La sanidad andaluza se desangra

Artículo de Antonio Barreda

La marea blanca ha tomado las calles de Andalucía

La Junta ha tejido toda una red de agencias públicas empresariales y empresas públicas para gestionar la sanidad

El 57 % de los hospitales que funcionan en Andalucía son privados

Margaret Mead dijo que "Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueden cambiar el mundo. De hecho, son los únicos que lo han logrado". Un grupo de ciudadanos en París un 14 de Julio de 1789 iniciaron una revuelta que terminó con el Antiguo Régimen e inició una nueva era en la historia de la humanidad. Pues esto mismo está pasando a otra escala en Andalucía. La rebelión de un grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos está cambiando el régimen andaluz. Las primeras movilizaciones contra la gestión hospitalaria de la Junta de Andalucía empezaron en Granada capitaneadas por Spiriman, un médico de urgencias cansado de mentiras, cansado de que el ciudadano fuera el gran perjudicado por la fusión hospitalaria y sufriera en sus carnes la ineptitud de los gobernantes de la Junta de Andalucía, más preocupados en la propaganda del régimen que en la salud de los andaluces. Y este movimiento se ha extendido como un reguero de pólvora por toda Andalucía. 

El régimen ha vendido estos años de crisis que tenía en la sanidad la joya de la corona. Y la realidad es que la sanidad andaluza está en una grave crisis provocada por los recortes de la Junta de Andalucía, el caos sanitario provocado por la mala gestión -derivado de la falta de recursos materiales y humanos-, y, sobre todo, por decisiones políticas inadecuadas que ponen en entredicho toda la política sanitaria de la Junta de Andalucía. Los ciudadanos se han cansado de tantas mentiras y de tanta publicidad engañosa de la Junta de Andalucía y se están movilizando al margen de partidos y sindicatos para reclamar sus derechos en la calle. Recuerdan estas movilizaciones espontáneas de la ciudadanía al movimiento de los indignados que nació antes de las elecciones municipales de 2011. Este es el movimiento de los indignados contra la gestión sanitaria de la Junta de Andalucía o marea blanca.

Las empresas públicas sanitarias

La Junta de Andalucía hace años que ha emprendido una huida hacia delante en sanidad y ha venido creando toda una red de agencias pública empresariales y empresas públicas para gestionar la sanidad, con hospitales que no son otra cosa que empresas públicas y cuyo personal no está integrado en el SAS, como la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir, La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, el Consorcio Sanitario Público del Aljarafe, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias o la Escuela Andaluza de Salud Pública.

Un paso importante para esta gestión de esta sanidad ajena al SAS se dio en cuando el Parlamento de Andalucía aprobó crear 13 nuevos hospitales comarcales, que fueron conocidos como CHARE o Centros Hospitalarios de Alta Resolución. Luego se ampliaron a 17 y por último a 23, aunque ahora hay tres más comprometidos. Estos CHARE dependían de las diferentes empresas públicas sanitarias creadas.

A día de hoy, la realidad es que de los 26 CHARE (hoy renombrados como HARE, Hospitales de Alta Resolución) planificados o comprometidos poco más de la mitad están en funcionamiento, seis en obras, y otros ocho que no se sabe en qué punto se encuentran, porque algunos ni siquiera la Consejería de Salud considera que estén aprobados. En junio de 2005 fue inaugurado el primero. Ahora funcionan 13 de ellos. El Toyo en Almería; Puente Genil y Valle del Guadiato en Córdoba; Alcaudete, Sierra del Segura y Alcalá la Real en Jaén; Utrera, Sierra Norte, Écija y Morón en Sevilla; Guadix y Loja en Granada; y por último Benalmádena en Málaga. El de Lebrija está abriendo escalonadamente, y aún están pendientes los HARE de La Janda en Cádiz, El Valle del Guadalhorce en Cártama, Lepe y Cazorla.

