El PSOE: "barra libre" en los municipios (parte I)

Artículo de Luis Escribano

En mi artículo del mes pasado, titulado “Las tres negaciones de Pedro”, manifestaba que dos de los asuntos capitales y de extrema conflictividad que tienen que abordar las próximas Cortes y el futuro Gobierno que se constituya son la financiación de las Comunidades Autónomas y la de las Entidades locales (municipios y provincias). Nada más y nada menos que los poderes de dos niveles de gobierno, el autonómico y el local, con amplias competencias y manejo de presupuestos públicos, que pueden asegurar la supervivencia de los "partidos de Estado" que gobiernen en los mismos, por medio de nóminas, contratos, subvenciones, avales, fondos reembolsables, y un largo etcétera.

Si analizan con detalle las palabras de Pedro Sánchez y sus adláteres, negando una posible abstención en la investidura no sólo de Rajoy, sino en la de cualquier otro candidato del PP, se trasluce que no se trata sólo de enemistades personales, ni de cruzadas contra la corrupción del PP, ni algo que se le parezca. Es mucho más simple: una de las causas se encuentra en que algunas de las normas aprobadas por el PP en la última legislatura, en desarrollo de los principios de equilibrio presupuestario y sostenibilidad financiera, han supuesto el fin de la “barra libre”, del despilfarro y la corrupción de muchos gobiernos y gestores locales, que habían permitido a los partidos políticos en Ayuntamientos, Diputaciones, Mancomunidades, Consorcios, empresas y fundaciones públicas, entidades locales autónomas de ámbito inferior a los municipios, etcétera, dominar el voto rural a base de clientelismo. Entre los partidos que han estado disfrutando de ello se encuentra el PSOE en Andalucía, caso que conozco bien por proximidad, aunque según algunas informaciones, también ha ocurrido con otros partidos y el mismo PSOE en el resto de Comunidades Autónomas. Y todo hay que decirlo, incluso han existido críticas y resistencias internas en el PP con motivo de dichas normas.

También las normas que han desarrollado los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera han repercutido en las cuentas de las Comunidades Autónomas, aunque el PP no se ha atrevido a entrar a fondo para evitar cismas internos con sus dirigentes regionales. Si algo caracteriza al PP, y en mayor medida al PSOE, como "partidos de Estado" que son, es evitar ponerse piedras con su gestión para continuar viviendo del erario público. Y al resto de "partidos de Estado" les ocurre lo mismo: sólo buscan réditos electorales, lo cual sería admisible siempre que no suponga la marginación del interés general y del bienestar de los españoles.

Sin embargo, la verdad hay que reconocerla: las cuentas de los organismos y entes públicos locales han mejorado mucho desde que el PP decidió poner fin a las aberraciones que se estaban produciendo. Todo ello ha sido gracias a la aprobación de leyes y reglamentos que han metido en vereda a sus gestores, estableciendo límites en los gastos e imponiendo a los malos gestores la realización y aprobación de planes de ajuste económicos y financieros, así como a eliminar entes prescindibles y en absoluta "quiebra". No obstante, se echa de menos la imprescindible reforma territorial de la que hablé en mi artículo “Los últimos de Europa”, y que España debe abordar urgentemente, como han hecho Francia, Italia y otros países europeos.

Quizá una de las leyes más controvertidas haya sido la que ha modificado la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, producida con la aprobación y entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), que ha supuesto una restricción a que los entes locales puedan ejercer sin límites cualquier competencia, incluso las que no les correspondía.

Esta Ley ha intentado poner algo de racionalidad en el mundo local español (a mi juicio, no con la precisión y claridad necesaria), en el que los gastos se habían desmadrado en manos de dirigentes irresponsables, hasta el punto de ejercer los distintos entes locales (municipios, mancomunidades, consorcios, etc.) competencias que no les correspondían, que fueron denominadas "competencias impropias", un claro eufemismo para disfrazar la irracional gestión de alcaldes, concejales y gestores de mancomunidades, consorcios, empresas y fundaciones públicas, algunas veces provocada o generada por acciones del Estado o de cada Comunidad Autónoma y agravadas por su indolencia en el control, y otras veces por puro electoralismo y caza del voto por los dirigentes locales. Y a ello debe añadirse la falta absoluta de exigencia de responsabilidades dentro de los partidos, que se aferran a clavos ardientes antes que reconocer sus propios errores. Todo sea por la supervivencia del partido con el dinero de los contribuyentes.

Y lo más grave es que muchos españoles siguen creyendo que la única manera de cambiar estas disfunciones de la política en España es votando en las elecciones y confiando en las buenas acciones de los "políticos", sin tener en cuenta que sólo un adecuado diseño del sistema es lo que realmente puede entorpecer la acción de los vándalos disfrazados de políticos.

Varias Comunidades Autónomas han recurrido al Tribunal Constitucional muchos preceptos de la citada LRSAL, basando sus recursos principalmente en que dicha modificación era un atropello al principio de “autonomía local” y de “suficiencia financiera” de los municipios y provincias. Las pronunciamientos del TC en las dos primeras sentencias sobre los recursos de las Comunidades de Extremadura y Andalucía han dejado claro que la tan cacareada "autonomía local", entendida como libertad de decisión de los órganos locales, tiene sus límites (como le ocurre igualmente a las CCAA y al Estado), y viene determinada por el contenido del artículo 135 CE, entre otros, y por la legislación de desarrollo: no se puede gestionar al margen de principios constitucionales tales como los de eficacia, eficiencia, buena administración, equilibrio presupuestario y sostenibilidad financiera.

Por todo ello, lo que en el fondo trasciende en las resistencias ofrecidas por muchos políticos de distintos partidos a esta reforma de la Administración local es que se ha complicado enormemente gestionar fondos públicos sin justificación y sin demostrar una gestión eficiente, un límite que ya no permite tantas alegrías en nóminas públicas -y nepotismo-, subvenciones, contratos, creación de entes duplicados, etc. He aquí la razón de tanta resistencia. No hay más. Lo demás son argumentaciones interesadas y manipuladoras de la opinión pública, la cual suele desconocer estos temas a pesar de afectarles de lleno a sus vidas, especialmente a las de los contribuyentes. 

(continuará…) 

Coda: en la segunda parte del artículo se revelan las incoherencias del PSOE en Andalucía en esta materia, y un claro mensaje al partido de Ciudadanos, que seguro interesará a sus dirigentes...