Caso INVERCARIA: un timo más del PSOE

Artículo de Luis Escribano

• Susana Díaz ampara y alienta la completa desbandada del Derecho administrativo en la Junta de Andalucía.
• El caso INVERCARIA es un claro ejemplo de una invitación a la corrupción, con conocimiento de muchas autoridades y funcionarios.
• El Derecho administrativo es una construcción histórica derivada de la lucha contras las inmunidades del poder, y ha sido marginado por el PSOE-A.

El pasado 30 de diciembre de 2015, publicaba el diario El Mundo la noticia de Silvia Moreno sobre el "caso INVERCARIA", en la cual se entrecomillaban frases del informe de auditoría de la Intervención General de la Junta de Andalucía, fechado a 5 de julio de 2015, que dicho Administración ha remitido al Juzgado de Instrucción nº 16 de Sevilla.

De lo entrecomillado en la noticia parece deducirse que, según el citado informe, no ha habido incumplimiento legal en las concesiones de los préstamos.

Dice parte de la noticia lo siguiente: “La Intervención tampoco pasa por alto el reparto 'a dedo' y sin control de préstamos por parte de Invercaria. «No consta que haya preestablecido ni publicado ningún criterio para determinar los requisitos que deben reunir los beneficiarios, las condiciones de los préstamos, importes máximos o mínimos a conceder o los factores que determinan cuándo el préstamo será participativo u ordinario, y en este último caso a qué tipo de interés se otorgará», recoge la auditoría pública.

Con ello «no se está incumpliendo ningún precepto», pero «teniendo en cuenta que se trata de préstamos financiados con fondos públicos, sería recomendable que se estableciera un procedimiento y unos criterios, con el fin de evitar que pudiera producirse discrecionalidad en su concesión», afirma la Intervención.” 

Mientras que en el primer párrafo indica el autor del informe que no se han establecido requisitos a los beneficiarios ni condiciones para las ayudas, así como no se han publicado previamente, a continuación indica que, con ello, “no se está incumpliendo ningún precepto”. 

Lamentablemente, así es. A priori, las “ayudas” públicas en forma de préstamos ordinarios y participativos que concede una sociedad mercantil como INVERCARIA (ente de la administración paralela), no tienen la consideración de subvenciones, salvo en los supuestos en que subvencione al prestatario la totalidad o parte de los intereses u otras contraprestaciones de la operación de cualquier crédito “oficial” (artículo 2.4.h de la Ley 38/2003, General de Subvenciones).

La propia Ley General de Subvenciones excluye de su aplicación a las entidades que se rigen estrictamente por el Derecho privado (salvo algunos principios generales que deben cumplir), como el caso de INVERCARIA, dado que no puede ejercer potestades administrativas. Es decir, en ningún caso podría otorgar subvenciones.

No voy a entrar en el análisis de si es o no una potestad administrativa que una entidad pública otorgue un préstamo a un ente privado (se supone que con devolución), o si habría que valorar la posibilidad de que fueran “ayudas de estado” con arreglo a la normativa de la UE, pero sí quiero destacar algo fundamental que afecta a los intereses generales de la ciudadanía.

Si observamos con detenimiento, el caso INVERCARIA es un ejemplo de lo que la huida del Derecho administrativo genera con total claridad: es una puerta abierta, una invitación a la corrupción, amparada por el mismo Parlamento y Gobierno andaluz. El PSOE en Andalucía, con Susana Díaz a la cabeza, ampara y alienta no sólo esa huida, sino la completa desbandada del Derecho administrativo en la Junta de Andalucía, a fin de poder emplear los fondos públicos sin control efectivo alguno.

En anteriores artículos alerté del peligro de las inmunidades del poder favorecidas por los partidos políticos que se incorporan a los parlamentos y gobiernos, legislando y aprobando normas reglamentarias para usar los fondos públicos a su antojo, sin los controles necesarios.

