Las instituciones como instrumentos criminales

Artículo de Luis Marín Sicilia

“Conviene no olvidar que en el presente año España necesita de los mercados 48.000 millones de euros para pagar pensiones, desempleo, hospitales, colegios, funcionarios y demás gastos del sostenimiento del Estado de bienestar”

“El periodista que quiere expulsar a quienes no piensan como él, llamándoles invasores, debe aprender, con la rigurosa aplicación de la ley, que el Estado, o sea España, esa nación a la que pertenece, no está en funciones”

“Que la democracia formal, los votos, no es suficiente para incumplir la ley, se puso de manifiesto en el Ayuntamiento de Marbella, donde por incumplir las normas de general aplicación, devastando sus arcas públicas, fue intervenido y desposeídos sus concejales de la gestión municipal”

Según las agencias canalizadoras de las grandes inversiones, la incertidumbre política en España, agravada con el desafío secesionista catalán, ha paralizado la inversión directa, que ha bajado de golpe un 50 %, advirtiendo los grandes Fondos de Inversión que “el deterioro económico ya ha comenzado” y que “los españoles parecen no saber que no se puede jugar con las cosas de comer”.

Dirigidos por políticos del más ínfimo nivel desde la restauración democrática, el español medio no comprende el repetitivo argumentario de unos y otros, tan banal como retrógrado, que termina anteponiendo sus intereses sectarios y de partido al interés general de España y de sus ciudadanos. Goldman Sachs y otras agencias advierten de los riesgos que, incluso para el euro, supone la inestabilidad política española, mientras la patronal hispana manifiesta no temer a ningún tipo de coaliciones, incluso de izquierdas, sino a la inestabilidad que puedan generar las mismas.

Si nuestros políticos no son capaces de llegar, como mínimo, a un pacto de Estado que aborde los graves desafíos del momento presente, la ciudadanía española le dará definitivamente la espalda a tanto incompetente como pulula por los despachos enmoquetados de las distintas administraciones. Pacto de Estado que todo el mundo sabe que debe girar sobre cuatro ejes fundamentales: Garantía de la unidad nacional; política económica orientada a la creación de empleo; agenda social para combatir la desigualdad y vigencia del pacto antiterrorista.

Sobre los cuatro ejes indicados debe girar un acuerdo, al menos de los partidos constitucionalistas, sin líneas rojas, donde se incorpore lo mejor de cada uno de los distintos programas, en pro del interés general del país. Desde la sinceridad, la oportunidad y la capacidad financiera y presupuestaria de cada planteamiento. Porque conviene no olvidar que en el presente año España necesita de los mercados 48.000 millones de euros para pagar pensiones, desempleo, hospitales, colegios, funcionarios y demás gastos del sostenimiento del Estado de bienestar.

Que los desafíos son reales lo pone de manifiesto lo acontecido en Cataluña el pasado fin de semana. Circunstancia que no debe sorprendernos porque en el nordeste hace tiempo que la racionalidad dejó paso a la visceralidad más heterodoxa. El tal Puigdemont, encumbrado a la presidencia de la Generalitat en el último minuto, para evitar unas elecciones que cavarían, según las previsiones, la fosa del proceso independentista, se ha descolgado menospreciando las advertencias sobre la ilegalidad de sus pretensiones con el argumento infantil de que Rajoy es un presidente en funciones.

El periodista que quiere expulsar a quienes no piensan como él, llamándoles invasores, debe aprender, con la rigurosa aplicación de la ley, que el Estado, o sea España, esa nación a la que pertenece, no está en funciones. Y lo debe aprender en el mismo instante en que pase de la fanfarronería a los hechos concretos. Es decir, en el preciso momento en que realice un acto puntual de desarrollo de esa proclamación independentista de desconexión, declarada nula por el Tribunal Constitucional. A partir de ahí, queremos ver los españoles a tanto valiente bullicioso y atrevido.

