Artículo de Paco Romero
Con el sonido de fondo de los cantos de sirena contra la
“deuda ilegítima”, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha
hecho público recientemente el estado de la “deuda viva” de las entidades
locales al último día del pasado ejercicio. El concepto hace referencia
exclusivamente a la deuda bancaria y financiera sin incluir las deudas
comerciales o con proveedores que, en no pocas ocasiones, superan con mucho a
las que hoy analizamos parcial y sumariamente.
La primera cifra que resalta son los casi 38.400 millones de
euros que deben los Ayuntamientos, Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares,
Entidades Locales Menores y Mancomunidades españoles a las entidades
financieras.
Entrando al detalle, las “trampas” de las entidades locales
andaluzas suponen el 17,5 % del total, estimándoseles una deuda de 6.700
millones. A la cabeza, en términos absolutos, está la provincia de Cádiz que
asume el 26 % del total de la deuda andaluza (1.737 millones de euros), siendo
Córdoba la menos endeudada (432 millones), lo que supone el 6,5 % del débito
andaluz.
A nivel nacional, junto a Andalucía, lideran el ranking la
pella en forma de 8.250 millones de las entidades locales de la Comunidad de
Madrid (21,5 % del total), de los que 6.000 millones corresponden a la capital
del Estado, sin despreciar los 5.070 que adeudan las catalanas (13,2 %).
Centrándonos en Andalucía, la deuda provincial es liderada
por cada uno de los ayuntamientos de las capitales con excepción de Cádiz donde
la dita de Jerez de la Frontera (532 millones) se alza como líder indiscutible,
resultando ser un 150 % superior a la de la Tacita de Plata.
Pero no nos rasguemos las vestiduras: en lo referente a
Diputaciones, Consejos y Cabildos (6.300 millones), aparece la Diputación Foral
de Vizcaya como la más morosa, sobre la que recae más de un tercio del total
nacional de la deuda. Las Diputaciones andaluzas adeudan 890 millones con -otra
vez- Cádiz a la cabeza (206 millones) y Sevilla como la más modosita (70 millones).
A destacar la ausencia total de deuda de la Diputación Provincial de La Coruña
y del Consejo Insular de Formentera, a la que se suman, inmaculadas, otras
3.421 entidades locales, lo que evidencia que se pueden gestionar los recursos
públicos racionalmente, si bien no faltará quien les tache como los tontos de
la película.
Los 355 millones de deuda de las Entidades Locales Menores y
de las Mancomunidades tienen su origen principalmente en dos corporaciones catalanas (Área
Metropolitana de Barcelona y CM Barcelonés, con 138 millones entrambas) que
asumen casi el 40 % del total, sin obviar que, en Andalucía, la Mancomunidad
del Campo de Gibraltar genera el endeudamiento del 10 % del total nacional, y
sin echar tampoco en saco roto los 14 y los 12 millones, respectivamente, que
adeudan la malagueña mancomunidad de la Costa del Sol Occidental y la sevillana
de Servicios La Vega.
La evolución, a grandes rasgos, deja entrever que de los
8.118 municipios españoles son 4.695 los que mantienen deuda viva (58 % del
conjunto), 365 menos que en 2012, mejora que resulta a todas luces
insuficiente, más aún cuando la reducción de la deuda en el citado trienio ha
supuesto 4.050 millones, es decir menos de un diez por ciento de la del punto
de partida.
Lo más oprobioso es que la limitada disminución del
endeudamiento -u holgada, según persisten en apreciar los manirrotos de turno-
ha venido de la mano del recorte de servicios esenciales a la comunidad, ya que
el capítulo de personal ha permanecido inalterado e, incluso, ha aumentado
-¿ilegítimamente?-.
Como ejemplo de última ocurrencia, los 2.400 euros del viaje
de ida y vuelta mensual en clase turista Chicago-Sevilla, suponiendo -lo que ya
es mucho- que el traslado desde el aeropuerto de San Pablo a Castilleja de la
Cuesta corriera por cuenta de Joan Marín, supondrían para los 17.500 ciudadanos del
ayuntamiento del Aljarafe sevillano un incremento del 3,5 % sobre su actual y,
por cierto, no exorbitante deuda de 874.000 euros.
Se precisarían 16 años a este ritmo, con la “hente”
indispuesta tras las barricadas, para dejar la deuda viva a cero, algo a lo
que, por otra parte, no se muestran muy proclives los políticos al uso que,
contrariamente, tirando del socorrido y vacuo concepto de “deuda ilegítima”,
contribuyen a engordarla, según se desprende de noticias y declaraciones de los
últimos días.
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