Noticias de Andalucía

Artículo de Luis Marín Sicilia

“¿Qué razones existen para que los ciudadanos y los políticos mantengan su apoyo a un modelo que, en tres largas décadas, ha acreditado su incapacidad para generar riqueza, empleo y crecimiento económico?”

“Sistema perverso y descorazonador para los funcionarios de carrera que no cesan en su empeño de devolver a la función pública andaluza el principio de independencia que es la base de una gestión eficaz del servicio público”

Los datos de Eurostat del año 2014, último publicado, sitúan a Andalucía muy por debajo de la media europea, en el furgón de cola del producto interior bruto (PIB) por habitante. Mientras Madrid, primera comunidad española del ranking, tiene un 125 % de la media europea del PIB, Andalucía está en el 67 %, solo superada negativamente por Extremadura, con el 63 % de la media europea de PIB.

Según el INE, a final de 2015, diez ciudades andaluzas estaban entre las quince españolas con más paro, ranking encabezado por Sanlúcar de Barrameda con el 42,3 % que casi triplica la media nacional. Y de los diez barrios españoles con mayor índice de pobreza, siete están en Sevilla capital.

Mientras esto son datos ciertos y no voluntarismos políticos, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha reiterado, una vez más, que la función pública no puede ejercerse por quien no es funcionario, desenmascarando la burda utilización de las agencias públicas empresariales, diseñadas por la Junta de Andalucía para eludir el derecho administrativo, disfrazándolo de unas relaciones laborales que faciliten el enchufismo tan querido por la clase dirigente.

¿Qué razones existen para que los ciudadanos y los políticos mantengan su apoyo a un modelo que, en tres largas décadas, ha acreditado su incapacidad para generar riqueza, empleo y crecimiento económico? ¿Cómo es posible que dicho atraso se mantenga pese a las gigantescas transferencias de recursos recibidos por Andalucía, desde el resto de España y desde la Unión Europea, para el desarrollo de la región?

En contra de que algunos quieran justificar en la indolencia andaluza las causas del atraso, no existen razones ni fundamentos para ello ya que, por una parte, los andaluces triunfan profesional y empresarialmente fuera de su tierra, y,  por otra, históricamente Andalucía fue una de las partes de España con mayores niveles de creatividad, riqueza y bienestar, lo que excluye ADN negativos en sus genes.

Buscar en la inoperancia sustancial de sus políticos, monopolizada la gestión por un solo partido en más de treinta años, sería un argumento demasiado simplista, ya que no puede negarse a ningún político sus buenos deseos en la administración de los intereses generales de la comunidad a la que representan.

En realidad, la explicación del atraso andaluz debe residir en la errónea elección del marco de acción política adecuado para el crecimiento socioeconómico andaluz. Por los motivos que sean, los dirigentes andaluces han instaurado un marco institucional que indefectiblemente conduce a consolidar y perpetuar dicho atraso. El entramado de instituciones políticas y económicas, diseñado y puesto en marcha por el PSOE, le supone contar con un soporte social que le garantiza el mantenimiento al frente del Gobierno andaluz.

Lo anterior nos lleva a una economía cerrada y subvencionada, cuyo paradigma es el famoso Plan de Empleo Rural, con la correspondiente nueva terminología, insuficiente para los realmente parados, pero fuente de picaresca y abusos que lleva a sus beneficiarios a usar su tiempo libre para conseguir ingresos adicionales en el mercado negro. Esta y otras iniciativas han creado una cultura de dependencia de efectos nocivos para la generación de incentivos que motiven a la gente a otras fuentes de bienestar basadas en el estímulo de su propio esfuerzo.

Además del llamado PER, otras iniciativas políticas han tejido una notable red clientelar, entre ellas la derivada del enorme peso del empleo público en la sociedad andaluza, donde uno de cada cuatro ocupados trabaja en las administraciones públicas. Máxime cuando se utilizan éstas para la colocación y el enchufismo de parientes, amigos, parejas y correligionarios. Sistema perverso y descorazonador para los funcionarios de carrera que no cesan en su empeño de devolver a la función pública andaluza el principio de independencia que es la base de una gestión eficaz del servicio público.

Al margen de la cantidad de asuntos judiciales que acreditan cual perverso e irregular es un régimen clientelar que condena al atraso económico a la sociedad que lo sufre, es conveniente contestar a la pregunta de las causas últimas de la situación de postración puesta de manifiesto con los datos al principio indicados. Y para mentalidades que creen en la capacidad del hombre para mejorar, en la inteligencia para aprender y en el estímulo para competir, se concluye que la sociedad andaluza debe abrirse en base al esfuerzo, el conocimiento, el mérito y el trabajo.

Curiosamente, en los datos de Eurostat, la comunidad de Madrid se ha situado a la cabeza del PIB nacional, rebasando a las clásicas del País Vasco y Cataluña, que tradicionalmente lideraban dicha parrilla. No por casualidad, en Madrid se pusieron en marcha políticas liberales y de estímulos fiscales, en vez de subvenciones y subsidios, elección ésta de su clase dirigente que algo ha debido tener que ver en el enorme crecimiento de dicha comunidad. La asfixia fiscal al contribuyente produce efectos muy negativos para el desarrollo de los pueblos, lo que es palmario en Andalucía, como lo está siendo en Cataluña, comunidad que se va alejando del criterio liberal que siempre la inspiró, colocándola en la cima del desarrollo que hoy va perdiendo progresivamente.

En cualquier caso, la clase dirigente andaluza tiene que entender que la dinámica de intercambio de favores por votos potenciales tiene ya escaso recorrido, debido al ajuste presupuestario derivado del cumplimiento de los objetivos de déficit. El alto porcentaje con el que el Estado financia el sistema socioeconómico andaluz, cercano al 80 %, hace insostenible el mantenimiento del marco clientelar construido en dicha región.

Mientras los funcionarios andaluces mantienen la defensa a ultranza de los principios legales que justifican su cometido, en los juzgados de la comunidad se siguen múltiples causas penales sobre comportamientos leoninos de quienes aprovecharon los muchos canales de corrupción construidos alrededor del régimen político.

Como la estructura de gasto andaluza, que facilitó el enchufismo y dio pie a los abusos que se juzgan, es hoy infinanciable, la clase dirigente andaluza debe poner en práctica otras políticas más flexibles y estimuladoras de la actividad económica, sabiendo que ni los mercados, ni el Gobierno central, ni otras comunidades, estarán dispuestos a aportar los fondos necesarios para el mantenimiento de la estructura clientelar e ineficiente montada en Andalucía.