Del cambio a la vergüenza

Artículo de Luis Marín Sicilia

“¿Pueden responder todos estos exigentes neófitos de los actos que sus correligionarios realizaran antes de ocupar cargos públicos?”

“¿A qué control van a someter a todos sus afiliados respecto a actos de su vida privada?”

“¿Responde Sánchez de la trayectoria vital de todos los socialistas?”

Uno de los peores defectos de los nuevos políticos es la facilidad con que insultan y el descaro con el que descalifican. A falta de argumentos: improperios, insidias e infundios. El aspirante a una pensión vitalicia pagada por todos los españoles, Sánchez el Breve, como algunos correligionarios le llaman, ha pasado en horas veinticuatro a proponer el "Gobierno del cambio", consistente en echar a Rajoy, con fundamentar tal necesidad en acabar con el "Gobierno de la vergüenza". El eslogan como sistema y la ofensa como instrumento.

Para estos políticos, sin más historia que el manejo de los codos para ascender en su lucha partidaria, se trata de aplicar al Gobierno en funciones un "código X" de honor y dignidad por el pecado grave de que un miembro de su ejecutivo tuvo una empresa familiar en algún paraíso fiscal mucho antes de dedicarse a la política, con el agravante de no haber dicho la verdad al explicarse sobre el particular; lamentable error que ha supuesto el abandono del afectado de toda actividad política.

El Gobierno, que ha sido diligente en exigir la renuncia de Soria, ¿qué tiene que ver para ser tildado "de la vergüenza", en una conducta de una persona que, además de no ser delictiva, se produjo mucho antes de entrar en política y desde luego mucho antes de ser nombrado ministro? ¿Pueden responder todos estos exigentes neófitos de los actos que sus correligionarios realizaran antes de ocupar cargos públicos? ¿A qué control van a someter a todos sus afiliados respecto a actos de su vida privada? ¿Responde Sánchez de la trayectoria vital de todos los socialistas?

El linchamiento moral es reprobable, máxime cuando se trata tan solo de una lucha descarnada para alcanzar el poder. Los fallidos intentos para ser investido, buscando cualquier aliado para conseguirlo, aún violando los límites de su mandato, han abierto un proceso electoral en el que todo vale para los desaprensivos. Hay que estar preparados para la puesta en marcha de espectáculos tendentes a desgastar al adversario, desde la instrumentalizacion de las instituciones, empezando por el Congreso, hasta la ya consabida orquestación mediática de las cadenas afines.

El gran error del exministro Soria ha sido caer en contradicciones, faltando a la verdad, al desmentir hechos acaecidos hace tiempo, cuando la cautela debiera haberle llevado a hacer memoria tranquilamente, sin prisas, revisando su papel en la empresa familiar y, una vez recordada su trayectoria en la misma, comparecer a explicarse.

Hay que partir de la base de que tener cuentas en el extranjero, por sí solo, no es delito ni supone irregularidad alguna. El primer ministro inglés, David Cameron, ha sido afectado en un caso similar al de Soria, por una empresa constituida por su padre en un paraíso fiscal. Inicialmente se negó a dar explicaciones por tratarse de asuntos privados. Después hizo hasta cuatro declaraciones incompletas. Cameron sigue siendo primer ministro en un país como Gran Bretaña con mucha más solvencia democrática que España. Aquí la exigencia ha sido máxima, hasta el extremo de que el ministro Montoro dejó claro que "nadie puede estar en el Gobierno si ha operado en paraísos fiscales".

¿Qué lucha cainita es la que se propone esta oposición destructiva? ¿Dónde está la vergüenza fiscal en un Gobierno que se ha significado por una lucha implacable contra la evasión y el fraude fiscal? ¿No fue el Gobierno del partido de Sánchez el que sacó a Panamá de la lista de paraísos fiscales?

Para ser rigurosos hay que saber varias cosas. Por ejemplo, que fue el denostado Montoro quien impuso en 2015 la obligación de declarar, en el modelo 720, los bienes y valores que se tengan en el extranjero por valor superior a 50.000 €. Que ello afecta a los activos, cuentas, acciones e inmuebles ubicados en el exterior, con obligación de actualizarlo anualmente si se incrementa en 20.000 €. Que tal medida afloró el primer año 9.200 millones de euros. Que la lucha contra el fraude aumentó, solo en 2015, un 56 % destapando casi 43 millones de euros al día. Que ha sido tan fuerte la presión del Gobierno (ese que el ambicioso llama de la vergüenza) en su lucha contra el fraude fiscal que algunos despachos han denunciado a la Hacienda española ante la Comisión Europea por prácticas abusivas. Que la lucha contra el fraude ha supuesto alrededor de 13.000 millones de euros para las arcas públicas en el último año.

Otra cuestión que los "frentistas" debieran aprender es que las sociedades "off shore" (como las de Cameron o Soria) son mecanismos utilizados por las grandes empresas para canalizar sus inversiones. Que estas sociedades se constituyen fuera del país de residencia, en paraísos fiscales donde no se pagan impuestos o son muy ventajosos. Su creación es de bajo costo y de gran rapidez. No se indaga sobre la nacionalidad de los accionistas y directores. En algunos casos no se presentan cuentas anuales, ahorrando contabilidad y auditoría. Los datos personales son confidenciales, no hay registro público y se suelen crear figuras fiduciarias, tanto de los propietarios y accionistas como de los directores.

Precisamente por su gran opacidad, la Unión Europea lleva tiempo ocupándose de la necesidad de su afloramiento y el comisario Moscovici, dentro de su dificultad, se muestra optimista con los avances de Europa en materia de paraísos fiscales, cuya lista es cada vez más completa. Y ha sido el Gobierno de Rajoy uno de los que más ha avanzado en la materia, habiendo publicado de inmediato Datainvex (dependiente del ministro de Economía) la lista de países "off shore" con más inversión desde y hacia España.

Rajoy y su equipo han cometido errores, sin duda, pero el empeño en hacerlo responsable de todo tipo de corrupción es, además de falso, injusto. De una parte, porque los casos investigados de su partido corresponden a situaciones y personas anteriores a su mandato. De otra, porque el rigor de las investigaciones, como pone de manifiesto la actuación contra el alcalde de Granada, acredita que el Gobierno no interfiere en la actuación de la justicia ni de las fuerzas policiales.

Bastaría con comprobar cómo el expresidente Aznar ha sido sancionado por liquidaciones fiscales erróneas, mientras el podemita Monedero, por los mismos hechos, se ha librado de ser sancionado, para que quede de manifiesto que el Gobierno de Rajoy es exquisitamente respetuoso con los modos democráticos, que a algunos de los suyos les parece inocente e ingenuo. Pero, si hablamos de vergüenza, a los únicos que le corresponde pasarla es a quienes, aparte de ofender y buscar titulares, no han hecho nada positivo en su vida.