Artículo de Antonio Barreda
El contrato
se publica en la Plataforma
de Contratación el 21 de julio
El valor
estimado es de 142.560 euros
Si la
Prensa independiente guardara silencio u ocultara las malas acciones
de un gobierno o callara el uso incorrecto de los fondos públicos, los
ciudadanos nunca sabrían de las dimensiones de la corrupción y el abuso. Sin
ella nunca habríamos sabido o conocido los casos de corrupción más importantes
de los últimos 30 años en Andalucía o en España. Por ello, los gobiernos están
muy interesados en saber y conocer qué dice la prensa de ellos o qué opinan
sobre ellos y su gestión. Algunos llegan a la obsesión por saber y conocer qué
se publica y qué se dice de ellos. Pero siempre siguen la misma regla: pagar
con dinero público para saber qué se dice de ellos. Y también el control desde
la sombra es lo que hace que muchos se piensen qué decir o qué publicar.
Además, si a esto añadimos que el rastreo estatal de los datos contribuirá, sin
lugar a dudas, a un mundo menos libre, tenemos la tormenta perfecta.
El periodismo de investigación se ha convertido
en una de las armas de la prensa para que el ciudadano sepa que tiene el
derecho a saber. Pero ese derecho a saber nunca le ha gustado a los corruptos o
a los que ocultan el abuso del poder público. No hay sociedad libre sin contar
con medios libres. Pero es la línea editorial la que marca en muchas ocasiones
el rumbo. Los medios de comunicación, no se nos olvide, son un negocio, y como
tal dependen del mercado y de los resultados. Hemos asistido estos años al despido
de miles de periodistas por la crisis de los medios, o al desmembramiento del
periódico El Mundo por sus responsables empresariales. Ya han cambiado 4 veces
de director y han efectuado numerosos despidos. La peor noticia es que pendía
de un hilo la continuidad de una de las ramas del periódico que más ha hecho
por la información en Andalucía: la sección Andalucía.
Otro de estos pilares es el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que es una red internacional con sede en Washington que agrupa a más de 190 periodistas de investigación de más de 65 países, y principal responsable de la filtración de los famosos Papeles de Panamá.
Pero ¿para qué quiere la Junta saber lo que se habla y lo que se dice, en las noticias y en las tertulias? Porque el contrato a concurso no habla nunca que se haga un seguimiento de las noticias de Andalucía o de la Junta de Andalucía. Solo habla de noticias en general. ¿Qué noticias son las que le interesan a la Junta? ¿Qué quiere saber o qué interés tiene en saber qué y por qué la oficina del Portavoz del Gobierno? ¿No tiene ya bastante con los resúmenes de prensa diarios?
Objeto del contrato
Según se indica en el pliego de prescripciones técnicas el contrato tiene como objeto “el acceso inmediato y online por parte de la Oficina del Portavoz del Gobierno a las noticias, programas informativos y tertulias de actualidad emitidos por las televisiones y emisoras de radio de ámbito nacional y andaluz, así como el guionado de las mismas”.
El contrato indica también que el acceso a
todo lo anterior deberá ser lo más inmediato posible con respecto a su emisión
efectiva en las radios y televisiones indicadas. El tiempo entre la emisión de
noticias y su puesta a disposición de la Oficina del Portavoz no será superior a 45
minutos. La aplicación web deberá disponer de una interfaz de usuario desde
la que se pueda acceder a la información utilizando criterios de discriminación
como fechas, franjas horarias y cadenas de emisión. Debe permitir tanto el
visionado online de los cortes de audio y video como descarga de los mismos.
Otra de las cosas es que se valorará la
calidad de los cortes de audio y video del servicio teniendo en cuenta la
resolución y la tasa de bitrate de los mismos y si el tipo de codec
utilizado permite su visualización en dispositivos móviles. También que el
servicio debe incluir una base histórica de noticias para su consulta en audio
y video no inferior a 20 días, así como una base histórica de noticias no
inferior a tres meses.
También se indica que el servicio debe
incluir un sistema de filtrado y búsqueda automática de noticias y documento
referenciados cada día, así como los almacenados en la base de datos. El acceso
al servicio garantizará un mínimo de cinco usuarios concurrentes sin que
suponga detrimento alguno en la agilidad y calidad del mismo.
Por último, se indica que la empresa
ofertante deberá acreditar de manera clara su potencial tecnológico, mediante
una descripción técnica del sistema empleado para suministrar el servicio y una
declaración relativa tanto de medios materiales como humanos puestos a
disposición del servicio para cumplir con los objetivos. También se facilitará
una descripción de la capacidad tecnológica, tanto en hardware como en
software. Asimismo, se especificará la existencia de departamentos de atención
al cliente y de asistencia técnica, así como la calidad de los mismos.
