Artículo de Antonio Barreda
“La Junta de Andalucía reduce en cuatro
años 4.512 efectivos de la Administración General”
El
proceso de desmantelamiento de la Administración
Mientras la Junta de Andalucía reduce personal de la
Administración General -personal que trabaja para las Consejerías y sus
Organismos Autónomos- su administración paralela no ha dejado de crecer estos
últimos años con una clara intención clientelar y con otra descarada de que las
potestades públicas pasaran a esta administración paralela.
Así nace el espíritu de la Ley 1/2011, con la idea de
darle cobertura legal a esta administración paralela. Pero esto no es sino el
fin de un proceso de años con el que la Junta ha venido obviando a su propia
administración nacida del 28-F -ese que tanto demandan ahora por la asimetría
de las autonomías- a favor de una clara huida del derecho administrativo y de
las potestades públicas. Olvidando las relaciones de puestos de trabajo en las
Consejerías a favor de contratos laborales de las empresas, entes y fundaciones
mal llamadas públicas. Así luego saltan los casos escandalosos en los que han
gestionado dinero público como el caso de los ERE.
Una ley -precedida de un Decreto- que cuela por la puerta
de atrás a más de 30.000 trabajadores de todos los entes instrumentales como
empleados públicos, sin haber realizado una sola prueba de acceso a la
Administración reguladas en la Ley 6/1985 de Función Pública de la Junta de
Andalucía. Y ha obligado a los funcionarios de la Junta de Andalucía a iniciar
toda una guerra sin cuartel en la calle, en los puestos de trabajo y en los
juzgados, que no ha parado hasta la fecha.
La aprobación del Decreto y de esta Ley significó que toda
la Administración de la Junta se levantara contra el régimen e iniciara una
rebelión sin precedentes en pleno corazón de la Junta de Andalucía, y se
castigara en las urnas sindicales, fundamentalmente a UGT y a CC.OO. Los
funcionarios de la Junta de Andalucía dieron una lección a toda la sociedad andaluza al expulsar de los
órganos de representación -Mesa Sectorial de negociación- a los dos sindicatos
que apoyaron el decretazo y que eran los bastones de los que Chaves, Griñán y
la Junta de Andalucía se han servido para gobernar desde la llegada de la
Autonomía, especialmente desde los Acuerdos de Concertación, con el objetivo de
desmovilizar a toda la sociedad civil andaluza, y dotar a los firmantes de un
riego continuado de subvenciones.
Las cifras de
reducción de funcionarios y personal laboral
En medio de todo esto, la Junta procede a ir eliminando
paulatinamente a su propio personal de la Administración General en beneficio
de “la otra” administración paralela. Así, con los datos aportados en los
propios presupuestos de la Junta de Andalucía en 2012 había 24.565 efectivos de
personal laboral y 24.814 funcionarios, 49.379 en total. En 2016 se pasa a
22.627 empleados laborales y a 22.240 funcionarios, 44.867 efectivos en total.
Lo que nos da una cifra total de pérdida de personal en tan solo 4 años de
4.512 efectivos, correspondiendo 1.938 a personal laboral y 2.574 a personal
funcionario. Una auténtica sangría de la que no tenemos noticia de denuncia por
parte de un solo sindicato de los que firmaron los Acuerdos de Concertación.
La reducción por grupos producida, en el ámbito del
personal laboral, se han producido: en el grupo II, que pasa de 2.265 efectivos
en 2012 a 2.223 en 2016; en el grupo IV, que pasa de 3.936 efectivos en 2.012 a
3.422 en 2.016, y, sobre todo, en el grupo V, que pasa de 11.051 en 2.012 a
10.100 efectivos en 2016. Nada menos que 951 efectivos en este último grupo.
Entre el personal funcionario las mayores reducciones se
dan en los grupos: A1, que pasa de 8.054 efectivos en 2.012 a 7.104 efectivos
en 2.016, nada menos que 950 plazas que se volatilizan; A2, que pasa de 4.010
efectivos en 2.012 a 3.686 efectivos en 2.016; C2, que pasa de 8.752 en 2.012 a
8.222 en 2.016 y, finalmente, en el grupo C1, que pasa de 3.825 efectivos en
2.012 a 3.143 en 2.016.
El costo de la Administración paralela
En 2016 la propia Consejería de
Hacienda y Administración Pública no tenía aun contabilizado a todo este
personal. Y hasta la fecha la propia Junta no ha dado nunca ni explicaciones ni
números de la composición exacta del mismo. De nada ha servido la tan vendida
reorganización del sector público andaluz.
Esta administración está compuesta
por casi cien entes instrumentales, entre ellos 28 sociedades mercantiles, 25
consorcios, 19 fundaciones, 18 agencias empresariales y 3 agencias de régimen
especial, cercana a 30.000 empleados. Sin embargo, fuentes sindicales la elevarían
a cerca de 35.000 contratados, ya que los censos electorales de las propias
elecciones sindicales delatarían el número exacto.
La
propia Consejera de Economía la Junta de Andalucía reconoció que gastará 3.041 millones de euros este año en
sostener la estructura de las agencias administrativas, sociedades mercantiles,
fundaciones, consorcios y demás organismos que componen la denominada
administración paralela. El proyecto de Presupuestos de la Junta de Andalucía
destina en 2016 en torno a 90 millones de euros más que el año anterior al
entramado público andaluz.
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