AMAYA, Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía: otro agujero negro

Artículo de Antonio Barreda

Según la cuenta general de 2015, un total de 4.959 personas pendían de sus ubres (5.061 en 2012). El Demócrata Liberal publica el catálogo de puestos

La Cámara de Cuentas advierte que no dispone de funcionarios adscritos para desarrollar las potestades administrativas derivadas de su actuación

EGMASA cedió a UGT-A por 50 años la finca “La Torerera”, actualmente abandonada

El ERE de EGMASA está siendo investigado por el juzgado

La Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, se crea mediante el artículo 20 de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía. En virtud de dicha disposición legal es una Agencia Pública Empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

La Agencia se rige por la citada Ley 1/2011, por la Ley 9/2007, de 22 de octubre, por sus Estatutos aprobados por Decreto 104/2011, de 19 de abril, por el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y por las demás normas generales aplicables a las agencias públicas empresariales. En virtud de la citada Ley 1/2011 queda extinguida la Agencia Andaluza del Agua, con efectos desde la fecha de entrada en vigor del Decreto por el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, y, por otra parte, desde la entrada en vigor de sus Estatutos, queda subrogada en todas las relaciones jurídicas, derechos y obligaciones de los que es titular la Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. (EGMASA).

De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional décima de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, la Agencia es una entidad instrumental al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, gozando de la consideración de medio propio en los términos establecidos en dicha disposición, en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, en el artículo 24.6 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en las sucesivas Leyes del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Estatutos de la AMAYA y absorción de EGMASA

Por el Decreto 104/2011, de 19 de abril se aprueban los Estatutos de la Agencia Andaluza de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. En la Disposición adicional primera se disuelve la Empresa de Gestión Medioambiental (EGMASA), y así, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía quedará subrogada en todas las relaciones jurídicas, derechos y obligaciones de la Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., desde el día en que entren en vigor los estatutos de aquélla, según se establece en la disposición final segunda. En su punto 2. indica que, como consecuencia de la extinción y transmisión global de las relaciones jurídicas, derechos y obligaciones de la Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., se producirá el correspondiente aumento de los fondos propios de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, en la cuantía que conste en el balance final de aquélla que resulte aprobado.

La disposición adicional segunda recoge el régimen de integración del personal laboral de la Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. En su punto primero indica que conforme a lo dispuesto en la Disposición adicional cuarta de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, el personal de la Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., se integrará en la Agencia en los términos establecidos para la sucesión de empresas en el artículo 44 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo y en las condiciones establecidas en el protocolo de integración, adoptado por la Consejería competente en materia de Administración Pública. La Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía se subroga en los derechos y obligaciones derivados de los contratos de trabajo del personal laboral y, en su caso, de los convenios colectivos vigentes, así como de los acuerdos derivados de la interpretación de los mismos, hasta la aprobación de un nuevo convenio colectivo de aplicación.

Interesante es el punto tercero ya que se indica que, de acuerdo con lo dispuesto en la citada Disposición adicional cuarta, el acceso, en su caso, del personal laboral de la Agencia a la condición de personal funcionario o laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, solo podrá efectuarse mediante la participación en las correspondientes pruebas selectivas de acceso libre, convocadas en ejecución de las ofertas de empleo público.

GETISA. Los Antecedentes

Hay que recordar que previamente Egmasa absorbió a los trabajadores de la antigua GETISA, empresa "controlada" y seguida en el “Parlamento de la pinza” entre PP e IU, estos partidos hicieron un magnífico trabajo parlamentario en esta empresa, que originó finalmente su desaparición y su absorción por Egmasa. GETISA fue creada por el Decreto 165/1989, de 27 de junio, por el que se autoriza la constitución de la empresa de la Junta de Andalucía, Empresa Andaluza de Gestión de Tierras, S.A., cuyo fin es la adquisición y gestión de fincas públicas de uso agrario y forestal, así como para la elaboración de estudios, planes y obras en los sectores agrícola y forestal, e integrada en el antiguo IARA que ya estaba herido de muerte tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Reforma Agraria en Andalucía.

IU-CA exigía en 1995 responsabilidades políticas por las irregularidades de GETISA. En las hemerotecas consta que Luís Carlos Rejón –Coordinador de IU-CA- aseguraba entonces que su formación “pedirá responsabilidades políticas por el caso Getisa”, después que la comisión parlamentaria que investigó el caso aprobara un dictamen en el que se concluye que hubo “nepotismo y afinidad política” en la contratación de empresas y trabajadores por la empresa pública. El dictamen señala que desde la cúpula de la empresa se favorecieron los contratos con otras empresas vinculadas a miembros de la dirección de GETISA y que la contratación de personal se hizo basándose en criterios personales.

