Investigación de la formación para el empleo

Artículo de Luis Escribano

Si fuera cierto el rumor que circula sobre un posible filtro en San Telmo de los documentos que se envían a la Comisión de Investigación, Susana Díaz tendría que dar muchas explicaciones.

Ningún miembro de la Comisión de Investigación ha preguntado a los Interventores provinciales y al ex Interventor General sobre la inconstitucionalidad de las ayudas concedidas. ¿Se hará alguna vez?

¿Preguntará algún diputado de la Comisión sobre los expedientes de responsabilidad patrimonial personal abiertos a los responsables de las irregularidades e ilegalidades?

¿Preguntarán sobre la íntima conexión en la desastrosa política de recursos humanos y el descontrol existente en el gasto público de la Junta de Andalucía?

¿Preguntará algún diputado de la Comisión sobre la posible participación ilegal de personal laboral en la concesión y justificaciones o reintegros de las subvenciones concedidas?

Si el jueves pasado mostraba en mi artículo semanal que el Gobierno andaluz está noqueado, que la parte oculta del iceberg creado por ellos mismos está abriendo constantes vías de agua al buque “Junta de Andalucía” por la incompetencia, impericia o desmedida corrupción de su “tripulación” (cargos políticos y determinados empleados públicos -funcionarios y contratados laborales-), en este artículo dejaré constancia de hasta donde puede llegar la ineptitud o perversidad en todo lo que rodea a la “Comisión de Investigación relativa a las concesiones de las subvenciones otorgadas por la Junta de Andalucía en materia de Formación Profesional para el Empleo (FPE), desde 2002 hasta la actualidad, incluida su gestión, evaluación y justificación”.

Mientras más lecturas realizo de las informaciones publicadas en distintos diarios sobre las declaraciones de los primeros interpelados a preguntas realizadas por los miembros de la citada Comisión, más destaca el grave deterioro de las instituciones políticas y administrativas andaluzas.

Por un lado, el ex interventor general de la Junta, Adolfo García Fernández, se ha dedicado a jugar con las palabras sin entrar a fondo en el asunto investigado, mientras que los interventores delegados han expresado sus opiniones de forma muy dispar. A algunos se les ha notado que están arrimados al Régimen socialista que les da de comer a base de puestos de libre designación con altas retribuciones, intentando quitar importancia al asunto; otros, han hablado con mayor libertad. Pero ninguno ha entrado en algunos temas que comentaré más adelante.

No obstante, lo más llamativo es que no he leído en ningún medio de comunicación alguna información sobre preguntas realmente comprometedoras de los miembros de la Comisión a los declarantes. Si algún día tuviera que participar en una comisión de investigación parlamentaria, y me dejaran hablar libremente sobre el funcionamiento de la Junta, les aseguro que no dejaría títere con cabeza. Por eso tengo la seguridad de que jamás me llamarán a ninguna comisión de investigación, ni formaré parte de ningún órgano de control en la Administración andaluza.

Parece que ha quedado claro el descontrol en las concesiones y justificaciones de subvenciones por parte de los órganos gestores de Empleo. Justificar las exceptuaciones aprobadas por los distintos Consejeros que ocuparon la cartera de Empleo –únicos competentes-, a fin de saltarse la condición de tener justificadas las anteriores subvenciones del mismo Programa presupuestario antes de pagar nuevas subvenciones, motivándolo en que eran muchos los expedientes pendientes de evaluar y había poco personal para ello, es tan ingenuo como que un profesor justifique un aprobado general a todos sus alumnos en que no le da tiempo a evaluar todos los exámenes.

¡Coloquen a más personal, que para eso tiene las competencias la Junta de Andalucía! La Junta invoca incesantemente su potestad de autoorganización en todas las normas que recurre al Estado, pero para solucionar este problema, se olvida de la misma. Por tanto, justificarse en la falta de personal y llamarnos imbéciles en la cara, es lo mismo.

