Artículo de Paco Romero
“Una vez más, la política (con minúsculas) ha antepuesto sus espurios
intereses sobre la voluntad de la ley”
“Negocien, dialoguen, transijan, lleguen a acuerdos, pero cúmplanla”
Los desafíos al Estado de derecho se han convertido, por mor
de las males artes, en el pan nuestro de cada día. Si hace ya algún tiempo fueron
las instituciones vascas -con el Plan Ibarretxe por bandera- las autoras de
provocaciones y desdenes -felizmente relegados- soportamos estoicamente ahora y
desde hace más de un lustro las acometidas que llegan de unos cuantos
iluminados de Cataluña, los mismos que se han adueñado en ese territorio
español del pensamiento único en pos de una ruptura que no comparte la mayoría
de sus poderdantes, ni, por supuesto, el pueblo español, sujeto de la soberanía
nacional y del que emanan todos y cada
uno de los poderes del Estado, según el artículo uno de la Constitución.
Si hasta ahora los retos a las reglas del juego democrático procedían
de esas dos regiones norteñas, es ahora Andalucía quien, mostrando bíceps, no
ha querido quedarse atrás en cuestiones de desafíos. Y para muestra un botón: el
pasado 11 de octubre el Consejo de Gobierno andaluz aprobó el Decreto-ley
5/2016 que regula la jornada de trabajo del personal empleado público de la
Junta de Andalucía, un monumento a la prevaricación al que me referí en este diario, ratificado un mes después por el
Parlamento de Andalucía, con la pusilánime abstención de PP y de
Ciudadanos y el apoyo de PSOE, Podemos e IU.
Un mes largo después parece que, ingenuo de mí, erré en el análisis
cuando anuncié el incuestionable recurso del decreto ley por el gobierno
central basándome en sendas sentencias del Tribunal Constitucional que habían desestimado normas similares
de la Generalidad de Cataluña y del gobierno de Castilla-La Mancha. Sin embargo, y para
colmo de males, todo indica que, una vez más, la política (con minúsculas) ha
antepuesto sus espurios intereses sobre la voluntad de la ley. No en balde, la
vicepresidenta Sáenz de Santamaría ha previsto abrir un "diálogo" con
la Junta de Andalucía antes de pronunciarse sobre el “posible” recurso ante el
Tribunal Constitucional.
El tiempo se agota: el artículo 33.1 de la Ley Orgánica
2/1979 del Tribunal Constitucional establece que “el recurso de inconstitucionalidad se formulará dentro del plazo de
tres meses a partir de la publicación de la Ley, disposición o acto con fuerza
de Ley”, término que vence el próximo 19 de enero.
Dirán los buenistas
que las cuestiones vasca y catalana no tienen parangón con el asunto andaluz. ¡Falso
de toda falsedad! El deleznable argumento es exactamente el mismo: el desprecio
a las reglas del juego, el torcimiento de la voluntad expresada en la ley, sea ésta
la máxima norma u otra de rango inferior. El escaso margen de maniobra que, consecuencia
de su insuficiente respaldo en la Carrera de San Jerónimo, le queda al gobierno
de Mariano Rajoy, no empece para que, por encima de cualquier pacto, la ley que
a todos nos obliga se respete. Negocien, dialoguen, transijan, lleguen a
acuerdos, pero cúmplanla: deroguen, a cambio de otros apoyos, la disposición
adicional de la Ley 2/2012 de Presupuestos Generales del Estado para el año
2012 (“A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la jornada general de
trabajo del personal del Sector Público no podrá ser inferior a treinta y siete
horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual”), pero si no es así y continúa vigente, recurran
el atropello por respeto al sistema que nos hemos dado y, también, lo que no es
cuestión menor, por el honor del único sindicato defensor de la legalidad,
mayoritario en la
administración general de la Junta de Andalucía, el SAF, que no se dejó engatusar por tan soez
medida.
¡Que se cumpla la ley! ¡Nada más y nada menos! Es mi deseo
para 2017. Y es que lo que debiera ser una constante en nuestro diario devenir,
parece desterrarse, a causa de intereses bastardos, a la espera del momento
político más propicio.
Semejantes actuaciones, queramos verlo o no, a la vez que nos alejan
de la serena convivencia, nos abocan irremediablemente al fin del sistema.
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