Poner orden en Cataluña

Artículo de Luis Marín Sicilia

“La Oficina Antifraude de Cataluña es una institución independiente adscrita al Parlamento catalán, que tiene atribuido el control del sector público en el ámbito de la prevención y la investigación de los casos de corrupción”

“¿Desde cuándo los organismos encargados de la seguridad y la prevención del delito no pueden hablar sobre cuestiones relacionadas con los mismos? ¿Cuántas conversaciones en comisarías, juzgados y organismos de control tendrían entonces que considerarse conspiratorias? ¿Por qué se filtran trozos de la conversación y no la conversación íntegra? ¿Por qué, si tan grave es, se saca el tema dos años después en la fase final de una campaña electoral? ¿Cómo partidos constitucionalistas le hacen el juego a los separatistas?”

Daniel de Alfonso, director de la Oficina Antifraude de Cataluña, dijo ayer en el Parlamento que pretende cesarlo, que los partidos políticos desean acabar con "el único organismo que esta poniendo orden en Cataluña". El cerco a que pretenden someterlo es explicable, aunque no justificable, en los partidos separatistas pero resulta sorprendente la actitud de Ciudadanos, haciéndoles el juego, y, en menor medida, la del PSC, ya que al parecer de Diego inició hace unos tres meses una investigación sobre posible financiación ilegal de los socialistas en el Ayuntamiento de Barcelona, antes del mandato de Xavier Trías. La filtración se produce unos días después de que el PSC entre en el gobierno del Ayuntamiento que preside Ada Colau.

Lo que debe saberse es que la Oficina Antifraude de Cataluña es una institución independiente adscrita al Parlamento catalán, que tiene atribuido "el control del sector público en el ámbito de la prevención y la investigación de los casos de corrupción" según su normativa aprobada por Ley 14/2008 de 5 de Noviembre. Su artículo 5 consagra la plena independencia del Director de la Oficina Antifraude "quien no recibirá instrucciones de ninguna autoridad, sometiéndose a la Constitución, al Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico".

Es importante remarcar que la Oficina tiene por misión "cumplir el mandato de participar activamente en el diseño y la implementación de políticas de prevención de la corrupción... y contribuir a su represión mediante la coordinación con el resto de organismos tradicionales de control."

El Parlamento catalán intenta descabalgar al señor de Alfonso, alegando deslealtad, cuando lo cierto es que cumple su obligación de lucha antifraude con exquisita imparcialidad, hasta el extremo de que los seis directores de área de la Oficina, por unanimidad y en votación secreta, han pedido que siga en su cargo. A los partidos catalanes parece ser que no les gustan los organismos independientes y se buscan subterfugios que además hagan daño al PP tres días antes de las elecciones, embarrando el terreno de juego con pretendidas conspiraciones que solo anidan en su mente de proverbiales burladores de la legalidad vigente.

Una entrevista entre el Director de la Oficina y el Ministro del Interior, en base al deber de contribuir y coordinar sus actuaciones, ha sido filtrada de forma parcial, sesgada y torticera en días claves del proceso electoral, con la intención palmaria de afectar a las expectativas del partido del Gobierno... Y de paso, quitarse de en medio a un magistrado incómodo para el "oasis catalán".

Como ha dicho en sede parlamentaria el propio de Diego, entrevistas como las sostenidas con el ministro las ha tenido con todos los partidos catalanes, excepto con la CUP. La actitud por tanto de dichos partidos es farisea, hipócrita y tendenciosa, además de ilegítima, por lo que anuncia su recurso contra cualquier maniobra que pretenda su cese, ya que le quedan cinco años de gestión "para poner orden en Cataluña".

Si se tiene la paciencia de leerse el contenido de las conversaciones filtradas se observará que, más allá de expresiones más o menos acertadas, solo existe el intercambio de cuestiones relacionadas con posibles hechos delictivos o irregulares, por lo que cabe preguntarse, entre otras cuestiones, las siguientes: ¿Desde cuándo los organismos encargados de la seguridad y la prevención del delito no pueden hablar sobre cuestiones relacionadas con los mismos? ¿Cuántas conversaciones en comisarías, juzgados y organismos de control tendrían entonces que considerarse conspiratorias? ¿Por qué se filtran trozos de la conversación y no la conversación íntegra? ¿Por qué, si tan grave es, se saca el tema dos años después en la fase final de una campaña electoral? ¿Cómo partidos constitucionalistas le hacen el juego a los separatistas?

Por lo demás, no cabe duda de que la grabación origen de la filtración supone la comisión flagrante de un delito, por lo que no debe cejarse hasta dar con el culpable. Se habla de luchas internas en la cúpula policial y en las llamadas "cloacas" del Estado, lo que nos hace recordar otros tristes episodios que acaecieron con motivo de los atentados del 11-M dirigidos a provocar la caída electoral del gobierno del PP. Por suerte ahora el pretexto no ha sido un horrendo atentado terrorista, sino una conversación, sesgada intencionadamente, entre dos autoridades dentro del ámbito de sus respectivas competencias.

Quienes quieren quitarse de en medio al director de la Oficina Antifraude de Cataluña son grupos políticos y personas que se creen al margen de la ley, hasta el extremo de que el ínclito Artur Mas ha aprovechado la "fiesta" para reclamar que se archiven las querellas por el referéndum ilegal del 9 de noviembre. Con razón ha replicado el ministro Jorge Fernández, tirando de ironía, que el susodicho Mas reclamará también que se le quiten las multas. La acusación de conspiraciones derivada de la filtración de marras es solo el pretexto para la confrontación con quienes están poniendo orden en Cataluña.