Los 8 HARES restantes que estaban planificados mientras dure la crisis estarán en el limbo, aunque muchos de ellos tenían ya cedidos terrenos de los ayuntamientos. Son el caso de La Carolina en Jaén, Mijas y Estepona en Málaga, Órgiva en Granada, Palma del Río en Córdoba, Bollullos Par del Condado y Aracena en Huelva, este último incluso empezó las obras y Roquetas de Mar en Almería del que solo hubo conversaciones.

La privatización de la sanidad en Andalucía avanza imparable

Aparte del concierto que el SAS mantiene con las clínicas privadas Pascual para las provincias de Cádiz, Huelva y Málaga, según los datos a fecha noviembre de 2016 indicados en el Informe Sanidad Privada, aportando valor: Análisis de la situación 2016 del Instituto para el Desarrollo y la Integración de la Sanidad, el 57 % de los hospitales que funcionan en Andalucía son privados, así como el 28 % de las camas hospitalarias de Andalucía también lo son. Casi cuatro de cada diez actos quirúrgicos que se llevan a cabo en la comunidad tienen como escenario un centro sanitario privado y lo mismo sucede con el 26 % de los ingresos y altas hospitalarias.

Pero aquí no queda la cosa en cuanto al crecimiento de la sanidad privada en Andalucía, ya que, según este informe, ha llegado ya a superar al Servicio Andaluz de Salud (SAS) en algunas parcelas. Como las resonancias magnéticas, de las que tiene el 62 %, mientras que cuenta ya con el 38 % de los mamógrafos y el 33 % de los TAC tras una fuerte inversión llevada a cabo en los últimos años, en plena crisis y correspondiendo al tiempo que los recortes presupuestarios dejaban sentir sus efectos en los centros hospitalarios públicos andaluces.

Además, la multitud de ofertas de compañías de seguros médicos ha captado ya a 1,3 millones de andaluces, que cuentan ya con un seguro médico privado, una cifra que ha experimentado un incremento continuo en el periodo comprendido entre los años 2012 y 2015 del 2,5 % en número de asegurado y del 4 % en volumen de primas, lo que representa el 13,7 % del mercado nacional, según los datos del Instituto para el Desarrollo y la Integración de la Sanidad.

Los datos sobre la sanidad en Andalucía

Ya hemos denunciado el brutal recorte de más de mil millones de euros de la Junta de Andalucía a la sanidad andaluza de 2010 a 2016. Estos mil millones de euros menos en sanidad significan un 10,19 % de presupuesto menos entre 2010 y 2016. Y eso se traduce, consecuentemente, en todos y cada uno de los problemas y espectáculos de camas en los hospitales andaluces que hemos visto este verano, en las interminables listas de espera de la sanidad andaluza o en la calamitosa subasta farmacéutica que hace la Junta de Andalucía para recortar el gasto sanitario.

El último Informe Anual del Sistema Nacional de Salud, publicado en 2016 por el Ministerio de Sanidad, señala que Andalucía sigue presentando la peor ratio de camas por habitante de todo el Sistema Nacional de Salud, con 1,7 por cada 1.000 usuarios, alejada de la media nacional de 2,3 camas por 1.000 habitantes y de los sistemas sanitarios con la media más alta que son Cataluña (3,3), Extremadura (3,1) y Aragón y La Rioja (3). Además, según los datos del último informe del Eurostat con estadísticas de 2013 publicado en 2015, el número de camas hospitalarias en Andalucía sigue bajando y la tasa por 100.000 habitantes (219,3) se sitúa ya en límites inferiores a los de las regiones con peores datos históricos en este registro como el Alentejo portugués (223,6), la Calabria italiana (274,4) o el área de Estambul en Turquía (236,3). En el conjunto nacional, Andalucía comparte el último lugar con una cifra de camas por habitante muy similar a Castilla-La Mancha (219,2), pero lejos de las 375,6 camas por 100.000 habitantes de Cataluña, la comunidad con mayor dotación.

