Artículo de Antonio Barreda
La Junta
de Andalucía aprobó conceder 117,5 millones de euros a través del Fondo de
Apoyo al Desarrollo Empresarial. Muchas de las empresas están hoy liquidadas
El Fondo
aprueba, según los datos que constan en la Cuenta General para 2014 – la última
que está publicada- casi 117,5 millones de euros en ayudas a empresas.
Analizadas una a una las empresas beneficiadas del fondo, algunas no tienen
sede social en Andalucía, otras están en liquidación en los juzgados de lo
mercantil, y en un caso, los administradores
concursales acusaban a los exgestores de desviar el dinero de la Junta para
quedárselo, según indicaron en el informe de calificación del concurso.
El Fondo
de Apoyo al Desarrollo Empresarial
Según se
indica en la Memoria del Fondo de Apoyo al Desarrollo Empresarial de la Cuenta
General de 2014, este fondo aparece en la Disposición Adicional Quinta,
apartado uno, de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010, que creó el Fondo de apoyo
al Desarrollo Empresarial, como fondo sin personalidad jurídica, destinado a
fomentar la actividad económica y potenciar el crecimiento de las empresas en
Andalucía, con una dotación presupuestaria de 204 millones de euros, fijada en
el artículo 5.1 de dicha Ley.
El Fondo
– indica la Junta - se ajusta a lo establecido en el apartado 3 del artículo 5
del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de
Andalucía (Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, BOJA núm. 53, de 18 de
marzo).
Con fecha
30 de Julio de 2010 las Consejerías de Hacienda y la de Economía, Innovación y
Ciencia suscribieron un Convenio por el cual regularon la composición,
organización y gestión del Fondo de Apoyo al Desarrollo Empresarial de acuerdo
a lo previsto en la Disposición Adicional Única de la Ley 8/2010, de 14 de
julio, de Medidas Tributarias de Reactivación Económica de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
El Fondo
no tiene la consideración de sector público a los efectos previstos en la ley
30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, por lo cual los
contratos mediante los cuales se instrumentan las operaciones aprobadas con
cargo a los fondos se someten al derecho privado, de conformidad con lo
establecido en el artículo 20 de la citada Ley 30/2007, tanto en cuanto a su
preparación, como respecto a los efectos y extinción.
Objetivos
del Fondo
El Fondo
se destinará – según la Junta de Andalucía - a proyectos empresariales viables
en dos ámbitos: el impulso emprendedor y la consolidación y expansión
empresarial. Las empresas destinatarias podrán adoptar cualquier forma
jurídica, a excepción del empresario individual, las sociedades civiles, las
comunidades de bienes. Podrán tramitarse operaciones de sociedades en
constitución, en tanto se aporte certificado en vigor de denominación social,
por el solicitante. Los destinatarios deberán tener domicilio social o contar
con centros operativos en Andalucía. Asimismo, podrán ser consideradas
destinatarias aquellas empresas que vayan a situar su domicilio social en
Andalucía o que vayan a contar con establecimiento operativo en Andalucía, en
virtud del proyecto que se financie con el Fondo. Deberán acreditar estar al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social.
También
se señala que no podrán ser destinatarias empresas en crisis y tampoco
podrán ser destinatarias empresas con domicilio social en un paraíso fiscal.
Por otro lado, los instrumentos financieros que se podrán aprobar con cargo al
Fondo podrán ser préstamos o créditos, préstamos participativos, operaciones de
capital riesgo, otorgamiento de garantías. Las operaciones que se aprueben con
cargo al Fondo se efectuarán en condiciones de mercado y tendrán carácter
reembolsable, sin que en ningún caso puedan tener la consideración de
subvenciones o ayudas públicas.
Actividad
principal del fondo
Para la
Junta de Andalucía la actividad principal del Fondo desde su creación en el año
2010 ha consistido en la concesión de préstamos o créditos, microcréditos,
préstamos participativos, operaciones de capital riesgo, toma de
participaciones minoritarias y temporales en el capital social de la empresa
destinataria de la medida con pacto de recompra o salida pactada, otorgamiento
de garantías, así como cualquier otra fórmula de financiación distinta de las
anteriores reconocida en el tráfico mercantil. Una descripción de los mismos es
la siguiente:
Préstamos
ordinarios. Los préstamos se ajustan al plan de caja del
proyecto de forma que su eficacia sea máxima, manteniendo una correlación en
sus disposiciones y en sus amortizaciones a los hitos que se marquen en el
proyecto o a las magnitudes económicas que se establezcan, exigiéndose además
la optimización de la tesorería de la empresa beneficiaria. Para ello, los
préstamos pueden establecer las cláusulas que requiera la particularidad del
proyecto, así como las garantías que puedan establecerse para el reembolso de
los fondos, con inclusión de cuentas de depósito en garantía y contratos de
financiación.
Avales. Garantías
para la obtención de préstamos de entidades financieras. Los avales pueden
intervenir
en dos modalidades de garantía: o Económicas: para garantizar el pago de
adquisiciones de equipos o de mercancía, a nivel nacional o internacional,
tanto en su fase previa garantizando el encargo, o bien financieramente,
garantizando el aplazamiento. o Técnicas: que garantizan la ejecución de los
proyectos o encargos, el correcto funcionamiento de los servicios encargados o
las instalaciones o equipos vendidos. Se descarta como objetivo, la
construcción, la refinanciación, o los avales por asuntos administrativos,
fiscales o judiciales.
Préstamos
participativos. Préstamos con deuda subordinada a todos los demás
acreedores comunes. Para poder amortizarlos anticipadamente hay que hacer una
aportación de capital social por un importe equivalente. Este tipo de incentivo
se aplica fundamentalmente a proyectos de empresas de base tecnológica. Las
pólizas que se suscriben en los casos de préstamo participativo suelen recoger
claramente, además de los aspectos más relevantes del mismo, tales como nominal
y plazo; las eventuales condiciones de retribución variables vinculadas a
resultados, evolución de ventas u otras magnitudes, que son consustanciales a
este tipo de instrumentos.
Para la Junta de Andalucía según la memoria del Fondo,
la política de inversión del Fondo responde a las siguientes consideraciones:
-
Reembolsables. Inversiones en proyectos viables que permitan su retorno en el
menor plazo posible.
-
Condiciones de mercado. Se aplican condiciones financieras de mercado. En
diferenciales y rentabilidades. El interés será determinado en base al análisis
de riesgo del solicitante, más el ajuste necesario como consecuencia de la
evaluación de las garantías aportadas. En todo caso, se establece un suelo
(tipo mínimo) calculado conforme a lo previsto en la Comunicación de la
Comisión Europea relativa a la revisión del método de fijación de los tipos de
referencia y de actualización (DO C 14, de 19 de enero de 2008, p. 6) y las
comunicaciones que determinen el tipo de base vigente en cada período para el
citado cálculo.
-
Garantías y colateralidad. En su caso, se solicitan garantías para marcar su
carácter reembolsable. Las garantías que se solicitan para cubrir la operación
podrán ser del tipo: reales (hipotecarias, prenda, pignoración), personales,
societarias y corporativas y/o aportadas por sociedades de garantía recíproca y
entidades financieras, entre otras.
-
Subsidiariedad. No se asumen inversiones que puedan ser atendidas por entidades
financieras. Se trata de suplir las deficiencias del sistema, coyunturales o de
prima de riesgo.
-
Reutilizable. Los reembolsos y desinversiones que se produzcan se aplicarán
nuevamente al fondo. Se pretenderá realizar operaciones a menor plazo para
potenciar este carácter reutilizable.
Entidad
gestora de los Fondos
La
Disposición Adicional décima de la Ley 05/2009, de 28 de diciembre, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010, en su
apartado 4 determina que la gestión del Fondo de Apoyo al Desarrollo
Empresarial correspondía a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía
(IDEA) adscrita a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
La Unidad
JEREMIE (Agencia IDEA) realiza las tareas de atención previa a los potenciales
solicitantes de operaciones a financiar por el Fondo, así como la verificación
de los requisitos formales de las solicitudes y la coordinación/gestión de las
operaciones realizadas por el Fondo.
Las
funciones de la entidad gestora son entre otras, verificar que las solicitudes
presentadas cumplen los requisitos establecidos en los convenios y en la
normativa reguladora del Fondo, determinar la viabilidad técnica, económica y
financiera de los proyectos, verificar la compatibilidad de los proyectos con
las políticas de la Consejería a las que se adscribe el Fondo, aprobar o
denegar las operaciones del Fondo con base a los criterios de valoración
establecidos.
Entidad
colaboradora
Indica la
memoria del Fondo de la Cuenta General 2014 que la normativa reguladora
establece que la entidad gestora del fondo, mediante Convenio, puede atribuir
todas o algunas de las actuaciones de gestión a una o más entidades
colaboradoras, de naturaleza pública o privada. En concreto la entidad gestora
del Fondo (IDEA) ha suscrito dos convenios.
Así, el
29 de noviembre de 2010 se firmó Convenio entre IDEA y SOPREA anual
prorrogable, y el 17 de enero de 2011 se firmó otro Convenio entre IDEA e
INVERARIA anual prorrogable.
Sigue
indicando la memoria que las entidades colaboradoras llevan a cabo las
funciones relativas a la gestión de los instrumentos financieros, así como el
seguimiento de las actuaciones empresariales financiadas con los mismos. Entre
otras funciones le corresponde: determinar la viabilidad económico-financiera
de las solicitudes presentadas; solicitar la aprobación o denegación de las
operaciones del fondo; suscribir y formalizar, en nombre propio y por cuenta de
los fondos, los contratos mediante los que se materialicen las solicitudes
aprobadas con cargo al mismo; dar cuenta a la entidad gestora de todas las
operaciones; y efectuar el control y seguimiento de las operaciones aprobadas.
Las
entidades colaboradoras al realizar las operaciones y actuaciones en nombre
propia por cuenta del fondo, no asumen ningún riesgo por el resultado de las
operaciones formalizadas. Cualesquiera que sean los resultados de las
operaciones: ganancias o pérdidas patrimoniales, ingresos y comisiones
financieras, fallidos, dotaciones contables, costes judiciales incurridos para
la recuperación o el cobro de la inversión, y en general aquellos que traigan
causa del instrumento financiero y de la representación indirecta establecida,
corresponderán al Fondo de Apoyo al Desarrollo Empresarial.
Finalmente
indica la memoria que frente a terceros, INVERCARIA y SOPREA adquirirán la
condición de accionista, socio partícipe, titular de los derechos de crédito y
avalista, según la operación que se ejecute, y responderán, con cargo al Fondo,
de los impagos de los terceros contratantes a los que avale. Todas las
amortizaciones, comisiones, realizaciones de activos y cualesquiera ingresos
que se produzcan en el desarrollo de las operaciones aprobadas y formalizadas,
una vez sean líquidas, serán abonadas en la cuenta del propio Fondo.
Cualesquiera activos que se adquieran en ejecución de las garantías de las
operaciones suscritas, corresponderán económicamente al Fondo, de forma que tan
pronto puedan realizarse y monetizarse se abonarán directamente en la cuenta
del propio Fondo.
Cuadro de
las empresas beneficiadas del Fondo
Del
análisis pormenorizado de las empresas tenemos el siguiente resultado:
Al
Andalus Grupo Empresarial para el Desarrollo Empresarial de Andalucía S.L.
Solicita
8,5 millones y se le aprueba un importe de 3 millones de euros. La empresa pasa
a llamarse según el Registro Mercantil Al Andalus Grupo de Empresas de Ocio,
Turismo y Salud S.L. con sede en Granada. La empresa tiene tres líneas de
inversiones: baños árabes (su producto estrella), restaurantes y teterías y
alojamientos con encanto. En 2014 recibieron el premio Andalucía de Turismo.
