.

Es obvio que al Consejero de la Presidencia y Vicepresidente de la Junta de Andalucía no le interesa que se conozcan los sucesos acontecidos, y menos aún en el Parlamento de Andalucía, un foro en el que un servidor hubiera podido explicar con detalle y transparencia asuntos que a aquél no le interesa que se hagan públicos, y de los que no puedo hablar libremente, con una adecuada concreción, salvo en los foros judicial y parlamentario, ambos de control del poder ejecutivo, dada mi condición de funcionario público.

Su grupo parlamentario, Sr. Marín, no sólo ha incumplido con su función de controlar al ejecutivo, sino que ha vetado la posibilidad de que se hagan públicas las presuntas ilegalidades cometidas en la Dirección General de Administración Local y que ha ocultado el Vicepresidente de la Junta de Andalucía como Consejero de la Presidencia, tras habérselo denunciado. ¿Qué gana con ello, Sr. Marín? ¿Acaso tienen algo que perder? Yo puedo entender algunas de sus razones, que obviamente me indignan: se vive muy bien de diputado en el Parlamento al que usted ha llegado sin demostrar su capacidad y sus méritos, y poner en riesgo su sillón, junto a los del resto de diputados de su grupo y los del séquito que vive actualmente de su grupo y del partido, por defender las libertades y derechos de los andaluces, tiene para usted y el resto un coste que no están dispuestos a aceptar. Todo vale con tal de no perder la mamandurria.

Para colmo de males, ante el aluvión de declaraciones y noticias que criticaban la actuación de su grupo parlamentario, han intentado justificar su postura con unos motivos absurdos e insostenibles, como explicaré a continuación.

Ustedes alegan que ningún interesado “particular” debe asistir al Parlamento por petición del mismo. Caben dos objeciones evidentes: primera, yo no he solicitado al Parlamento comparecer, como han hecho otras muchas asociaciones y particulares, sino que ha sido el grupo parlamentario del PP quien lo ha realizado en su labor de control al ejecutivo, tal como tiene previsto el Reglamento de la Cámara, pues como bien expliqué en mi artículo, mi cese se debía a actuaciones irregulares acontecidas en la Consejería, no a temas particulares de un ciudadano; y segunda, ¿desde cuándo un funcionario público que actúa en ejercicio de sus funciones dentro de una Administración Pública y bajo las órdenes de un Director General es un “particular”? Ese irracional argumento se cae por su propio peso. No está de más recordarle las declaraciones de varios jefes de Servicios de la Junta de Andalucía efectuadas en Comisiones de investigación en ese Parlamento, al que asistían no precisamente por su condición de “particulares”.

Asimismo, también ha alegado su grupo que sólo deben pedirse explicaciones a los máximos responsables de las Consejerías, aunque el Reglamento de la Cámara haya previsto también la comparecencia de funcionarios. ¡Qué cordura, Sr. Marín! ¡Preguntemos al “presunto delincuente” por su “delito”, a ver si relata los hechos con el detalle suficiente para poder condenarlo! Su concepto de la Justicia roza el ridículo: no preguntemos al denunciante, sino sólo al denunciado, no vaya a ser que tengamos que reprocharle su comportamiento... ¿Y usted se considera un digno candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía? Sr. Marín, hay que tener poca decencia para defender tan burdo argumento.

Y la última justificación merece un galardón a la idiocia. Ante el revuelo montado en las redes sociales y en los medios de comunicación, comunica su grupo que se pondrán en contacto conmigo para tratar el asunto como a un “particular” más, como si yo defendiera algún interés asociativo o privado. ¿De verdad cree que tengo grabada en mi frente la expresión “soy un imbécil”?

Además, Sr. Marín, hablar ahora, ¿para qué? El pasado 2 de marzo me puse en contacto con las diputadas de su grupo Marta Bosquet y Marta Escrivá, a las que conocía por distintos motivos (como conozco a varios diputados de todos los partidos de la Cámara), y les remití un mensaje con la intención de que su grupo no pusiera impedimentos a mi comparecencia, a fin de exponer en la Comisión de Presidencia y Administración Local los motivos de mi cese como Jefe de Servicio, por oponerme a incumplir la normativa y denunciar la corrupción. Asimismo, les solicité que se lo comentaran a la diputada María Isabel Albás, que es la portavoz en dicha Comisión.

Marta Bosquet ni siquiera me contestó, y Marta Escrivá me respondió el mismo día que cuando quisiera hablásemos, aunque tenía que esperar a la finalización de un Pleno que tenía en el Parlamento. Al final del día me preguntó que si podía pasarle mi número de teléfono a usted, Sr. Marín, para que contactara conmigo, porque creía que era mejor que lo habláramos usted y yo directamente. A ello le contesté que no había problema si la decisión de su grupo en la votación dependía de usted, pues los ciudadanos se merecían conocer lo que pasó en la Dirección General.

El pasado 10 de marzo, ocho días después, como nadie se ponía en contacto conmigo, volví a preguntarle a la única diputada interesada, y me preguntó si ya había hablado con usted, a lo que le dije que no. Nunca recibí esa llamada, ni de usted ni de ningún otro diputado de su grupo.

Lo razonable hubiera sido hablar antes de la votación sobre lo que iba a hacer su grupo, no después, aunque realmente no fuera siquiera necesario, porque ya conocían el contenido de lo publicado en mi artículo y en la prensa. Pero, visto lo visto, la racionalidad y la lucha contra la corrupción no es un punto fuerte de su partido en Andalucía.

