Empleo, corrupción imparable

Artículo de Luis Escribano

• Ayudas concedidas en materia de empleo, cofinanciadas con el Fondo Social Europeo, presentan graves irregularidades.
• Una vez más, se ha sustraído la potestad administrativa del control en la aplicación de fondos europeos a funcionarios de carrera, cuando la Ley Básica estatal no lo permite.
• La Junta de Andalucía se gastó casi 9,5 millones de euros en la contratación de una empresa privada para la verificación de fondos europeos.

En el presente artículo les mostraré un ejemplo más que demuestra las dimensiones infinitas del continuo espacio-tiempo de la corrupción del PSOE en Andalucía. No creo que esto les sorprenda mucho, pues el resultado siempre es el mismo: cuando se profundiza un poco en la gestión de cualquier órgano o ente de la Junta de Andalucía, aparece el típico olor a putrefacción que amarga a cualquiera su existencia.

Tras escuchar las recientes intervenciones de los exdirectivos de la fundación pública FAFFE en la Comisión de Investigación sobre las subvenciones otorgadas por la Junta de Andalucía en materia de Formación Profesional para el Empleo, se ha podido comprobar no sólo la inutilidad de dicha Comisión ante la patente obstrucción de los declarantes y del Gobierno andaluz, que no ha remitido a tiempo la documentación solicitada para efectuar las necesarias preguntas sobre la misma, sino también la perversidad de un sistema político que permite que dos diputados, ambos del Grupo parlamentario del PSOE, se dediquen a apoyar a los declarantes y defender las actuaciones de un Gobierno (poder ejecutivo) que se supone deben controlar. Sus nombres –para el olvido- son María Luisa Bustinduy Barrero, de profesión funcionaria, y Rodrigo Sánchez Haro, de profesión abogado, según consta en la web del Parlamento.

Si los miembros del Grupo parlamentario de Ciudadanos tuvieran un mínimo de vergüenza y respeto por la ciudadanía andaluza, habrían roto inmediatamente las relaciones con el PSOE, y si contaran con los apoyos necesarios de diputados del PP, Podemos e IU, tendrían que haber planteado una moción de censura contra la Presidenta de la Junta, Susana Díaz, ante el bochornoso espectáculo que se está desarrollando en el Parlamento y en el Gobierno andaluz. En política no puede aceptarse todo; mirar hacia otro lado y tragarse aberraciones tan descomunales dice mucho de esos nueve diputados, y especialmente lo digo por los que creen que el fin justifica los medios, aunque estos sean notoriamente obscenos.

A continuación mostraré acciones y omisiones de la Junta de Andalucía que demuestran la intencionalidad en debilitar, saltarse o eliminar los filtros y controles existentes para la adecuada concesión y justificación de subvenciones. En este caso, el SAE (Servicio Andaluz de Empleo) y la Consejería de Empleo son los protagonistas, junto a la Dirección General de Fondos Europeos.

La Consejería de Empleo, mediante la Orden de 26 de febrero de 2004, desarrolló los primeros programas destinados al fomento de actividades en el ámbito de los nuevos yacimientos de empleo en Andalucía. Posteriormente, la Orden de 6 de abril de 2009, suscrita por el Consejero Antonio Fernández, aprobó las bases reguladoras del programa para impulsar proyectos promovidos por las Corporaciones Locales en el marco de los Nuevos Yacimientos de Empleo (BOJA 15/04/2009).

Las ayudas establecidas en la citada Orden de 2009 se cofinanciaron con créditos del Fondo Social Europeo (Programa Operativo 2007-2013 de Andalucía), por lo que debían cumplir con el régimen jurídico establecido por el artículo 6 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

Los beneficiarios de las ayudas eran Corporaciones Locales andaluzas, y debían contar con capacidad suficiente y acreditar disponer de instalaciones adecuadas para desarrollar las acciones contempladas en el programa, que iban destinados a la creación de empleo (artículo 4.1). De hecho, el colectivo destinatario final eran personas inscritas como demandantes de empleo en las oficinas del SAE.

Esta Orden de 2009, a mi juicio, incurre en varias irregularidades graves, como veremos a continuación.