Si la gestión de los recursos humanos en la Junta es pésima –insisto en el tema porque lo he denunciado multitud de veces como “el cáncer de la Administración andaluza”-, existen numerosos responsables de ello, y casi todos ocupan cargos –menuda casualidad- en la misma Consejería responsable del control del gasto público en la Junta: la Consejería de Hacienda y Administración Pública. ¿Casualidad o causalidad? No olvidemos el papel de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo, que junto al Consejero y Viceconsejero, tiene funciones atribuidas en materia de personal. 

Es evidente que el círculo se cierra, aún más si tenemos en cuenta que no hay personal especializado en las Intervenciones (entra otras cosas, no hay Cuerpos de Interventores en la Junta), y que las normas que regulan las actuaciones de la Intervención son de la época de Matusalén, como el conocido RIJA –Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía-. Es evidente la inexistente voluntad política de resolver la cuestión.

Si todavía hay algún parlamentario que no es capaz de comprender la íntima conexión en la desastrosa política de recursos humanos y el descontrol existente de los gastos públicos (no sólo en subvenciones, pues hay muchos tipos más de ayudas económicas), deberían de cerrar para siempre el Parlamento, y nos ahorraríamos ese gasto inútil. Y si no lo ven, llámenme a la Comisión, y se lo explico a sus señorías con detalle.

Y atención a lo que les digo a continuación: a las Intervenciones no les llega todos los documentos presentados por los beneficiarios para la justificación, sino el “Certificado justificativo” suscrito por el alto cargo que concedió la subvención, según el modelo aprobado por la Intervención General en una Instrucción interna, más el documento contable correspondiente de la justificación. Por tanto, los verdaderos responsables de la justificación de las subvenciones son los funcionarios de las unidades administrativas que han instruido los expedientes de las subvenciones, más el titular del órgano que las concedió.

Que conste que estoy dando por hecho que han sido funcionarios los que han participado en los procedimientos, porque si hubiera actuado personal laboral, tanto de la Administración General como de algún ente instrumental de la Junta (fundación, agencia o sociedad mercantil públicas), la ilegalidad sería manifiesta. Lean mi anterior artículo -Jaque mate del TSJA al Gobierno andaluz- y entenderán de qué estoy hablando. ¿Preguntará algún diputado sobre este tema, o se callarán para no levantar susceptibilidades al personal laboral, no vayan a perder votos?

Y si grave es todo lo anterior, peor es aún que ningún miembro de la Comisión haya preguntado a los Interventores provinciales y al ex Interventor General, sobre la inconstitucionalidad de las ayudas concedidas de formación para el empleo, en base a normas reguladoras aprobadas por la Comunidad Autónoma que no se ajustan a la normativa del Estado, que tiene la competencia exclusiva en esta materia, como ha dictaminado pacíficamente el Tribunal Constitucional en numerosas sentencias. Entre otras, la Sentencia 35/2013, de 14 de febrero de 2013, que conoce muy bien la Junta de Andalucía, al haber sido la recurrente.

Si ustedes tienen un especial interés en conocer con detalle esta cuestión, incluyendo sentencias del Tribunal Constitucional, no tienen más que leer mis artículos publicados en mi blog personal, en junio de 2014, y en este diario:

1) Fraude masivo en la formación para el empleo en la Junta de Andalucía

2) La Junta de Andalucía y las ayudas para fomento del empleo

3) Empleo Corrupto

Invito a los miembros de la Comisión de Investigación a que pregunten sobre la materia, y si igualmente no lo entienden, invítenme a declarar a la Comisión y lo explicaré con detalle.

Si a pesar de todo, los parlamentarios no interpelaran sobre este espinoso y grave asunto, ya saben ustedes que algo se intenta ocultar, especialmente por el PSOE andaluz y su socio Ciudadanos, que además preside la citada Comisión: las ilegalidades permanentes de la Junta de Andalucía que han colocado a esta Comunidad en el primer puesto en España del ranking de inseguridad jurídica.

