Caso fraude nóminas funcionarios

Artículo de Cornelia Cinna Minor

A principios de este mes de octubre se publicó una noticia en ABC que no ha tenido mucha repercusión, pero es de extrema gravedad: la Junta de Andalucía dejó de pagar a la Seguridad Social lo reglamentado en las bases de cotización, perjudicando a unos 3.000 funcionarios y laborales de la Administración general en la provincia de Córdoba, concretamente en el segundo semestre de 2012. Actualmente, la investigación se encuentra en fase extensiva a otras provincias como Cádiz y Almería.

Según la información facilitada por la dirección territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Andalucía, las retenciones indebidas estarían entre los 561 euros y los 1.829 euros por funcionario y nivel. ¿Qué dijo la Junta de Susánida en enero? Negarlo, como siempre, para, a continuación, echarle la culpa al Gobierno de los malos malísimos, los de siempre, jugando con la incultura que ellos mismos promueven en cuanto a competencias estatales y autonómicas.

La medida afecta a las pensiones y prestaciones futuras por desempleo, enfermedad o accidentes de los damnificados directos. Y, al conjunto de los españoles por las cantidades millonarias que dejan de ingresarse en la caja común de la Seguridad Social.

Lo que Montero niega en 2015, Susana lo reconocía en 2012

Veamos la jugada en su secuenciación: en el segundo trimestre de 2012, en plena crisis, y coincidiendo con el impago de la paga extraordinaria de diciembre a todos los funcionarios y empleados públicos de España, entre otras medidas de ajuste, la Junta de Andalucía rebajó a todos sus empleados, de forma arbitraria, las bases de cotización, congeladas desde 2010.

En agosto, la entonces Consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, pillada in fraganti, no tuvo más remedio que reconocer los hechos ante la protesta generalizada de los sindicatos representativos de los trabajadores públicos, que amenazaron con llevar el caso a los tribunales.

La entonces consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, calificó la medida que su propio equipo gubernativo aplicaba de “injusta” y motivada por los recortes ‘’impuestos’’ por el Gobierno central, aunque “reversible’’. ‘’Comprendo las reacciones de los representantes de los trabajadores y espero que podamos encontrar una senda de entendimiento con ellos”, afirmaba la actual presidente en el verano de 2012.

Pero, la “reversabilidad’’ aún no se ha hecho efectiva y la “injusticia’’ se mantiene hasta la fecha, octubre de 2015, confirmada ahora por la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Andalucía, que ha empezado a reclamar a la Administración andaluza las cantidades adeudadas.

¿Y qué decía en enero de este mismo año María Jesús Montero, la responsable de las cuentas públicas andaluzas en la nueva era “Yo con Susana presidenta’’?

Pues, como es habitual en su natural desparpajo y desvergüenza política, negaba la mayor y, como no podía ser de otra manera, justificaba cualquier posible irregularidad en una normativa estatal. O sea, la culpa al maestro armero, Rajoy.

En principio, más de 1,6 millones de agujero sólo en Córdoba

¿Y cómo ha sido que la Seguridad Social se puso a investigar al cabo de dos años de mutis total?

Una funcionaria de Córdoba se percató del presunto fraude y denunció a comienzos de 2014. Esta persona detectó defectos en las bases de cotización a la Seguridad Social que aparecían en sus nóminas durante las anualidades 2012 y 2013. Tras solicitar aclaración al respecto, jefes y directivos de su centro de trabajo negaron este extremo rotundamente. No conforme con la respuesta, que llegó en no pocas ocasiones con retrasos, faltas de respeto e incluso amenazas, solicitó una inspección a la Seguridad Social.

Este organismo ha tardado 17 meses en darle la razón y evaluar la cuantía de la rebaja entre la plantilla de personal del ámbito de la Administración general de la Junta de Andalucía en aquella provincia. En principio, más de 1,6 millones de agujero, incluido un recargo del 20 por ciento por impago en plazo.

Tampoco es tanto tiempo si tenemos en cuenta que la investigación ha alcanzado a cerca de 4.000 funcionarios y laborales, entre los cuales han resultado damnificados, en principio, 3.000. Las cuantías que se han dejado de ingresar por trabajador oscilan entre 561 euros y 1.829, afectando a todos los niveles y grupos.

Durante ese tiempo, la funcionaria buscó asesoramiento externo, jurídico y sindical, y consejo de compañeros, a los que, a su vez, animó a que denunciaran porque el perjuicio era colectivo. Con ayuda externa, elaboraron y difundieron un modelo general de reclamación. Pocos siguieron su ejemplo. La mayoría intentaba justificar su apatía, indolencia y su propia incapacidad para defender sus derechos en la incredulidad.

La afectada no se dejó vencer por el desánimo que provocan este tipo de reacciones, bastante frecuentes, por cierto, entre el personal de la Junta, por lo general, sumiso y servil a su jefatura. Este personal, ahora, se verá mayoritariamente beneficiado por los efectos colectivos de la reclamación ‘’imposible y absurda’’ de una compañera que lo vió claro y no se amilanó ni ante críticas de sus iguales ni ante amenazas de superiores. Y que, además, se alarmó ante el grave daño que el hecho denunciado podría causar a las débiles arcas de la Seguridad Social de todos los españoles.