Primera irregularidad: Según su artículo 30.1, las ayudas concedidas debían publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En este caso ha ocurrido lo mismo que se detectó en el caso EDU, en el presunto fraude de los fondos para formación de trabajadores en Andalucía, que fue investigado por la UDEF de la Policía: no se ha publicado en el BOJA, por ejemplo, la Resolución de 8 de septiembre de 2009, suscrita por el Consejero de Empleo en calidad de Presidente del SAE, Antonio Fernández, a propuesta de la Directora General de Autónomos, Igualdad y Fomento del Empleo del SAE, María Dolores Luna Fernández, por la que se otorgaron dichas ayudas en 2009. La citada Resolución ni siquiera ordena su publicación en BOJA, que era una obligación.

Por cierto, algunas de las ayudas concedidas mediante esta Resolución de 2009 han sido verificadas en 2012 por la Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería de Hacienda, a través de una empresa privada contratada para ello, como comentaré al final del artículo. ¿Fue correcta la verificación? La empresa cobró más de 9 millones de euros para tareas de verificación, y estaba presidida por un conocido ex cargo público.

Segunda irregularidad: Si los beneficiarios de las ayudas eran las Corporaciones Locales (Ayuntamientos como Linares, Montoro y Sevilla recibieron dichas ayudas en la convocatoria de 2009), lo lógico hubiera sido que la Orden de 2009 estableciera para su justificación una certificación del funcionario municipal de la intervención junto a la cuenta justificativa prevista en el artículo 72 del Reglamento de 2006 que desarrolla la Ley General de Subvenciones, certificación que posteriormente fue prevista en el artículo 21 del Reglamento de Subvenciones de la Junta de Andalucía aprobado por Decreto 282/2010: “Las subvenciones a las corporaciones locales se justificarán mediante un certificado de la intervención de la entidad correspondiente, acreditativo del empleo de las cantidades a la finalidad para las que fueron concedidas”. Si embargo, la Orden estableció otra manera de justificar la subvención mediante una cuenta justificativa reducida (se trata de relajar el control), de manera que ya no interviene el funcionario interventor, que es quien debiera certificar el documento justificativo. Una manera más de evitar el control por funcionario público.

Tercera irregularidad: la Orden, además, induce a otra ilegalidad, y muy grave desde mi punto de vista. Obliga a la corporación local que recibe la subvención de la Junta a aprobar unas bases reguladoras para conceder subvenciones -con la subvención recibida- a las personas destinatarias finales, e induce a dichas corporaciones a incurrir en inconstitucionalidad, dado que los municipios no tiene competencias normativas en materia de empleo, y no puede establecer ningún tipo de requisitos para otorgar ayudas, ni siquiera los establecidos por la Consejería de Empleo en la Orden de 2009, dado que la Comunidad andaluza tampoco tiene esa competencia, dado que la competencia para regular las ayudas en materia de empleo es estatal y con carácter de exclusiva. Esto ya lo he denunciado en varios artículos, y la última vez en este diario “Investigación de la formación para el empleo”. Esperemos que en la Comisión de Investigación del Parlamento, algún diputado pregunte sobre esta cuestión de las competencias, pues en materia de los cursos de formación para el empleo ocurre exactamente lo mismo.

Si tienen ocasión de leer el artículo 16 de la Orden de 2009, verán que las propuestas de bases reguladoras que fueran a aprobar las corporaciones locales para conceder las ayudas debían ser aceptadas expresamente por la Dirección General de Fomento e Igualdad en el Empleo. ¿Fueron aceptadas dichas bases, aún incurriendo presumiblemente en inconstitucionalidad?

Cuarta irregularidad: Es un cúmulo de despropósitos, y la pregunta obligada es… ¿nadie lo advirtió? La responsabilidad de los funcionarios –si es que lo eran, dada la inmensa cantidad de laborales que trabajaban en el SAE- que han participado en la elaboración de la Orden con sus informes (Dirección General de Fomento e Igualdad en el Empleo; Servicio de Legislación de la Secretaría General Técnica; Letrado del Gabinete Jurídico; Intervención General, etc.) es evidente, y la de las autoridades, si fueron advertidas en algún informe, también.

Quinta irregularidad: el personal que se empleara para asesoramiento al colectivo destinatario debía cumplir unos requisitos, que se establecían en la Orden de 2009.

