Artículo de Luis Marín Sicilia
Los expertos consideran viables estas
medidas en países de pequeño ámbito territorial pero los consideran de difícil
aplicación en los de amplia filosofía liberal o con desequilibrios importantes
en su Estado de bienestar donde la picaresca sustituye a la solidaridad
El principal problema para quienes vivimos
en el sur de Europa es la falta de sentido cívico de nuestra sociedad. Se
utiliza el término solidario para conseguir beneficios, pero nunca para
compromisos compartidos en el cumplimiento de obligaciones con hondo sentido
social
Andalucía es paradigmática en asuntos que
tienen que ver con medidas y subvenciones creadas para favorecer a los más
desprotegidos. Basta con pasearse por cualquier pueblo para que los lugareños
te expliquen las trampas y el ventajismo de tantos beneficiarios de presuntas
ayudas sociales, legítimas en su origen pero prostituidas en su ejercicio
En EEUU un reciente estudio concluye que el 47 % de los
actuales puestos de trabajo es susceptible de ser automatizado en breve tiempo.
Por ello, en un mundo donde el trabajo, sobre todo el estable y a jornada
completa, es cada vez más escaso debido a la mecanización y la digitalización, se
está demandando la puesta en marcha de un sistema general que garantice un
mínimo vital personal, al tiempo que se han ido ensayando medidas sobre rentas
mínimas, tanto en nuestro país (Navarra, País Vasco...) como el experimentado
en la población canadiense de Dauphin, el llevado a cabo en una pequeña región
de Namibia o el estudio piloto realizado en 2011 en la India.
Tales ensayos han sido posibles en ámbitos territoriales pequeños, pero lo que ahora se debate es su viabilidad a niveles más amplios. En 2013 la Comisión Europea aceptó una iniciativa para explorar la posibilidad de una Renta Básica Universal, que precisa para su tramitación un millón de firmas. En España, el 15 de enero de 2014 se puso en marcha una Iniciativa Legislativa Popular con igual finalidad que consiguió 150.000 firmas de las 500.000 que serían necesarias para debatirla en el Congreso de los Diputados. En Holanda hay un proyecto piloto en Utrecht, en Alemania se solicitó un referéndum al Bundestag y en Suiza fue rechazada en referéndum la renta básica por el 75 % de los votantes.
El tema está sobre la mesa y polariza a la opinión pública, planteando cuestiones técnicas y sobre su viabilidad, ya que ideológicamente tiene partidarios tanto en la izquierda (exministro griego Varufakis, filósofo esloveno Zizek) como en la derecha (presidente del Foro de Davos, Klaus Schwab).
Precisamente ha sido un gobierno de derechas el que en Finlandia ha puesto en marcha, a partir del uno de enero, la más reciente experiencia de renta básica universal, seleccionando por sorteo a dos mil desempleados que recibirán una prestación mensual de 560 euros sin condiciones, para ver si tal medida desincentiva o no su integración laboral. Según el Kela (institución de la seguridad social finlandesa) se pretende acabar con el círculo vicioso de muchos desempleados que rechazan puestos de trabajo porque, tras pagar impuestos, les queda menos que con la prestación por desempleo, persiguiendo la medida dos objetivos: uno, cambiar drásticamente el sistema de incentivos económicos para que los desempleados busquen trabajo. Y dos, simplificar la mastodóntica burocracia que gestiona la enmarañada red de ayudas y subvenciones.
Los expertos consideran viables estas medidas en países de pequeño ámbito territorial, especialmente nórdicos, pero los consideran de difícil aplicación en los de amplia filosofía liberal, como los anglosajones, o con desequilibrios importantes en su Estado de bienestar donde la picaresca sustituye a la solidaridad y donde burlar al fisco o engañar a la Administración es motivo de orgullo y petulancia.
