Artículo de Luis Escribano
- España retrasa su necesaria reforma territorial porque no interesa a los partidos políticos.
- Varios países europeos han adoptado reformas territoriales, como Francia e Italia.
- Los españoles lamentaremos salir los últimos en esta carrera, gracias a la ambición y ceguera de los dos partidos que nos han gobernado, PP y PSOE.
Los españoles nos estamos jugando nuestro futuro inmediato,
por no hablar del de las venideras generaciones. Mientras los partidos
políticos en España se dedican a entorpecerse unos a otros por una desalmada
ambición de poder (que implica el manejo del erario público), incluso dentro de
cada uno se lucha encarnecidamente por llevar sus riendas, en Europa hay países
como Italia y Francia que han entendido que sin esas necesarias reformas no sería
posible lograr optimizar sus recursos. Pero, claro, hablamos de países cuyos
políticos se toman en serio los intereses comunes de sus compatriotas, sean
conservadores, socialdemócratas o liberales.
El modelo territorial en España parece que fue diseñado para
que los partidos políticos pudieran tener su “clientela” agradecida, creando y
ocupando el mayor número de puestos de trabajo con nóminas del sector público, y
con el mayor número de niveles de gobierno: local (que incluye el municipal y
provincial), autonómico y estatal. Si lo analizamos con detalle, el actual
modelo territorial español es insostenible en el tiempo, salvo que el objetivo
sea la pobreza de todos.
La “cartelización” de los partidos políticos en España
(siguiendo a los politólogos Katz y Mair), proceso por el que todo partido pasa
a fin de mantenerse en el poder, a base de engordar al máximo el erario público y
así manejarlo para financiarse con subvenciones, contratos
administrativos, convenios, contratos laborales, etc., está frenando esa
necesaria reforma territorial que España necesita imperiosamente. Para ello, sería
necesario reformar la Constitución.
Que yo recuerde, sólo UPyD ha reclamado una reforma de la
Constitución que avance hacia un federalismo real, con un reparto de
competencias basado en la igualdad de todos los españoles, es decir,
absolutamente simétrico; también reclamó un proceso de fusión de ayuntamientos,
la eliminación de las diputaciones y no se cerró a una reconfiguración del mapa
autonómico. En Andalucía, UPyD realizó una propuesta de reordenación municipal
en la que proponía reducir de 771
a 174 el número de municipios andaluces a través de la
fusión de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes con el objetivo de
"racionalizar, simplificar y aumentar la eficiencia de las
administraciones", así como para ahorrar un total de 1.264 millones de
euros "que podrían destinarse a la inversión en servicios básicos".
Y ya conocen el resultado cuando un político o un partido
plantea en España medidas racionales que acaben con la oligarquía de los
partidos políticos: se le hace el vacío, tanto en la política como en los
medios de comunicación, hasta su desaparición. Los españoles tenemos mucha
culpa por no abrir los ojos en estos casos.
En 2012, Italia
eliminó 35 provincias (proceso iniciado por Mario Monti), y en 2015 ha eliminado sus 51 provincias (proceso
que mantuvo Enrico Letta y concluido por Matteo Lenzi), cuyas competencias han
pasado a regiones y municipios. Por tanto, sólo se quedan con el Estado, las
Regiones y los Municipios. Con ello se ha conseguido acabar con unos 3.000
cargos políticos, y se ahorrarán, al menos, 800 millones de euros.
Mientras tanto, en Francia,
gobernada por los socialistas, dos leyes aprobadas en 2015 han diseñado un
nuevo mapa regional mediante algunas fusiones, de manera que su número ha pasado de 22 regiones a 13.
Me refiero a la “Loi n° 2015-29 du 16
janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales
et départementales et modifiant le
calendrier electoral”, y “Loi n°
2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République”. Como manifestó el
ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, a la Asamblea antes de que aprobara
el nuevo mapa regional, “queremos
territorios más fuertes y mejor organizados que compartan sus gastos de
funcionamiento”.