En el artículo 5 de la citada Orden de 2009, denominado “Personal Técnico”, se establecía lo siguiente: “El personal técnico encargado de asesorar a las personas destinatarias de este programa deberá contar con una experiencia mínima de 2 años en el desarrollo de programas similares. Esta experiencia deberá ser acreditada en la forma y plazo que la resolución de concesión establezca. Además de lo anterior, el 50% del personal técnico debe estar compuesto por mujeres, y al menos una persona deberá contar con conocimientos y formación específica en materia de igualdad en el empleo.”

Si observan ustedes, sólo se exige en la Orden que la resolución establezca la forma y plazo para acreditar la experiencia mínima de 2 años en el desarrollo de programas similares, que lo podía haber regulado la misma Orden, pero nada se dice para acreditar los otros requisitos: 50% que sea mujer, y una de las personas debe contar con conocimientos y formación específica en materia de igualdad en el empleo.

En la convocatoria para el año 2009, las ayudas fueron concedidas mediante Resolución de 8 de Septiembre de 2009, del Consejero de Empleo, en calidad de Presidente del SAE (Antonio Fernández), a propuesta de la Directora General de Autónomos, Igualdad y Fomento del Empleo del SAE, María Dolores Luna Fernández. En dicha Resolución debía aparecer, según decía la Orden reguladora, la forma y plazo para acreditar la experiencia mínima de 2 años en el desarrollo de programas similares.

Efectivamente, en el apartado octavo de la resolución, se dice que en el plazo de un mes a contar desde la notificación de la resolución (que no se publicó en el BOJA), la entidad beneficiaria debe presentar en la Dirección General de Autónomos, Igualdad y Fomento del Empleo del SAE, una declaración responsable de haber observado, en el proceso de selección  y contratación del personal técnico encargado de asesorar a las personas destinatarias  del programa, los requisitos y condiciones previstos para los mismos ene l artículo 5 de la Orden. Cualquier funcionario que trabaja con la gestión de subvenciones sabe que una declaración responsable no acredita nada. En las corporaciones locales sólo podría certificar dicho cumplimiento los Secretarios o Secretarios-Interventores. Por tanto, queda en evidencia que la Resolución que suscribe el Consejero de Empleo como Presidente del SAE incumple lo establecido en la Orden de 2009 que aprobó dicho Consejero, y que ha podido dar pie al típico enchufismo que se practica en muchos Ayuntamientos.

Por último nos queda por denunciar la actuación de la Dirección General de Fondos Europeos (DGFE). La Orden de 23 de julio de 2008, aprobada por el entonces Consejero de Economía y Hacienda y Vicepresidente de la Junta, José Antonio Griñán, establece las normas para la gestión y coordinación de las intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el período de programación 2007-2013.

Según el apartado 2 de su artículo 37, para las labores de verificación la DGFE podrá, en su caso, contar con el apoyo externo necesario. Es decir, con esta norma se posibilita la sustracción del control por funcionarios públicos de la adecuación del procedimiento de concesión de las ayudas a la normativa aplicable, una potestad administrativa que no puede estar ni siquiera en manos de personal laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, y que Griñán permitió poner en manos de personal laboral contratado de una empresa privada. Y es que el ex Presidente Griñán tiene a sus espaldas demasiados puntos oscuros como para ir montando circos en los Tribunales de Justicia.

Y eso ha estado haciendo dicha Dirección General: más de 10 millones de euros se ha gastado en contratar empresas privadas para verificar la aplicación de dichos fondos europeos. Una de esas empresas, Red2Red Consultores, fue contratada por casi 9,5 millones de euros para verificar la utilización de los fondos europeos es (BOE 21/04/2009). La adjudicación se realizó siendo Director General de Fondos Europeos Antonio Valverde Ramos.

La citada empresa tiene como Presidente a Juan García Moreno, que ha sido Subdirector General del INEM, Director General de FORCEM y asesor en materia sociolaboral en el Gabinete de Presidencia del Gobierno, según constaba en su página web.