Según la última Estadística sobre el gasto público sanitario publicada por el Ministerio de Sanidad en mayo de 2016, analizando datos de 2014, el gasto sanitario público supuso 57.128 millones de euros en 2014, lo que representa el 5,5% del PIB. El gasto per cápita medio fue de 1.233 euros por habitante. De acuerdo con los datos, un 44,4% del gasto sanitario público del sector ha sido originado por tres comunidades autónomas: Cataluña, Andalucía y Madrid, con 9.205, 8.737 y 7.423 millones de euros, respectivamente. La Rioja, Cantabria y Navarra son las comunidades con el gasto más bajo, en valores absolutos.

Las comunidades con mayor gasto sanitario público son el País Vasco (1.582 euros por habitante), Extremadura (1.448 euros por habitante) y la Comunidad Foral de Navarra (1.435 euros por habitante). Las comunidades con menor gasto sanitario público son Andalucía (1.042 euros por habitante), Comunidad de Madrid (1.164 euros por habitante) y las Islas Baleares (1.194 euros por habitante).

En cuanto a porcentaje sobre el PIB del gasto sanitario, La media española es de 5,5 por ciento, siendo Extremadura —con un 9,4 por ciento—, la Región de Murcia —con un 7,7 por ciento— y el Principado de Asturias —con un 7,3 por ciento— son las comunidades que presentaron en el año 2014 un porcentaje del gasto sanitario sobre el PIB más elevado. La Comunidad de Madrid — con un 3,8 por ciento—, Cataluña —con un 4,7 por ciento— y Baleares —con un 5,1 por ciento—se situaron en el extremo opuesto. Andalucía se queda con un 6,3 por ciento sobre el PIB.

Los cargos intermedios en el SAS

Una de las causas del caos en la gestión de la sanidad andaluza es la creación de 1.300 mandos intermedios que gestionan las 1.060 Unidades de Gestión Clínica creadas tras la reordenación del sector público sanitario. Contra esta estructura paralela en la sanidad ya hay una cascada de sentencias judiciales – la mayoría en contra – cuestionando este nombramiento de personal de libre designación, y son vistos, además, como comisarios políticos de la Junta de Andalucía.

La sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 7a, Sentencia de 24 Septiembre 2008, recurso 5231/2004, confirmó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia Andaluz y anuló una orden de la Consejería de Salud sobre la provisión de cargos intermedios en centros asistenciales del Servicio Andaluz de Salud. Los magistrados del alto tribunal se ampararon en la argumentación de que las libres designaciones no estaban justificadas ni motivadas. Incluso aclararon que era posible que los cargos intermedios se pudiesen proveer a dedo, pero siempre que la Administración razonase por qué utilizaba dicha vía para la cobertura de los puestos.

La resolución judicial recordaba que la provisión de plazas en la Administración a través del sistema de libre designación "tiene carácter excepcional, incluso cuando se trata no de ingreso al servicio de la entidad pública, sino de provisión de puestos entre quienes ya ostentan la condición de funcionario". La excepcionalidad hace necesaria "una justificación" atendiendo a la "naturaleza de las funciones y a la especial responsabilidad que comporten", por lo que "no puede preverse tal sistema para la totalidad de puestos de trabajo correspondientes a cualquier cuerpo, escala, clase o categoría de funcionarios de un departamento u organismo.

Es decir, la orden de la consejería no afectaba a "puestos de trabajo individualizados, sino a toda una categoría, la de los cargos intermedios", y la única justificación que se ofrece para motivar la libre designación es "una vaga referencia a que es el “sistema” que mejor cumple con el objetivo prioritario de regular un procedimiento adecuado, ágil y operativo que permita satisfacer las necesidades de gestión". Según el Supremo, esta motivación es "insuficiente como para justificar la excepcionalidad del sistema de provisión elegido".