Albatros
Promotora Empresarial SA
Se le
aprobó un importe de 2,5 millones de euros. El administrador único era
Francisco Fernández Gamaza. En 2014 presentó concurso de voluntario que terminó
en abril de 2016 con la aprobación del plan de liquidación y apertura de la
sección de calificación por el juzgado mercantil nº 1 de Sevilla en el
procedimiento concursal 1222/2014.
Aparece
en la lista negra que publicó Hacienda en diciembre de 2012 como empresas
deudoras de Hacienda con 3.45 millones de euros.
Alestis
Aeroespace
El fondo
le aprueba 10 millones de euros. Empresa salvada por las continuas inyecciones
económicas de la Junta de Andalucía En Julio de 2014 se concede un préstamo
participativo de 3 millones de euros por IDEA, ampliándose el capital con la
entrada de la SEPI por un valor de 13,5 millones de euros. A partir de aquí la
Junta anunció su salida escalonada de la compañía. En la actualidad Airbus es
el principal accionista de la firma andaluza con el 61,91% del capital,
ostentando la mayoría en el consejo-; el Gobierno Central, a través de la SEPI,
cuenta con un 24,05%; y Unicaja posee el 14,04% restante.
Atarfil.
SL
Se le
aprueban 993.000 euros. Atarfil S.L. es una empresa familiar granadina creada
en 1995, propiedad íntegramente de la familia Carreras Torres. Está dedicada al
desarrollo, la producción y la comercialización de geomembranas termoplásticos,
cuya principal aplicación es la impermeabilización para protección
medioambiental, obras hidráulicas, obra pública en general y edificación.
La
empresa en 2013 nombra Administrador único a otra empresa, Rida Servicios
Corporativos S.L. Esta a su vez, según los datos del Registro Mercantil, tiene
de socio único a la empresa Recursos Industriales de Andalucía S.L. que tiene
un capital social de 3.000 euros y de Administrador único a María Victoria Carreras
Torres.
Ayesa
Corporated y sociedades dependientes
Se le
aprueban 3 millones de euros por el Fondo. La empresa comienza sus operaciones
en noviembre de 2008, con un objeto social de adquisición, transmisión,
tenencia y explotación de valores mobiliarios y participaciones sociales en
sociedades mercantiles, nacionales y extranjeras, por cuenta propia y sin
actividad de intermediación, con la finalidad de dirigir, administrar y
gestionar la participación en las mismas. Tiene de Administrador único a José
Luis Manzanares Japón.
Ayesa se hizo famosa cuando en mayo de 2011 se quedó con el 51 por ciento
del capital de Sadiel con el objetivo de constituir la primera empresa de
ingeniería española, quedándose con parte de las acciones que la Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía(IDEA) tenía en la compañía Sadiel
Tecnologías de la Información, S.A, a través de la empresa pública Soprea
valoradas en 4,64 millones de euros y suponen un 15,5% del capital total de la
compañía, Ayesa también adquirirá otro 15,5% procedente de Endesa Servicios; un
15% de la Corporación Empresarial Cajasol y la totalidad de la participación de
Indra Sistemas (5%). La empresa pasó a llamarse Ayesa Advance Technologies.
Así, el nuevo accionariado de Sadiel quedó compuesto por el Grupo Ayesa,
que se quedaba con el 51%; Agencia IDEA, 22% (a través de Soprea), Endesa
Servicios el 22%, y Corporación Empresarial Cajasol –luego la Caixa
- 5%. Hasta ahora, el capital mayoritario se repartía entre Soprea y Endesa
Servicios, con el 37,5% cada una. Esta fue la primera fase de la privatización
de Sadiel y es Ayesa la principal beneficiaria. El pasado
junio de 2015 Endesa, que poseía un 22% del capital, ha vendido este paquete a
Ayesa por 5 millones de euros, pasando así a poseer el 73% de su filial
tecnológica.
El pasado día 18 de abril de 2016, según el Boletín Oficial del Registro
Mercantil, se produjeron los ceses/dimisiones del Consejo de Administración de
Ayesa Advanced Technologies de los representantes que la Junta de Andalucía
mantenía como consejeros en la empresa, Juan De Dios Hermosín Ramos, José
Manuel Pérez Real, Isidoro Carrillo de las Heras y la Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía (IDEA).
Ayesa AT, antes Sadiel, es la empresa que manejaba el sistema integrado
JÚPITER, que llevaba la gestión financiera y económica de la Junta de
Andalucía, el SIRHUS (Sistema de información de gestión integrada de los
recursos humanos de la Junta de Andalucía), el S.U.R. (Sistema Integrado
de Recursos de la Junta de Andalucía) que se encarga de la gestión, liquidación
y recaudación de los tributos propios o cedidos. Y desde el año 2011 es la
principal responsable del programa G.I.R.O. (Sistema de Gestión Integrada de
Recursos Organizativos).
Antonio Barbadillo SA
Se le aprueban 5,3 millones de euros. Empresa presidida por Manuel
Barbadillo Eyzaguirre. Dedicada a la producción de manzanilla de Sanlúcar de
Barradema.
El 6 de mayo de 2014 saltaba la noticia que la Fiscalía Anticorrupción
pidió una fianza de responsabilidad civil de cuatro millones de euros para los
ex directivos de Antonio Barbadillo S.A. Pascual Caputto y Manuel Valdecantos.
Los dos estaban imputados en el caso de los ERE irregulares por las ayudas
recibidas por la empresa Matadero de la Sierra Morena, en la Sierra Norte de
Sevilla, de la que ambos fueron consejeros solidarios. Caputto y Valdecantos se
acogieron a su derecho a no declarar. La juez Mercedes Alaya les imputa tres
delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de
influencias.
El fiscal pidió que la empresa Antonio Barbadillo sea declarada responsable civil subsidiaria de dicha fianza, petición a la que se adhirió la acusación que ejerce la Junta. Alaya también ha imputado en la causa a Manuel Robles Castaño, igualmente representante de Antonio Barbadillo. La juez considera que los tres imputados pasaron a "dirigir" Matadero de la Sierra Morena - Caputto y Valdecantos como consejeros solidarios y Manuel Robles como presidente- después de que Antonio Barbadillo se hiciera en noviembre de 2005 con más del 70% de las acciones de esta sociedad, "entidad emblemática" del "tándem" formado por José Enrique Rosendo y José María Sayago "y la que más subvenciones había recibido de la Junta".
Según la juez, en la fecha de la compra de acciones Matadero de la Sierra Morena "había sido beneficiaria en tres años de subvenciones por importe de 6,3 millones de euros", añadiendo que "el precio pactado" por esta compra fue "formalmente" de 9,7 millones, "aunque existen indicios para deducir que la venta pudo ser por un precio inferior". "A través de la compra de la mayoría del capital social de Matadero, el grupo Barbadillo controlaría" las entidades Alimentos Tradicionales y Al Ballut, dice Alaya, que asevera que los tres imputados "utilizaron" sus "influencias" en la Consejería de Empleo "a través de su titular Antonio Fernández o incluso en instancias superiores" para conseguir en marzo de 2008 una subvención de 1,1 millones de euros "pese a la reiteración de ayudas de la Junta a esta empresa y las continuas pérdidas".
El fiscal pidió que la empresa Antonio Barbadillo sea declarada responsable civil subsidiaria de dicha fianza, petición a la que se adhirió la acusación que ejerce la Junta. Alaya también ha imputado en la causa a Manuel Robles Castaño, igualmente representante de Antonio Barbadillo. La juez considera que los tres imputados pasaron a "dirigir" Matadero de la Sierra Morena - Caputto y Valdecantos como consejeros solidarios y Manuel Robles como presidente- después de que Antonio Barbadillo se hiciera en noviembre de 2005 con más del 70% de las acciones de esta sociedad, "entidad emblemática" del "tándem" formado por José Enrique Rosendo y José María Sayago "y la que más subvenciones había recibido de la Junta".
Según la juez, en la fecha de la compra de acciones Matadero de la Sierra Morena "había sido beneficiaria en tres años de subvenciones por importe de 6,3 millones de euros", añadiendo que "el precio pactado" por esta compra fue "formalmente" de 9,7 millones, "aunque existen indicios para deducir que la venta pudo ser por un precio inferior". "A través de la compra de la mayoría del capital social de Matadero, el grupo Barbadillo controlaría" las entidades Alimentos Tradicionales y Al Ballut, dice Alaya, que asevera que los tres imputados "utilizaron" sus "influencias" en la Consejería de Empleo "a través de su titular Antonio Fernández o incluso en instancias superiores" para conseguir en marzo de 2008 una subvención de 1,1 millones de euros "pese a la reiteración de ayudas de la Junta a esta empresa y las continuas pérdidas".
El pasado mes de abril de 2016, se conocía que Bodegas
Barbadillo había puesto fin, tras una década, a su aventura en el sector del
cerdo ibérico con la que trató de emular a su gran referente, y competidor,
Osborne (que controla Sánchez Romero Carvajal y su marca 5J). La compañía de
Sanlúcar de Barrameda ha firmado un acuerdo con el grupo cárnico canario
Montesano para venderle la marca Sierra de Sevilla y alquilarle por cinco años,
con opción a compra, el secadero Matadero de Sierra Morena (MSM), ubicado en El
Pedroso (Sevilla).
La filial
cárnica, que estaba prácticamente paralizada desde 2013, le ha generado al
grupo que produce la manzanilla Solear unas pérdidas de 16 millones de euros
después de invertir en esta aventura 22 millones de euros.
Bertín Osborne Alimentación
El Fondo le aprueba 495.000 euros. La empresa nace en 2009 como una
sociedad compuesta al 50% por Bodegas del Conde de Donadío, propiedad de Bertín
Osborne, y Olomasía, razón social de ‘La Masía, del Grupo Ybarra. Desde 2011 la empresa tiene de administrador único Norberto
Ortiz Osborne, más conocido como Bertín Oborne.
El primer
lanzamiento fue “Gazpacho de la Huerta de Bertín”. Al gazpacho siguieron los
aceites de “El Molino” y “La Almazara de Bertín” además de una línea de caldos
de cocina con la marca “La Despensa de Bertín”. Todos los productos lucen en su
etiqueta el rostro del presentador, que proporciona la imagen de marca.
Parte de
los beneficios se destinan a la Fundación Bertín Osborne, con el objetivo
de abrir un centro de rehabilitación de niños de hasta tres años con
minusvalías cerebrales y neurológicas, una iniciativa que surgió tras los
problemas de salud que sufrió su hijo Norberto Kike. La fundación da ayuda y
apoyo a otras familias de menores afectados por este tipo de problemas.
Cactus
Soluciones energéticas
El fondo
le aprueba 300.000 euros. La empresa tuvo hasta agosto de 2014 como presidente
de la misma, según los datos del registro mercantil, al Grupo Chavsa Sociedad
Limitada, y cesa como consejera de Cactus en octubre de 2014. A partir de ahí
la presidencia pasa a Juan Carlos Cuadrado Corrales. En octubre de 2015 la
misma recae sobre Adolfo Borrero Villalón. Este último fue presidente de la
Comisión de Nuevas Tecnologías de la Confederación de Empresas de Andalucía de
2010 a 2014. También ha sido consejero delegado de
Telvent Interactiva y, hasta el pasado año, director de Relaciones
Institucionales de Schneider Electric (la empresa que absorbió a Telvent en
2011). Muy unido al movimiento asociativo del sector TIC, Borrero ha sido presidente
de Eticom, la patronal andaluza de empresas tecnológicas.
