Saltarse la ley

Artículo de Luis Marín Sicilia

“Violentar la ley democrática es atentar contra la soberanía del pueblo, lo que constituye el mayor atentado contra los principios representativos que definen a las democracias más avanzadas”

“Lo que está claro para la ciudadanía es que los secesionistas de todo pelaje y todo aquel que no respete la legalidad vigente debe rendir cuentas ante la justicia”

La ley es la norma que regula las relaciones sociales de cualquier comunidad. En los países totalitarios la norma la dicta una autoridad investida de poder para ello. En las democracias, la ley emana de la voluntad popular mediante el ejercicio de la soberanía que reside en el parlamento elegido por la ciudadanía. Violentar la ley democrática es atentar contra la soberanía del pueblo, lo que constituye el mayor atentado contra los principios representativos que definen a las democracias más avanzadas. Ya dijo Aristóteles que la ley es el común consentimiento de la comunidad, y quien no la respeta merece el repudio público.

El Gobierno anunció ayer que había impugnado ante el Tribunal Constitucional la resolución del Parlamento catalán en la que se pide la convocatoria de un referéndum de independencia antes del 30 de septiembre de 2017, además de pedir la anulación íntegra de los acuerdos de dicho parlamento del 6 de septiembre último que desarrollan el proyecto de ruptura con España. Además, el Gobierno reclama que se deduzca testimonio para que la Fiscalía actúe contra la presidenta Carmen Forcadell por haber permitido la votación de tales acuerdos, pese a la advertencia expresa de incurrir en ilegalidad.

Todas las resoluciones rupturistas del Parlamento de Cataluña fueron declaradas nulas por sentencia del TC 259/2015 de 2 de diciembre. Por tanto, los demás actos tendentes a seguir con un proceso nulo, además de no tener valor legal alguno, incurren en posibles figuras delictivas de desobediencia, malversación y desacato, entre otras.

Metidos en la vorágine insurrecta, el Ayuntamiento de Badalona se ha ciscado, en sentido literal, de la orden judicial que ordenaba respetar el carácter festivo de la Fiesta Nacional del 12 de octubre, lo que supone una agresión al orden que soporta la legitimidad democrática del poder, sea municipal, autonómico o estatal. Tal acto de barbarie política, pergeñado  por los regidores de ese ayuntamiento merece su repulsa e inhabilitación para ostentar cargos de representación democrática.

Pablo Iglesias y los suyos defienden un derecho a decidir que es un eufemismo del derecho a la autodeterminación, imposible de aplicar en España, según la propia doctrina de Naciones Unidas. Esa falta de respeto a la legalidad constitucional vigente, que exige para cualquier cambio del principio de soberanía nacional el pronunciamiento de TODOS LOS ESPAÑOLES, le trae al pairo a este personaje que, además, nos ha obsequiado estos días con una afrenta a nuestra Fiesta Nacional proclamada por Ley de 7 de octubre de 1987, en cuya exposición de motivos se dice que la misma "simboliza la efemérides histórica en la que España, a punto de concluir un proceso de construcción del Estado a partir de nuestra pluralidad cultural y política, y la integración de los reinos de España en una misma Monarquía, inicia un proceso de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos".

Hay que ser, o muy ignorante o muy mal intencionado, para cuestionar un acuerdo soberano de un parlamento democrático, que, si no le gusta y tiene otra propuesta más atractiva, debía de proceder, puesto que tiene grupo en el Congreso de los Diputados, a defenderla ante los representantes de la soberanía nacional. Disfrutaríamos ante el ridículo más espantoso que tamaño personaje interpretaría, haciéndole el juego a quienes históricamente han querido poner sordina a la mayor gesta del mundo moderno que sería, si la hubieran protagonizado nuestros adversarios, motivo de orgullo, satisfacción y proselitismo.

Este afán por ignorar las leyes al que se han subido secesionistas, populistas y antisistema, debe ser denunciado sin más ambigüedades ni componendas. Esa manía de interpretar la ley según beneficie a sus potenciales votantes, como hace la alcaldesa de Madrid con su dispar criterio de actualización del IBI; ese cambio de criterio del ex-Jemad podemita Julio Rodríguez, que pretende desmantelar el mismo acuerdo que él solito firmó sobre el campo de tiro de Las Bardenas; o ese compromiso de hacer valer el aforamiento del diputado catalán Homs, comprometido por el propio Iglesias que se llenó la boca defendiendo que había acabar con tal privilegio de la casta, simbolizan sin duda la peculiar forma de entender la democracia por parte de una formación enquistada en lo más profundo de los movimientos totalitarios radicales.

Lo que está claro para la ciudadanía es que los secesionistas de todo pelaje y todo aquel que no respete la legalidad vigente debe rendir cuentas ante la justicia. Si así no fuera, está abonado el terreno para que cada cual elija qué leyes no le gustan, y por tanto las incumple. Surgirán asociaciones de conciencia antimultas, de impuesto sobre la renta, de opuestos al IVA, o de las normas de tráfico.

Cuando la vicepresidenta del Gobierno Sáez de Santamaría dice que "si se entiende que cualquiera puede saltarse la ley, cada uno va a poder elegir qué ley es la que se salta" hace suyo el pensamiento de Goethe que afirmó que “hay algo peor que la injusticia: el desorden, que es la mayor de las injusticias”.