La financiación de la renta básica es uno de sus principales escollos, propugnando sus defensores que se haría con impuestos indirectos como el IVA, al objeto de gravar el gasto, reduciendo los directos como IRPF y sociedades. Los detractores creen que se incrementaría la inflación y se pondría en grave riesgo el propio Estado de bienestar. Y mientras para unos se fomentaría el parasitismo, para otros aumentaría el autoempleo. El temor general es que terminaría generando mayor desigualdad, desincentivaría el empleo, erosionaría los ingresos fiscales y produciría un pernicioso efecto llamada migratorio.
El principal problema, en mi opinión, para quienes vivimos en el sur de Europa, es la falta de sentido cívico de nuestra sociedad. Se utiliza el término solidario para conseguir beneficios, pero nunca para compromisos compartidos en el cumplimiento de obligaciones con hondo sentido social. Ya sabemos cómo muchos se llenan la boca de justicia social, empoderamiento y otras proclamas solidarias, y a la menor oportunidad se lucran con conductas irregulares.
Cierto que una renta básica universal reforzaría la libertad personal, hasta el extremo de que, mientras algunos preferirían seguir trabajando otros dedicarían su tiempo a actividades lúdicas, recreativas o culturales. Pero, pasado un tiempo, posiblemente resultaría dañado el sentido solidario, el valor del trabajo y, a la postre, el tejido social.
Andalucía es paradigmática en asuntos que tienen que ver con medidas y subvenciones creadas para favorecer a los más desprotegidos. Basta con pasearse por cualquier pueblo para que los lugareños te expliquen las trampas y el ventajismo de tantos beneficiarios de presuntas ayudas sociales, legítimas en su origen pero prostituidas en su ejercicio. Y lo que es peor, con la aquiescencia de quienes, desde su autoridad, deben velar por la ejemplaridad y la buena administración de los recursos públicos.
Las buenas medidas proteccionistas, para que produzcan el efecto apetecido, deben tener en cuenta la calidad humana de sus destinatarios. Hasta el propio Franco impulsó medidas de mejora en el ámbito rural como fueron el reparto de tierras de los llamados huertos familiares, los poblados de colonización o los regadíos. Pasados los años, quienes dedicaron su tiempo libre al esfuerzo y al trabajo acabaron adquiriendo mayores bienes, mientras los que se "realizaron" en la vida contemplativa se quedaron sin patrimonio.
La encuesta de Dalia Research para Europa, sobre los efectos de poner en marcha una renta básica universal, puso de manifiesto que mientras solo el 4 % de los entrevistados manifestaron que dejarían de trabajar, el 40 % de los mismos temían que los demás dejaran de hacerlo. O sea, "yo voy a seguir trabajando, pero temo que casi la mitad de los demás no lo hagan". En esto, como en todo, el factor determinante siempre será la condición humana, el factor humano. Así ha sido y así es la historia de la humanidad.
Tales ensayos han sido posibles en ámbitos territoriales pequeños, pero lo que ahora se debate es su viabilidad a niveles más amplios. En 2013 la Comisión Europea aceptó una iniciativa para explorar la posibilidad de una Renta Básica Universal, que precisa para su tramitación un millón de firmas. En España, el 15 de enero de 2014 se puso en marcha una Iniciativa Legislativa Popular con igual finalidad que consiguió 150.000 firmas de las 500.000 que serían necesarias para debatirla en el Congreso de los Diputados. En Holanda hay un proyecto piloto en Utrecht, en Alemania se solicitó un referéndum al Bundestag y en Suiza fue rechazada en referéndum la renta básica por el 75 % de los votantes.
El tema está sobre la mesa y polariza a la opinión pública, planteando cuestiones técnicas y sobre su viabilidad, ya que ideológicamente tiene partidarios tanto en la izquierda (exministro griego Varufakis, filósofo esloveno Zizek) como en la derecha (presidente del Foro de Davos, Klaus Schwab).
