Artículo de Paco Romero
Puntual a su cita, entre el Silencio de la Madrugá y el
jolgorio de la Feria, vuelve en estos días el silencio maestrante a la orillita
del Guadalquivir, la mejor forma que entienden los taurinos del coso sevillano
para, tras saborear un primer lance prometedor, generar expectativas de faena
grande que, en la mayoría de las ocasiones, solo queda en eso.
De la mano, también ha hecho su aparición otro silencio más
mundano, el que han generado los últimos paseíllos por las inmediaciones de El
Prado de San Sebastián, concretamente por el despacho de Álvaro Martín, el juez
que instruye la causa de los ERE tras el despiece de Bolaños.
Los dos expresidentes se han negado a declarar porque, como
diputados o senadores, ya comparecieron hace casi un año, bien en el Tribunal
Supremo, bien en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Mientras
el abogado de Griñán denuncia “presiones” de la Fiscalía, el de Zarrías se
quejaba de una citación con una “clara intencionalidad política de dañar la
imagen de su defendido cuando aparezca zarandeado en primera plana de todos los
medios”. A resultas de los acontecimientos, parece claro que se pasó tres
pueblos pues su comparecencia, al igual que las de la exconsejera de Hacienda,
Carmen Martínez Aguayo y del exconsejero de Economía, Antonio Ávila, se
saldaron, felizmente, sin incidentes
ante la ausencia de esa especie de increpadores profesionales, o vengadores de
hojalata a sueldo, que pululan a las puertas de las sedes judiciales.
Ni siquiera las preguntas de la Fiscalía aparecieron en las
actas de las comparecencias. No respondieron a preguntas concretas acerca de su
conocimiento sobre los informes de la Intervención del Control Financiero
Permanente de las cuentas, o lo relacionado con las transferencias de
financiación que permitieron la partida 31L, conocida como fondo de reptiles, o
con los motivos por los que desapareció del orden del día de los
“viceconsejillos” el análisis de las ayudas concedidas a diversas empresas, o,
en fin, sobre por qué, tras el previo reparo del órgano fiscalizador, se
encargó un informe jurídico para conceder una ayuda a una empresa concreta,
Sandetel.
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