El Demócrata Liberal: La Junta gastó casi siete mil millones de euros en materia de empleo

Artículo de Antonio Barreda

“La Junta de Andalucía gestionó más de seis mil ochocientos millones de euros en materia de empleo mientras se generaban cientos de miles de desempleados en la región”

Las políticas de empleo

El gobierno de la Junta de Andalucía se ha puesto de perfil en las subidas del paro estos años en Andalucía, y siempre ha señalado a otros culpables, mientras gastaba miles de millones de euros en formación y empleo y se generaban cientos de miles de parados. Pero las políticas activas de empleo en la región son exclusivas de ella. El 16 de abril de 2003 se firmaba la cesión de las políticas activas de empleo desde el gobierno central presidido por el PP a la Junta de Andalucía. Los firmantes de dicho traspaso fueron, por parte del gobierno central, Javier Arenas, y el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, por parte de la Junta de Andalucía. Zarrías y Arenas ponían así punto final a un largo y tumultuoso proceso de negociación, que el Gobierno del PP abrió en 1997.

Entre las competencias transferidas se incluían todos los instrumentos para facilitar que los parados consigan un puesto de trabajo: los programas de formación y práctica laboral remunerada (escuelas-taller, casas de oficio, talleres de empleo), los centros para minusválidos, las agencias de desarrollo local o la intermediación para buscar ofertas de trabajo. El Servicio Andaluz de Empleo gestionaría todos esos instrumentos. Se transfería en el acuerdo la estructura administrativa de empleo, 1.630 funcionarios, 190 oficinas y los centros de formación pasaban del Inem a la estructura administrativa de la Junta.

La Junta de Andalucía fue más allá de todo esto, creando estructuras paralelas administrativas nuevas como la FAFFE, el Observatorio Argos, los Alpe o las UTDELT para gestionar estas políticas de empleo y formación para parados en Andalucía. Políticas que están hoy bajo sospecha y que han generado un gran eco mediático con inmensos sumarios en los juzgados, y que ponen en entredicho toda la política de empleo y de formación que ha llevado a cabo la Junta de Andalucía desde que gestiona las mismas.

Para dejar clara la competencia en política de empleo y formación el artículo 63 del actual Estatuto de Autonomía de Andalucía dice que corresponden a la Comunidad Autónoma de Andalucía las políticas activas de empleo, que comprenderán la formación de los demandantes de empleo y de los trabajadores en activo, así como la gestión de las subvenciones correspondientes; la intermediación laboral y el fomento del empleo.

El caso ERE

Este caso nace de las grabaciones a dos directivos de Merca Sevilla que exigían comisiones ilegales para una escuela de hostelería a cambio de ayudas de la Junta para formación. Luego se descubrieron intrusos en el ERE que desembocó en el descubrimiento del fraude.

El caso de los ERE falsos a través de la famosa partida 31L, conocida ya como el fondo de reptiles, después de cinco años de instrucción llega ya a los 276 investigados, antes imputados, mientras algunos de ellos ya ha fallecido porque no se ha terminado la instrucción. Otros ingresaron en prisión como el exconsejero de empleo Antonio Fernández, el famoso exdirector general de empleo Francisco Javier Guerrero, o el llamado “conseguidor” Juan Lanzas.

Nueve cargos aforados han tenido que declarar ante el Supremo y cuatro exconsejeros ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El caso ERE acabó con las carreras políticas de dos expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y del lugarteniente, otrora todopoderoso, Zarrías. La sustituta de Alaya en el juzgado, María Núñez Bolaños, mantiene una causa troncal y ha desgajado seis piezas de ella. El juez de refuerzo Álvaro Martín investiga el procedimiento “ilegal” de concesión de ayudas - 855 millones en total - que afecta a los expresidentes y a 49 ex altos cargos.

Si se tiene en cuenta que todas las ayudas concedidas de la partida 31L son “ilegales” al tramitarse sin el procedimiento previsto en la Ley de Subvenciones, se puede hablar de más de mil millones de euros de fraude, 1.217 millones según el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas. La investigación policial y judicial deberá determinar qué porcentaje de ese dinero llegó realmente al destino “declarado”, es decir, a empresas y a prejubilados reales, y cuánto se “ha perdido” entre todos los procedimientos realizados.