El grupo
Chavsa aparece en el caso de las supuestas facturas falsas de UGT, en el punto
de los “botes” de proveedores, en dicha operación
se detuvo al dueño de Chavsa, Simón Chávarri. Según la UCO de la guardia civil,
el Departamento de Compras ingenió en 2006
los denominados «botes». Los proveedores emitían facturas al sindicato por
servicios o compras que no habían realizado o bien engordaban su importe. El
bote se generaba con la diferencia entre lo facturado y lo servido. El bote
creció “de forma espectacular”, según reconoció el contable de UGT-A Francisco
Mateos Aparicio, y así lo pudo comprobar la UCO en sus registros ya que llegó a
encontrarse con uno de 345.000 euros cuando entró en la empresa Chavsa. Según
fuentes judiciales, el bote fluctuaba (el dinero entraba y salía)
y aún está por cuantificar cuánto dinero llegó a ingresar UGT por esa vía. Los
proveedores con los que se fijaron distintas vías de financiación alternativa
son Chavsa, Lienzo Gráfico, Publicar, Siosa, Imprenta Pineda, Viajes Macarena,
Karonte o Carpetas Abadías, cuyos administradores fueron detenidos en la
segunda fase de la operación «Cirene».
Como corroboraron los propios trabajadores del departamento de
Administración de UGT-A, aquellos proveedores que quisiesen contratar con el
sindicato “debían aceptar realizar unos descuentos que oscilaban entre el 3% y
el 20%”. “Toda” la ejecutiva regional conocía la existencia de este “canon
revolucionario”, según confesó el exsecretario de Formación y Cultura de UGT-A
Germán Damián Domínguez. Con cada proveedor se pactaba un porcentaje diferente
y, según este acuerdo, de manera periódica lo liquidaban al sindicato “bien mediante
transferencia, bien por talón bancario”, revela la Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia Civil. De este modo, la central que dirigió Manuel
Pastrana) se lucraba con las subvenciones, a las que se imputaba el cien por
cien de las facturas. El descuento que se aplicaba no se comunicaba nunca a la
Junta, lo que convierte los rápeles en “mordidas”.
Campos de Córdoba
Se le aprueba 1,08 millones de euros del Fondo. Tiene como presidente a
Francisco Muñoz Ariza (de Bodegas Campos). Entre sus consejeros está el Grupo
de Empresas Cajasur S.A. (ahora en manos de La Kutxa). Entre otros, la empresa
gestiona la Escuela de Hostelería de Córdoba, que es el
resultado de un proyecto entre el Ayuntamiento de Córdoba, la Asociación de
Hostelería de Córdoba (Hostecor) y los sindicatos UGT y CC.OO. Se inauguró
formalmente en septiembre de 2004.
El
periódico ABC señala que en septiembre de 2013 Bodegas Campos emprende una
nueva etapa en su dirección general tras la salida de Javier Campos y el
fichaje por la sociedad de Joaquín Guallarte Beltrán. La sociedad inicia dos
líneas de crecimiento en ciernes para Bodegas Campos. Por un lado, el modelo de
Pick & Stay que surgió en el propio restaurante de la calle Lineros
(fórmula de picoteo de calidad y copas). Su implantación en Sevilla hace unos
meses se ha convertido en un éxito que va a ser exportable por la vía de
franquicias en otras ciudades.
De otra
parte, y según Guallarte, el aumento de la producción en el centro de
tecnificación y elaboración de Las Quemadas con el objetivo de expandir la
línea de cátering de la firma en alianza con socios locales. Esta fórmula ya se
ha puesto en marcha en Jerez de la Frontera (como socio, González Byass con
Cátering Buganvilla), Málaga y en breves fechas se cerrará un acuerdo con otro
aliado en Granada para exportar uno de los valores más señeros de Bodegas
Campos. “Para que pueda haber un gran evento de Bodegas Campos en cualquier
punto con socios locales”, apostilló el nuevo director general, que estuvo
acompañado por Muñoz Ariza; el responsable de Conservación de la empresa, José
Campos, y el presidente de la fundación, Javier Martín.
Centro
Diagnóstico Granada
El fondo
le aprueba 1,2 millones de euros. Según el registro mercantil en marzo de 2016
tiene como presidente a Fernando Machado Quintana.
Según se
indica en su web es una empresa familiar fundada en 1988 por el Dr.
Fernando Machado Quintana como un pionero del Centro de Detección Precoz
de Cáncer de Mama. Casi veinticinco años después, esta empresa cuenta con tres
centros en Granada capital y uno en Motril. En el presente, contamos con puntos
de servicio en otras comunidades, como el País Vasco, Navarra y otros puntos de
Andalucía. De este modo, llevamos la más alta tecnología vigente en ambos
sectores allá donde nos sea solicitada, en cualquier punto de España.
Indica la
web que cuenta con una plantilla de más de 80 profesionales comprometidos,
entre médicos especialistas en radiodiagnóstico, anatomía patológica,
bioquímica clínica, microbiología, patología mamaria y medicina nuclear,
licenciados en enfermería, farmacia y todo el personal especialista
correspondiente al servicio integral.
Este
apoyo empresarial contradice en discurso de la Junta de Andalucía respecto a la
defensa de la sanidad pública.
Compañía Meridional de Inversiones e Inmuebles SL
El Fondo
le aprueba 9 millones. Con sede en Córdoba, constituida en diciembre de 2007
teniendo como socio único a la Compañía Meridional de Inversiones S.A. (también
inmersa en un plan de liquidación en el juzgado nº 1 de la mercantil de
Córdoba) y como objeto social la promoción de la
construcción de inmuebles, así como la compraventa, explotación, enajenación y
arrendamiento de bienes inmuebles,
según los datos del Registro Mercantil.
En enero
de 2014 la empresa anota en el registro mercantil el proceso de liquidación de
la misma. Por el procedimiento concursal 368/2011 firme de fecha 9 de mayo de
2013 donde se acuerda la intervención o suspensión de las facultades de
administración de la empresa. En enero de 2014 se cesa a los cargos de la
empresa, entre ellos su presidente Javier Sánchez-Ramade Moreno, y se inscribe
que el procedimiento concursal es firme y se decreta la apertura de liquidación
de la empresa.
Por otro lado, indicar que el Grupo Sánchez-Ramade era un grupo con
actividad en cinematografía, construcción y promoción inmobiliaria, automoción,
informática y financiero, y de Urende S.L., una compañía del Grupo dedicada a
la distribución de electrodomésticos, electrónica e informática de consumo.
En junio de 2013 Mercedes Alaya imputó a seis empresarios en el caso
Mercasevilla entre los que destacaban tres cordobeses: el presidente del
consejo de administración de Prasa, José Romero González, y el propietario y el
apoderado de Edamar (absorbida por Noriega), Martín Eugenio Sánchez-Ramade
Moreno y Vicente Sánchez-Ramade Carrascosa. Junto a ellos imputaron al
presidente de Realia, Ignacio Bayón y la presidenta de Azucarera Larios,
Barbara Gutiérrez-Maturana Kalachnikoff. También en esta nueva remesa de
imputados estaba imputado el hermano de la Ministra de Empleo y no el padre,
fallecido hace diez años.
Estos empresarios fueron imputados por, presuntamente, haber presentado
ofertas falsas en la adjudicación de unos suelos propiedad de Mercasevilla en
un concurso convocado por el Ayuntamiento de la capital andaluza. Según
sospechaba la juez Mercedes Alaya, apoyada en las indagaciones de la Guardia
Civil, el concurso ya estaba adjudicado a la empresa Sanma y todas estas
empresas lo sabían. Según la juez, la oferta de Sando no era la más
ventajosa para las arcas municipales de todas las que pretendían hacerse con el
suelo de Mercasevilla. La juez sostenía que estas empresas no incluyeron en sus
propuestas ni oferta técnica ni social, de forma deliberada, para no resultar
adjudicatarias.
En octubre de 2013 la juez Alaya archivaba la causa contra los
empresarios anteriores imputados por los suelos de Mercasevilla al entender que
habían prescrito los tres delitos que se les imputaban.
En septiembre de 2015 saltaba la noticia de que la unidad de delitos financieros de la Policía Nacional investigaba las ayudas concedidas a Urende, la empresa de venta de electrodoméstricos y electrónica ya desaparecida, que recibió auxilio financiero de Invercaria, la empresa de capital riesgo, con cargo al fondo Jeremie, dinero europeo que controla la Junta de Andalucía. Urende tenía de administrador único desde abril de 2009 a Javier Sánchez-Ramade Moreno antes de entrar en liquidación.
Los investigadores policiales han realizado un informe en el que incluyen a Urende entre las empresas que recibieron dinero de forma irregular de estas partidas. En concreto, a partir de los años 2008 y 2009 el Consejo de Gobierno de la Junta intentó salvar a Urende, que entró por primera vez en números rojos, con un crédito de doce millones de euros.
Prácticamente desde su concesión, aparecieron informaciones periodísiticas que alertaban de que Urende no se encuadraba en los dos criterios establecidos para recibir dinero de Jeremie, un fondo creado para consolidar la estructura financiera o para empresas de alto potencial de crecimiento. Aún así, el Gobierno de Griñán apostó por financiar a Urende cuando ya se sabía que era una empresa con graves problemas encuadrada en el Grupo Sánchez-Ramade, la segunda empresa por facturación tras Abengoa.
El informe de la Policía advierte de que el dinero se concedió a pesar de que Urende no era una pyme y estaba cerrando centros (al menos, cinco cuando se concedieron las ayudas). El fondo Jeremie lo paga la UE en un 70 por ciento.
El mes siguiente, en octubre de 2015, el Juzgado nº 5 de Instrucción de Sevilla abrió diligencias de investigación sobre los fondos Jeremie, de los que 12 millones afectan a la ayuda que percibió Urende.
Core & Golbal Solution
Recibe 565.000 euros del fondo. Desde marzo 2015 pasa a denominarse Myfixpert S.L. Tiene de Administrador único a Emprepolis S.L. quien a su vez tiene de administrador único a Alejandro Costa Jiménez.
Myfixpert
es la primera web especializada en la reparación de dispositivos tecnológicos,
como ordenadores, tablets, móviles o videoconsolas, sin que el usuario tenga
que salir de casa. Accediendo a Myfixpert, el cliente puede publicar sus
averías y recibir, de forma casi inmediata, presupuestos de técnicos cercanos a
su domicilio.
Así, los
usuarios pueden comparar precios sin salir de casa y decidir qué técnico es el
más apropiado para arreglar su dispositivo de acuerdo a sus necesidades. El
sistema en forma de pujas ofrece incluso la reparación de los aparatos
tecnológicos a domicilio. Además, los clientes pueden leer la opinión de otros
usuarios mediante el sistema de valoraciones de Myfixpert, donde los clientes
puntúan y posicionan la labor de los técnicos.
Cosentino
Se le aprueba 15
millones de euros. Es una empresa familiar de Almería con marcas pioneras y
líderes en sus respectivos segmentos tales como Silestone®, Dekton® o Sensa by
Cosentino®. Superficies tecnológicamente avanzadas que permiten crear ambientes
y diseños únicos para el hogar y los espacios públicos.
En la actualidad,
Grupo Consentino distribuye sus productos y marcas en más de 80 países, y
gestiona de forma directa, desde su sede de Almería, instalaciones propias en
más de 20 de ellos.
Detea Corporación
Se le aprueba 4 millones. Empresa
en liquidación. Mediante procedimiento concursal 713/2012 de fecha 16/06/2012
se acuerda la suspensión de facultades de administración y disposición del
concursado por el juzgado nº1 de lo mercantil de Sevilla. En fecha julio 2014
se hace firme el auto de aprobación del plan de liquidación. En agosto de 2015
se dicta resolución con sentencia de calificación de concurso fortuito por el
juzgado.
Según
indicó Detea en una nota el 24 de mayo de 2012, "la caída drástica de la
facturación en 2011, la inesperada falta de ingresos en el último semestre y la
paralización de las licitaciones de obras han imposibilitado continuar
normalmente con la actividad", teniendo como efecto que la deuda acumulada
por impago de clientes de la constructora se sitúe "cercana a los 40 millones
de euros".
La empresa andaluza precisó que esta situación "ha supuesto una necesidad de financiación adicional sobrevenida que finalmente no ha podido ser refinanciada por las entidades financieras, por lo que Detea se ha visto obligada a presentar solicitud de concurso".