La administración paralela de la Junta de Andalucía es el más vivo ejemplo de ello. El propio informe de auditoría de la Intervención General lo dice: «no se está incumpliendo ningún precepto», y es cierto, desde el momento que esos fondos se están manejando por un ente, INVERCARIA, que no se rige por el Derecho administrativo, sino por el privado (civil, mercantil, laboral… ), que poco tiene que ver con los intereses públicos.

Al contrario, el ordenamiento jurídico jamás podría permitir que en una Consejería una autoridad pública pudiera otorgar un solo euro sin someterlo a un procedimiento administrativo con todos los controles necesarios, y además con la garantía de la participación de funcionarios públicos sometidos a un fuerte régimen disciplinario, que incluye la pérdida de la condición de funcionario en caso de grave incumplimiento.

Sin embargo, en una empresa como INVERCARIA, que se rige por el Derecho privado, el ordenamiento jurídico no exige que para otorgar un euro sea imprescindible un procedimiento previamente aprobado, ni ser publicado previamente, ni establecer criterios, ni la participación de funcionarios públicos, etc. De hecho, observen lo que dice el informe de la Intervención General: «…sería recomendable que se estableciera un procedimiento y unos criterios, con el fin de evitar que pudiera producirse discrecionalidad en su concesión». 

Es decir, una simple recomendación. No obstante, esta recomendación de nada sirve para los intereses públicos, porque en el Derecho privado no habría consecuencias por incumplir normas que no son administrativas, salvo que cesen de su cargo a la autoridad (y ya lo colocaría el PSOE sin pudor en otro cargo público). No existe en INVERCARIA control administrativo efectivo, sólo existe control político: nombramientos y ceses, en manos del partido político de turno. Y a ver quién recupera ahora el dinero perdido…

Lo que realmente me decepciona de ese informe de auditoría es su silencio sobre lo siguiente: la regulación de la concesión de fondos públicos, así como la instrucción y resolución de concesión de los mismos, son materias propias del Derecho administrativo (éste es una construcción histórica derivada de la lucha contras las inmunidades del poder), y que los órganos competente para ello son las Consejerías, no un ente que se rige por el Derecho privado, como las sociedades mercantiles o las fundaciones públicas. ¿Por qué no ha alertado sobre ello el informe de la Intervención General?

Susana Díaz, la Presidenta, lo sabe, porque para eso tiene un Gabinete que le asesora, siendo además, según se ha publicado, Licenciada en Derecho; la Consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, también lo sabe; los interventores de la Intervención General, también lo saben. Los Letrados del Gabinete Jurídico de la Junta, conocen lo que ocurre; y todos los funcionarios que han informado los proyectos de leyes y reglamentos de desarrollo sobre organización de la Junta de Andalucía (creación y desarrollo de la administración paralela) y concesión de ayudas públicas, también conocen lo que sucede desde hace años.

Por tanto, no cabe más que concluir que el PSOE, tanto con sus mayorías en el Parlamento andaluz y en el Gobierno andaluz durante muchas legislaturas, ha amparado, y ampara e incita que estos casos de corrupción acontezcan. Tantos millones de euros puestos en manos de personas de las que se desconoce su integridad o fortaleza moral, tarde o temprano acaban desviándose ciertas cantidades para beneficio de algunos, si no se diseña el sistema para evitarlo. Hay que estar ciego para no verlo, o ser cómplice de todo ello.

En esta legislatura, el partido de Juan Marín, Ciudadanos, está apoyando al PSOE en el Gobierno, y por tanto, este sistema, dado que no ha presentado ni una sola propuesta en el Parlamento para evitarlo. ¿Por qué? ¿Alguna vez responderá Ciudadanos de su responsabilidad en todo ello?

Hace tiempo que perdí mi fe en que estas aberraciones se solucionen algún día. Ya doy por hecho que la corrupción irá a más, porque realmente ningún partido político está ofreciendo las soluciones necesarias para acabar con todo esto, y la ciudadanía, en su mayoría, se pierde en debates estériles que los propios políticos generan para desviar la atención.

Cosas de Andalucía, cosas de España…