Miles de funcionarios y laborales andaluces perjudicados

Como se viene informando en prensa desde hace meses, y ha sido confirmado a los denunciantes y a los representantes de los trabajadores, la Junta infracotizó en el periodo de julio a diciembre de 2012 por una gran parte de sus empleados, infringiendo sus obligaciones legales como empresa y perjudicándoles en la cuantía de sus futuras pensiones, entre otras consecuencias, tanto individuales como colectivas.

La deuda que puede tener contraída en la actualidad con las arcas estatales podría ascender a 20 millones de euros y afectaría a más de 25.000 empleados públicos, funcionarios y personal laboral del sector de la Administración General. Para quienes cotizan el máximo, la medida no es relevante.

Las actas provisionales de liquidación de la deuda han llegado ya a la Administración autonómica en la provincia, reclamando el reintegro de las cantidades que la Junta dejó de ingresar en la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), incluido un recargo del 20 por ciento por impago en plazo reglamentario, como hemos apuntado supra. Tanto la Junta como los afectados a quienes se les ha comunicado el déficit tienen un plazo de 15 días para presentar alegaciones.

Este presunto fraude, con indicios de prevaricación, cometido por la Consejería de Hacienda y Administración Pública, y negado en reiteradas ocasiones por su titular, María Jesús Montero, ya fue confirmado, en el ámbito sanitario, a finales de diciembre de 2014. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a raíz de una denuncia interpuesta por el sindicato de enfermería, SATSE, obligó al SAS a regularizar las bases de cotización, en virtud a lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto Ley 20/2012. Llueve sobre mojado.

Lo que queda por investigar y la deuda acumulada con los funcionarios

Sin embargo, otros ámbitos laborales de la Junta de Andalucía, tan extensos en cuanto a personal, como son la Enseñanza y la Justicia, aún están por investigar. Si las cifras confirmadas hasta ahora se extrapolan a un 80 por ciento del total de la plantilla de empleados en la Administración oficial – en torno a 200.000 trabajadores- la cuantía final del fraude sería impagable, dada la situación de quiebra técnica que arrastran las cuentas autonómicas andaluzas. No obstante, ni el Gobierno andaluz ni el estatal reconocen esta realidad por las gravísimas repercusiones que para el déficit público del Estado tendría de cara a los rígidos requisitos impuestos por la UE en este campo.

Si, a todo ello añadimos la deuda que mantiene el Gobierno andaluz con una mayoría de sus empleados “oficiales’’ por los recortes aplicados desde el inicio de la crisis económica –valorada en una media de 8.000 euros por trabajador- el resultado es catastrófico para las expectativas de esas 200.000 familias que con la aprobación del Real Decreto-Ley 10/2015, de 11 de septiembre, creyeron abierta la puerta a la recuperación de gran parte de los derechos perdidos desde 2010.

Pero, si alguien se pregunta qué pasa con los ‘’30.000 hijos de San Telmo’’, la Administración paralela, con ellos no hay este tipo de problemas. Cuentan con la total protección de su Protectorado y Protectora. Ni existe esa deuda con quienes, en su mayoría, tienen carné del partido, son afiliados de los sindicatos afines o pertenecen a las organizaciones empresariales amigas. Ni se la espera. Es más, si por coyuntura presupuestaria son despedidos, tendrán la ley de su parte para ser readmitidos por orden judicial. Además de ser compensados con indemnizaciones astronómicas en el caso de los puestos de alta dirección.

El Consejo de gobierno aprueba una modificación de crédito ipso facto, como en el caso de tantos faffes, y aquí no hay penas. Para los otros no hay crisis.

Preguntas: ¿Dónde está el dinero que fue consignado en el presupuesto de 2012? ¿Quién dio la orden a la Tesorería de la Junta para modificar las bases congeladas de cotización? ¿A cuántas provincias afecta? ¿Cuántos funcionarios y laborales están involucrados? ¿Cómo perjudica este presunto fraude a las jubilaciones de estos trabajadores y a la población en general? ¿Por qué se intentó callar a la primera denunciante en 2014, si Susana había reconocido la medida y culpado a Rajoy en 2012? ¿Por qué no está habiendo un seguimiento extensivo en la prensa? ¿Dónde están los sindicatos UGT y CCOO que tanto se alarmaron en 2012? ¿Por qué no se ha detectado antes o acelerado esta investigación, conociéndose el desajuste desde el principio? ¿Por qué la oposición, en bloque, no lo ha denunciado ya, sólo con los datos de Córdoba? ¿Si la empresa responsable de esta anomalía no se llamara Junta de Andalucía, la reacción de todos los implicados hubiera sido la misma?

Coda: si la investigación del organismo reclamante de la deuda confirma las sospechas de que han hecho lo mismo en otras provincias y otros sectores funcionariales y laborales, vamos a ser espectadores de otro gran pufo de la "implacable" luchadora contra la corrupción, junto con el caso Aznalcóllar, Jeremie, Almonte, Marismas, Invercaria, seguimiento de los Cursos de Formación, los ERE, etc.