Luís Carlos Rejón aseguraba entonces que exmiembros del gobierno andaluz y “allegados” al ejecutivo le informaron de la existencia de un “fondo de reptiles” para comprar voluntades de periodistas, políticos y líderes sindicales. Algo que negó el entonces gobierno andaluz de Manuel Chaves.

Algunos casos de EGMASA

Las elecciones autonómicas de 2.000 son una muestra de para qué usaban a las empresas públicas por parte del gobierno de la Junta de Andalucía, cuando se supo que Egmasa realizó obras en varios institutos andaluces a un coste supuestamente superior al del mercado y sin consultar con los responsables de los centros. El PP denunció que la Consejería de Educación había pagado 1,2 millones de euros de más por las obras realizadas por Egmasa -dependiente de la Consejería de Medio Ambiente- en colegios andaluces, en unas facturas que habían sufrido presuntamente un incremento de entre el 13,5% y 15% respecto a otros contratistas.

Dichas reparaciones en 746 centros educativos y sociales fueron ejecutadas entre 1999 y 2000 por importe de 9,8 millones de euros, cuando era consejero delegado de la empresa pública Fernando Martínez Salcedo y el presunto sobrecoste en las facturas se produjo por conceptos tales como dirección técnica y gastos financieros y administrativos, según la denuncia. Después de recabar durante casi dos años documentación sobre las actividades de Egmasa, el juzgado archivó el caso por considerar que no habían aparecido indicios de presuntos delitos de prevaricación, malversación ni negociación prohibida a funcionarios, en una actitud apoyada por la Fiscalía, que se opuso a la petición del Partido Popular de reabrir el caso.

El ERE de EGMASA

En julio de 2014 se conocía el informe de la Intervención General del Estado sobre el ERE de EGMASA, en el que La Junta de Andalucía dio 21,6 millones de euros a la Empresa de Gestión Medioambiental (Egmasa) para su ERE "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal", sin publicidad ni concurrencia y con una sobrecomisión de 1,2 millones.

Dicho informe, que fue entregado a la juez de los ERE, Mercedes Alaya, y mantiene que la Junta no hizo ningún análisis económico sobre la necesidad de las ayudas y "especialmente en lo que se refiere a que la empresa no tuviera capacidad económica para hacer frente, en todo o en parte, a las obligaciones asumidas". Al prescindir "total y absolutamente del procedimiento legal establecido", las ayudas para el ERE de 2003 en Egmasa, que supusieron 348 prejubilaciones, pudieran ser "nulas de pleno derecho", dicen los interventores del Estado, que ya han elaborado varios informes sobre las ayudas que investiga la juez Alaya.

Según este documento, en Egmasa no se publicaron ni existieron bases reguladoras de la concesión de las ayudas, no se aplicaron criterios de publicidad, concurrencia y objetividad, no se acreditó el carácter excepcional de las ayudas ni la finalidad pública o interés social, no hubo solicitud formal ni resolución motivada de la Consejería de Empleo, el director general de Trabajo carecía de competencia delegada y el crédito presupuestario utilizado para su otorgamiento no fue el adecuado. A ello añaden que en estas ayudas se utilizó el sistema de "pagos cruzados", en los que la dirección general de Trabajo ordenaba a las aseguradoras "desviar los fondos desde su destino inicial (el pago de determinadas pólizas) a otro distinto (el pago de pólizas diferentes)".

"El uso de esta figura irregular provocó, entre otros problemas, la carencia absoluta de control en el pago de las ayudas", dado que esos pagos cruzados no quedaban reflejados en la contabilidad de las agencias andaluzas IFA e IDEA. A juicio de los interventores, "no se ha acreditado el carácter excepcional de las ayudas concedidas", que además "en ningún caso podrían tener el carácter de excepcional, dado que han sido concedidas por la Junta de Andalucía ayudas similares de forma habitual y reiterada durante un largo periodo de más de diez años". La subvención a Egmasa no fue sometida por la Consejería de Empleo a fiscalización previa de la Intervención Delegada en dicha consejería, "como era legalmente exigible", según los peritos. Finalmente, indican que la Junta asumió al menos el 90 por ciento del coste total de esta póliza, sin que haya constancia de que la empresa haya pagado el importe que asumió. La comisión cobrada por las aseguradoras en la póliza de Egmasa superó la media del mercado, al igual que en otras ayudas analizadas en el sumario de los ERE, y en este caso ascendió a 1.258.014 euros, según la Intervención del Estado.