Según estimaciones del Gobierno francés, podrían ahorrar entre 12.000 y 25.000
millones de euros en los próximos años. El objetivo es lograr una gestión
pública más ágil y menos costosa. Igualmente se ha previsto para reducir costes
que las competencias de los departamentos (provincias) serán asumidas en buena
medida por las regiones. Por eso, el Gobierno prevé que en 2020 desaparezcan
los consejos generales o asambleas provinciales con sus más de 4.000 cargos
electos.
Respecto a los municipios, las propuestas para que cambie el
mapa municipal llegan desde la Unión Europea. El Consejo de Europa recomienda la fusión de municipios de menos de
10.000 habitantes. Según un informe que ha publicado el Consejo, Grecia ha reducido su número desde 1.034
municipios a 325; Islandia, de 7.200
(1990) a 76; Letonia, de 500 a 118; y Dinamarca, de 271 a 98.
En España, de sus
8.124 municipios, el 84% tienen menos de 5.000 habitantes (6.823 municipios), y
residen en ellos unas 6 millones de personas (12,7% del total). ¿Se imaginan el
ahorro si se fusionaran los municipios y nos quedáramos con un número entre 2.000
y 4.000 municipios, menos del 50%? El ahorro en cargos locales, funcionarios
municipales y gastos corrientes sería enorme. Además, con la reducción en el
número de mancomunidades y la eliminación de las Diputaciones, que no tendrían
ninguna utilidad (ya no habría municipios pequeños que apoyar), el ahorro sería
aún mayor. Por supuesto, las provincias se eliminarían, porque hoy día no
tienen ningún sentido (los límites provinciales son líneas administrativas
creadas históricamente para la recaudación de impuestos).
Por otro lado, España necesita urgentemente una reforma como
la ejecutada en Francia con las regiones. La nación española tiene 17
Comunidades Autónomas, además de Ceuta y Melilla, y de ellas, 6 son uniprovinciales. ¿Es racional mantener
este diseño tan absurdo? Es racional, y por tanto necesario, disminuir su
número, ya sea por fusiones o por rediseños de los límites.
Una inteligente y astuta reforma de esta división
territorial podría incluso reducir el problema de los nacionalismos. Tengo la
seguridad de que si se explicara adecuadamente, los españoles apoyaríamos mayoritariamente
una reforma que redujera el número de las regiones. Esta medida conllevaría una
disminución de Asambleas o Parlamentos y de muchos cargos públicos, consiguiendo
ahorros enormes, por no hablar de la igualdad en cuanto a competencias que
podría lograrse en todo el territorio. Además, con la misma reforma se
conseguiría acabar con los agravios comparativos entre regiones.
Si el reparto de competencias entre el Estado, Comunidades y
Municipios se hiciera con la claridad suficiente, y todas las regiones tuvieran
las mismas competencias (también los municipios), quedarían en evidencia los
gobiernos con deficientes gestiones, sean del nivel de gobierno que sean, lo
que facilitaría a los ciudadanos su decisión a la hora de votar. Hoy no ocurre
porque unos y otros se culpan de nuestros males aprovechándose precisamente de
esa falta de claridad, en la que se diluyen las responsabilidades.
Mientras que muchos de los países de Europa llevan años
diseñando y ejecutando reformas territoriales, aquí en España la pasividad en
ese sentido es absoluta. Aquí se ha optado por exprimirnos a los ciudadanos a
base de impuestos y tasas sin disminuir las elefantiásicas Administraciones
Públicas, especialmente las instrumentales (llamadas “paralelas”, que son graneros
de allegados de los partidos políticos), y todo ello gracias a la ambición y ceguera
de los dos grandes partidos que han gobernado España, PP y PSOE, que ni
siquiera ahora se ponen de acuerdo en formar un Gobierno de coalición estable
que apruebe y desarrolle esa gran reforma territorial que necesita España sin
demora.
