O juez o político

Artículo de Luis Marín Sicilia

“Parece seguro que los populares no van a hacer presidente al mayor vetador y ambicioso del Reino”

“Quizás una de las primeras medidas para garantizar la independencia del poder judicial es acabar con el maridaje de jueces y políticos, posiblemente la puerta giratoria que antes debe cerrarse”

“Los jueces a quienes les satisfaga su función siempre serán jueces; a los que les tiente la política, serán políticos. O una cosa u otra”

El documento suscrito por Pedro Sánchez y Albert Rivera, pomposamente llamado reformista y de progreso, ha merecido comentarios de todo tipo, con calificativos como reaccionario para la izquierda radical, impostura para sectores de la derecha y tomadura de pelo para comentaristas independientes. En cualquier caso considero dignas de ser comentadas dos cuestiones.

Una de ellas deriva de la mera observación de los aconteceres producidos durante el proceso teatral de reuniones y ruedas de prensa, tan prolíficas ambas como vacías de contenido trascendente. Mientras las televisiones dedicaban horas y horas a ocupar tales figuraciones, se hacían eco diariamente, y con amplio despliegue, de continuas detenciones e imputaciones a personas vinculadas, directa o indirectamente, al PP.

Así, mientras se abrían telediarios imputando a algunos populares valencianos blanqueo de capitales por haber donado a su partido ¡mil euros!, y se pedía la dimisión de la ex alcaldesa Rita Barbera, que aún no sabe qué cargos hay contra ella, nadie pedía, por ejemplo, el cese del secretario general del PSOE gallego Gómez Besteiro, imputado en cuatro causas criminales.

Y no digamos sobre el silencio de lo que pasa en Andalucía donde, mientras un alcalde reconoce que practica adjudicaciones a capricho de sus genitales o una exalcaldesa ingresaba en prisión con sentencia firme, más de treinta juzgados siguen investigando irregularidades en gestión de fondos públicos a más de seiscientos imputados, con un quebranto de unos 4.300 millones de euros bajo sospecha.

No cabe duda de que tal parafernalia de noticias negativas tenía como objetivo inhabilitar al PP en los cabildeos para forzar un acuerdo que lo excluyera, olvidando que Rajoy tendrá muchos defectos pero es un político que actúa con absoluta independencia de los grupos de presión económicos y mediáticos, los cuales nunca le han marcado su estrategia. Parece seguro que los populares no van a hacer presidente al mayor vetador y ambicioso del Reino, no sólo por dignidad y respeto a su electorado sino, también, por pretender ensuciar su imagen con casos puntuales de corrupción, algunos muchos no contrastados, mientras otros pactan con el partido que tiene a sus espaldas los mayores casos de corrupción de la España democrática, como los ERE y los “cursos de formación”, entre otros.

La otra cuestión que merece un comentario se refiere a la forma lamentable en que se suceden filtraciones de actuaciones judiciales, que trasladan una enorme intencionalidad política, siempre sesgada en detrimento del Partido Popular, lo que incide en la duda tan arraigada, antes y ahora, sobre la independencia de la justicia.

En este sentido llama la atención la levedad del documento de marras sobre la reforma del poder judicial. ¿Dónde está la tan cacareada garantía de su independencia? Todo queda en reducir a la mitad los miembros del órgano de gobierno de los jueces, porque, en punto a su nombramiento la política sigue metiendo la mano. Así, según se documenta, serán los partidos, a través de su representación parlamentaria, los que nombren al comité encargado de seleccionar a los miembros del Consejo del Poder Judicial, haciendo buena la máxima de que "no es preciso que controles; basta con que nombres a los controladores".

Quizás una de las primeras medidas para garantizar la independencia del poder judicial es acabar con el maridaje de jueces y políticos, posiblemente la puerta giratoria que antes debe cerrarse. Sabido es lo ocurrido con Baltasar Garzón que, en cuanto entró en el Gobierno de Felipe González, paralizó la investigación de los GAL, para, al no conseguir el nombramiento que ambicionaba, volver a la magistratura reactivando dicha instrucción antes de que prescribiera, con el resultado ya conocido que tanto desgastó al gobierno socialista.

Hoy, del juzgado de la Audiencia Nacional que titula Eloy Velasco surgen la mayor parte de los escándalos debidamente administrados mediáticamente que tanto dañan al PP. Velasco fue Director general en el gobierno valenciano de Eduardo Zaplana y fue cesado por pérdida de confianza de la Generalitat que presidió Francisco Camps. Es legítimo no pensar mal, pero también conduce a una duda razonable por tratarse de cuestiones que se refieren al periodo del ejecutivo que lo cesó, y cuya consistencia, como ocurrió con el archivo de la causa por los trajes de Camps, parece endeble.

Para cualquier jurista la vocación de administrar Justicia es de tal importancia que debiera imprimir carácter. Puede que algún juez esté tentado por el ejercicio de la política, que es legítimo y loable, pero la garantía de la independencia de ambos poderes debe ser perfectamente visualizada por la opinión pública, que no ve con agrado someterse al veredicto de un juez retornado de la política, por muy objetiva y equilibrada que sea su conducta.

Por todo ello, por la limpieza y neutralidad de la administración de Justicia y por la misma credibilidad de quienes la imparten, una medida acertada debe ser la que establezca el cierre de la puerta giratoria política y judicial, de tal modo que los jueces que, legítimamente, abdiquen de su importantísima función, por sentirse tentados de actuar en la vida política, no puedan volver a instruir ni dictar sentencias. Su vuelta al ministerio del ramo, de producirse, debe limitarse a funciones no jurisdiccionales.

Por el bien del justiciable, por la credibilidad de la función jurisdiccional y por la auténtica independencia del poder judicial, los jueces a quienes les satisfaga su función siempre serán jueces; a los que les tiente la política, serán políticos. O una cosa u otra. Pero las dos no: o jueces o políticos.