Frente a esto el Portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, justificó el ERE en la empresa pública Egmasa por su carácter social y no por motivos económicos, y alegó que las subvenciones de la Junta a empresas públicas no se someten nunca al principio de concurrencia. Tras precisar que no tiene conocimiento de dicho informe, explicó las razones por las que Egmasa acometió el ERE para prejubilar a 348 trabajadores, y aclaró que esta empresa está sometida al control financiero permanente y, por tanto, la Junta conoce su situación económica y, ade- más, la sociedad aportó su parte correspondiente al ERE.

Además, señaló que el ERE no se debió a problemas económicos de Egmasa, sino para solucionar un problema que afectaba a los trabajadores mayores de 61 años, como bomberos forestales, en unas condiciones de especial peligrosidad y fatiga.

Viera se desmarca

El exconsejero de Empleo José Antonio Viera rechazó el pasado 10 del mes de febrero de 2016, en su declaración como imputado por prevaricación y malversación por el ERE de EGMASA, de 21,6 millones de euros, que tuviera responsabilidad en ese expediente y señaló al exdirector general de Empleo Javier Guerrero.

Guerrero por su parte declaró días después ante la juez Núñez Bolaños, y aseguró a los periodistas que "parece que la Junta soy yo, aquí nadie estaba, nadie sabía, aquí todo el mundo éramos tontos y nadie ha estado en su puesto". El ex director general de Trabajo y Seguridad Social defendió la legalidad del ERE de Egmasa y negó que hubiera ningún intruso en el mismo, en referencia a un sindicalista que, según ha explicado, "era un trabajador con excedencia forzosa", por lo que, "cuando se reincorpora, se le otorga la misma ayuda que a los demás", ya que "hubiera sido una discriminación no haberlo atendido".

El informe de la UCO sobre el ERE

Por el Diario ABC conocimos que la “Unidad Central Operativa de la Guardia Civil asegura en un atestado del caso ERE sobre el expediente que se hizo en la empresa pública de la Junta de Andalucía Egmasa que esta sociedad, presidida por Juan Espadas entre 2004 y 2008, fue utilizada «para la denominada recolocación laboral». En su informe, los guardias aseguran que «de un estudio pormenorizado de las vidas laborales» de las personas incluidas en Egmasa se desprende que «la mayoría de los afectados, en su trayectoria profesional, han trabajado en ayuntamientos y diputaciones en el marco del Plan de Empleo Rural, y tras cesar en sus puestos de trabajo, pasan a percibir prestaciones por desempleo o subsidios para personas mayores de 52 años». 

Para llegar a esta conclusión, la Guardia Civil se basa en el estudio de las vidas laborales de la plantilla y en las declaraciones como testigos de varios de estos afectados e incluso directivos de la empresa pública. Concretamente, los agentes tomaron testimonio al que fuera consejero delegado de Egmasa, Javier Serrano, quien declaró que «mediante el plan Infoca se contrataba a gente de los ayuntamientos y a gente que se encontraba en paro y se le colocaba en empresas de la Junta de Andalucía, en este caso en Egmasa». Un responsable de Recursos Humanos, Pedro García, añadió otro dato crucial en la investigación: «Egmasa contrataba a muchas personas que habían estado bajo el sistema de empleo rural (PER) y que todos se encontraban en edades cercanas a la jubilación». Dicho más claro: Egmasa cubría el tiempo de cotización que le faltaba a estas personas para cobrar la jubilación.

Juan Espadas fue presidente y consejero de Egmasa desde el 11 de mayo de 2004 hasta el 15 de septiembre de 2008. Su participación en el ERE de esta empresa, que la Guardia Civil también considera fraudulento, está completamente descartada, ya que dicho expediente se tramitó un año antes de su llegada a la presidencia, cargo que asumió, por cierto, en calidad de viceconsejero de Medio Ambiente de la Junta. Sin embargo, el atestado policial y los documentos aportados al sumario que instruye la juez Alaya sí dejan claro que ante los avisos por parte del interventor general sobre el posible fraude que había supuesto este ERE, la empresa no tomó medidas”.

Informe de la Cámara de Cuentas

En el último informe de la Cámara, de fecha noviembre de 2015 y publicado en enero de 2016, sobre la fiscalización de regularidad de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía sobre el ejercicio 2012, se recogen datos demoledores por parte de la Cámara.

