Democracia primaria

Artículo de Luis Marín Sicilia

"Unas elecciones consisten, básicamente, en la selección por quienes tienen mayoría de edad (o sea plena capacidad jurídica) de sus representantes durante un periodo determinado en el que deben asumir las tareas de gobierno"

"Recurrir, como se viene haciendo, a consultar cuestiones de Gobierno a la ciudadanía es abdicar de la obligación de un buen gobernante que debe tomar decisiones acertando o equivocándose"

"Se ha institucionalizado la corrupción mediante la necesaria connivencia tácita en el fraude por parte de la sociedad andaluza"

El simplismo en que la sociedad tuitera está inmersa, puede llevar a muchos a reducir el concepto de democracia al mero hecho de participar en cualquier debate o a votar sobre cualquier asunto que se trate. En otro orden de cosas, algunos pueden confundir el orden democrático con el asentimiento, sin rechistar, a cualquier actitud que adopten los investidos de poderes democráticos, aunque los utilicen perversamente. Ambos casos son ejemplos de inmadurez que llamaríamos "democracia primaria".

La obsesión participativa ha sido siempre el señuelo atractivo con el que los populismos de todos los colores han embaucado al pueblo, entendido este en su primera acepción de conjunto de personas de un determinado lugar, región o país. Esa obsesión participativa pretende llevar al referido conjunto de personas, a la postre sujetos de soberanía, a las tesis que, como fin último, persiguen los populismos, que es el control del poder y su dominio ideológico sobre todo el entramado social.

No hay nada nuevo bajo el sol y cualquier teoría política, por muy novedosa que se presente y se vista como se vista, no tiene más finalidad que resultar victoriosa en esa lucha por alcanzar el poder, elemento definitorio de todo grupo político. En consecuencia esa obsesión participativa, en un sistema de democracia representativa, nos lleva a plantearnos las siguientes interrogantes: si las democracias representativas suponen una delegación del poder político soberano en los representantes elegidos democráticamente, ¿debe estar cuestionándose permanentemente tal delegación mediante procedimientos presuntamente participativos? ¿O se trata más bien de camuflar una disconformidad con el pensamiento mayoritario expresado en las urnas? 

Con la invasión del populismo, que tiene un enorme caldo de cultivo en las llamadas redes sociales, estamos asistiendo a un fenómeno seudoparticipativo (¿o es que unas elecciones generales, autonómicas o locales no son participativas?) que es el preludio intencionado de un asamblearismo tan fácil de manipular como la historia tiene suficientemente acreditado.

Unas elecciones consisten, básicamente, en la selección por quienes tienen mayoría de edad (o sea plena capacidad jurídica) de sus representantes durante un periodo determinado en el que deben asumir las tareas de gobierno. A partir de ahí, ni los ciudadanos tenemos la información suficiente en las cuestiones que diariamente se abordan, ni podemos tomar una decisión mínimamente razonable, ya que ello incumbe a quienes fueron elegidos para tal fin. Intentar suplantarlos es tan nocivo y arriesgado como pedir al piloto de un avión que deje los mandos a quienes, en pleno vuelo, decidan los pasajeros.

Recurrir, como se viene haciendo, a consultar cuestiones de Gobierno a la ciudadanía es abdicar de la obligación de un buen gobernante que debe tomar decisiones acertando o equivocándose. Por ello, recurrir a la consulta plebiscitaria para evitar decisiones que puedan resultar impopulares, se aleja de cualquier sensibilidad democrática y acredita una falta de coraje y convicción política altamente preocupante.

El recurso a los referéndums es tan letal en estos momentos que la ciudadanía, descontenta en general con su clase política, aprovecha la oportunidad para castigarla, provocando un resultado radicalmente contrario al pretendido por el convocante y al deseado, en el fondo, por los consultados. Así lo han experimentado recientemente Cameron en Reino Unido, Renzi en Italia y Santos en Colombia.