La empresa andaluza precisó que esta situación "ha supuesto una necesidad de financiación adicional sobrevenida que finalmente no ha podido ser refinanciada por las entidades financieras, por lo que Detea se ha visto obligada a presentar solicitud de concurso".
Tan solo un mes antes dentro de las medidas se realizó un ERE para la mitad de la plantilla, con lo que 120 personas resultaron afectadas. Al cierre de 2011, su facturación descendió a 57 millones desde los 75,9 de 2010.
El principal acreedor era la Junta de Andalucía, a través de la sociedad
Soprea (adscrita Agencia IDEA), que le concedió un préstamo participativo a
largo plazo por valor de 3,15 millones de euros.
Elimco
soluciones integrales
Se le
aprueban 4 millones del fondo. Es la matriz de un holding del que cuelgan 11
sociedades. El 31 de julio de 2015 entra en concurso voluntario de acreedores
en el juzgado mercantil nº 2 de Sevilla.
El diario
ABC informó que en febrero de este año presentó un ERE por causas económicas y
productivas para 99 trabajadores, la inmensa mayoría de la plantilla de la
sociedad matriz.
Elimco es
una compañía participada por la Junta de Andalucía que posee desde 2012 el 25%
de las acciones a través de la empresa instrumental Soprea (Sociedad para la Promoción
y Reconversión Económica de Andalucía) que capitalizó un préstamo de 5 millones
de euros cuando empezó a tener dificultades económicas.
Elimco ha sido una empresa “mimada” por la Junta
de Andalucía, ya que ha recibido 8,8 millones de euros en ayudas públicas
desde 2003. De ellos, unos 3,7 millones proceden de diversos incentivos a fondo
perdido.
Federico Joly y Compañía
Se le aprueban 2,98 millones del fondo. Cabecera
del Diario de Cádiz, Diario de Sevilla y otros.
El grupo Andalucía Información publicó el 24 de
octubre de 2013 que el fondo de reptiles de Guerrero financió un ERE del grupo
Joly. El exdirector general de Trabajo de la Junta de
Andalucía, Francisco Javier Guerrero, otorgó al menos 7,5 millones de euros a
la agrupación de trabajadores afectados por un ERE del Grupo Joly y sacó el
dinero de la partida 31L,
Sigue indicando que Guerrero
escribió una carta al presidente del grupo periodístico, José Joly, en que daba
implícitamente su aprobación al ERE que debía incluir a un colectivo de entre
30 y 35 trabajadores mayores de 52 años, ya que garantizaba la concesión de
ayudas sociales a los mismos, que así salieron de forma pacífica de la empresa
y permitiendo importantes ahorros económicos al editor de Diario de Cádiz y
Diario de Sevilla, entre otros medios.
El medio indica que según la carta de Guerrero a José Joly, a la que ha
tenido acceso Viva, el entonces director general de Trabajo de la Junta de
Andalucía expresó por escrito su “compromiso de apoyo al plan de
racionalización y modernización” del referido Grupo empresarial y estimó que el
importe de las ayudas sociales a los trabajadores que salieran como
consecuencia de un ERE se situaría en el entorno de entre 6.500.000 euros y
7.000.000. El dinero acabaría saliendo de la partida 31L, conocida como “fondo
de reptiles”, y sirvió para conseguir la paz social en el seno del Grupo Joly
mediante la misma fórmula utilizada en otros EREs, como el de los mineros de la
Faja Pirítica de Huelva, de financiar una póliza de seguro a la agrupación
sociolaboral que debían constituir los trabajadores despedidos.
Estos, conforme a la práctica establecida, constituyeron la denominada
“Asociación Trabajadores de la Prensa de Cádiz”, con CIF G-11831039 y domicilio
social en la calle Francia del Polígono El Trocadero de Puerto Real, que
coincide con el de Industrias Gráficas Gaditanas (Ingrasa), del Grupo Joly.
El proceso negociador con la plantilla se inició formalmente en enero de
2004, se llegó a un acuerdo preliminar en mayo y se suscribió el definitivo el
26 de octubre de ese mismo año para extinguir el contrato de 36 trabajadores,
acuerdo del que se dio traslado por parte del Grupo Joly el día siguiente a la
Delegación Provincial de Empleo en Cádiz, para su correspondiente aprobación.
El mismo día 26 de octubre el entonces director general de Trabajo y el
representante de los trabajadores que iban a ser despedidos, agrupados ya en la
“Asociación de Trabajadores de la Prensa de Cádiz”, firmaron en Sevilla un
Protocolo de Colaboración. En virtud del mismo, la Junta de Andalucía se
comprometía a abonar a través de la asociación -para la contratación por ésta
en calidad de tomador- una póliza de seguro colectivo de vida modalidad de
rentas (se acabaría suscribiendo con Seguros La Estrella) y a beneficio de los
36 despedidos, por valor de 7.597.247,65 euros, a pagar en los siguientes
plazos:
-30 de abril de 2005: 2.500.000 euros.
-30 de abril de 2006: 2.500.000 euros.
-30 de abril de 2007: el resto (teóricamente, 2.597.247,65 euros).
En el Protocolo firmado por ambas partes se especifica claramente que la
cuantía se financiará con cargo a la partida presupuestaria
01.13.00.01.00.440.51.031L, conocida luego como “el fondo de reptiles”, tras
estallar el escándalo de los EREs que investiga la jueza Alaya.
Al día siguiente el mismo diario Andalucía Información publicó que el
primer plazo del ERE de Joly salió de la Franja Pirítica. Indica el periódico
que el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de
Andalucía, Francisco Javier Guerrero, uno de los principales implicados en la
trama de los ERE financiados con cargo al denominado “fondo de reptiles” y que
investigaba la jueza Alaya, dio orden a Seguros La Estrella para que quitara
300.000 euros a los mineros de la Faja Pirítica de Huelva y los transfiriera a
beneficio de los trabajadores incluidos en el ERE del Grupo Joly.
El 20 de diciembre de 2004, el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA)
envió a Seguros La Estrella tres millones de euros en “ayudas sociolaborales”
para los mineros de la Faja Pirítica de Huelva. Sin embargo, tan sólo una
semana después Francisco Javier Guerrero pidió a la aseguradora que retirara de
esa cantidad 300.000 euros, la décima parte, y los transfiriera a los
trabajadores despedidos en el ERE del Grupo Joly, los cuales, para cobrar el
dinero de la póliza, habían tenido que agruparse en la “Asociación de
Trabajadores de la Prensa de Cádiz”.
De la carta a Seguros La Estrella, sigue indicando el diario, se colige que
Guerrero se había quedado a finales de 2004 sin fondos para cumplir el pacto
previamente acordado con la Dirección del Grupo Joly y los 36 trabajadores que
iban a ser despedidos mediante un ERE, por lo que tuvo que ordenar el trasvase
desde la póliza de los mineros de Huelva, confiado en que con la
“adaptación” de los Presupuestos de la Dirección General en el ejercicio
siguiente de 2005 podría cubrir el “agujero” causado a la Asociación de la Faja
Pirítica. Recientemente, los mineros han echado en falta unos 600.000 euros en
su cuenta, aunque de momento no se ha determinado el origen de esa presunta
“fuga”.
Fitonovo
El Fondo le aprueba 500.000 euros. La empresa entró en concurso por el
procedimiento concursal 272/2015 en el año 2014. En diciembre de 2015, según
los dato del Registro Mercantil, se aprobó por el juzgado mercantil nº 1 de
Sevilla la aprobación del plan de liquidación de la empresa.
Este mismo año se inició una comisión de investigación en el Ayuntamiento
de Sevilla sobre el Caso Fitonovo. Un caso que investiga la Audiencia Nacional
derivado del Caso Madeja.
Como cuenta El Mundo el origen del caso Fitonovo, que actualmente cuenta
con 95 imputados de administraciones públicas de 14 provincias distintas,
está, una vez más, en la famosa grabación de Mercasevilla. La investigación
llevada a cabo por la juez Mercedes Alaya tras aquel soborno
de los directores de la lonja a los empresarios del grupo La Raza le permitió
descubrir que el concurso para vender los suelos del mercado en
2006 podría haber sido amañado, ya que la empresa ganadora había ingresado
importantes donaciones a la Fundación Mercasevilla. Sus pesquisas le
permitieron descubrir que el responsable de Vía Pública en el Ayuntamiento era
también miembro de la comisión ejecutiva del Merca y principal responsable de
la elaboración del pliego de condiciones de aquel concurso. Se trataba
del asesor de Alfredo Sánchez Monteseirín que ya había sido
implicado en el escándalo de las facturas de la asociación Unidad, Domingo
Enrique Castaño. Al final de la instrucción de esta rama del caso, en la
que se descubrió que Castaño había sido contratado tras su paso por el
Ayuntamiento por una filial de la promotora que había ganado el concurso, Alaya
ordenó a la Guardia Civil que analizara el patrimonio de este socialista porque
sospechaba de un posible “enriquecimiento ilícito”. Y al tirar de
ese hilo apareció una empresa que ya había estado varias veces señalada por la
polémica, pero que hasta entonces no tenía nada que ver con las investigaciones
judiciales que se estaban llevando a cabo. Lo único que se sabía de Fitonovo
es que había incrementado sustancialmente sus contrataciones con el
Ayuntamiento en los últimos años y que su dueño, Rafael
González, era socio de una caseta en la feria junto con
varios concejales socialistas de la era Monteseirín. Pero la Guardia Civil
descubrió que le había regalado un Audi A4 a Castaño y le
había hecho las reformas de sus casas. Con estos datos, el caso tuvo un efecto
dominó.
Sigue informando El Mundo que la UCO hizo un registro en la empresa y
descubrió una contabilidad paralela en la que se anotaban los pagos que
se hacían a los cargos públicos para obtener contratos de la administración.
Ahí estaba todo. El hombre de confianza del empresario y de su hijo, José
Antonio González, heredero del negocio, Ángel Manuel Macedo Gajete,
tenía entre sus cometidos llevar al día esa contabilidad. Había hecho tan bien
su trabajo, que los agentes sólo tuvieron que ir comprobando uno a uno los
ingresos de los supuestos beneficiarios. El propio empresario confesó que había
dado dinero en un sobre para el partido a Castaño y que había utilizado una
empresa pantalla para facturar unas obras en la sede del PSOE de la
Macarena. Más tarde, en los documentos, aparecieron nuevos pagos con la
inscripción «Maera», un restaurante de Triana en el que los empresarios se
habían reunido con Castaño y con el entonces concejal socialista Manuel
Gómez Lobo para hacer supuestamente otras entregas. A cambio, Fitonovo
recibía adjudicaciones sin parar por parte de Urbanismo y de todos los distritos
para arreglar parques y montar juegos infantiles.
La misma operativa se llevó a cabo con IU. Un asesor de Antonio
Rodrigo Torrijos, Antonio Miguel Ruiz Carmona, consta en la documentación
como receptor de 70.000 euros en una caja de zapatos a cambio
de la adjudicación de las obras de varios campos de césped y de otros 85.000
euros por la construcción del pabellón de Ifni. Por este motivo fueron
imputados tanto el presunto cobrador como el propio Torrijos y su
compañero José Manuel García, delegado de Deportes. La operación de
Alaya y la UCO, en la que se habían intervenido teléfonos de distintos cargos
públicos y de los empresarios, fue esclarecedora. Y también sirvió para evitar
otro posible «acuerdo» de adjudicación, en este caso por parte del director de
Medio Ambiente nombrado por el PP, Joaquín Peña, a un empresario
afín. A él también se le pinchó el teléfono, ya que el gobierno popular había
adjudicado a Fitonovo uno de los paquetes del macrocontrato para la
conservación de las zonas verdes de la ciudad que había sacado a licitación.
Sin embargo, su imputación no se produjo por este asunto, sino por una
conversación telefónica con otro empresario en la que supuestamente le
aseguraba otro concurso.