Salud Responde

Pocos andaluces saben que es un servicio privatizado por la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias con sede en Málaga. El contrato se adjudicó el 25 de mayo de 2013 por 8.209.990 euros, sin IVA, a la empresa Qualytel Teleservices, S.A.U. para gestionar el servicio con sede en Jaén. En el pliego de prescripciones técnicas para la contratación del servicio de operación, supervisión y administración de “salud responde” (expte. 13002010) se indica que Salud Responde es un centro desde el que se da respuesta a la demanda no presencial de información y servicios de los ciudadanos, así como a determinadas demandas de los profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA).

Su cartera de servicios ofrece:

· Cita Previa en atención primaria

· Gestión de citas en Atención Especializada

· Gestión de citas de Instituciones Penitenciarias

· Información sobre Centros del SSPA

· Salud Andalucía 24 horas, incluyendo información sobre medicación, salud sexual y

reproductiva, diabetes, programas de salud, vacunas, etc.

· Información sobre Tarjeta Sanitaria

· Información sobre Salud Bucodental

· Información sobre campañas de salud por SMS

· Información sobre Bolsa de Empleo del SAS

· Seguimiento de Pacientes frágiles por temperaturas extremas

· Seguimiento de Pacientes frágiles al alta hospitalaria

· Seguimiento de Pacientes en cuidados paliativos

· Seguimiento de Pacientes asistidos por 061

· Registro de Voluntad Vital Anticipada

· Libre Elección de Hospital

· Segunda Opinión Médica.

· Enfermería Comunitaria de Enlace.

· Teléfono del Tabaco.

· Servicio de Traducción Lingüística

· Programas Corazón y Aire

· Consumo Responde

· Teléfono de la Infancia

Graves problemas con los trabajadores

El pasado mes de diciembre los trabajadores de los servicios telefónicos de emergencia de Andalucía del 061, 112 y Salud Responde convocaron huelga en los días festivos de Navidad (24, 25 y 31 de diciembre y 1, 5 y 6 de enero) para exigir al Gobierno andaluz la "dignificación" de sus condiciones laborales. Los empleados reclaman que las empresas subcontratadas (Ilunion y Arvato Qualytel) por la Junta para prestar este servicio cumplan, al menos, un convenio de trabajo que no comparten. 

El Parlamento andaluz ya ha aprobado tres proposiciones no de ley (con el apoyo del PP, Podemos, Ciudadanos e IU) para exigir al Gobierno andaluz mejores condiciones laborales para esta plantilla y que el servicio pase a ser de gestión pública, a través de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. En los últimos meses, estos partidos, como los trabajadores, critican no solo que el Gobierno no haya asumido esta petición, sino que, el pasado agosto, publicara en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la licitación de la gestión telefónica del servicio 061 por 19,5 millones euros anuales. "El coste de personal no alcanza los 6 millones anuales, mientras que la empresa se embolsará 13 millones de beneficios” según indicaban fuentes sindicales.

La presidenta de la Junta, en su respuesta a una pregunta de Antonio Maíllo el pasado mes de septiembre, resaltó que su Gobierno "ni ha privatizado ni privatizará" ningún servicio público. Susana Díaz en esta respuesta dejó una de las mejores frases para la posteridad y la antología de la Junta de Andalucía. Indicó en el Parlamento "No me pida que me salte la ley ni que engañe a los trabajadores. Usted sabe que para que pasen a lo público tienen que hacerlo a través de una oferta pública de empleo y competir en igualdad de condiciones que el resto de participantes". También señaló que esta plantilla está pagando "las consecuencias de una reforma laboral injusta". "Hay trabajadores que, por ejemplo, trabajan de lunes a miércoles de siete a tres de la mañana, descansan un jueves, y trabajan de viernes a domingo de once de la noche a siete de la mañana por 1.050 euros brutos que no llegan a los 800 netos en nómina. ¿Esas son condiciones dignas?", expuso Maíllo. "Vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos para que tengan mejores condiciones", añadió Díaz.