Arbitrariedad y enchufismo vs. profesionalidad

Artículo de Luis Marín Sicilia

"Quizá ha llegado la hora de que ceses arbitrarios como el de Luis Escribano no puedan producirse en un país moderno, como debiera ser España, donde algunos todavía se sirven de ese estado emocional de atraso, corrupción e incompetencia, para, en el día a día, asestar golpes serviles a quienes denuncian los abusos que les protegen" 

"Corremos el riesgo de que estos nuevos políticos, que quieren cambiarlo todo, se queden en los gestos y nunca veamos los hechos, circunstancia que acreditaría lo que para muchos es su ignorancia generalizada y su falta de preparación" 

"Si el Gobierno está dispuesto a impulsar la reforma de que hablamos, estaremos poniendo freno real a esa lacra del enchufismo que tanto daño y tanto dinero ha costado al bienestar de los ciudadanos"

El cese del editor de este medio, Luis Escribano, como Jefe del Servicio de Cooperación Económica de la Dirección General de Administración Local, ha sido calificada por medios independientes como una auténtica "purga" por parte de la Junta de Andalucía que, como es bien sabido, no perdona la independencia de criterio, la obsesiva búsqueda de la verdad y la denuncia de cualquier corruptela en los ámbitos de su competencia.

No se precisan grandes dotes analíticos para saber que la razón última del cese es la aportación que Escribano y El Demócrata Liberal vienen haciendo al conocimiento público de los abusos con que se conduce una Administración andaluza, monopolizada por treinta y cinco años de poder omnímodo. Que Luis Escribano es un funcionario profesionalmente impecable, reconocido por su eficaz trayectoria y luchador incansable porque la imparcialidad y la eficacia administrativa sean símbolos innegociables de la función pública, es tan cierto como acreditado tiene el reconocimiento de tal tarea por los órganos de control autonómicos (Cámara de Cuentas y Servicios Generales de Inspección), habiendo sido felicitado por su ejemplar labor.

Un exalcalde del municipio granadino de Chauchina, que no tiene más mérito que haberse criado a las ubres de un partido político que le ha llevado a ser Senador, Director General de Administración Local de la Junta de Andalucía y miembro nato del Consejo Consultivo Andaluz, ha tenido la desfachatez de cesarlo porque "no le gustaba el modo en que su Servicio trataba a los ayuntamientos", posiblemente porque aplicaba el principio de igualdad de trato a todos ellos, los gobernara quien los gobernara, lo que debía ofender a quien es proclive a ayudar a los suyos y marginar a los ajenos.

Lo lamentable del caso es que personas que se ignora si tienen retorno a la sociedad fuera de la política, puedan jugar con la profesionalidad de funcionarios cuya independencia y eficacia está sobradamente acreditada. Y lo lamentable es que tales personas ostenten rangos administrativos que, en un país serio, debían estar reservados a funcionarios de carrera. Estos cargos digitales son los que sumergen a la cosa pública en la arbitrariedad, provocando actos fuera de la lógica y de la razón y sin más fundamento que su capricho sectario. Y esa ralea de cargos es lo que ha generado la corrupción política y social del enchufismo, en cuya virtud muchos disfrutan de empleos retribuidos sin un trabajo digno reconocido, salvo el de potencial comisario político.

Ni Luis Escribano ni quienes colaboran en este medio van a recular lo más mínimo en su afán de defender una Administración andaluza servida por profesionales, es decir, por personas debidamente seleccionadas en pruebas públicas que acrediten su mérito y capacidad, ejerciendo su tarea con relevante capacidad y aplicación. Cumplen así con el mandato constitucional que exige (articulo 103 CE) que la Administración Pública sirva con objetividad, eficacia e imparcialidad los intereses generales.

Ahora que tantos se empeñan en hablar de la reforma de la Constitución, sin aclarar cómo, qué, cuándo y con qué respaldo se puede realizar, sería más interesante hacer que se cumplan determinados aspectos de la misma, particularmente este referente a la Administración Pública. Porque corremos el riesgo de que estos nuevos políticos, que quieren cambiarlo todo, se queden en los gestos y nunca veamos los hechos, circunstancia que acreditaría lo que para muchos es su ignorancia generalizada y su falta de preparación.

Parece ser que el Gobierno está dispuesto a poner en marcha un Plan de Impulso y Transformación de la Administración Pública. Si ello fuera así, y espero que los populares no nos decepcionen esta vez, van a quedar retratados todos los partidos políticos sobre su nivel de identidad democrática, porque el plan debe dar, si es sincero, en la línea de flotación de ese pestilente enchufismo que anida por todos los estamentos públicos, sean del ámbito que sean.

El ajuste abarcaría desde año 2017 al 2019 y pretende ahorrar el primer año unos novecientos millones de euros. Parece que se iniciaría sin demora contra los enchufados de las diputaciones provinciales, rebajando las plantillas de asesores y de personal eventual, cargos casi todos ellos ocupados por los "ex" de los dos grandes partidos que no obtuvieron el respaldo esperado en las urnas. Se calcula en unos 700 millones el costo de alrededor de 3.500 "asesores", perfectamente prescindibles. Con esta medida, las diputaciones se mantendrán, pues prestan servicios de interés en zonas rurales, pero se limpian adherencias innecesarias provocadas por intereses partidarios.

Se pretende también acabar con la discrecionalidad exagerada, abusiva e intolerable en la fijación de retribuciones para cargos públicos, ya que hay alcaldes y asesores que ganan más que el presidente del gobierno. Una normativa sobre tabla salarial para cargos públicos deberá acabar con tales prácticas arbitrarias.

Los contratos a dedo pasarían a ser una excepción, pues sólo se considerarían como cargos de confianza al jefe del gabinete y al de prensa. Los demás cargos digitales o de confianza tendrán que extraerse del seno de la Administración, y solamente si no hubiera personal con el perfil requerido podrían buscarse fuera, previa justificación de su experiencia y cualificacion.

Y parece que, por fin, se está dispuesto a profundizar en la profesionalización y en la carrera de los funcionarios, llevando a la práctica lo que tantas veces, y por tantos partidos, se ha oído: que de director general para abajo todos los puestos serán cubiertos por funcionarios. Si el Gobierno está dispuesto a impulsar la reforma de que hablamos, estaremos poniendo freno real a esa lacra del enchufismo que tanto daño y tanto dinero ha costado al bienestar de los ciudadanos.

Quizá ha llegado la hora de que ceses arbitrarios como el de Luis Escribano no puedan producirse en un país moderno, como debiera ser España, donde algunos todavía se sirven de ese estado emocional de atraso, corrupción e incompetencia, para, en el día a día, asestar golpes serviles a quienes denuncian los abusos que les protegen. En ese día a día, una trama eficacísima, sin directrices escritas pero bien armada, sigue la pauta de los regímenes más abyectos, orillando al discrepante y machacando al adversario con sus dos armas predilectas: el enchufismo y la arbitrariedad.

Hace unos días, Albert Rivera, sobre la reforma de la Constitución, pedía "reformas, porque este país necesita modernizarse; sean valientes" decía. De acuerdo, pero vayamos a lo concreto: ¿Está siendo valiente su partido en Andalucía? ¿Está satisfecho con lo que hace? ¿Coadyuva ello a modernizar Andalucía o más bien está siendo (como antes PA o IU) el sostén de un régimen arbitrario?