El control de la información
Este contrato raya la obsesión de algunos en la Junta de Andalucía de saber
todo, de ver todo, de escuchar todo. Algunos quieren convertir la Junta en el ojo de Horus,
símil del que lo ve todo. ¿Qué quiere saber? ¿Qué tiene que saber?
Estos últimos años hemos asistido a la
llegada de los hooligans de la información partidista a los medios.
Incluso se han creado medios digitales propios para alabar las bondades de
determinados partidos de la izquierda y criticar con extrema dureza la gestión
del gobierno central, sin parar a mirar un solo minuto, ni siquiera informar,
qué estaba pasando en la
Andalucía de los ERE o de la Formación. Con
respecto a esta última, un informe del Tribunal de cuentas de hace unos días
dice que no aprecia ilícitos contables ni menoscabo de fondos públicos. Y ya
han salido miembros del ejecutivo socialista a exigir perdón a la oposición,
sin esperar ni al dictamen de la comisión de investigación del Parlamento, ni a
los informes de la UCO ,
ni a lo que diga la propia causa judicial. Y parte de esta maquinaria
periodística de la que hablamos ha empezado a poner en duda todo el caso.
Mucho nos tememos que lo que la Junta busca en este contrato
es saber la crítica que tiene y no las alabanzas que gestionan para ella los
medios. La crítica se fomenta en una sociedad en la que los medios exponen los
hechos y las pruebas en una misma balanza y definen a los lectores con nitidez
hasta dónde han llegado sus gobernantes, lo que hacen con el dinero público y
lo que dicen. Es la esencia de una sociedad democrática. Y esto se traduce en
una disparidad de medios con diferentes líneas editoriales que haga que los
ciudadanos se acomoden a unas u otras dependiendo de su pensamiento.
Sin embargo, hay controles sutiles del estado
o los gobiernos hacia la prensa. Uno de ellos son las fuertes inversiones de
publicidad institucional. El gasto de esta publicidad es millonaria y hay
lugares en el mundo donde el Estado se convierte en uno de los principales
consumidores de la publicidad institucional, y por ello se vuelve
extremadamente selectivo a la hora de contratarla, preferentemente, en contra
aquellos medios que les causan mayores críticas.
La publicidad institucional de la
Junta de Andalucía
En
2013, el PSOE denunció la discriminación que el gobierno del PP practicaba con
sus medios afines en el reparto de la publicidad institucional. Pero
el PSOE ha practicado la misma discriminación
sobre los medios andaluces no afines desde 1982. Por ejemplo, en
2011, ABC volvía a denunciar al gobierno de José Antonio Griñán por la misma
razón que en 1987, cuando logró la condena del gobierno de José Rodríguez de la Borbolla y del ex alcalde
socialista Manuel del Valle por no tenerlo en cuenta en el reparto de la
publicidad institucional. motivo por el que la Junta y el Ayuntamiento de Sevilla fueron
condenados por el Tribunal Supremo.
Según datos publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, sólo durante los primeros cuatro meses de 2011, la empresa pública de Desarrollo Agrario y Pesquero (DAPSA) invirtió 1.291.361 euros en publicidad institucional, beneficiando a diez empresas diferentes del sector de la comunicación. ABC no recibió ni un solo euro de este reparto, a pesar de que la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD) viene certificando desde hace años su consolidado liderazgo en la prensa sevillana y andaluza. Concretamente, durante el pasado año ABC prácticamente dobló en difusión a su más inmediato perseguidor en Sevilla. En Andalucía logró una difusión media de 59.857 ejemplares, con una ventaja de más de 20.000 ejemplares sobre el segundo.
Ante esta persistente marginación, que vulnera las más elementales reglas del juego democrático y que sólo puede ser achacable a una discriminación ideológica, ABC denunciará en los tribunales a la Consejería de Agricultura”.
Voz Populi informaba en febrero de 2015 que “la Consejería de la Presidencia andaluza ha gastado mil millones en comunicación en los últimos cinco años, de ellos 574 bajo mandato de Susana Díaz. Esta cifra, sumada a los 165 millones de publicidad institucional de otras consejerías como Turismo, al menos 40 durante su gobierno, le brindan un férreo y amplio apoyo mediático”.
No se olvide nuestro artículo del pasado 11 de julio sobre la publicidad de la Junta de Andalucía y las millonarias cifras que manejaba y maneja.
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