Pero si grave es lo anterior, no lo es menos la prescripción denunciada de los expedientes anteriores al ejercicio de 2009, que impide reintegrar el dinero concedido y no justificado o con justificación insuficiente. ¿De cuántos millones de euros estamos hablando? La Intervención General tiene el dato exacto, y lo puede facilitar fácilmente, si es que hay voluntad de hacerlo, o si alguien con lucidez se lo pide.

A la Comisión de Investigación le voy a dar una solución para recuperar parte del dinero que se supone ha prescrito por la responsabilidad evidente de una gestión pésima: exijan la apertura de expedientes de responsabilidad patrimonial personal a los responsables, así como la consecuente indemnización a la Administración (es decir, a todos los ciudadanos), previsto en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, o en la nueva Ley que en breve la sustituirá, que lo regula igualmente, así como en el Reglamento que lo desarrolla.

¿Preguntará algún diputado cuantos expedientes de responsabilidad patrimonial se han incoado contra esos responsables, dado que según ha declarado en la Comisión el ex Interventor General, Adolfo García, “la Junta ha desarrollado una actuación «contundente e inmediata, fuera de lo habitual», ante las irregularidades en las ayudas a la formación, «detectadas por los propios mecanismos de la Junta». «Tenemos que vanagloriarnos de eso»”? El señor Adolfo García podría haber sido tan espléndido con los ciudadanos y la Comisión como lo ha sido con sus alabanzas a la Junta, y podía haber explicado que aunque haya prescrito la posibilidad de recuperar el dinero con los expedientes de reintegro, puede recuperarse a través del patrimonio personal de todos los responsables de este desaguisado, aunque sólo se recupere una parte.

Ante todo esto, el diputado y portavoz parlamentario del PSOE, Mario Jiménez, en un ejercicio de cinismo sin parangón, declara a los medios que “las comparecencias de los interventores de la Junta ante la comisión que investiga los cursos de la formación constatan que no ha habido «ninguna ilegalidad» y que sólo «en el ámbito administrativo, se podría exigir alguna tipo de respuesta»….«El conjunto de los interventores han dicho que no se ha apreciado en ningún momento la comisión de un delito en los cientos de expedientes analizado, no se ha apreciado ninguna ilegalidad.” (Diario ABC, Stella Benot).

Los órganos competentes para determinar si ha habido o no delito son los Tribunales de Justicia, no los interventores o el Sr. Jiménez que se atribuye esa facultad, y para colmo lo declara sin conocer con detalle el contenido de los expedientes. Y que el mismo diputado diga que no se constata ninguna ilegalidad, aunque ha quedado claro que los expedientes estaban incompletos y se incumplían normas administrativas, es de traca. ¿Cómo se puede tener tan poca vergüenza por un representante de la ciudadanía en el Parlamento? Otro signo más del Régimen socialista, que funde –y confunde- los poderes legislativo y ejecutivo.

Por último, circula un rumor (y como tal hay que tratarlo) sobre cierto cargo del PSOE, que fue cesado por haber sido “imputado” (ahora investigado) por un Juzgado, que se encarga en San Telmo de revisar o filtrar –no se sabe qué tarea realiza- la documentación que se envía a la Comisión de Investigación, y por eso el retraso en enviarla. Si fuera cierto, la tomadura de pelo a la Comisión –y a los andaluces- sería mayúscula, y la Presidenta Susana Díaz tendría que dar explicaciones.

Si después del espectáculo que está ofreciendo el PSOE andaluz en esta Comisión de investigación, tanto por sus diputados como por los responsables de la formación para el empleo en la Junta, así como de las ilegalidades de la Junta de Andalucía denunciadas en este diario (sin ir más lejos, mi anterior artículo deja constancia de muchas más), el partido de Ciudadanos sigue apoyando al Gobierno andaluz y al Grupo parlamentario socialista, los andaluces tomaremos buena nota para las próximas elecciones.