El caso de la Formación

Hay 18 procedimientos abiertos por jueces andaluces por el fraude de formación en todas las provincias andaluzas, aunque uno de los sumarios que más ha destacado por su eco mediático es el que la jueza Alaya abrió en marzo de 2014 tras descubrir vasos comunicantes entre la trama de los ERE y las ayudas de formación, un caso que hereda la actual titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla, Núñez Bolaños.

Antes de cambiar de destino, la jueza Alaya había dado con “una red de clientelismo político” para destinar “ingentes fondos públicos para favorecer” a entidades y empresarios próximos al PSOE con la participación de “los responsables políticos de la Junta de Andalucía”. Algunos de los cursos no se impartieron nunca. Hay tres exconsejeros de la Junta investigados (antes imputados), Antonio Fernández, Antonio Ávila y Manuel Recio, todos los que tuvieron la cartera de Empleo entre 2004 y 2013.

También se investiga a otro empresario, exconsejero de Hacienda entre 1987 y 1990, Ángel Ojeda, quien, a juicio de Alaya y de la Policía, usó sus influencias para montar una red de empresas que captó 52,6 millones en ayudas entre 2008 y 2013, de los que 33,5 millones de euros fueron para cursos de formación a los exdelphi. El círculo de investigados incluye a siete exdelegados de Empleo en provincias andaluzas, cuatro ex directores generales (entre ellos Teresa Florido, cuñada de Ojeda) y tres directivos de los consorcios de formación financiados por la Junta, cargos nombrados por el Ejecutivo socialista entre 2008 y 2012. La Jueza Núñez ha dividido esta macrocausa en nueve piezas.

El otro sumario destacado del presunto fraude de formación es el llamado caso EDU – en sus distintas variantes - que investiga la UDEF por toda Andalucía y que surge del gran trabajo realizado por responsables de la Seguridad Social de Málaga y que derivó en varias ramas por Andalucía como Eduende o Edu Costa. Este caso investiga el supuesto desvío de fondos para formación de parados con compromiso de contratación, precisamente en Andalucía, con la mayor tasa de paro de España y con provincias con las mayores tasa de paro de toda Europa. La UDEF y la Seguridad Social de Málaga comenzaron una investigación de empresas - que fueron objetos de subvenciones por parte de la Junta de Andalucía para cursos a parados con compromiso de contratación - y a más de 200 personas en diferentes poblaciones malagueñas para aclarar el fraude en un expediente concreto.

La declaración de 200 alumnos y personas relacionadas con los cursos, indicó que la gran mayoría de ellos nunca participó en tales cursos o no reunían las condiciones para que los centros de formación lograran ayudas públicas. Pero todos ellos figuraban inscritos en la documentación que tramitaron las empresas presuntamente implicadas para poder recibir las subvenciones del fondo de formación para parados. La seguridad social de Málaga comprobó que en muchos de los cursos que tenían compromisos de contratación no se hacían los contratos que se pretendían.

Entre los detenidos en esta operación están exdelegados provinciales de empleo, jefes de servicio que gestionaban esas ayudas y un gran número de empresarios, entre ellos, de nuevo, el exconsejero Ángel Ojeda y el exalcalde de Punta Umbría.

En el Parlamento de Andalucía hay actualmente una Comisión de Investigación abierta que está siendo una burla a los andaluces, absolutamente ineficaz, de la que apenas se tienen noticias de su trabajo porque en la misma se dedican a contar anécdotas relacionadas con el contenido de algunos cursos, citados se niegan a declarar, como el espectáculo que dio el delegado de Empleo de Sevilla, Antonio Rivas. Pero de investigar y de buscar la verdad nada de nada. Esta comisión está pasando de rondón por la prensa, está confundiendo a los andaluces y le está dando una extraordinaria bocanada de aire a Susana Díaz y al gobierno de la Junta de Andalucía.

El caudal de ayudas bajo sospecha estaría en torno a los 3.000 millones de euros entre 2007 y 2013. Aunque se ignora la cuantía total defraudada que solo la investigación judicial determinará la misma. La Junta siempre ha puesto todos los palos que ha podido en la investigación y siempre ha negado la existencia de un fraude de esa magnitud. El exconsejero Luciano Alonso indicó en el Parlamento en Julio de 2015 que eran 72 millones de euros en ayudas sin justificar, a partir de una investigación interna que revisaba 8.505 expedientes de los últimos 15 años.