Un proceso así necesita voluntad política, amplitud de miras
y políticos con visión de Estado que lo ejecuten contando con una mayoría
suficiente. Y como esto, visto lo visto, es imposible con la panda de mediocres
que inundan los partidos, la única salida que nos dejan a los españoles es
exigir un proceso constituyente del que España saliera fortalecida con un nuevo
diseño territorial. Este nuevo modelo debe cumplir varias condiciones, entre
otras que la igualdad fuera efectiva (sin excepciones en ninguna región), que
la reducción de regiones y municipios se llevara hasta los niveles necesarios
para optimizar los recursos, y que la distribución territorial de competencias
(iguales para todas las regiones y municipios, y que podrían disminuirse para
todo el Estado, por cierto) tuviera como objetivo fundamental la eficiencia, es
decir, una calidad óptima de los servicios públicos con el menor coste posible.
Lo lamentable de todo esto es que no lo veremos, salvo por imposición
de la UE. En España, como casi todos los partidos son bandas organizadas que
dedican su esfuerzo en llegar al poder y mantenerse lo que puedan a costa de
sangrarnos a los españoles, se resistirán –y utilizarán los medios de
comunicación para ello- a cualquier cambio que signifique reducir los cargos y
presupuestos públicos. Desgraciadamente lo pagaremos caro, pues iniciar esta
carrera en Europa los últimos nos perjudicará sin duda.
Cosas de España
Es un buen artículo, pero no me queda claro por qué piensa el Sr. Escribano que el sistema federal iba a funcionar mejor que el sistema autonómico. El sistema autonómico hubiese sido bueno si no se hubiese pervertido para crear unos nuevos reinos de taifas en los que los políticos han podido hacer de su capa un sayo (crear administraciones paralelas, controlar las cajas de ahorros, controlar la justicia, crear redes clientelares, etc.). ¿Qué nos garantiza que un sistema federal no se pervertiría del mismo modo? Sobre todo, teniendo en cuenta que los partidos que se tendrían que poner de acuerdo para reformar el Título VIII de la Constitución son los mismos que han creado y se benefician de los chiringuitos autonómicos. Los mismos que, lejos de luchar contra las tensiones territoriales, han favorecido durante décadas a los nacionalismos para tener una excusa para "centrifugar" cada vez más el Estado. En estos momentos, una reforma del título VIII sería en el sentido que defiende el PSOE, Podemos y otros partidos de izquierdas, y que el PP parece aceptar cada vez más: una España federal y plurinacional, es decir, asimétrica. En la práctica, una maniobra lampedusiana: cambiarlo todo para que todo siga igual. O peor. Para blindar todavía más los chiringuitos regionales. Y para colmo, no solucionaría las tensiones territoriales; se ha permitido que el nacionalismo catalán llegue a un punto en el que la independencia es ya lo único que le vale. Y detrás van los vascos. Personalmente, estoy en la postura de "virgencita, virgencita, que nos quedemos como estamos".
ResponderEliminarGracias por su opinión.
EliminarQuería aclararle, en primer lugar, que en ningún momento he dicho que el sistema federal sea mejor que el autonómico. He dicho que el sistema federal (simétrico) es un planteamiento de UPyD. Llámese como se quiera, Estado autonómico o Estado federal, que lo importante no está en el nombre, sino en que TODAS las CCAA o regiones tengan las mismas competencias, sin excepciones. Y por supuesto, reduciendo el número de regiones y sus competencias. Soy más partidario de una descentralización administrativa que de una descentralización política, siendo un tema a debatir en profundidad.
Y en segundo lugar, no he querido extenderme en el artículo explicando como debería ser el proceso constituyente que planteo. Precisamente lo que critico es que el actual modelo se aprobara por "consenso" de unos cuantos políticos de partidos de aquella época -y con la bendición de los votantes españoles en el referéndum-, y es obvio que no se debe repetir el mismo sistema: dejar un proceso constituyente en manos de los actuales políticos sería no resolver nada, porque volverían a repartirse el pastel. Yo soy más partidario de un proceso rupturista, como el que defiende García Trevijano, a fin de evitar que todo siga igual o peor.