En cuanto a los recursos humanos indica que “en el análisis de las normas y procedimientos del área de recursos humanos se ha detectado que la entidad no dispone de un expediente de personal informatizado lo que, dado el tamaño de la plantilla, se considera que impide una adecuada gestión de los recursos. Ello ha tenido diversas consecuencias: dispersión de la información, problemas de comunicación entre el Departamento de Empleo y Desarrollo y el Departamento de Gestión de Personal (por ejemplo, en lo concerniente a acuerdos de movilidad funcional de trabajadores), o la existencia de múltiples archivos de personal, circunstancias que se ven agravados por la alta movilidad de la plantilla”.

En otro punto, especialmente grave, indica que “uno de los colectivos que componen la plantilla, el de Minas, no está regulado por convenio, sino por acuerdos suscritos entre el personal de la mina de Aznalcóllar, Sevilla (extrabajadores de la entidad “Boliden -Apirsa” que no fueron prejubilados) y la Delegación Provincial de Trabajo de la Junta de Andalucía. Según manifiestan los responsables de la Agencia, hay otro acuerdo del personal que desempeña su labor en el ámbito de las antiguas explotaciones de la empresa pública estatal Minas de Almagrera. No obstante, dicho acuerdo no se ha localizado y, en consecuencia, entregado a la Cámara de Cuentas”.

Demoledor es el informe en cuanto a la legalidad en la parcela de recursos humanos, donde indica que “la Agencia no dispone de funcionarios adscritos que puedan desarrollar las potestades administrativas derivadas de su actuación (arts. 55 y 69 de la LAJA). Las tareas vinculadas a potestades administrativas, tales como ejercicio de autoridad, fe pública, asesoramiento legal preceptivo, control y fiscalización, gestión económico-financiera,etc., se están desarrollando a pesar de no estar contempladas en los estatutos de la entidad, ni disponer del personal funcionario adscrito de la Consejería.

De acuerdo con reiteradas sentencias judiciales, esas potestades deben ser desarrolladas por personal funcionario, que deberían ser objeto de adscripción desde la Consejería titular de las competencias de Medio Ambiente. Así, por ejemplo, pueden destacarse las Sentencias del Tribunal Constitucional 37/2002, de 14 de febrero de 2002 y del Tribunal Supremo de 24 de noviembre de 2009 y 21 de enero de 2013”.

En cuanto al control interno de los contratos la Cámara indica que “la Agencia facilitó inicialmente un cuadro resumen de los contratos formalizados en el ejercicio 2012, con un total 1.327 expedientes. Las Cuentas Anuales reflejan sobre la actividad contractual de la entidad un total de 1.015 expedientes. Finalmente, durante los trabajos de campo y después de ser depurados los listados facilitados al inicio de los mismos, se vieron reducidos a 1.008 expedientes. La entidad, en consecuencia, no ejerce un control eficaz sobre su actividad contractual”.

En otro punto indica que “se considera excesivo el número de contratos menores vigentes en el ejercicio: un total de 2.382 de los que 1.135 fueron suscritos en el propio ejercicio fiscalizado y el resto con anterioridad. Las justificaciones ofrecidas han sido, entre otras, las siguientes: la naturaleza de los trabajos, al tratarse de actividades sumamente específicas, localizadas en unidades territoriales muy concretas y no disponer de los medios necesarios para acometerlas; falta de suficiente personal cualificado así como de medios para acometer los trabajos encomendados en tiempo y forma; la no disponibilidad de personal por puntas de trabajo, etc.

Otra joya importante del informe es la cesión de la Finca “La Torerera” a UGT-A. La Cámara indica que “en relación con el Convenio de colaboración para la puesta en valor de los recursos naturales de la finca “la Torerera”, en el término municipal de Calañas (Huelva), suscrito por la extinta EGMASA y la Unión General de Trabajadores (UGT) en 2009, cabe indicar lo siguiente:

- El convenio primigenio (13/06/1991), entre la Consejería de Obras Pública y Transportes y UGT-A, supone la cesión de la finca durante 50 años.

- A EGMASA le corresponde, entre otras, las obligaciones siguientes: elaborar un plan de prevención de incendios forestales, mejora del encinar, elaboración de un plan de ordenación, obras de mantenimiento y labores de vigilancia y guardería.

- No se tiene constancia de que UGT-A haya cumplido con las obligaciones derivadas del mismo: puesta en marcha de las instalaciones, generación de empleo, etc., además de mantener en perfecto estado la finca.