En dicha Comisión de Investigación del Parlamento de Andalucía este mismo mes de mayo el director general de Formación Profesional para el Empleo, Manuel Jesús García Martín indicaba que aún quedaban 2.462 expedientes con libramientos pendientes de justificar, pero García admitió que no hay una cifra actualizada desde la que se ofreció en julio de 2015. Con todo, el director general indicó que los 72 millones de ayudas sin justificar no se traducen necesariamente en un fraude, porque las empresas beneficiarias aún están a tiempo de presentar alegaciones y explicar su gasto. Así, según este alto cargo al rastrear los expedientes de 2002 a 2012, ha encontrado tres expedientes de ayudas sin justificar correspondientes a los ejercicios 2002 y 2003 cuyo plazo de justificación ha prescrito, y por tanto el dinero entregado se ha perdido, y sitúa este montante en 58.483 euros, lo que representa un 0,002 por ciento del total de subvenciones destinadas a la formación para el empleo: 2.900 millones de euros en total.

El mecanismo para la detección de los cursos

Fue el gobierno andaluz el que inventó un ente nuevo de la administración paralela para la detección de las necesidades formativas en Andalucía: el Observatorio Argos, dependiente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Así, partiendo del Decreto 335/2009, que regula la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía, el Gobierno de la Junta de Andalucía creó un protocolo que buscaba ofrecer datos reales del mercado de trabajo, enfocado a la demanda de la formación. En este protocolo de actuación para la detección de las necesidades formativas, el Observatorio Argos ultimaba la elaboración de esas necesidades formativas, y daba el monopolio del control de las mismas al SAE y, en definitiva, al Gobierno andaluz.

Existían varias fases de este protocolo donde se vislumbra la falta de funcionarios de la propia Junta de Andalucía a la hora de participar en la elaboración de las necesidades formativas con objetividad, y se ve la intencionalidad del Gobierno andaluz de crear los elementos necesarios para controlar y dirigir la formación.

La primera fase del protocolo señala que la recogida de información se realizará a través de un cuestionario que servirá para extraer la información de aquellas actividades económicas que se van a poner en marcha, así como su incidencia y repercusión en el resto de actividades. Es decir, señala el documento, que se tendrán en cuenta las actividades económicas que potencialmente generen empleo en el territorio de las Áreas Territoriales de Empleo. Las Direcciones Provinciales de Empleo extraerán y unificarán esta información contando con la colaboración de las ATES, los Agentes Sociales y Económicos, Las UTDLTS, los Agentes Locales de Promoción de Empleo (ALPES), Agentes de Intermediación, los Ayuntamientos y demás Agentes que intervienen en el territorio, que serán a los que se remitirá el cuestionario.

El Observatorio Argos del SAE elaborará las Propuestas de Especialidades Formativas, con una periodicidad semestral, a través de un procedimiento como es la ocupación de las personas inscritas en el SAE, el número de personas contratadas en un territorio, y las ocupaciones emergentes. Esta última determinadas en el número de alta en las Actividades Económicas de trabajadores afiliados a la Seguridad Social que supera el número de bajas y las Actividades económicas en las que las altas del Cuentas de Cotización en la Seguridad Social supera las bajas de las mismas.

El segundo precepto recoge que se excluirá de esta información la relativa a la programación o puesta en marcha de acciones mixtas de Formación y Empleo (Escuelas Taller, Talleres de Empleo y Casas de Oficio), así como otros programas que se vayan a poner en marcha pertenecientes a la Consejería de Empleo, al disponer de la citada información.

Una tercera fase en la cumplimentación del cuestionario participará el personal directivo de las Oficinas de Empleo, los Alpes, así como el personal directivo de las UTEDLT que lo remitirán al Observatorio Argos que se encargará a su tratamiento y explotación.

En la quinta fase el personal directivo de las ATES examinará la propuesta de acciones formativas, eliminando aquellas que estime no son idóneas y puede proponer nuevas acciones, remitiendo la propuesta de nuevo al Observatorio Argos.

La sexta fase recoge que Argos ultimará la elaboración del estudio que será enviado a la Dirección General de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo, para su revisión y posterior publicación en el BOJA.

Así surge, derivado del trabajo realizado por Argos, la Resolución de 26 julio de 2011 de la Dirección General de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo por la que se publica la detección de necesidades formativas para la planificación de la oferta formativa del SAE dirigida a personas desempleadas, Resolución que misteriosamente ha sido desactivada de la web de la Consejería de Empleo y que recogía el catálogo de cursos elaborado por áreas territoriales de empleo. La Resolución indicaba que los órganos colegiados encargados de la evaluación de los proyectos formativos, darán preferencia, y por tanto mayor puntuación, a las especialidades formativas englobadas en las familias y áreas profesionales contenidas en la Resolución.