Igualmente, preferiría como forma de gobierno una República como la de USA o Francia, antes que la Monarquía. Prefiero un Jefe de Estado elegido por el pueblo que uno que hereda el cargo (con todos los respetos al actual Jefe de Estado). Y también preferiría elecciones separadas del poder ejecutivo y legislativo, no con listas abiertas elaboradas por los partidos, sino por elecciones desde distritos electorales uninominales, al estilo USA. ¡No me extraña que Tocqueville volviera de Estados Unidos sorprendido por el funcionamiento democrático de aquella nación! Los actuales españoles no saben lo que es la verdadera libertad política porque nunca la han vivido en esta nación.
¡Saludos!
ResponderEliminarGracias por su respuesta, D. Luis. En general estoy de acuerdo con lo que expone. Sin embargo, creo que son propuestas más propias de la España que nos gustaría poder construir que de la que efectivamente podemos construir. Incluso el propios Sr. Trevijano dice -lo acabo de leer en "El Español"- que sus ideas sobre una república constitucional son "una semilla que florecerá en cien años". Hoy por hoy (y me temo que por mañana y por pasado), yo no soy partidario de tocar la Constitución en ningún sentido. Abrir un proceso constituyente como usted propone sólo beneficiaría a aquellos que sólo quieren hacer reformas para blindar el sistema partitocrático (PP y PSOE), o a aquellos que quieren derruir la nación española para construir sobre sus restos diversas repúblicas bananeras (nacionalistas de diverso pelaje y Podemos-Guanyem En Comú Madrid-Compromís-Mareas y Mareos De Génera Y Género-Ahora Si Que Si Se Puede y resto de la troupe de ultraizquierda nacionalista y perroflautica). Nos guste o no, esos dos bloques son a los que vota mayoritariamente la sociedad española, y los que, por lo tanto, tendrían la fuerza política, social, económica y mediática para llevar la voz cantante en un hipotético proceso constituyente. Si hablamos en concreto de la república, igualmente, los que más posibilidades tendrían de salirse con la suya si los españoles diésemos a Campechano I y a su hijo un billete de AVE a Cartagena, no tienen como modelo EEUU o Francia, sino a Venezuela y a la II República española. Es por eso que, siendo republicano, estoy dispuesto a dejarme la garganta gritando "Viva el Rey", si hace falta. En cualquier caso, la república es un sistema que funciona muy bien en algunos países y muy mal en otros, exactamente igual que la monarquía parlamentaria, de modo que cambiar de un sistema a otro no es garantía de mejora.
Respecto a un cambio de modelo territorial, tampoco es garantía de nada. La idea de una centralización política y una descentralización administrativa es buenísima. España no es un país extenso ni tiene, digan lo que digan los nacionalistas, grandes diferencias culturales, lingüísticas o étnicas. No es necesario un gobierno descentralizado, como sucede en EEUU, por ejemplo. Sin embargo, suprimir completamente los parlamentos autonómicos y su capacidad legislativa es el único modo - en mi opinión- de evitar que, tras un hipotético cambio de modelo territorial, este volviese a pervertirse en pocos años cediendo cada vez más competencias hasta crear un nuevo Estado de las taifas. Esta idea, que yo sepa, sólo la defiende VOX, pero dados sus malos resultados electorales y que hasta en EDL se trata a este partido de "fachas" y "franquistas", dudo que sea viable.
En cualquier caso, para reducir el número de municipios en España, recuperar para el Estado competencias de las ccaa. o lograr objetivos de regeneración democrática, como un sistema electoral más justo y que incluya listas abiertas, lograr la separación efectiva de Poderes, terminar con las subvenciones a los Partidos, Patronal y Sindicatos, y en general, desmontar la partidocracia, no es necesario cambiar la Constitución. Un gobierno con mayoría absoluta o capacidad de llegar a pactos con la oposición, y voluntad, puede hacerlo mediante un puñado de leyes orgánicas.
Un saludo.