Porque es llegada la hora de tratar al desafío secesionista catalán con la misma contundencia que en su día se ilegalizó al brazo político del separatismo etarra: aplicando el Código Penal sin ambigüedades de ningún tipo. En primer lugar, como reos de desobediencia de quienes incumplan la sentencia anulatoria. En segundo lugar, de persistir en su afán delictivo, como reos de sedición por evitar o tratar de impedir la aplicación de las leyes y de las resoluciones judiciales. Y en última instancia, como reos del delito de rebelión, por pretender derogar, suspender o modificar la Constitución, sin atenerse a las normas previstas para ello.

El periodista segregacionista debe saber, además, que el Gobierno de España en funciones está plenamente facultado, por razones de interés general o de urgencia, para impedir o paralizar cualquier iniciativa que pretenda ignorar la nulidad del llamado proceso de desconexión, y así están advertidos 21 altos cargos del Parlamento y la Generalitat catalanes.

Por todo ello, el conjunto de la nación española debe tener muy claro que las instituciones no pueden ser soporte de actos delictivos, como está ocurriendo en Cataluña, donde se apela a la democracia formal, es decir al voto, para soliviantar las reglas del juego democrático que a todos nos obligan, convirtiendo a las instituciones catalanas en auténticos instrumentos criminales.

Los ciudadanos estamos cansados de aguantar a tanto político incompetente, mientras desde sus poltronas nos imponen obligaciones de todo tipo y nos sangran a impuestos que luego utilizan con demasiada frecuencia en gastos superfluos e irresponsables, cuando no en pagar a sus amigos y compañeros enchufados en los distintos organismos inventados para ellos.

La democracia formal, es decir, el hecho de que algo se apruebe por votación, no legitima la corrección de los actos políticos, por la misma razón que una sociedad de cazadores no puede aprobar que sus miembros utilicen sus rifles para actos cuya licencia no contempla. Ni un club automovilista puede aprobar normas que permitan a sus miembros transgredir el Código de circulación. En ambos casos, por mucho que se haya votado para ello, a los cazadores se les quita el permiso de armas y a los automovilistas el carnet de conducir.

Que la democracia formal, los votos, no es suficiente para incumplir la ley, se puso de manifiesto en el Ayuntamiento de Marbella, donde por incumplir las normas de general aplicación, devastando sus arcas públicas, fue intervenido y desposeídos sus concejales de la gestión municipal. Por la misma razón es intolerable que algunos catalanes utilicen las instituciones para incumplir la legalidad.

Si el desafío catalán sigue en sus trece, los españoles, entre ellos la mayor parte de los catalanes, exigiremos que se intervengan las instituciones catalanas, por la misma razón que se intervino el Ayuntamiento de Marbella, o que se priva de permisos de conducir y de armas a quien no se atiene en su uso a la normativa aplicable.

Inspirado en su homóloga alemana, nuestro artículo 155 de la Constitución prevé la intervención de una comunidad autónoma por incumplimiento de las obligaciones legales o por atentar gravemente al interés general de España, precisando para ello el voto de la mayoría del Senado, por lo que el Presidente en funciones, Mariano Rajoy, ese al que el periodista-presidente menosprecia, cuenta con el respaldo mayoritario en la segunda Cámara que, en contra de lo que se pensaba, va a tener una enorme importancia en esta Legislatura.

Un país serio no puede permitir que sus instituciones sirvan como instrumento para delinquir. Por ello, a los sediciosos habrá que aplicar el Código penal por los delitos de desobediencia y, según su conducta, de sedición y rebelión. Y a las instituciones que le sirven de instrumento para perpetrar los desafueros, habrá que intervenirlas y, de cara a la posible reforma de la Constitución, con la lección aprendida, llegar más lejos, como tiene prevista la Constitución alemana: suspender a la autonomía rebelde. Todo menos que nos sigan tomando el pelo a las personas decentes, mientras aprueban leyes, dictan normas e imponen tasas y tributos que son los primeros en burlar o incumplir.