Discursos que se caen

Artículo de Luis Marín Sicilia

“La justicia en España es, desgraciadamente, lenta por su excesivo interés garantista, pero afortunadamente es implacable una vez puesta en marcha”

“El discurso del odio interesado, el de ocultar la verdad, el de los españoles ‘nos roban’ está acabado porque la mentira tiene las patas muy cortas”

“Los que se conducían como azotes de la casta, de lo que llamaban ‘la vieja política’, han acreditado demasiado pronto que no son ejemplares en su comportamiento público”

La poca consistencia y la falta de coherencia de los discursos habituales de separatistas y populistas, tan dados al azote de lo ajeno y tan condescendientes ambos con lo propio, ha sido, una vez más, puesta de manifiesto de manera tácita, por la publicación de la Freedom House, ONG de EEUU experta en democracia, la cual valora a España con una tasa de democracia y libertad superior a la de Francia y EEUU.

Tomando como base la limpieza democrática de la elección del Gobierno y de los miembros del Legislativo, así como la limpieza del marco legal y electoral, la Freedom House sitúa a España, en su último índice anual sobre libertades civiles y derechos políticos, con una puntuación de 95 sobre 100 (igual que Alemania y Reino Unido) y por encima de Francia (91), EEUU (90) o Italia (89). Por su parte, el The Economist en su apreciación del índice de democracia, cataloga a España como una democracia plena, la número 17 sobre 167 países estudiados, por delante de Italia, Japón, EEUU, Francia o Bélgica.

¿Dónde están las ataduras de las libertades que alegan los separatistas? ¿Qué candados hay que hacer saltar porque impiden el libre ejercicio de los derechos democráticos al decir de los podemitas? ¿No será que unos y otros no aceptan más reglas de convivencia que las que ellos pretenden imponer?

De una parte, los separatistas pretenden establecer un criterio primario de la democracia, entendiendo que es la votación de quienes piensan como ellos lo que les legitima, y no el cumplimiento de la ley, a cuyo respeto debe atemperarse cualquier consulta popular. Las consecuencias de esa concepción serían que, por ejemplo, cualquier delincuente pondría una urna entre sus conmilitones para legitimarse "democráticamente".

Para este tipo de personajes la imposición de su pensamiento único no para mientes, no bastándole con manipular y falsear la historia expandiendo su perversa y falsaria doctrina desde los primeros pasos de la educación primaria, tal como denunciaba Mazelmind el pasado fin de semana en este diario. Su mentira institucional les lleva al extremo de que la asociación independiente de periodistas catalanes Pi i Margall haya acusado a los medios públicos de la Generalitat de ser "unos medios alejados de la práctica del periodismo", inmersos, como lo están, en la pura propaganda.

Querer convertir una consulta ilegal, auspiciada y organizada desde las propias instituciones que deben velar por el cumplimiento de la legalidad, en un ejercicio democrático y acusar a los tribunales que velan por la restitución del orden legal quebrantado de persecución política, da una cabal idea de la desvergüenza y el poco sentido democrático de los Mas, Romeva, Homs, Tarda, Junqueras y demás especímenes disolventes del ordenamiento jurídico.

Por ello, los intérpretes de este "golpe de Estado encubierto" a un país democrático no pueden irse de rositas como pretende el citado Homs cuando implora en la Comisión del Estatuto del Diputado, que tramita el suplicatorio para encausarlo por la comisión de varios delitos derivados de su conducta por la consulta ilegal del 9N, que se deniegue el mismo porque "se trata de un proceso judicial viciado, más político que jurídico, que tiene como voluntad dar escarmiento a los que no nos plegamos a la voluntad del PP".

Por su parte, y con la misma idea de afrentar el orden legal y democrático, la alcaldesa de Berga, Montes Venturos, tras su detención por negarse a comparecer ante el juez competente, imputada por dos delitos electorales y cuatro de desobediencia, espetó: "he sufrido un ataque absolutamente antidemocrático e insultante contra el pueblo catalán". Mientras, la presidenta del Parlamento Catalán, que mostró su solidaridad con la alcaldesa, afirmó que "ni la judicialización de la política ni los tribunales impedirán que los catalanes decidamos nuestro futuro", al tiempo que el presidente Puigdemont dijo apoyar "a los cargos electos que sufren persecución por sus ideas". Todos ellos ignoran maliciosamente que nadie es acusado de pensar libremente sino de intentar, con hechos concretos, subvertir el orden legal democráticamente establecido.

La justicia en España es, desgraciadamente, lenta por su excesivo interés garantista, pero afortunadamente es implacable una vez puesta en marcha. Y estos separatistas rebeldes al orden constitucional van a tener ocasión de comprobarlo, porque, por muchas amenazas que realicen, no hay convivencia posible sin respetar la legalidad vigente. Desde que el catalanismo perdió el "seny" que siempre tuvo, su basamento actual es la ocultación de la verdad inspirado en ese discurso falsario de "España nos roba", lo que ha desenmascarado, entre otros y por vía indirecta, el político exconvergente López de Lerma, quien en su reciente libro "Cuando pintábamos algo en Madrid", cuenta cómo se ocultó en campaña electoral que el Eje Transversal de Cataluña, la C25, fue financiado por el Gobierno central y no por el autonómico, ocultándolo Más quien dijo, literalmente: "Si se sabe la verdad nos hundimos" .Y Pujol gano por última vez, 1999, las elecciones.