- Además en la claúsula segunda del convenio primigenio se establecía que: “La Unión General de Trabajadores de Andalucía deberá destinar el bien cedido a fines de carácter social y cultural. Si la finca no fuese destinada para el uso que se cede o dejara de destinarse posteriormente, se considerará resuelta la cesión y revertirá a la Comunidad Autónoma incorporándose con todas sus pertenencias y accesiones, teniendo ésta derecho a percibir el valor de los detrimentos o deterioros de las instalaciones previa tasación pericial.”

 - Dichas instalaciones que fueron inauguradas en 1998, en la actualidad se encuentran en situación de abandono desde hace varios años, sin que se haya procedido a su resolución. AMAYA no ha facilitado las actas de la comisión de seguimiento de este convenio.

¿Nadie le pide explicaciones al gobierno de la Junta por esta finca cedida y abandonada por la UGT-A? ¿Nadie lo denuncia?

En cuanto a los expedientes de financiación la Cámara indica que “la entidad encomendataria debe contar con medios personales y materiales que posibiliten la asunción del encargo y así se declara por la entidad encomendante en la respectiva Orden o Resolución. El hecho de que la entidad subcontrate con terceros una proporción significativa del importe del presupuesto del encargo, podría ser indicativo de que la utilización de la figura de la encomienda de gestión no se debe a los medios propios con que cuenta la entidad encomendataria”. 

“La Consejería de adscripción de la Agencia no ha aprobado unas tarifas propias basadas en los costes reales de dicha Agencia, lo que supone un incumplimiento del art. 106.2.b) de la LAJA.1 De las similitudes entre las figuras de encomienda de gestión y “atribución”, se podría deducir que las denominadas “atribuciones” no son otra cosa que encomiendas de gestión”. 

La UGT y EGMASA

El porcentaje de afiliación a UGT dentro de la empresa pública de la Junta de Andalucía, EGMASA, según los medios, que tiene en torno a 5.000 trabajadores, es del 80 por ciento, o sea que 8 de cada 10 empleados estaban afiliados a UGT. El País hablaba ya en 2001 que era del 70 por ciento, e indicaba que era el índice más alto de afiliación de una empresa en España.

No se debe pasar por alto que un trabajador de EGMASA, Francisco Fernández Sevilla, llegó a dirigir la UGT-A tras la huida pactada de Manuel Pastrana cuando saltaron en prensa y llegaron a los juzgados los escándalos de la UGT-A.  Fernández Sevilla está afiliado a UGT desde los 17 años, almeriense de Berja, está vinculado a la federación agroalimentaria, donde llegó a ser miembro del confederal de dicha federación. Estuvo en la Ejecutiva regional de la UGT-A con Pastrana en las dos últimas legislaturas, donde ocupaba el cargo de vicesecretario de Organización de UGT-A.

Fernández Sevilla salió elegido Secretario General de la UGT-A en el X Congreso de UGT-A celebrado el 11 de mayo de 2013 por un 81,7% de los votos de los delegados. Tan solo cumplió seis meses y medio al frente de la organización, ya que en noviembre de 2013 dimitía de su cargo tras el escándalo de las facturas irregulares del sindicato.

Hay que recordar que El juez de Instrucción número 9 de Sevilla, Juan Jesús Vélez García imputó en la causa en la que se investiga el fraude de las facturas falsas que afecta al sindicato UGT-A a los ex secretarios generales de esta formación Francisco Fernández Sevilla y Manuel Pastrana Casado. En el escrito presentado en el juzgado, la Fiscalía explicó entonces que, en esencia, el objeto del presente procedimiento, es la "financiación irregular del sindicato UGT Andalucía, a través de la defraudación generalizada en las subvenciones recibidas relativas a fondos de formación", una financiación "ilícita" para lo cual se utilizaron dos procedimientos conocidos como rapel y bote.

Catálogo de Puestos de AMAYA

El Demócrata Liberal ofrece a sus lectores el catálogo de puestos completo de la Agencia Pública de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. No incluye los datos de altos cargos que siguen estando vedados.

En cuanto al número, en el catálogo de puestos constan 4.753 trabajadores. Sin embargo, en la cuenta general de 2015 se indica un total de 4.959, de ellos 4.641 indefinidos y 318 temporales, mientras que la Cámara de Cuentas indica en su informe de Fiscalización 2012 que tenía a esa fecha 5.061 trabajadores y que se generaron 33,5 millones de euros en salarios.