Quienes sí cayeron como consecuencia de esta adjudicación del PP fueron el
jefe de servicio de Parques y Jardines, Francisco Amores, y el
responsable de mantenimiento del Parque de María Luisa, Francisco Luis
Huertas. Los dos funcionarios llevaban años percibiendo mordidas por parte
de los empresarios para que, según el sumario, se decantaran a favor de sus
ofertas en los informes de valoración técnica de los concursos. El «modus
operandi», que se practicó durante años en el Ayuntamiento de Sevilla, se
extendió rápidamente. Rafael González, su hijo José Antonio y su yerno, Juan
Andrés Bruguera, habían montado una estructura para el pago de
comisiones ilegales que le había permitido lograr numerosos contratos
de la Diputación de Sevilla, Adif y otros ayuntamientos y
diputaciones repartidos por toda España. Un sistema que le había permitido
pasar de tener unos beneficios de cien mil euros en 2005 a 36 millones en 2011,
año en el que el hilo de Mercasevilla llegó hasta su madeja, de la que todavía
quedan muchos nudos por deshacer.
Flor de la Pasión SL
Se le aprueban 348.000 euros del fondo. Según los datos del Registro
Mercantil, la empresa en abril de 2003 la empresa adquiere el carácter laboral
pasándose a denominar Flor de la Pasión S.L.L.
El 10 de octubre de 2006 se inscribe otro acto en el que la empresa pierde
el carácter laboral pasándose a denominar Flor de la Pasión S.L. Teniendo de
Administrador único a Luis Segarra Moreno, maestro pastelero de talla
internacional.
Según su web es una empresa que elabora y comercializa Pastelería y
Heladería. Su obrador comenzó a funcionar hace 18 años con tres trabajadores y
con el objetivo de proveer de pasteles de calidad a los restaurantes de
Sevilla. Hoy día, ‘Flor de la pasión’, la empresa de pastelería que creó
Luis Segarra, produce millón y medio de unidades al año, está presente en los
salones de los hoteles Hilton y Sheraton, entre otros, y ha exportado a uno de los mercados más codiciados: el de
los Emiratos Árabes. Y todo ello, desde Dos Hermanas, en Sevilla.
Fradir Inversiones SL
El fondo le aprueba 6 millones de euros. Según los datos del Registro
Mercantil, Fradir Inversiones S.L. fue constituida en julio de 2003 con el
objeto social del transporte de enfermos en ambulancias y otros vehículos de
asistencia sanitaria, teniendo como socio único a Nafpatkos S.L. y de
administrador único a Diego Prieto Martagón. En abril de 2013 la sociedad se
transforma de S.L. a S.A. Desde 2008 tiene como Consejero Delegado a Nafpatkos
S.L., empresa que tiene de administrador único a Diego Prieto Martagón. En 2013
entran de consejeros Ángel González Bravo, Jaume Aubia Morimon y Manuel Gomez
Romera. Y cesa de consejera Ahorro Corporación Desarrollo SGERCR.
Un Ángel González Bravo aparece como director y consejero de Alta Capital,
de la que luego hablaremos. Por su parte, un Jaime Aubia Morimon fue alto cargo
del gobierno de Aznar, ocupando una dirección general del Ministerio de
Sanidad.
La empresa Fradir Inversiones aparece ya en un documento de la Agencia Idea llamado Crea Bussines Idea, donde se indica que el Fondo de Capital Riesgo Andalucía Capital Desarrollo FCR es el segundo fondo de capital riesgo promovido por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. Constituido en diciembre de 2003 con un patrimonio de 36 millones de euros, está participado por el Fondo Europeo de Inversiones, la Agencia IDEA, las Cajas de Ahorros andaluzas Cajasur, El Monte, Caja San Fernando, Caja Granada y Unicaja, y las entidades Cajamar y Ahorro Corporación. Con esta última adquisición queda completado el ciclo de inversiones del fondo, que incluye: Postres Montero, Harlequín Nature Graphics, Fradir Inversiones, Bodegas Williams & Humbert, Balneario de Lanjarón, CC La Rambla de Almería, Axesor y Omega Seguridad.
En la memoria 2004 de la Agencia Idea se indica, por su
parte, que Andalucía Capital Desarrollo se incorporó al capital social de la
empresa Fradir S.L. mediante la suscripción de una ampliación con la aportación
de 3 millones de euros; esta cantidad le ha proporcionado el 35% del capital de
la empresa; Fradir S.L. es una sociedad que presta servicios de transporte
sanitario programado, urgente y de enfermos críticos que cuenta con 200
ambulancias y 360 empleados; tras la ampliación de capital, se ha convertido en
la empresa líder en su actividad en toda España.
La web de
AC Desarrollo, que es la Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo del
Grupo Ahorro Corporación, indica que el Fondo Andalucía Capital Desarrollo
realizó una desinversión en 2008 en Fradir Inversiones.
Por otro
lado, un Diego Prieto Martagón aparece como consejero, desde octubre de 2013
según consta en el Registro Mercantil, en Alta Capital Desarrollo SGECR S.A..
Esta última, Alta Capital, adopta ese nombre en Julio de 2014, siendo antes
Alter Capital Desarrollo SGECR S.A. Esta es una de las tres gestoras privadas
que la Agencia Idea contrató en 2013 como intermediarias financieras para
gestionar los fondos de capital riesgo al amparo de la iniciativa comunitaria
JEREMIE, y que gestiona el Fondo Al Andalus Capital FCR, un fondo con 9
millones de euros de los que 6,25 millones son aportación de los Jeremie.
En enero
de 2016 el mundo publicó que la Fiscalía de Sevilla
había recibido una denuncia para que investigue el acuerdo de financiación
entre la empresa sevillana Merkamueble Europa SA y el Fondo Jeremie ( a través de Al Andalus Capital, gestionado
por Alta Capital ) pese a estar la compañía
“en una situación de crisis”, lo que le impediría acceder a esta línea de
inversión semipública. Al día siguiente la Junta, a través del Consejero
Sánchez Maldonado, paralizó la operación.
En Alta Capital aparece hasta 2013 como consejero Sergio Alsina Jiménez,
que incluso fue consejero delegado de la misma hasta agosto de 2010, según
consta en los datos del Registro Mercantil. Implicado en el Caso ITV de
Cataluña. En prensa saltó la noticia en marzo de 2013, como recoge La Razón y
otros medios, que Sergi Alsina, responsable máximo de Alta Partners (desde
julio 2014 Alta Capital), además de amigo y compañero de estudios en el IESE de
Oriol Pujol, fue detenido el pasado marzo de 2013 junto a otras cuatro personas
por su relación con una presunta trama de concesiones de ITV en Cataluña, en la
que, según varios informes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), era el
hombre encargado de “coordinar y organizar la actuación de todos los
investigados en la trama” y “especialmente era el hombre encargado de
proporcionar los contactos políticos necesarios”, contacto que básicamente se
concretaba en la figura del secretario general de Convergencia Democrática de
Cataluña (CDC).
Hace tan solo unos días, el 2 de junio pasado, Libertad Digital publicó que
la Fiscalía Anticorrupción ha concluido que Oriol Pujol, gracias a su condición de diputado por Convergencia y Unión en el
Parlamento catalán, utilizó su influencia política para favorecer a empresarios
del sector de las ITV. También ha dictaminado que el hijo del expresidente
cobró comisiones por esos beneficios de uno de ellos, amigo personal, que
camufló los pagos con falsos conceptos como trabajos de asesoría de la mujer
del político que jamás se produjeron.
La acusación pública pide cinco años y dos meses de cárcel y una multa de
310.000 euros para Oriol Pujol por los delitos de tráfico de influencias,
cohecho, y falsedad continuada en documento mercantil. Para su mujer, Anna
Vidal, rebaja sus pretensiones a los tres años y cuatro meses de prisión. Según
la Fiscalía, ella se embolsó fondos entre 2010 y 2012 por esos servicios no
prestados al empresario íntimo de su marido, el también acusado Sergi Alsina, y
en concepto real de comisiones a cambio de favores políticos.
Son las conclusiones del Ministerio Público en el denominado caso ITV. Los
empresarios que participaron de la trama presuntamente cobijada por Oriol Pujol
pagaban por la intervención del político, "intensa, decisiva y claramente
beneficiosa para los implicados gracias a los relevantes cargos políticos que
ostentaba", explica en su informe. Añade la Fiscalía Anticorrupción que
"gracias a la labor fundamental del acusado Pujol Ferrusola, la operación
mercantil para la que fue contratada la empresa del acusado Sergi Alsina
Jiménez –entre otras–, tuvo un éxito esperado".
Las maniobras en beneficio de Sergi Alsina no se circunscribieron al sector
de las Inspecciones Técnicas de Vehículos, en este ámbito colaboró con otros
empresarios. La relación de los propietarios de establecimientos para pasar la
ITV con Oriol Pujol comenzó en 2010 en base a los datos de la Fiscalía.
El escrito hace referencia a uno de los momentos en los que se produjo ese
favor. El hijo del expresidente Jordi Pujol sugirió aquel año al Gobierno
catalán que contratase al empresario vinculado a la trama Josep Tous para
diseñar el plan territorial de las estaciones de ITV. Según Anticorrupción,
aquella decisión escondía la voluntad de que el proyecto favoreciese los
intereses privados de otro empresario acusado, Ricard Puignou, en la
negociación sobre las estaciones.
La Fiscalía pide seis años y dos meses de cárcel y una multa de 250.000
euros para Sergi Alsina por tráfico de influencias, falsedad documental
continuada y dos delitos de cohecho. También solicita un año de cárcel para
Ricard Puignou y Josep Tous por cohecho; la misma pena de prisión para Sergi
Pastor, en su caso por supuesto tráfico de influencias y acompañada de una
multa de 250.000 euros. Como ya publicó Libertad Digital, Oriol Pujol estaría dispuesto a ingresar en la cárcel para salvar a su
mujer, Anna Vidal.
Gait Interiores
para Transporte SL
Se le
aprueban 500.000 euros. Sociedad radicada en Bailén (Jaén). En Noviembre de
2014 entra en concurso, y en diciembre de 2015 se aprueba el Plan de
liquidación de la empresa.
Go Fit Andalucía SL
El fondo
le aprueba 3 millones de euros. La empresa se crea en Abril de 2011 con 3.000
euros de capital, siendo socio único Larum Inversiones S.L. (antes Ingesport
Inversiones y Desarrollos S.L.). Larum fue creada en Julio de 2005 y tiene de
Administrador único a José Gabriel Saez Irigoyen.
La
empresa tiene como objeto social la gestión,
asesoría, consultoría y auditoría de proyectos relacionados con instalaciones
deportivas, gimnasios, Spas, health clubs o cualquier otro desarrollo
relacionado con los servicios en el ámbito de la salud y/o el deporte. Por
ello, la empresa explota diversos gimnasios con el nombre de Go Fit por
Andalucía.
Según publicó Voz Populi, el pasado mes de abril de 2106, Torreal una de
las sociedades de inversión de Juan Abelló, y Mutua Madrileña,
habían cerrado recientemente la compra a Corpfin Capital de Ingesport,
la compañía propietaria de los gimnasios Go fit. De acuerdo a fuentes
conocedoras de la operación, esta está valorada en 300 millones de euros
aproximadamente, contando la deuda de la empresa y la asociada a la
financiación de la construcción de nuevos centros.
El
Confidencial publicó en diciembre de 2015 que la operación de compra suponía
multiplicar por quince veces lo que a finales de 2009 pagó Corpfin Capital
a Capital Riesgo Madrid, el fondo de private equity lanzado por Esperanza
Aguirre para financiar empresas de tamaño medio de la comunidad autónoma
que presidía. Todo un pelotazo para la firma creada por Felipe de Oriol,
consuegro de la 'lideresa' del PP, cuyo hijo Fernando
se casó con Carolina, nieta del fundador de Iberdrola, matrimonio del
que nacieron dos nietos de la actual líder de la oposición en el
Consistorio de la capital.