Si perverso es lo anterior, también lo es, en el extremo opuesto y con el mismo argumento participativo, la búsqueda del respaldo popular, no para eludir su responsabilidad, sino para medrar y dañar las líneas políticas de sus adversarios cuando son estos los que ostentan el poder. Es este un supuesto muy querido por la izquierda radical española, que utiliza la calle, en un pretendido asamblearismo primario, para debilitar a gobiernos cuya titularidad no ostentan.

Este interés por neutralizar las relaciones de poder tiene su base, como dice Xavier Godas, (revista "Mientras tanto") en una autocrítica de la izquierda que ideológicamente ha agrupado todos los movimientos y reivindicaciones activistas como "nueva izquierda", "izquierda alternativa", "izquierda libertaria", "anticapitalistas" o "izquierda radical". En España el crisol donde se abonó todo ello ha sido Podemos que ha engullido a toda la izquierda activista y se encuentra en un proceso que, de mantener el actual liderazgo, presiento que quedará reducido a la izquierda radical que siempre campó a la siniestra del PSOE.

Acertadamente expresa el politólogo Roger Senserrich su "perplejidad ante el mito recurrente en algunos sectores de la izquierda más idealista, o ingenua o iluminada, consistente en la fe desmedida en las asambleas como forma de organización política". Votar y discutir de todo, todo el mundo y todo el rato, además de agotador, resulta a la postre menos democrático de lo que aparenta y ha servido históricamente para abrir la puerta a los totalitarismos de quienes han controlado tales movimientos asamblearios. Esta es la deriva en que suele terminar el excesivo afán participativo, como ejemplo de una cierta democracia primaria, entendida como actitud positiva.

El otro caso de inmadurez democrática, este en sentido negativo, es la inacción política ante actitudes primarias sin encaje en modos democráticos. Tal fue el caso vergonzoso de la constitución de la Mesa del Parlamento andaluz, declarada nula por el Tribunal Constitucional, dada la vulneración flagrante de derechos fundamentales. Ya en su día denuncié en el diario El Mundo ("¿Chapuza o Alcaldada?", 17 de abril de 2015) el ataque a la razón jurídica y al sistema democrático de tal desafuero. Hoy conviene recordar que tal ofensa fue posible por la aquiescencia de la máxima responsable del socialismo andaluz, ante el vergonzoso silencio de los diputados del PSOE, Podemos, C's e IU, que en un país serio, de convicciones democráticas, quedarían inhabilitados para ostentar cargos públicos.

Este segundo caso de democracia primaria es el pan nuestro de cada día en una comunidad como la andaluza, totalmente adormecida por los tentáculos de un poder que ha socializado la corrupción y montado una eficaz red clientelar, resultando casi imposible sustraerse a estos comportamientos caciquiles que, a diferencia de los decimonónicos, se costean con el dinero de todos los contribuyentes. Sin esa intromisión abusiva prevaliéndose de su poder o influencia, los nuevos caciques no se hubieran saltado la norma sobre elección de la Mesa, ni se hubiera producido el vergonzoso cese de Luis Escribano en su puesto de la Administración autonómica.

Confirma todo ello lo que también denuncié el 27 de junio de 2015 en el diario El Mundo ("El silencio y la paguita"): Que se ha institucionalizado la corrupción mediante la necesaria connivencia tácita en el fraude por parte de la sociedad andaluza. Sin el silencio cómplice y la obsesión por la paguita, decía entonces y ratifico hoy, no se hubiera prostituido la autonomía, los ciudadanos andaluces no sentirían este vergonzoso bochorno y el régimen no hubiera sido posible. 

Por ello no extraña que, al abrigo de ese régimen, siga vigente en algunos aspectos y de forma cínica e insolente, el viejo lema del cacique, tan bien ejecutado por los oscuros personajes de su comparsa: "para los enemigos la ley, para los amigos el favor".