Precisamente ha sido un gobierno de derechas el que en Finlandia ha puesto en marcha, a partir del uno de enero, la más reciente experiencia de renta básica universal, seleccionando por sorteo a dos mil desempleados que recibirán una prestación mensual de 560 euros sin condiciones, para ver si tal medida desincentiva o no su integración laboral. Según el Kela (institución de la seguridad social finlandesa) se pretende acabar con el círculo vicioso de muchos desempleados que rechazan puestos de trabajo porque, tras pagar impuestos, les queda menos que con la prestación por desempleo, persiguiendo la medida dos objetivos: uno, cambiar drásticamente el sistema de incentivos económicos para que los desempleados busquen trabajo. Y dos, simplificar la mastodóntica burocracia que gestiona la enmarañada red de ayudas y subvenciones.
Los expertos consideran viables estas medidas en países de pequeño ámbito territorial, especialmente nórdicos, pero los consideran de difícil aplicación en los de amplia filosofía liberal, como los anglosajones, o con desequilibrios importantes en su Estado de bienestar donde la picaresca sustituye a la solidaridad y donde burlar al fisco o engañar a la Administración es motivo de orgullo y petulancia.
La financiación de la renta básica es uno de sus principales escollos, propugnando sus defensores que se haría con impuestos indirectos como el IVA, al objeto de gravar el gasto, reduciendo los directos como IRPF y sociedades. Los detractores creen que se incrementaría la inflación y se pondría en grave riesgo el propio Estado de bienestar. Y mientras para unos se fomentaría el parasitismo, para otros aumentaría el autoempleo. El temor general es que terminaría generando mayor desigualdad, desincentivaría el empleo, erosionaría los ingresos fiscales y produciría un pernicioso efecto llamada migratorio.
El principal problema, en mi opinión, para quienes vivimos en el sur de Europa, es la falta de sentido cívico de nuestra sociedad. Se utiliza el término solidario para conseguir beneficios, pero nunca para compromisos compartidos en el cumplimiento de obligaciones con hondo sentido social. Ya sabemos cómo muchos se llenan la boca de justicia social, empoderamiento y otras proclamas solidarias, y a la menor oportunidad se lucran con conductas irregulares.
Cierto que una renta básica universal reforzaría la libertad personal, hasta el extremo de que, mientras algunos preferirían seguir trabajando otros dedicarían su tiempo a actividades lúdicas, recreativas o culturales. Pero, pasado un tiempo, posiblemente resultaría dañado el sentido solidario, el valor del trabajo y, a la postre, el tejido social.
Andalucía es paradigmática en asuntos que tienen que ver con medidas y subvenciones creadas para favorecer a los más desprotegidos. Basta con pasearse por cualquier pueblo para que los lugareños te expliquen las trampas y el ventajismo de tantos beneficiarios de presuntas ayudas sociales, legítimas en su origen pero prostituidas en su ejercicio. Y lo que es peor, con la aquiescencia de quienes, desde su autoridad, deben velar por la ejemplaridad y la buena administración de los recursos públicos.
Las buenas medidas proteccionistas, para que produzcan el efecto apetecido, deben tener en cuenta la calidad humana de sus destinatarios. Hasta el propio Franco impulsó medidas de mejora en el ámbito rural como fueron el reparto de tierras de los llamados huertos familiares, los poblados de colonización o los regadíos. Pasados los años, quienes dedicaron su tiempo libre al esfuerzo y al trabajo acabaron adquiriendo mayores bienes, mientras los que se "realizaron" en la vida contemplativa se quedaron sin patrimonio.
La encuesta de Dalia Research para Europa, sobre los efectos de poner en marcha una renta básica universal, puso de manifiesto que mientras solo el 4 % de los entrevistados manifestaron que dejarían de trabajar, el 40 % de los mismos temían que los demás dejaran de hacerlo. O sea, "yo voy a seguir trabajando, pero temo que casi la mitad de los demás no lo hagan". En esto, como en todo, el factor determinante siempre será la condición humana, el factor humano. Así ha sido y así es la historia de la humanidad.
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