Caso "policía local de Sevilla"

Artículo de Luis Escribano

Desde hace meses se publica numerosa información sobre el caso de la filtración de exámenes en oposiciones al Cuerpo de Policía Local de Sevilla. En este "universo de cuñados" que es Andalucía, tal como en su día bautizara el insigne Eduardo Maestre a esta extendida orgía de corrupción, el caso de los policías locales de Sevilla saltó a los medios cuando un grupo de opositores denunció el fraude en determinadas convocatorias de oposiciones al Cuerpo de la Policía Local. Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Delegación de Seguridad, que ordenó una investigación interna, trasladándolo a la Fiscalía a fin de esclarecer si lo denunciado era cierto y constituía delito.

 

En 2013, el Ministerio Fiscal envió sus conclusiones al Juzgado, señalando que los hechos expuestos podrían ser constitutivos de los delitos de revelación de secreto y prevaricación. La instrucción del caso está en manos del Magistrado Juan Jesús García Vélez, en el Juzgado de Instrucción nº 9 de Sevilla.

A mitad del año 2014, el juez hizo saber a los policías que aprobaron mediante la filtración su «condición de terceros civiles responsables» de estos delitos. Es decir, tras la sentencia firme en este sentido dejarían de ser funcionarios y devolverían todo, desde el dinero que han cobrado desde su nombramiento –que incluye costes como la preparación en la academia-, hasta el arma y el uniforme. A fecha de hoy están imputados todos los miembros del tribunal de las oposiciones, es decir, el superintendente, otro policía, un sindicalista y varios funcionarios, así como los numerosos policías locales sospechosos de haber copiado los exámenes.

Tanto los 37 policías locales de Sevilla como el superintendente siguen hoy en activo, aunque cueste creerlo. No olvidemos que los policías locales son funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españoles, y como tales, su conducta debería ser intachable, mucho más cuando tienen entre sus funciones el poder privar de libertad a cualquier ciudadano, e incluso el empleo de armas si fuera necesario. Además, la promesa o juramento de acatar y cumplir la Constitución que hacen los miembros de todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, no constituye un mero trámite o formalismo, sino un requisito esencial, constitutivo de la condición policial y al mismo tiempo símbolo o emblema de su alta misión. Si tuvieran algo de dignidad, tendrían que dimitir todos los imputados si fueron partícipes o tuvieron conocimiento de ello y no actuaron en consecuencia.

Este hecho demuestra hasta qué punto, en esta maldita tierra andaluza, el nepotismo se considera un “mal menor”, por llamarlo de alguna manera. El que metan “a dedo” en una Administración pública a cónyuges, hermanos, sobrinos, hijos, y cualquier otro parentesco del universo de cuñados, parece considerarse un regalo divino, a pesar de que en nuestro Código Penal está contemplado como delito, y que vulnera dos derechos fundamentales de los españoles establecidos en nuestra Constitución, en sus artículos 14 (principio de igualdad) y 23.2 (principios de mérito y capacidad).

Como muestra, un botón. Recuerdo el día en el que, participando como vocal en el tribunal de unas oposiciones a plazas de policía local en un conocido municipio del Aljarafe sevillano, como representante de la Junta de Andalucía, se celebraban las pruebas físicas. Estas pruebas eran públicas, y muchos familiares y amigos de los opositores estaban presenciándolas. Uno de los aspirantes era un interino que desarrollaba su labor como policía local del municipio, y pesaría más de 100 kilogramos, dado que su barriga era muy prominente. Tras intentar saltar la valla en altura dos veces, no superó la prueba. Al instante, se aproximó el entonces alcalde, que era el presidente del tribunal, y apartándome del resto de personas para que no hubiera testigos, me intentó convencer para que admitiera que sí había superado la prueba, que pensara en su pobre familia... Obviamente, era su palabra contra la mía y no podía denunciarlo sin pruebas, pero tuve la satisfacción de enviarlo a paseo.

No contento con la situación, acto seguido se me acerca igualmente el representante del sindicato, y también apartándome para que no hubiera testigos, repite la jugada del alcalde. Mi indignación fue de tal calibre que ya no lo volvieron a intentar más ni el uno ni el otro. Estimados lectores, esta es la realidad en el día a día de muchos tribunales de oposiciones, ingresando en las Administraciones por la puerta de atrás personal que no está suficientemente preparado, y que luego lo sufrimos los ciudadanos. El nepotismo es una gangrena que corroe la Función Pública, y perjudica a la prestación de los servicios públicos. Pocas son las denuncias que se presentan.

Desde luego, para Juan Espadas, el alcalde socialista de Sevilla, una filtración de exámenes no es motivo suficiente para abrir expedientes disciplinarios en el orden administrativo, cuando sabe que la Ley le obliga a abrir esos expedientes y adoptar cuantas medidas provisionales sean necesarias para la salvaguarda del interés general, lo cual está demostrando con sus declaraciones y conducta que el Derecho, como se dice en mi tierra, le importa un pimiento. Y Susana Díaz, la “implacable luchadora contra la corrupción”, ni siquiera le llama al orden. Y es que son tal para cual, en el mismo partido político.

El alcalde del PSOE, Juan Espadas, ha manifestado públicamente que no iba a suspender provisionalmente de empleo y sueldo a ninguno de los imputados, porque no iba a dejar a sus familias sin ingresos. ¡Genial, Sr. Espadas! Y a las familias de los que no pudieron ingresar como policías locales en las oposiciones por culpa de estas torcidas conductas de los imputados, ¡que les den morcilla! Tiene usted tanto sentido de la Justicia como un ciego de la vista. ¡Demasiada paciencia están teniendo los opositores que se vieron perjudicados en este asunto tan perverso!

Más bien diría que la inacción del alcalde sevillano quizá sea asunto de cobardía, por la posible reacción de los imputados. La Ley le obliga a abrir dichos expedientes disciplinarios si hay indicios suficientes, y si con todo lo publicado y con las imputaciones efectuadas por el Magistrado García Vélez no tiene suficiente, se incumpliría una vez más la Ley. Sabe que tiene esa obligación, porque supongo que el Secretario municipal le habrá informado sobre ello. Pero me temo que el alcalde Juan Espadas, que también forma parte del corrupto Régimen socialista andaluz, pueda considerar que las filtraciones de exámenes constituyen una costumbre muy arraigada en esta tierra de podredumbre, y por tanto, hay que dejar pasar la mano y no ser tan “legalista”…. cuando interesa a uno, claro.