Sigue
indicando el digital que el origen de Ingesport se remonta a 2006 cuando NH
Hoteles creó una compañía para ofrecer a los clientes de sus
establecimientos un servicio añadido basado en la cultura del cuidado corporal.
Es decir, la instalación de gimnasios, spas y masajes asociados a los hoteles.
En definitiva, lo que se ha popularizado como fitness y wellness. Un proyecto
que puso en marcha de la mano de Gabriel Sáenz, pero que
pronto entró en vía muerta cuando José Castro, el dueño de Hesperia,
entró por la puerta de atrás de NH Hoteles en una lucha de poder que llevó a
ambas partes a la quiebra técnica. Al primero porque compró el 25% con créditos
que nunca llegó a pagar -fue ejecutado el pasado año- y al segundo por tratar
de diluir a su enemigo con compras de cadenas en Europa a las que tampoco pudo
hacer frente.
Cuando NH
se borró de Ingesport, Gabriel Sáenz encontró en Capital Riesgo Madrid a su
salvador. El private equity de la Comunidad de Madrid, gestionado por Caja
Madrid, invirtió 1,5 millones de euros en un momento en el que el
consejero delegado tuvo hasta que hipotecar su casa y pagar contra su tarjeta
de crédito las nóminas de los apenas 15 empleados que eran en 2008. La
vinculación con la sociedad del gobierno de Esperanza Aguirre le permitió
agrandar su cartera de centros en gestión y hasta plantearse la fusión con Sidecu,
una empresa de La Coruña también dedicada a la explotación de centros
deportivos municipales.
Grupo
Ezentis
Se le
aprueban 2,97 millones de euros del Fondo. En Noviembre de 2015 la empresa
elige a Luis Solana Madariaga como presidente. Hermano de Javier Solana, Luis
Solana ha sido un destacado miembro del PSOE.
La
Memoria del Fondo de la Cuenta General 2014 recoge que la entrada del Fondo en
el capital social de Grupo Ezentis S.A. se realiza tras la aprobación por su
Junta General de Accionistas de fecha 19 de junio de 2012 de una ampliación de
capital social, con exclusión del derecho de suscripción preferente de los
accionistas de la sociedad, cuyo desembolso se llevó a cabo mediante la
compensación del préstamo concedido por el Fondo al Grupo Ezentis con fecha 7
de febrero de 2011. Consecuencia de ello fue que la Sociedad para la Promoción
y Reconversión Económica de Andalucía, S.A.U. (SOPREA) por cuenta del Fondo,
con fecha 19 de julio de 2012 procedió a la capitalización de la totalidad del
saldo pendiente del citado préstamo e intereses por importe de 3.105.026 euros,
mediante la suscripción de 14.577.586 nuevas acciones ordinarias del Grupo
Ezentis S.A. de un valor nominal de 0,15 euros (2.186.638 euros), más una prima
de emisión de 0,213 euros (918.338 euros). La participación en dicha sociedad
suponía en esa fecha un 3,98% del capital (un 4.19 % sin considerar la
autocartera).
Sigue
indicando la Memoria que durante 2014, se han producido una serie de
ampliaciones de capital en Ezentis, quedando el capital social de dicha
sociedad a 31 de diciembre de 2014 por un total de 230.843.603 acciones. Estas
ampliaciones de capital diluyeron la participación del Fondo en la comentada
empresa.
Finalmente,
la Memoria indica que el valor actual de las participaciones en posesión del
Fondo
ascienden
a 2.587.521,52 € y siendo el valor de adquisición de dichas participaciones de
3.105.026,00
euros,
tenemos una minusvalía teórica por importe de 517.504,49 €, la cual
sobrevenimos de provisionar.
Por otro
lado, la empresa Ezentis abrió un centro en La Carolina apoyado por fuertes
inversiones públicas de la Junta de Andalucía que terminó cerrando sin cumplir
los tres años de actividad.
ABC publicó en mayo de 2013 que el entonces alcalde de La Carolina, el
popular Francisco Gallarín, manifestó que el cierre de Ezentis, que ha dejado a
34 personas en la calle, es un ejemplo de la mala gestión llevada a cabo por la
Junta y explicó que este proyecto empresarial nació impulsado por Francisco
Vallejo, que fuera consejero de Innovación y también alcalde carolinense, para
buscar una salida a Ángeles Férriz, (actual vicesecretaria general del PSOE de
Jaén y diputada de Turismo) que fue desalojada de la Alcaldía por una moción de
censura apoyada por el Partido Popular y un grupo independiente en octubre de 2009.
Sigue informando el periódico que Gallarín tiene muy claro que “los
socialistas no tienen ningún reparo en jugar con los recursos de todos los
andaluces para satisfacer y beneficiar a sus militantes y a sus cargos más
destacados. Es notorio su nepotismo. En este caso se monta un chiringuito con
un gasto de la agencia IDEA de entre 4 y 6 millones de euros para darle una
salida a Férriz por parte de su padrino político”. Es más, añadió Gallarín,
para colocar a un nutrido grupo de militantes, familiares y simpatizantes del
PSOE de La Carolina entre los que se encontraban “la que fuera número dos de
Férriz cuando ésta era alcaldesa, Yolanda Reche o a la hermana de su teniente
de alcalde y ahora coordinador de Turismo en la Diputación, Eduardo Hernández. En
definitiva a los familiares y miembros de su candidatura a las municipales”.
Por todo esto, Gallarín comprende que nadie alzara la voz cuando fueron
despedidos “para no perjudicar a su partido”.
Ángeles Férriz entró a formar parte del consejo de administración de
Ezentis como “consejera dominical”, es decir como representante del paquete
accionarial de la Agencia IDEA, y por ello devengó, durante los años 2011 y
2012, unas remuneraciones de más de 90.000 euros. En concreto un total de
48.0000 euros como miembro del consejo de administración más otros 12.500 euros
como componente de la comisión de retribuciones y nombramientos. En total
60.500 euros. En el año 2012 la cantidad ascendió a 32.750 euros. Férriz señaló
que sí formó parte del consejo de administración de Ezentis pero que, “sólo
había cobrado, durante todo el tiempo que ocupó el cargo, 55.254 euros netos,
que correspondían a las 57 reuniones del consejo de administración a la que
asisti” pero que nunca, en ningún caso, había ingresado los 93.250 euros
devengados y que se reflejan en los informes de la compañía.
El grupo Ezentis ha sido noticia reciente, en mayo de este año, cuando
anunció la venta de Vértice 360, empresa esta conocida en 2010 cuando compró
parte de la productora Lavinia. Esta última no solamente producía programas
para TV3. También dirigen o han dirigido las televisiones locales de Mollet del
Vallès, Mataró y L'Hospitalet de Llobregat, y Televisión Canarias, estaba
detrás del periódico digital “El Plural”. Lavinia no era sólo una productora de
televisión, también gestionaban la Agencia Estatal de Meteorología, los
informativos del Ayuntamiento de Sevilla, el canal Parlament de Catalunya, la
web del PSC, la web del PSOE y obtuvieron la campaña de promoción del Plan E
con el que Zapatero quiso capear la crisis. Sus
directivos fueron regidores del PSC y vinculados a la política catalana durante
los gobiernos socialistas.
La entrada de Ezentis en Vértice 360 en 2012 hizo que esta saliera de
Lavinia. El pasado mayo el grupo Ezentis llegó a un acuerdo para la venta de su
participación de alrededor de 85,2 millones de acciones en Vértice 360, lo que
equivale un 25,24% del capital de la compañía, a Squirrel Inversiones, matriz
del grupo Best Option Media.
Hace unos días el digital OK Diario publicaba que Ezentis vendió la
parte mayoritaria de la joya de la corona de Vértice 360 sin la aprobación del
Consejo de Administración ni de la Junta de Accionista. Movimiento
inexplicable que provocó la quiebra de la empresa, por lo que desde Vértice se
piden soluciones inmediatas.
Grupo Negocios Restauración del Sur
Se le
aprueban 4 millones por parte del Fondo. El Grupo NRS, aglutina a las empresas
“Negocios de Restauración del Sur S.L.”, “Investigación y Desarrollo Ada S.L.”
y “Gibalto S.L.” son tres concesionarios de la marca Burger King en Andalucía.
Recientemente se ha incorporado la recién creada Cervecerías Temáticas del Sur,
S.L. concesionaria de la marca 100 Montaditos. También explota Dunkin Cofee.
Está en
el puesto 30 en el ranking de empresas de Málaga que hizo en noviembre de 2015
Analistas económicos de Andalucía, con unos ingresos de 46,9 millones de euros.
Desde
2012 preside la compañía Hacienda la Guía S.L. constituida en 1998 en Sevilla y
cuyo administrador único es Domingo Cobreros Fidalgo, y está relacionada con
varias empresas, entre ellas Gestora Grupo Cobreros S.L.
Grupo
Ybarra Alimentación SL
El Fondo
le aprueba 500.000 euros. Presidida desde noviembre de 2013 por Rafael Ybarra
Gamero-Cívico, fallecido el pasado mes de marzo. Grupo Ybarra Alimentación
S.L. nace en 2009 de la unión de dos grandes empresas andaluzas, Hijos de
Ybarra y Migasa, con una larga trayectoria empresarial dentro del sector de la
alimentación, y con el objetivo de aumentar la notoriedad en mercados nacionales
e internacionales, de las marcas y productos que comercializan.
El Grupo
Ybarra comercializa varias marcas de aceite entre las que destacan Ybarra y La
Masía, además de mayonesas, salsas, tomates, vinagres, verduras, aceitunas y
sal, bajo la marca Ybarra. La empresa tiene 174 años de historia y está
presente en más de ochenta países. Fue pionera, en 1965, en la elaboración de
mayonesas y salsas hasta convertirse en un referente a nivel nacional e
internacional.
Inerco
Ingeniería Tecnología y Consultoría SA
El Fondo
le aprueba 7,5 millones de euros. Tiene como presidente a Luis Salvador
Martínez, y como Consejero Delegado a José González Jiménez. La empresa ha
recibido varios premios por su trabajo.
Isofotón
Se le
aprueban 8,39 millones de euros por parte del Fondo. En diciembre de 2013
saltaba la noticia que Isofotón, los administradores concursales y los
representantes sindicales habían cerrado un preacuerdo sobre el Expediente de
Regulación de Empleo (ERE) que implica el despido de los 297 trabajadores que
forman la plantilla de la factoría malagueña.
Desde
2003, la empresa ha recibido del Gobierno andaluz 62 millones en subvenciones,
préstamos, avales y subsidiación de intereses, dato recogido en la sentencia
que avaló el ERE presentado en junio. La última ayuda, un préstamo de 8,2
millones concedido en 2012, rompió el idilio entre la Junta e Isofotón. La
Consejería de Economía abrió un expediente administrativo para la devolución
del dinero porque era un préstamo finalista vinculado a un contrato con Samsung
que finalmente no se concretó.
El
principal acreedor es la Junta, que está personada en el concurso y solicita a
Isofotón 44 millones. En enero de 2016 se cerró la liquidación de la empresa.
El pasado 21 de enero se terminó el plazo para vender los inmuebles, pero nadie
puso un oferta consistente. Nadie ha pujado por encima del mínimo estipulado
por las máquinas en venta. Un ejemplo es la línea Reiss que costó 30 millones
de euros y salió a la venta por 1,4 millones, sin que nadie igualara el precio
de salida.
Tras la liquidación que no ha conseguido satisfacer las deudas contraídas por la empresa, con acreedores en la banca, la Junta de Andalucía, la Seguridad Social que suman 31 millones. A esto se unen los intereses creados en el proceso concursal que ascienden a 17 millones de euros.
El pasado noviembre de 2015 se conoció que el Juzgado de Instrucción nº 3 de Sevilla había solicitado a la policía que investigase las ayudas otorgadas por la Junta de Andalucía a Isofotón, después que la fiscalía Anticorrupción se interesara por los avales y préstamos de IDEA y Soprea.
