La responsabilidad política cuando no hay política

Artículo de Manu Ramos

Dentro de la polvareda mediática que ha levantado siquiera unos días las novedades sobre el caso de los ERE en la Junta de Andalucía, me ha parecido interesante volver a ver la entrevista que le realizó la periodista Ana Pastor al José Antonio Griñán en mayo de 2013. Concretamente este extracto.

Básicamente se repite la misma canción, con la misma letra que no hay manera de bailar. Si bien la señora Pastor emplea su juicio moral constantemente mientras realiza las preguntas, estas afirmaciones categóricas de la periodista ponen nervioso al expresidente de la Junta de Andalucía que se irrita ante los reproches por no hacer nada ante los constantes informes que detallaban irregularidades manifiestas.
La cuestión que bordean constantemente y que es desconocida en España (y en gran parte de Europa) es la responsabilidad política que asume el que asume un cargo público. Sobre todo si se ve legitimado por un supuesto refrendo popular. La única respuesta que llega a aportar para justificar esta y el resto de actuaciones de la Junta es que era legal. Decía Lord Acton que el refugio de los cobardes en tiempos difíciles era la bandera. El de los delincuentes suele ser la ley.

Para empezar, veamos las consecuencias legales directas de no actuar ante una situación delictiva o al menos manifiestamente irregular que ha acabado en corrupción flagrante, como hemos podido comprobar. Estamos hablando de los dos máximos responsables del mini-estado de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Estas dos personas acumularon un poder, no sólo dentro de sus partidos sino en su cortijo personal tan grande que simplemente con desconocer lo que ocurría en su negociado hubiera sido su debacle. El desconocimiento del gobernante, el “enterarse por la prensa”, ya no pasa por las tragaderas del españolito medio. Pues bien, si estos dos individuos argumentan que desconocía los hechos, que a la vista está que no se han lucrado pues las vacas las asaban con leña y no con fajos de billetes, como otros. Si su actividad se ha limitado, como dicen ellos, a cumplir la ley entonces han conseguido no un lucro de dos personas sino de miles. Eso tiene un nombre: clientelismo.

Si al menos se hubieran lucrado solo ellos, el daño económico será muy leve. Pero al haber corrompido a tantos mamones del estado, el roto en las arcas públicas es mucho mayor y su responsabilidad tan grande como ese roto. Pero hablemos de la corrupción moral.

¿Qué merito tiene renunciar a la militancia del PSOE una vez los han pillado? Ya dimitió Griñán de la presidencia de la Junta el 23 de agosto de 2013 (atentos a agosto, que los mayores crímenes se comenten últimamente con ‘agosticidad’) y no pasó nada. Porque los votantes de los partidos estatales van a seguir votando a sus amos con la nariz, la boca y los orificios que puedan bien tapados. No hay valor moral en las dimisiones en España porque no hay verdadera responsabilidad política.

Dice García-Trevijano en su Teoría Pura de la República: “La responsabilidad política es cosa distinta a la penal, y no se condiciona a ella. Puede haber absolución penal y condena política. La presunción de inocencia no cabe en el proceso político que por su naturaleza es de desconfianza. La dignidad de la representación exige la suspensión de funciones del diputado sospechoso”.

Lo que mucha gente no acaba de comprender de la política regida por la democracia es que la base es la desconfianza. Si alguien es acusado de un delito con indicios graves, debe automáticamente abandonar el cargo. Pero no por ser un santo o una persona despojada sino porque es elegido por su electorado por mayoría con opción de revocar su mandato. Como en España no se da eso sino que los políticos son puestos en listas y dependen del partido, toda la parafernalia de dimisiones, declaraciones públicas y actos de contrición son falsos. Porque además saben que los más altos tribunales de justicia son políticos y en esas instancias pueden quedar absueltos, como pasa en la mayoría de los casos. Si se pregunta a cualquier español por algún caso de corrupción política con seguridad afirmará que al final la jugada caerá a favor del imputado y que aquí paz y después gloria.

El caso de los ERE de la Junta de Andalucía es tan triste como paradigmático de la política de esta partidocracia. El partido socialista de Andalucía ha sabido combinar su imagen demagógica con el clientelismo más salvaje. ¡Era el dinero de parados! Un dinero que exprimen a los trabajadores mediante impuestos cada vez más altos y servicios públicos cada vez más deficientes. Pero el refrendo constante, la falta de conciencia de los andaluces, la poca dignidad ante semejante robo y corrupción, eterniza el mal, que se convierte en endémico por no conocer las causas: no hay libertad política. Luego hay corrupción.