Portal de la Corrupción

Artículo de Luis Escribano

• Un caso más de corrupción de la Junta de Andalucía con otro Ayuntamiento del PSOE.
• Con inventos como este empezaron los cursos de formación en empleo que hoy se investigan en los tribunales de Justicia.
• Ciudadanos, el tonto invitado que se hunde en su idiocia arrastrado por la corrupción imparable del PSOE.

Ayer viernes, cuando me senté por la tarde ante el ordenador para escribir mi artículo de los sábados, no tenía la más remota idea del tema a tratar. Y me acordé del Portal de “Transparencia” de la Junta de Andalucía, una fuente inagotable de información sobre las ilegalidades que se cometen en nuestra tierra. Su nombre en la web es “Publicidad Activa en Administración de la Junta de Andalucía”. ¡Y tan activa! ¡Mis mecanismos de denuncia de la corrupción se “activaron” de inmediato al leer el primer documento!

Nada más entrar en el apartado de "Convenios", me encuentro con un listado de 767 convenios, y abrí el primero que aparecía: “Convenio Marco de Colaboración entre Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza y el Ayuntamiento de La Carlota” (Fecha de suscripción: 30/06/2015). Tras acabar su lectura me reafirmé en lo que llevo denunciando años: en la Junta de Andalucía nada mejora, sino que todo empeora. Pero iniciemos el análisis del documento.

En su título aparece la expresión “Convenio Marco” que no es más que un intento estéril de otorgar una “apariencia de legalidad” a un acto administrativo ilegal. Vistas las partes que firman el Convenio, puse en un buscador de Internet el nombre y apellidos de una de las personas que suscriben el Convenio: Vanesa Bernard González. Y me encuentro con lo siguiente: Vanessa Bernad González (mal empezamos firmando un convenio con errores en el nombre y apellidos de un representante legal; ni las formas se cuidan ya), nacida en 1973 en Córdoba, es ingeniera agrónoma, y desde el año 2000 ha ocupado diversos puestos de responsabilidad en la Junta de Andalucía, entre los que se encuentran la Dirección Gerencia adjunta de la Fundación Andalucía Emprende, la asesoría técnica de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, la Subdirección de Infraestructuras y Desarrollo Rural y la jefatura del área de Ingeniería en la Empresa pública Desarrollo Agrario y Pesquero de la Consejería de Agricultura. Desde octubre de 2011 ocupaba el puesto de directora gerente de la fundación "Andalucía Emprende. Fundación Pública Andaluza", cargo que mantiene, y en junio de 2012, fue nombrada Directora General de Autónomos en la extinta Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. En octubre de 2013 fue nombrada consejera delegada de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (EXTENDA). Hoy aparece en la web de la Junta como titular de ambos entes instrumentales, de EXTENDA y de Andalucía Emprende. Fundación Pública Andaluza. ¿Cobrará por los dos cargos?

Es decir, con 27 años, empieza su carrera política en la administración paralela de la Junta, y desde entonces, han pasado 15 años dando vueltas dentro de la misma de un cargo a otro, sin pasar por una oposición. Y lo más grave es que, a pesar de todo, sigue sin haber aprendido o tener una leve idea de la Constitución española, del Estatuto de Autonomía de Andalucía, de la legislación sobre régimen local, de la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía, sin conocer la Ley de Procedimiento Administrativo, sin conocer las competencias de cada nivel de gobierno, etcétera, etcétera. Es decir, sin saber lo que debería exigirse como mínimo para ocupar cualquiera de los puestos que ha ocupado.

¿Saben ustedes por qué establece la Constitución española en su artículo 23.2 que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes? Precisamente para que los mejores ciudadanos ocupen esos puestos tras pasar unas pruebas en competición con todos los que quieran presentarse –oposiciones-, justo lo contrario de lo que hace el PSOE en Andalucía.

En la otra parte firmante del Convenio aparece el alcalde del municipio de La Carlota (Córdoba), que curiosamente pertenece al mismo partido que gobierna en la Junta de Andalucía, el PSOE. Sobran los comentarios.

Sigamos con el documento del Convenio. Tras magnificar la labor maravillosa de la Fundación de la Junta, del VII Acuerdo de Concertación Social como medida de Modernización y Cambio Estructural de la Economía Andaluza (¡¡miedo me da!! Ya ven como anda el desempleo en Andalucía…), el documento empieza a fantasear con las competencias que tiene o puede ejercer el Ayuntamiento, obviando el ordenamiento jurídico.

Una cosa es que el gobierno del Ayuntamiento pretenda ofrecer servicios a sus vecinos para el bien del municipio, y otra cosa es que pueda hacerlo al margen de la legalidad. El fin no justifica los medios, por mucho que quieran empeñarse los políticos. Si no saben gestionar lo público, o bien que se dejen asesorar por los que realmente saben y actúen en consecuencia, o bien que se vayan al sector privado a trabajar. Quizá eviten esto último para que no aumente la bolsa de pobreza.