El discurso del odio interesado, el de ocultar la verdad, el de los españoles "nos roban" está acabado porque la mentira tiene las patas muy cortas. Y ampararse en ese odio, en esa mentira construida con fines espurios, violentando las normas que todos nos dimos, y muy especialmente los catalanes que superaron ampliamente la media nacional de aceptación de la Constitución de 1978, no puede tener otro final que el de rendir cuenta ante los tribunales de justicia por parte de todos los transgresores de la ley, sean quienes sean y chillen y protesten lo que quieran. Como diría el sabio, la ley es la Ley.

De otra parte, el discurso populista surgido aprovechando la ola de indignación que se articuló a través del fenómeno conocido como 15M fue engullido por un grupo de penenes e hijos de papá, quienes se encaramaron a los puestos directivos que le llevarían a poltronas y sinecuras jamás soñadas. Su discurso no pasó de la denuncia de todos los males de la que llamaron vieja política, sin articular propuestas concretas que realmente mejoraran la situación de aquella ola de indignados.

Ha tardado menos tiempo del que los más escépticos pensaban para poner de manifiesto la oquedad del discurso podemita cuyo resultado práctico ha sido el de encontrar cobijo bien retribuido para los mandamases, sus novias, amigos y parientes, mientras se ponía de manifiesto que sus vicios no se alejan de los que denunciaban.

El caso de la vivienda pública con la que se ha enriquecido el senador Ramón Espinar no ha sido sino el último eslabón de una serie de irregularidades administrativas que, ellos, los podemitas, cuando las realizaban otros, no duraban ni un minuto en denunciarlas como escandalosos casos de corrupción. Espinar ni estuvo inscrito en lista alguna para acceder a la vivienda, ni reunía los requisitos para disfrutarla (salvo el enchufe del 15 % reservado a los privilegiados), ni tenía medios para su adquisición, ni la vendió por lo que notificó a la administración sino por bastante más, ni permitió, de haber renunciado, que otros necesitados la disfrutaran, y se ignora si la donación encubierta y la plusvalía percibida fueron declarados fiscalmente.

Lo grave del caso, que es claramente especulativo, ha sido la forma en que Iglesias y los suyos lo han despachado, poco menos que pretendiendo en el mismo un comportamiento ético casi ejemplar. No se pueden dar conferencias sobre que "hay que acabar con el saqueo de la vivienda pública en la Comunidad de Madrid" o decir que "el objetivo de la vivienda pública no es venderla sino garantizar el derecho a la vivienda de quienes no pueden acceder al mercado libre", después de haberse lucrado con la venta de una vivienda pública que, con su conducta, privó a algún necesitado que no podía acceder a la propiedad en el mercado libre.

A este caso reciente se añaden los ya conocidos de la facturación de Monedero camuflada fiscalmente, las becas de Errejón que motivaron su inhabilitación por la Universidad de Málaga, los pagos en negro al asistente de Echenique al que no dio de alta en la Seguridad Social, el camuflaje como falsos autónomos de los trabajadores de la productora de Pablo Iglesias para evitar pagos a la Seguridad Social y a Hacienda, la vivienda de Tania Sánchez y un largo etcétera que acredita, una vez más, que del dicho al hecho hay un gran trecho.

El populista discurso de Iglesias y los suyos les ha servido para escalar posiciones en el ranking de la percepción de rentas y del estatus social, pero quedan en entredicho, no solo ante la masa de indignados que ellos llaman gente de la cual tan bien se han servido para escalar posiciones, sino del común de la ciudadanía. Y ello porque es inaceptable la doble moral de estos individuos que ven la paja en el ojo ajeno pero no la viga en el propio. Como bien ha dicho Cayo Lara, lo de Espinar es un caso palmario de especulación, y tal aserto no puede Iglesias tildarlo de inmoral. Quizá quienes por unos escaños han vendido IU a los podemitas debieran reflexionar sobre el particular.

Lo cierto, ante la doble moral de Podemos, es que no se puede obtener plusvalía, grande o pequeña, con pisos de protección oficial. Que no dar de alta a trabajadores es un fraude que dificulta las atenciones sociales que demanda la sociedad. Que no declarar rentas o plusvalías a Hacienda merma las atenciones que el Estado de bienestar debe realizar. Y todo ello es así, por mucho que Pablo Iglesias califique a los autores de las irregularidades detectadas como referentes morales, o Errejón califique de "ejemplar y convincente" la conducta de Espinar, o ambos repitan, a coro con los suyos, que se trata, con la publicación de tales irregularidades, de "una injerencia" y de que hay "una conspiración" contra su partido. No cabe duda de que a estos señores no les gusta el candado de la Constitución que pretenden saltar, porque los regímenes bolivarianos, que ellos han inspirado, no "molestan" así a quienes ostentan su poder omnímodo.

Los que se conducían como azotes de la casta, de lo que llamaban "la vieja política", han acreditado demasiado pronto que no son ejemplares en su comportamiento público. No se trata de no encontrar nada bueno en su conducta sino de denunciar la doble vara de medir de quienes venían a regenerar la política. Quizá Albert Rivera haya dado en el clavo cuando todos comprobamos como se cae el discurso podemita: "Bastaría con que se apliquen a sí mismos los criterios que aplicarían al PP, al PSOE o a Ciudadanos ante los mismos hechos".