Artículo de Luis Marín Sicilia
“Gracias al criterio de gobernabilidad, Cameron ha gobernado el Reino
Unido con poco más del 30 % del voto popular”
“El reto de los partidos implicados en la investidura es que esta
reporte los mayores beneficios para la sociedad”
“Aplíquense los políticos a la búsqueda fructífera de acuerdos y,
cuanto menos postureo y comparecencias mediáticas, mejor para la ciudadanía”
El hartazgo ciudadano ante la incapacidad de la clase política para constituir un gobierno puede ser de época si estos jóvenes cachorros, que venían a regenerar la política, persisten en su tancredismo táctico que, como el perro del hortelano, ni comía ni dejaba comer.
El empecinamiento sectario de anteponer los intereses de partido al interés general del país, ignorando o no sabiendo interpretar el veredicto de las urnas, pone de manifiesto el enorme error de no haber aprobado una reforma electoral en un sentido contrario al de la estricta proporcionalidad que algunos "pipiolos" pretenden por estimar que la vigente ley D'Hont perjudica a los minoritarios. Olvidan que las democracias consolidadas, curadas de los espantos de parlamentos multifragmentados que imposibilitan la gobernabilidad, optaron hace mucho tiempo por anteponer ésta a la representación masiva de todo tipo de tendencias ideológicas.
Gracias al criterio de gobernabilidad, Cameron ha gobernado el Reino Unido con poco más del 30 % del voto popular. Grecia concede, en un parlamento de 300 escaños, un plus de 50 escaños al partido más votado, gracias a lo cual el "amigo" de los podemitas españoles, Alexis Tsipras, preside el gobierno heleno. Y la antes fragmentada política italiana, totalmente ingobernable, es hoy, con Renzi a la cabeza, una democracia donde el primer partido tiene garantizado el 55 % de los escaños.
Algunos ya defendimos públicamente, y así lo aconsejamos, que el gobierno del PP debía acometer la reforma de la ley electoral en términos similares a los descritos, o bien, subsidiariamente, provocando una segunda vuelta entre los más votados, en forma parecida a la de Francia y otros países. Enfrascado en resolver la crisis económica, Rajoy dejó este tema para más tarde y cuando quiso abordarlo fue tachado de oportunista por estar cerca de las elecciones municipales y autonómicas. Mientras las grandes ciudades portuguesas son gobernadas, gracias a la normativa vigente, por candidatos que apenas rozan el 30 % del respaldo popular, aquí vemos como los que, contando con superior apoyo, son lanzados a la oposición por acuerdos recurrentes de opciones minoritarias sin más nexo de unión que el de gozar de las gabelas del poder, tal como acredita la experiencia.
La gobernabilidad de España está, por suerte o por desgracia, en manos de dos políticos jóvenes e inexpertos, Sánchez y Rivera, que tendrán sin duda buenas intenciones pero carecen de la experiencia y sensatez que solo se alcanza desde la complejidad de la acción de gobierno o desde el ejercicio de una oposición responsable y trascendente. Es sintomático que, tanto uno como otro, estén recibiendo consejos y advertencias por parte de miembros de la vieja guardia, como Felipe González, Alfonso Guerra o Josep Borrell, el primero, o por fundadores de Ciudadanos como Francesc de Carreras, Arcadi Espada o Albert Boadella, el segundo. Y en ambos casos en la misma dirección: hay que dejar gobernar al partido que ha ganado las elecciones.
Si alguna duda ha quedado despejada es que, en contra de pretensiones interesadas, Rajoy, como dice Carreras, "ha salido reforzado", siendo el único candidato que ha incrementado, en seis meses, el respaldo popular, quizás, como dice el catedrático, porque los españoles se han percatado de que el inmovilismo de que se le acusa tiene una lectura positiva: "no hará grandes tonterías", y eso, en una país tan impulsivo como el nuestro, es garantía de estabilidad en tiempos convulsos.
Ante esta situación, y después de una primera toma de contacto con todas las fuerzas políticas, parece que el precandidato popular Mariano Rajoy, ha dado instrucciones para negociar silenciosa y prudentemente, sin focos ni ruedas de prensa que reediten el circo mediático en que se convirtió la tentativa fallida de Sánchez. Se trata de buscar puntos de encuentro que permitan mejorar las condiciones y expectativas de los españoles, no de ofrecer un espectáculo que pugne por el "share" televisivo.
El reto de los partidos implicados en la investidura es que esta reporte los mayores beneficios para la sociedad. Y es ahí donde C's y el PSOE tienen que conseguir medidas concretas a cambio del apoyo, incluso entrando en el gobierno el primero, y de la abstención negociada el segundo. Eso sería anteponer el interés general al criterio partidista, porque si C's da su apoyo a cambio de reformas y medidas regeneradoras, perfectamente cuantificables y factibles, para lo que hay que saber el estado real de las finanzas, difícilmente, como han recordado algunos barones, el PSOE impediría la gobernabilidad ante un apoyo de investidura de 170 diputados, bastante superior al que tuvieron Suárez, Felipe en su última legislatura y Aznar en su primera. Y este creo que será el final de la historia.
Para ello, el primer reto lo tiene Albert Rivera, que debe asumir sus responsabilidades no sólo apoyando a Rajoy sino, incluso, de conseguir acuerdos y reformas importantes, entrando en el gobierno que ha de ejecutarlas. Se trata de ir más allá de lo que C's hizo en Andalucía y en Madrid apoyando, con el voto positivo, la investidura de Susana Díaz y de Cristina Cifuentes. Los retos del momento, la situación general de España y Europa y el desafío a nuestra cultura del terrorismo yihadista, exigen gobiernos fuertes y comprometidos con la defensa del orden constitucional y de los compromisos internacionales. Volver la espalda a tales retos condenaría a quienes así procedieran al más absoluto ostracismo político.
Rajoy parece tenerlo claro: si no se ve respaldado suficientemente abriría un periodo de reflexión con las demás opciones constitucionalistas que, de no prosperar, nos llevaría, para vergüenza nacional, a unas terceras elecciones. Va siendo hora, pues, de que nuestros políticos olviden maximalismos ideológicos y dejen de jugar con el interés general.
Las decisiones de envergadura, y son muchas las que deben adoptarse en esta legislatura, precisan de amplios consensos y mayorías muy cualificadas. Ante ello deben olvidarse determinadas promesas electorales y prejuicios ideológicos, pues, como se ha recordado recientemente, la mejor forma de cumplir una promesa en el ámbito político es no hacerla o, como dejo escrito Quevedo, "el que más ofrece es el que menos piensa cumplir".
Lo que se comenta es que el Rey parece que ha hecho llegar a los partidos que, en la ronda de consultas, deben ir con una propuesta concreta de investidura. O sea, nada de tentativas para la galería so pretexto de desbloquear la situación, abriendo el plazo de convocatoria de unas nuevas elecciones. Si se acreditara que no hay candidato con expectativa de ser investido parece que podría articularse un acuerdo similar al que se produjo en la comunidad de Madrid para repetir elecciones ante el intento fallido de Simancas.
Constituidas ayer las Cortes Generales, corresponde ahora a los políticos comprometerse en la búsqueda fructífera de acuerdos y, cuanto menos postureo y comparecencias mediáticas, mejor para la ciudadanía. Porque se les paga para que trabajen y acuerden sobre cuestiones que a todos nos afectan, no para que se paseen por las televisiones como rutilantes estrellas para explicarnos el por qué lo hacen tan mal algunos o por qué no les gustan a otros sus vecinos de escaño.
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