No hay más que leer la Constitución española, el Estatuto de Autonomía de Andalucía (artículos 45, 63 y 92) y la legislación en materia sociolaboral para deducir que un Ayuntamiento no tiene competencias en materia de formación para el empleo, cuya gestión (competencia ejecutiva) corresponde a la Comunidad autónoma, pero sometida a la legislación del Estado, que tiene las competencias exclusivas en la legislación sociolaboral. Que se sepa, ni el Estado ni la Comunidad Autónoma ha delegado en el municipio de La Carlota esa competencia de gestión, y por tanto, no sólo no puede ejercerla, es que no puede regular ni requisitos ni criterios para la selección de los alumnos, justo lo que dice el Convenio que va a realizar. Si quieren conocer en profundidad la materia, no tienen más que leer mi artículo “Fraude masivo en la Formación para el Empleo en la Junta de Andalucía”.

Algunas de las cláusulas del Convenio son el súmmum del disparate. Por un lado, dice en la cláusula quinta que el Convenio no supondrá contraprestaciones económicas a las partes. Sin embargo, dice el Convenio que la Fundación aportará personal cualificado y experto en la materia para las actividades formativas. Se supone que alguien estará pagando las nóminas de ese personal, ¿o es que acaso trabajan gratis en la Fundación? Existen informes de Letrados del Gabinete Jurídico de la Junta que pusieron reparos a convenios que querían firmarse por parte de Consejerías y Universidades precisamente por este motivo: no valorar el coste del personal que interviene en las acciones que se acordaban.

Pero es que además el Ayuntamiento, según el convenio, aporta sus instalaciones y equipamiento para ello. ¿También es gratis su mantenimiento, el gasto de electricidad, vigilancia, etc.? Espero que los redactores de este Convenio y sus informantes no redacten jamás un Proyecto, porque nos arruinarían.

Y claro, desde el momento que hay costes, ya no podemos hablar de “Convenio Marco”, como se ha intentado disfrazar este convenio. Por eso se ha evitado hablar de los costes, pero “haberlos, haylos”.

Siguiendo con más despropósitos, dice el convenio que la convocatoria y los criterios para seleccionar los alumnos se aprobarán mediante Resolución del Ayuntamiento, y que habrá una Comisión en la que participarán miembros de la Fundación y del Ayuntamiento como vocales, asistidos por un funcionario municipal. Ya he dejado claro que el Ayuntamiento no puede regular requisitos o criterios en materia sociolaboral que no sean los regulados por una norma estatal, pero les quiero apuntar otro detalle fundamental: dice el convenio “asistido por un funcionario municipal”, en vez de ser asistida la Comisión por el Secretario del Ayuntamiento.

Este matiz es muy importante, porque según la Ley, son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional (Secretario del Ayuntamiento), la de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo. Esta es la vía típica de escape de muchos alcaldes para evitar el control de los Secretarios e Interventores municipales, cuyos nombramientos no dependen de ellos, una muestra más de la huida de los políticos por ser controlados por los funcionarios en sus actuaciones. Muchos alcaldes marginan a los Secretarios e Interventores en los Ayuntamientos y utilizan “funcionarios” afines para lograr sus objetivos torcidos. Hasta aquí llegan las sutilezas de los partidos políticos, especialmente las del PSOE en Andalucía.

Por último, también se habla de subvencionar al proyecto mejor valorado, así como de hacer publicidad (cláusula sexta) de todas las acciones que se pongan en marcha. ¿Y esto tampoco es valorable económicamente? ¿Qué parte firmante del convenio costeará todo esto, y cuál es su importe económico?

Como ya expliqué en mi artículo “Prevaricación en el IAJ”, no se puede disfrazar de convenio lo que en el fondo puede ser una actividad subvencionadora o una contratación pública. Pero si encima se hace marginando la libre concurrencia, nos podríamos encontrar ante un posible caso de prevaricación administrativa. ¿Por qué la Fundación pública firma el convenio con este Ayuntamiento, y no con los 778 municipios de Andalucía? ¿Acaso los demás Ayuntamientos no tendrían el derecho a la misma oportunidad si fuera legal? Para el PSOE-A no: vienen elecciones, y hay que alimentar a los votantes socialistas.

Con inventos como este empezaron los cursos de formación en empleo (talleres, etc.) que hoy están en los tribunales de Justicia. Analicen en los medios de comunicación como han acabado numerosas Mancomunidades de municipios que se dedicaron a impartir cursos de emprendedores, talleres de empleo, etc.: ¡arruinadas!, deudas que tendrán que pagar los vecinos.

Insisto una vez más: Susana Díaz, la luchadora implacable contra la corrupción, está quedando como lo que es, una pésima política que no sabe gestionar nada de lo público que no sea en beneficio de ella o su partido. Y Ciudadanos, el tonto invitado que se hunde en su idiocia arrastrado por la corrupción imparable del PSOE. Porque no nos engañemos: PSOE y Ciudadanos es más de lo mismo, por mucho que intente este último vestirse de “liberal”.

Andalucía seguirá siendo lo que es: una región triste llena de demasiados ciudadanos desinformados y conformistas, resignados a vivir sin mejorar, sin interés por buscar las mejores soluciones para la sociedad en la que viven y para ellos mismos. Me pregunto muchas veces qué utilidad tiene que denuncie estas aberraciones, si luego no tiene efectividad alguna. ¿Qué opinan ustedes? ¿Vale la pena luchar por una sociedad llena de tantos ciudadanos apáticos, sumisos e irresponsables?