La policía ha detectado irregularidades tanto en la concesión de avales como en la concesión de préstamos. Esta investigación la bautizaron bajo el nombre de 'operación Helios', según las mismas fuentes consultadas, y elaboraron su preceptivo informe que ya obra en poder del Juzgado. En sus conclusiones, la Policía determina que la Agencia IDEA aportó 29 millones de euros en avales a Isofotón y otros 8,9 millones de euros en préstamos.
Añade la
Policía que, hasta donde tiene conocimiento, ese dinero se ha perdido en un
90,5 por ciento, es decir, 34 millones de euros cuyo paradero se desconoce.
En su informe, no obvian que en el año 2010 la situación económica de Isofotón
ya era deficiente, propia de una empresa en crisis.
El informe policial remitido al Juzgado apunta además a una coincidencia de intereses entre la Agencia IDEA y el Notario ante el que se realizaban las operaciones de elevación de acuerdos a documento público. La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), dependiente a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, ya se encuentra en las investigaciones de los ERE de Andalucía o los fondos Jeremie.
La Policía denuncia en sus conclusiones que se ha encontrado con una importante omisión de información por parte de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía cuando se le ha solicitado datos sobre las asistencias financieras prestadas a Isofotón una vez se detectaron indicios de otras ayudas en el mismo periodo 2010-2012 y por importes superiores a esos casi 40 millones de euros.
Por todo ello, la Policía Nacional considera una exigencia realizar diligencias de investigación y se muestra dispuesta acordar nuevos trabajos con el Juzgado y la Fiscalía Anticorrupción. En sus peticiones de información, el Ministerio Público también preguntaba por un tercer aspecto: si hubo ilícito penal en la entrada del Grupo Afirma en Isofotón.
Las conclusiones policiales no entran al fondo de este asunto y lo aplazan a un informe ampliatorio debido a su complejidad, pero sí apunta a que en el tiempo en torno al que han centrado sus pesquisas se produjo una compleja operación de compraventa de Isofotón por una cantidad simbólica a cambio de asumir la deuda y continuar con el negocio. Previamente se produjo la refinanciación de la deuda bancaria que ascendía a más de 933 millones de euros.
Laboratorio
Pérez Giménez
Se le aprueban 2 millones de euros por parte del Fondo. La empresa entró en
liquidación en el juzgado mercantil nº 1 de Córdoba.
Hay cosas
muy extrañas en esta empresa como que el ex concejal
socialista de El Pedroso, José Enrique Rosendo (fallecido el pasado mes
de enero), imputado en el Caso ERE por la juez Alaya, la comprara
por un euro en 2011 desde la empresa Tecris Consultors.
En marzo de 2015 el digital Cordópolis publicaba
que los administradores concursales acusaban a los exgestores de Tecris de
desviar dinero de la Junta para quedárselo en el informe de calificación del concurso
que consideran culpable y a la que se sumó la Fiscalía de Córdoba. A pesar de la “hecatombe”, una palabra que repiten los concursales en su
informe en reiteradas ocasiones, Laboratorios Pérez Giménez recibió una
subvención pública de dos millones de euros de la Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía. Ese dinero, siempre según los concursales, habría sido
supuestamente desviado a los exgestores de los laboratorios entonces,
representados por la empresa Tecris.
Sigue indicando Cordópolis que el informe expone
que “pese a que no se cumplían ni mucho menos las condiciones para la concesión
del préstamo, IDEA (la Agencia de la Junta de Andalucía) no obstante transfirió
los dos millones de euros. Cuestión sobre cuya conformidad o no a derecho excede
del objeto del presente informe”. Los administradores concursales no tienen
competencias para dirigirse contra la actuación de la Agencia IDEA, pero sí el
titular del Juzgado de lo Mercantil, Fernando Caballero, a quien va dirigido el
escrito de calificación del concurso.
“Ni que decir tiene que la administración pública
prestamista no recuperó ni un euro. Ciertamente, el quebranto al erario público
no puede decirse que no fuera predecible ni previsible”, agregan los
concursales, que adjuntan numerosa documentación sobre el proceso
administrativo por el que se concedió esta subvención pública.
“Peor aún es el hecho de que pese al destino
finalista de la operación, parte de los fondos fueron desviados a los propios
responsables de Laboratorios Pérez Giménez o a personas y entidades íntimamente
vinculados con los mismos”, afirman de manera rotunda los concursales, que
sostienen su acusación en numerosa documentación. De hecho, los
administradores concursales identifican 333.000 euros en pagos irregulares que
salieron directamente de esta ayuda en un momento en el que los laboratorios
Pérez Giménez carecían de liquidez y no podían afrontar pagos.
Sigue indicando del diario digital que además, los concursales acusan a los
responsables de Pérez Giménez en 2011 de diseñar una “fraudulenta operación
societaria” con la única finalidad de acceder a la subvención de dos millones
de euros que finalmente acabaría recibiendo.
Esta operación consistía en una ampliación de capital de los laboratorios
Pérez Giménez a través de unas empresas que carecían de todo tipo de liquidez.
Así, la operación contemplaba una ampliación de capital de seis millones de
euros. La ampliación se produjo el 29 de marzo de 2011, cuando se reunió la
junta de accionistas. A la misma asistieron Tecris, Diego Pérez Gimémez y
dos firmas nuevas, que iban a comprar acciones: Sol Mediterráneo Costa
Dorada y Spheric Nanohealth.
Sol Mediterráneo, “con vinculación familiar con parte del accionariado de
Tecris”, compró 1,9 millones de euros en acciones. Lejos de aportar dinero
contante y sonante, la empresa transmitió la “plena propiedad” de dos inmuebles
en la provincia de Tarragona. Los administradores concursales, cuando han
revisado la operación de ampliación de capital, admiten que se han echado las
manos a la cabeza con esta compra en concreta. Esta empresa aportaba dos fincas
con cargas hipotecarias en Cataluña. La primera era una casa en Corbera D’Ebre
y la segunda una nave en un polígono industrial de Tarragona.
Spheric Nanohealth, también participada por dos firmas vinculadas a Tecris, se comprometía a pagar 3,7 millones de euros en acciones. El primer pago, de 1,2 millones, tampoco se hizo con dinero sino con “diversos dossieres farmacéuticos”. “Mal casa sin duda que la sociedad titular de los citados dossieres valorados en 1,2 millones de euros tuviera en la últimas cuentas anuales un activo de 2.865 euros”, alertan los administradores concursales.
Los responsables de esta operación están todos vinculados a Tecris, según
los administradores. Así, serían Jacinto Romeu Masip, Joaquín Garreta,
Encarnación Ibáñez Vázquez y Sergio Martínez. Para todos los exadministradores
de Pérez Giménez, los concursales piden indemnizaciones que alcanzan los 35
millones de euros y los consideran “culpables” de la “hecatombe empresarial” en
los laboratorios.
Ahora, deberá ser el juez el que acepte esta calificación y tome una decisión. También determinará si finalmente considera “culpable” el concurso, por lo que se podría abrir un juicio oral contra los exgestores en los que las reclamaciones ya no solo serían civiles, sino también penales.
Finalmente, las últimas noticias sobre la empresa es que el magistrado
titular del Juzgado de lo Mercantil número uno de Córdoba, Antonio Fuentes,
emitió una resolución conteniendo el acuerdo que habían firmado la
Administración Concursal de Laboratorios Pérez Giménez y la adjudicataria de
dicha farmacéutica, Globalaeronautic, con el visto bueno de los representantes
sindicales de los extrabajadores (UGT y CTA) de la empresa, para llevar a cabo
la venta efectiva de la misma y su puesta en marcha.
Sin embargo, el pasado mes de mayo, Globalaeronautic, la adjudicataria de
Laboratorios Pérez Giménez, había solicitado al Juzgado de lo Mercantil número
uno de Córdoba, que tramita el concurso de acreedores en el que está inmersa la
farmacéutica cordobesa, un aplazamiento para entregar el aval bancario, por
cerca de diez millones de euros, mediante los que, sumados al millón que ya
aportó, se hará con dicha empresa. El juez trasladó la petición a las partes
para que se pronuncien.
Mac Puar Corporación SL
Se le aprueban 4 millones del Fondo. Presidida desde 2014 por Cabalquinto
S.L. que tiene de administrador único a Romualdo de Madariaga Parias. Es la
firma tenedora de los activos industriales del Grupo Mac Puar.
En abril de 2012 se llegó a un acuerdo en la
familia Madariaga – propietaria del Grupo Mac Puar – para salvar el grupo de la
quiebra, con la aceptación de un laudo arbitral del reparto de activos y la
salida de Gonzalo de Madariaga del grupo como parte del acuerdo con la banca
para la refinanciación de las deudas por valor de 100 millones de euros. La
ruptura en la familia Madariaga se produjo a final de 2010, cuando los hermanos
y la madre del presidente Gonzalo de Madariaga se opusieron a seguir con la
orientación estratégica que se le estaba dando a la compañía, que estaba ya
sufriendo la crisis y los efectos de algunas operaciones inmobiliarias fallidas
en Sevilla y Cádiz .
Fruto de esa escisión familiar Mac Puar Sistemas, hoy llamada Technology, Innovation, Engineering and Research 1, Sociedad Limitada (TIER1) quedó en manos de Gonzalo de Madariaga. Esta empresa se hizo conocida en 2011 cuando la Junta de Andalucía (El Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos) había cambiado de adjudicatario después de 26 años ininterrumpidos de contratación para el servicio de mobiliario, servicio prestado hasta entonces por la empresa Setransa, que renovaba cada dos años con posibilidad de prorrogar por otros dos. En el mes de junio, la Consejería de Educación abrió un nuevo contrato en el que redujo el precio de licitación un once por ciento respecto al anterior.
Al concurso se presentaron tres empresas: Setransa y las UTE Novasoft- Aprisa y Mac Puar-Lorenzana. Con una oferta económica un 20% inferior al tipo de licitación, el contrato se lo llevó ésta última gracias a la valoración económica y a la de “organización y coherencia metodológica de las tareas contempladas”, según el expediente de contratación". Pero lo cierto es que Mac Puar-Lorenzana no tenía experiencia alguna en el objeto que se le encomendaba y Lorenzana era sencillamente una empresa de transportes.
Todos estos datos pueden comprobarse en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía.
El pasado 23 de mayo El Mundo publicó que el expresidente del grupo Mac Puarsa, Gonzalo de Madariaga era investigado por la ayuda a un ERE con intruso, y había admitido su amistad a la Guardia Civil con el exconsejero Viera desde 1993. La Guardia Civil ha tomado ya declaración en calidad de investigado a De Madariaga por su presunta participación en un delito de malversación de caudales públicos en relación con la citada ayuda. El hoy presidente de Ditecsa tras su salida del grupo familiar es uno de los 17 investigados en relación con este ERE, en el que los investigadores han localizado un “intruso”.
Sigue indicando el diario que el 18 de febrero de 2002, Mac Puar
materializó la compra de la empresa sevillana TAMC, que se encontraba en
una delicada situación económica y veía peligrar su continuidad. En un atestado
de 460 páginas incorporado a las actuaciones que dirige el Juzgado de
Intrucción 6 de Sevilla, los investigadores policiales explican que fue la
Junta la que había propuesto al grupo industrial Mac Puar la adquisición de
TAMC motivado por la “amistad” que unía a De Madariaga “con
determinados altos cargos” de la Administración autonómica y la «situación
económica beneficiosa» del comprador.
Entre otras condiciones impuestas para la compra, el
inversor exigió que la Junta autorizara los ERE necesarios para la extinción de
casi la mitad de los contratos, que el ajuste de plantilla tuviera un coste
cero para Mac Puar y que se incluyera en la operación la adquisición de
los terrenos en los que se levantaba la fábrica de TAMC, que
habían pasado a ser propiedad del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y por
las que se fijó un precio de 4,2 millones pagaderos en siete años.
