Artículo de Manu Ramos
Tras un largo periodo sin participar en El Demócrata Liberal, las circunstancias, el ánimo y amistad de sus miembros me han llevado a volver a sus páginas digitales a disfrutar del calor de su hospitalidad. Vaya por delante mi agradecimiento y apoyo pues mantener este medio vivo es una tarea que pocos españoles valoran aun siendo un bien bastante escaso: el de la libertad de pensamiento en los medios de comunicación.
Es común entre los súbditos españoles de esta monarquía de partidos enorgullecerse de la libertad de expresión que nos hemos dado con la famosa Transición. Una libertad de expresión que no tiene que ir aparejada de libertad de pensamiento. Es muy cierto que la prensa tuvo una importancia capital en el tiempo en que murió el dictador Francisco Franco ya que el acontecimiento marcó el nuevo reparto de poder y los medios de comunicación son transmisores de las relaciones de poder entre los gobernantes y gobernados. Todo ciudadano medianamente informado acudía a los periódicos para conocer cómo se sucedían los hechos narrados por españoles desconcertados aunque con una clara idea de abandonar la dictadura. Ese cambio fue identificado con una palabra-tótem: la democracia. Parafraseando a Madame Roland “democracia, democracia, cuántos crímenes se han cometido en tu nombre”. Nunca llegamos a tener democracia, pero la prensa jamás publicó esta noticia. Y así, hasta nuestros días.
Para tener una perspectiva del marco legal en el que ha vivido la prensa española en el último siglo, recordemos que Franco impuso la Ley de prensa de 1938, versión española de la impuesta por Mussolini en Italia. Esta fue la base del sistema informativo franquista. En una dictadura los medios de comunicación son de los sectores más fuertemente reprimidos pues el autoritarismo no tolera que se publiquen opiniones diferentes. La represión fue la forma de controlar a los medios. Esta ley estuvo en vigor hasta la conocida como “Ley Fraga” de 1966. A pesar de unas pequeñas concesiones como la reducción de la censura directa del Estado, seguía siendo una ley represora que abonó el terreno de la autocensura.
La primera medida que afecta a la estructura de medios del régimen no se produce hasta el 1977, cuando se promulga la Ley de Reforma Política que, entre otros efectos, establece que la cadena de prensa del Movimiento pase a depender, con carácter de organismo autónomo, del Ministerio de Información y Turismo. Cuatro meses después, —el 15 de abril— un decreto constituye formalmente el Organismo Autónomo de Medios de Comunicación Social del Estado (OAMCSE), integrado por treinta y cinco periódicos y una agencia de noticias: PYRESA. Estos cambios de base jurídica tenían mucho que ver con los Pactos de la Moncloa, aprobados el 27 de octubre de 1977 por las fuerzas políticas y sindicales muñidoras del tránsito de un régimen a otro.
La OAMCSE fue suprimida en 1982, año en el que la por entonces ministra de Cultura, Soledad Becerril, anunció la la enajenación de la mayor parte de los periódicos pertenecientes al Organismo Autónomo. Ganó el gobierno ese mismo año Felipe González así que se retrasó hasta 1984 el proceso de la venta y privatización todos los medios procedentes de la Cadena de Prensa del Movimiento. Otro de los grandes repartos del botín franquista. La última rapiña fue en 1988 con la Ley Orgánica reguladora de la explotación de tres canales de televisión de cobertura nacional. Nacen “las cadenas privadas”.
La referencia de la prensa progresista ha sido siempre “El País”, un periódico fundado durante el franquismo con participación en el accionariado de franquistas como Fraga y hasta dirigido hoy por franquistas de antaño como Juan Luis Cebrián. La dependencia de los medios respecto a “la corte” del poder hizo, para cambiar de chaqueta, muchos franquistas adoptaran consignas antifranquistas y pretendidamente democráticas y así dar la apariencia de que el poder cambiaba, que “volvía al pueblo”.
Ese engaño sigue mantenido por el mundo de los medios de comunicación consciente e inconscientemente. Por un lado de forma consciente por las subvenciones al papel de la prensa o la tremenda cantidad de dinero en publicidad institucional por parte de todas las instituciones públicas. Quizá por eso vemos cómo nos bombardean con noticias advirtiendo del caos que es que no haya gobierno cuando en el fondo están deseando que se aclare el reparto de poder para poder hacer reparto de publicidad.
¿De dónde viene el dinero de los medios de comunicación? ¿qué información podemos esperar de un medio controlado por políticos? Podemos ya anunció que su intención era controlar más si cabe este sector. Yo creo que la transparencia y la independencia es lo que tiene que hacer que cualquier medio pelee por lo más sagrado que tiene: su credibilidad.
Vivimos en un cambio tecnológico que nos permite publicar de forma mucho más fácil, pero la opinión pública sigue siendo un ámbito que el periodismo tiene que modular, de forma libre tanto en su expresión como en su pensamiento. No perdamos de vista de dónde viene el dinero de los grupos mediáticos y comprenderemos mucho mejor la realidad. Si ellos no son críticos, lo tendremos que ser nosotros informándonos como podamos.
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