Este es su curriculum, obtenido en las redes sociales: Economista y funcionario de carrera, actualmente en excedencia, destaca su anterior actividad como Consultor en Localización de Inversiones Industriales y en Ordenación y Desarrollo Territorial y, posteriormente y a lo largo de diez años, como Responsable a nivel estatal de los Servicios Públicos de Empleo (Red de Oficinas del Instituto Nacional de Empleo/ INEM) y Responsable Nacional de la gestión del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional (Plan FIP). Desde este último puesto, ejerció de Miembro Titular por España del Comité del Fondo Social Europeo, así como de otros Comités y Grupos de Expertos a nivel internacional. Cabe reseñar, igualmente, su actividad como primer Director General del Sistema Nacional de Formación dentro de las Empresas (Fundación para la Formación Continua/FORCEM), en su fase de puesta en marcha y consolidación. Finalmente, cabe destacar de su actividad al servicio de la Función Pública su papel de Coordinador de diversos programas de cooperación internacional en América Latina y Asesor en materia sociolaboral del Gabinete del Presidente del Gobierno. Desde 1995 viene trabajando en la iniciativa privada, primero como socio fundador y Director General de Enred Consultores, y en esta última etapa, desde julio de 2000, también como Administrador Único de la empresa Red2Red Consultores, de la que es asimismo socio fundador al tiempo que Consejero Delegado de la empresa dedicada a la Consultoría en Responsabilidad Social Corporativa Responsables, S.L. 

No se puede dudar que desconozca la materia de empleo. ¿Cómo es posible que esa empresa, con los millones de euros que ha costado su contratación, no haya detectado nada irregular en las ayudas concedidas con fondos europeos en la Orden de 2009 y, como denuncié en anteriores artículos, para la formación en materia de empleo? ¿Nadie le pedirá explicaciones y, en caso de confirmarse las irregularidades, exigirle una indemnización? ¿No prevé el contrato una cláusula de responsabilidad por incumplimiento en su labor de verificación? ¡¡Si ni siquiera ha sido publicada en BOJA la resolución de concesión de las ayudas!! ¿Ni este incumplimiento ha sido constatado en la verificación?

Según la información obtenida de distintas fuentes, la verificación por parte de esa empresa Red2Red de expedientes relativos a las ayudas concedidas mediante dicha Resolución de 2009 del SAE, se realizaban mediante el uso de unas “check list” elaboradas por la propia empresa, y con el visto bueno de la DGFE, de forma que no se entraba a fondo en la adecuación de los expedientes a la normativa aplicable. Para colmo, a fin de no utilizar funcionarios de carrera en las verificaciones, la DGFE utilizó personal interino –sin experiencia-  que puso increíblemente a las órdenes del personal de la empresa Red2Red. Según las informaciones obtenidas, la Jefa de Servicio de Verificación y Control de la DGFE, Mª Isabel Vicente Pérez, dio instrucciones a los interinos para que se incorporaran a los equipos de trabajo de la empresa Red2Red, de manera que con ella sólo hablara un coordinador de la empresa, que a su vez coordinaba a los distintos jefes de cada equipo de verificación a los que se incorporaba cada interino. Uno de los interinos reveló como intentaban engañarle con argucias para que firmasen actas manifestando que todo estaba correcto. Y lo más grave: los interinos tenían que grabar su trabajo en una base de datos de la empresa verificadora Red2Red. El mundo al revés: quienes realmente podían emitir informes con presunción de veracidad –los interinos- estaban al servicio de laborales de una empresa privada que estaba ejerciendo potestades administrativas, y para colmo los interinos tenían que utilizar recursos privados de la empresa contratada.

Por cierto, los empleados de Red2Red Consultores participaron en varios cursos de formación (pagados con el contrato de la Junta), mientras que los interinos no tuvieron oportunidad de realizar cursos relativos a los fondos europeos, dado que según les decían, sólo iban a estar dos años trabajando para la DGFE. Juzguen ustedes mismos.

Por último, les dejo con la imagen de la carta que parece ser envió en 2012 la DGFE al Director Gerente del SAE, Pedro Eugenio Gracia Victoria (según aparece en la misma, dirigida por Patricia Eguilior Arranz, Directora General de Fondos Europeos y Planificación), anunciando la visita de los verificadores de la empresa Red2Red para analizar determinados expedientes. Entre las personas de contacto de dicha carta figuran la citada Jefa de Servicio, y personal externo a la Junta, Jorge Macua Camacho, como Coordinador de la empresa Red2Red.

Si esto ha ocurrido con algunas de las ayudas europeas que se sometían a “verificación” –en palabras de algunos interinos, las “check list” eran demasiado “lights”-, ahora se entiende que la UE haya bloqueado las ayudas del FSE a la Junta de Andalucía.

Cosas de Andalucía, la Cosa Nostra.