El 29 de abril de 2002, la Dirección General de Trabajo y
Seguridad Social firmó un convenio con el IFA por el que le encomendaba a éste
el pago de las ayudas concedidas para financiar el coste de dos pólizas de
seguro colectivo de rentas de prejubilación por importe de 3.219.068, 59 euros.
La cuantía se terminó elevando a 3.225.962,86 euros.
En su declaración ante la Guardia Civil el pasado 17 de febrero, Gonzalo de
Madariaga sostuvo que “no fue un buen negocio” para el grupo la
compra de TAMC y dijo que “los encargados del ERE” eran los consejeros
delegados solidarios Romualdo de Madariaga e Isabel Ríos y
el responsable del área-administrativa y legal, José Luis Mora-Figueroa.
Su participación se limitaba a “las decisiones estratégicas”, según afirmó en
su comparecencia.
Cuando el pasado 24 de noviembre declaró en calidad de testigo ante la
Guardia Civil, Isabel Ríos calificó como “bastante buena” la situación
económica del grupo cuando se formalizó la compra de TAMC y afirmó que esta
operación de compraventa “estuvo condicionada a la financiación de las
prejubilaciones” por parte de la Administración autonómica, lo que le lleva
a pensar que «tuvo que existir la participación de alguna persona de la Junta»
pero sin saber quién pudo ser. Por parte de la empresa, supuso que dicha
negociación la dirigió Gonzalo de Madariaga, que era la «persona del grupo que
las realizaba y quien conocía a determinados miembros de la Junta de
Andalucía».
Preguntada por los agentes para que precisara con qué personas de la
Administración tenía amistad Gonzalo de Madariaga, la testigó no dudó: “Era pública
y notoria la amistad que le unía con Viera”, algo “conocido en toda
Sevilla”.
Romualdo de Madariaga, antiguo responsable del área financiera y hoy
presidente de MP Corporación SL, también reconoció la amistad que mantenía su
hermano con José Antonio Viera, máximo responsable de la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico entre los años 2000 y 2004 e imputado
en el caso ERE.
Novasoft Ingeniería SL
El Fondo le aprueba 5 millones. Con sede en Málaga, pertenece al grupo
Novasoft Corporación. La empresa entra en concurso en diciembre de 2013 en el
juzgado mercantil nº 2 de Málaga. El pasado mes de mayo de 2015 se inicia por
el juzgado el proceso de apertura de la fase de liquidación de la empresa.
Novasoft está investigada en el sumario por las ayudas de la empresa pública
Invercaria a la empresa FIVA, y por ello su presidente Francisco José
Barrionuevo está imputado (ahora investigado). Este declaro ante el juez del caso Invercaria, Juan Gutiérrez
Casillas, que lo eligieron como socio tecnológico de la empresa Ferias Internacionales
Virtuales de Andalucía (FIVA), a instancias del entonces consejero Francisco
Vallejo. También señaló en la declaración que Invercaria eligió a Novasoft en
lugar de la empresa pública Sadiel, con la que trabajaba Invercaria, porque
había dado más de un millón de euros para la Fundación Corporación Tecnológica
de Andalucía (CTA), promovida en 2005 por la Junta de Andalucía y por un grupo
de empresas comprometidas con la innovación, con el propósito de favorecer la
transferencia de conocimiento entre las Universidades y el tejido empresarial.
FIVA desvió una subvención de 230.000 euros destinada a desarrollar
el portal web de ferias virtuales que le concedió la Agencia IDEA para pagar
parte de la deuda que tenía contraída con Novasotf. Según explicó Barrionuevo,
cuando su empresa tecnológica asumió el mayor porcentaje de FIVA, aportó
445.000 euros de asistencia financiera para que FIVA pudiera cobrar
subvenciones de IDEA y pagar así una deuda con Novasotf Ingeniería, una filial
de la compañía malagueña a la que encargó la realización del sotfware.La
empresa FIVA encargó a Novasoft, uno de los socios de FIVA, la elaboración de
un software para el portal
virtual de ferias que quería montar. Invercaria le entregó unos 700.000 euros
por un sotfware que estaba “defectuoso e incompleto”, según detalló el atestado
policial sobre FIVA y ratificó ante el juez el expresidente de Invercaria, que
ejercía también este cargo en la empresa de ferias virtuales, Tomás
Pérez-Sauquillo.
Barrionuevo señaló que dio más de un millón de euros a una fundación CTA,
impulsada por la Junta, antes de que le encargaran crear la web del fallido
proyecto, que recibió 1,69 millones de Invercaria.
Novedades Agrícolas SA
Se le aprueban 1,4 millones de euros por parte del Fondo. Empresa con sede
en Murcia. Según su web Novedades Agrícolas S.A.
fue fundada en 1978 y, aunque inicialmente empezó fabricando e
instalando riego por goteo, pronto evolucionó y fue incorporando nuevas líneas
de negocio, directamente relacionadas con la producción intensiva, como
instalación de invernaderos, pantallas, instalación de jardines y grandes zonas
verdes, calefacción, sustratos, humidificación, control climático, ósmosis,
embalses, etc. convirtiéndose en una empresa pionera en España en constante crecimiento
y líder absoluto, además de ser la empresa española del sector con mayor
proyección internacional gracias a su División de Exportación APR
Greenhouses & Technology.
Según la web la empresa no tiene sede en Andalucía. Aunque tiene proyectos
en Almería para otras empresas.
Organización y Guarda de Archivos SL
Se le aprueban 450.000 euros del Fondo. OYGA S.L. es una
empresa dedicada a la gestión externa de archivos y documentación de las
organizaciones públicas y privadas. Ofrece los servicios de
organización de documentos, clasificación archivos, guarda y custodia,
digitalización, consultoría, cesión de personal, destrucción certificada,
implantación de sistemas de gestión documental, consultas y préstamos,
traslados.
Tiene de
administradores solidarios a Juan José Espina Linares y a Ana Gómez Perea.
Policlínica
San Pedro SA
El fondo
le aprueba 1,2 millones de euros. Con sede en Huelva el objeto social es la intermediación en las asistencias continuadas de urgencias
médicas, consultas médicas e intervenciones quirúrgicas. construcción, compra,
venta y alquiler de hospitales, clínicas y consultas médicas. Su presidente,
según los datos del Registro Mercantil, es Alejandro García Muriel, quien a su
vez, ostenta el cargo de Presidente de la Asociación Provincial de Empresas
Sanitarias de Huelva.
Esta empresa recibió, además, una ayuda de 3 millones de euros del Fondo
Jeremie, según puede verse en Boja de 17 de julio de 2015 donde IDEA publica la
relación de empresas y particulares beneficiados de fondos sin personalidad
jurídica durante el segundo trimestre de 2015.
Estas aportaciones económicas a una empresa que gestiona centros
hospitalarios privados en Huelva son contradictorias respecto al discurso
oficial de la Junta de la defensa de la sanidad
Royal Menu Catering SL
Se le aprueban 421.185 euros del Fondo. Empresa radicada en Jaén que tiene
como administradora única a Rosario Martos Alcalde. Es una de las
concesionarias de los catering a los colegios de Andalucía según puede
encontrarse en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía.
Sokar Mechanics SL
Se le aprueban 500.000 euros del Fondo. La empresa proviene de un empresa
preincubada Innova24h, siendo su administrador único en febrero de 2011 Manuel
Benito del Valle Ruiz, en julio entra de accionista Fernando Monge Villalobos.
Y en 2013 cambia el objeto social a: 1) Diseño y fabricación de componentes y
ensamblajes para los sectores de automoción, aeronáutico y biomédico. 2) Mejora
de propiedades de piezas metálicas mediante tratamientos superficiales y
térmicos 3) Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías de fabricación
aditiva tridimensional.
Solar Opportunities SL
Se le aprueban 480.000 del Fondo. Empresa radicada en Madrid, con solo
3.000 euros de capital. Tiene de Consejero delegado a José Ignacio
Cabrera-Kabanas Satorius.
En Abril de 2013 la empresa entra en concurso en el juzgado nº 10 de
Madrid. En junio de 2015 se hace firme el auto del juzgado por el que se
declara la conclusión del concurso por la finalización de la fase de
liquidación, la extinción de la sociedad y el cierre de la hoja registral de la
misma.
Tecnocon Textil SL
Se le aprueban 270.000 euros del Fondo. Empresa radicada en Úbeda (Jaén),
con el objeto social de diseño, confección y comercialización al por mayor y
menor de prendas de vestido de cualquier tipo, así como de sus complementos,
suministros de artículos para el equipamiento personal de cualquier índole. Con
Administrador único Marcelino Sánchez Rodríguez.
En septiembre de 2012 la empresa entra en concurso en el juzgado mercantil
nº 1 de Jaén. En octubre de 2013 el juzgado aprueba el plan de liquidación, y
en 2015 el juzgado considera culpable la calificación del concurso.
Tecysu SL
Se le aprueban 3 millones de euros del Fondo. Con sede en Alcalá de
Guadaira (Sevilla). El Administrador único era Rafael Estévez Gutiérrez. La
empresa entra en concurso en 2012 en el juzgado nº 1 mercantil de Sevilla con
una deuda de 40 millones de euros. La empresa se dedicaba a la construcción
principalmente. Tenía deuda con proveedores por 16 millones de euros.
Los problemas de liquidez de Tecysu surgieron por los impagos de las
administraciones públicas, que adeudaban directamente a sus empresas casi cinco
millones de euros y otras cantidades por definir a través de UTEs creadas para
ejecutar obras públicas. Entre los deudores se citan ayuntamientos y la Junta
de Andalucía. Algunos de las corporaciones municipales morosas eran las de
Alcalá de Guadaíra, Utrera, Dos Hermanas, Salteras, Camas, Castilleja, Estepa y
Algodonales. Entre los entes públicos de la Junta que le adeudaban dinero
figuraban Infraestructuras y Servicios Educativos, de la Consejería de
Educación (1,3 millones de euros) y los hospitales Virgen de las Nieves y Jerez
de la Frontera, dependientes de la Consejería de Salud.
El grupo ha realizado proyectos emblemáticos como
las instalaciones del Parlamento Andalucía y el Archivo General de Indias de
Sevilla o el suministro de energía térmica y eléctrica de la ciudad
hospitalaria de Granada. Ha sido responsable de las instalaciones de los Reales
Alcázares y Casa Consistorial de Sevilla. Asimismo, ha estado presente en obras
y ejecución de instalaciones de la estación del AVE en Antequera (Málaga) o el
abastecimiento de aguas del Gran Hipódromo de Andalucía en Dos Hermanas, entre
otros. Ha trabajado también en las obras del Hospital Militar de Sevilla,
paralizadas en 2011 por la falta de liquidez del Servicio Andaluz de Salud
(SAS). Además, la Unión Temporal de Empresas (UTE) Tecysu-Bruesa construyó el
paso soterrado situado en el cruce de las avenidas de la Palmera y Cardenal
Bueno Monreal.
En 2014 se aprueba el plan de liquidación por el juzgado, y en enero de
2016 se acuerda el cierre de la fase común del procedimiento concursal nº
462/2012.
Técnicas de Aislamiento y de la Construcción Turquesa SA
Se le aprueban 550.000 euros del Fondo. La empresa se constituye en 2004 en
Valladolid, donde tiene el domicilio social, nombrado presidente de la misma a
Roberto Príncipe Centeno. En diciembre de 2013 solicita el concurso para la
liquidación de la empresa en el juzgado nº 1 mercantil de Valladolid. En
noviembre de 2013 se dicta la apertura de la fase de liquidación de la empresa
por el juzgado.
Madre mía! Que entramado.... Ahora se hará igual? Se estarán frotando las manos para trincar la pasta los mismos k hacen el reparto? Que horror como parar esto? Yo no voto, pero no sé qué más hacer....
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