Quizá no conozca que también me puse en contacto con Antonio Maíllo, diputado del grupo de Izquierda Unida y coordinador de este partido en Andalucía, al que conocí en su etapa como Director en la misma Dirección General de Administración Local. A él también le solicité, como hice con ustedes, que su grupo no pusiera trabas a mi comparecencia, así como que se presentara como testigo en la vista oral del juicio contencioso administrativo, para que simplemente manifestara si era cierto que el ex-Viceconsejero de Presidencia, Antonio Lozano, siendo Susana Díaz la Consejera de Presidencia, le llamó por teléfono cuando era Director General pidiendo mi cese como Jefe de Servicio de la misma Dirección, al salir publicadas en el diario El Mundo las noticias sobre cuatro denuncias que Eduardo Maestre y yo habíamos presentado en la Fiscalía Superior del TSJA, en Granada, poniendo en conocimiento de la misma graves irregularidades cometidas por altos cargos de la Junta de Andalucía.

Habiendo sido alto cargo en la Junta y ahora diputado del Parlamento que debe controlar las acciones del ejecutivo, aún me resulta increíble la respuesta que Antonio Maíllo me dio tras pensarlo unos días: no quería saber nada del tema. Como ya sabe usted, IU-CA y Podemos hicieron mutis por el foro cuando se votó mi posible comparecencia en el Parlamento.

Desde el pasado día 24 de marzo, los diputados de su grupo, Marta Bosquet y Carlos Hernández, están intentando ponerse en contacto conmigo para hablar del asunto. Ahora pretenden ustedes justificarse ante los medios de comunicación y sus votantes, y demostrar que están interesados en el tema. Pero yo no me voy a prestar a su interesado y perverso juego. ¿Qué utilidad tiene hablar, a toro pasado, con diputados de un partido que no ha mostrado una mínima sensibilidad e interés por el asunto, vetando una comparecencia en el Parlamento en la que podía haber relatado las irregularidades para conocimiento de la Cámara y de todos los ciudadanos? ¡Si ni siquiera se han preocupado de solicitar documentación sobre lo ocurrido a la Consejería afectada!

Efectivamente, ninguno de los grupos parlamentarios (Ciudadanos, IU-CA, Podemos y PSOE), han solicitado información alguna sobre lo denunciado, ni han apoyado mi comparecencia. Eso sí, ahora se ha difundido el bulo de que yo soy simpatizante del PP para justificar la oposición a la comparecencia, aunque cualquiera que haya leído mis artículos sabe lo que pienso del sistema actual de partidos. Además, ¿y si lo hubiera sido? ¿Sería eso un motivo para no investigar las presuntas ilegalidades? Pero ya sabe usted, Sr. Marín, que siempre se trata de “matar al mensajero” para tratar de ocultar la verdad, o en este caso, como en otros muchos anteriores, “matar al denunciante”.

Por todo ello, le ruego que no insistan ustedes en ponerse en contacto conmigo, pues no trataré en privado el contenido de las denuncias. Soy funcionario de carrera, y todo lo que tenga que relatar lo haré exclusivamente en la Comisión correspondiente del Parlamento y en los Tribunales. Yo no tengo nada que ocultar; sin embargo, el PSOE, al que usted ha apoyado, sí.

El partido que usted dirige en Andalucía ha anunciado a bombo y platillo que es necesaria una Ley que proteja a los funcionarios que denuncien casos de presunta corrupción. Sin embargo, sus actuaciones sólo revelan interés por ocultarla. El veto a mi comparecencia muestra de nuevo su gran contradicción e incongruencia con sus propuestas.

Su grupo no hace más que propagar que trabaja para mejorar la economía y el trabajo en Andalucía, Sr. Marín. Sin embargo, la corrupción que su comportamiento alienta solo trae miseria social y económica. ¿Cabe mayor irresponsabilidad e incoherencia?

En la página web de su partido aparece publicado lo que consideran los “valores” de Ciudadanos, aprobados por la IV Asamblea General (Coslada, 05 de febrero de 2017). Entre esos “valores” le destaco los siguientes:

“Reivindicamos una sociedad...donde los poderes públicos se dediquen a garantizar las libertades y derechos de los ciudadanos mediante el cumplimiento de las leyes democráticas”.

“Es necesaria una nueva cultura política basada en el respeto al adversario, el rechazo a las actitudes políticas intolerantes y sectarias, así como el combate incesante contra la corrupción”.

“Ciudadanos se compromete a actuar en política, tanto en las instituciones como en la sociedad, conforme a los valores expuestos en este ideario”.

Asimismo, en el artículo 3.2 de los Estatutos de su partido se indica lo siguiente para los grupos institucionales, entre los que se encuentra su grupo parlamentario: “Tanto en su acción política como en su organización interna los grupos actuarán en todo caso dentro del respeto estricto a los principios y valores de Cs...”.

Claro queda, a la vista de sus actuaciones, que usted y el resto de diputados que quedan en su grupo no sólo incumplen sus funciones como diputados, sino incluso los propios estatutos de su partido y esos fulgurantes “valores” venidos a nada y salpicados con grandes manchas de hipocresía y dobleces, digno de farsantes y bandidos disfrazados de políticos. Los andaluces no nos merecemos sus torcidos comportamientos.

Si usted y el resto de diputados que queda en su grupo tienen realmente interés en conocer las irregularidades acontecidas en la Dirección General de Administración Local, que constituyeron parte de los motivos de mi cese, ya saben lo que tienen que hacer. No es necesario hablar sobre ello. Dejen de hablar y actúen. Sólo los hechos demuestran las intenciones, no las palabras.

Atentamente, Luis Escribano

(funcionario público de la Junta de Andalucía denunciante de desviación de poder, vulneración de derechos y libertades fundamentales e incumplimiento de numerosos preceptos legales)