Estos eran, en definitiva, los cursos que se debían de ofertar, a través de las subvenciones que luego recibían, las empresas y las administraciones públicas por las cuarenta y cinco Áreas Territoriales de empleo en que dividieron Andalucía para la Formación Profesional Ocupacional (FPO) tanto con certificado de profesionalidad como cursos con compromiso de contratación. Todo, en definitiva, teledirigido por la Junta de Andalucía.

Las cantidades gestionadas en materia de Formación y Empleo

Desde el año 2.008 hasta del año 2014 la Junta de Andalucía gestionó, vía presupuestos, una ingente cantidad de dinero público para las políticas de empleo y formación. Las partidas recogidas para ello en los distintos presupuestos de esos años indican que manejó 5.640.737.384 de euros, que sumados a la famosa partida 31L nos sitúa en una cifra de 6.858 millones de euros.

La partida 32L aparece por primera vez en los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2008. Esta partida ha manejado desde 2008 a 2014 la cantidad de 3.235.085.334 de euros.

La partida 32D desde 2008 a 2010 ha manejado en los presupuestos la cantidad de 1.125.918.498 de euros.

La partida 32B de fomento de empleo que manejaba el SAE desde 2008 a 2010 suma 1.279.733.552 de euros.

En 2015 no aparecen partidas y tenemos que esperar a 2016 en el que la partida 32D tiene 238.730.033 de euros.

Las tres partidas juntas sumadas, la 32B, 32D y 32L desde el 2008 al 2014 significan 5.640.737.384 euros, que unida a los 1.217 millones de euros que manejó la partida 31L suman 6.858 millones de euros. Y si le sumamos la partida 32D de 2016 suman en total 7.096 millones de euros.

Los cientos de miles de parados generados

Mientras se dilapidaba tal cantidad de dinero público (mucho de ello proveniente de la UE) el paro empezaba a galopar en Andalucía, era una región con una arteria rota por la que se desangraba el empleo. Los datos nos indican la ineficacia de las políticas de empleo y formación de la Junta de Andalucía sobre el Mercado de trabajo. Comparando las Encuestas de Población Activa del 4º trimestre de cada año, de 2008 a 2015, las cifras indican que este último trimestre 2008 terminó con 850.300 parados, mientras el pico mayor de paro se situaba en Andalucía en diciembre de 2013 con 1.446.600 parados, nada menos que 596.300 parados generados en tan solo 5 años. Mientras que de 2008 a 2015 las cifras delatan que a pesar de la ingente cantidad de dinero usado para formación y empleo, incluido el 2016, 7.096 millones de euros, se empieza este año todavía con 1.198.300 parados, es decir, que todavía quedan 348.000 parados para situarnos en las cifras con las que terminó 2.008. O dicho de otra forma, que aún quedan 348.000 personas por salir del paro para llegar a la cifra que teníamos en 2008.

Muy lejos aún, lejísimos, de los 438.6000 parados con los que terminamos 2006 en Andalucía. Y si comparamos esta cifra con el pico mayor de parados de la EPA del último trimestre, tenemos que de 2006 a 2013 se generaron 1.080.000 parados en Andalucía. Una destrucción de empleo sin parangón en las economías de la UE o a nivel mundial.

Las políticas de empleo del gobierno de la Junta de Andalucía han sido un rotundo fracaso toda esta última década, y lejos de asumir alguna responsabilidad por la cantidad de dinero dilapidado y los nulos resultados, ha buscado siempre señalar a otros como culpables. Pero estas políticas fracasadas han generado y están generando en Andalucía cientos de miles de invisibles sociales, pueblos y barrios de los más pobres de España, la destrucción de la clase media, la segunda mayor tasa de paro de toda la UE tras Melilla, según datos de Euroestat, jóvenes sin futuro, aumento exponencial de la pobreza, pobreza severa en muchas familias, familias con todos sus miembros en paro, niños con problemas de alimentación, de escolarización, desahucios, divorcios, y que toda una generación frustrada de más de 45 años que ha sido expulsada del mercado laboral, y que nunca volverá a él, no tengan asegurada una jubilación digna. Un auténtico desequilibrio social que nunca va a poder corregir.

Los datos los ofrecemos a continuación para que no quede ninguna duda de las cifras aquí ofrecidas.

Presupuesto 2016