Corrupción en Madeja

Artículo de Luis Escribano

Dice mi amigo Eduardo Maestre que tengo una rara afición, como es la de leer boletines oficiales, resoluciones judiciales, dictámenes del Consejo Consultivo, diarios de sesiones del Parlamento de Andalucía o del Congreso de los Diputados, y demás singulares documentos, en vez de leer apasionantes novelas que te aíslan del mundanal ruido. Y es cierto, añoro tener esas largas horas de emocionante lectura en las que disfrutaba con las peripecias de tan variopintos personajes literarios.

Pero los avatares de la vida me llevaron por otro camino. Desde que ingresé en la Administración General de la Junta de Andalucía hace más de 20 años, no he parado de investigar, denunciar y recurrir lo que consideraba un atropello al Estado de derecho, especialmente desde el día que mi amigo y compañero de trabajo, Rafael T.F., falleció sometido a las presiones de indeseables políticos del PSOE andaluz. Desde entonces, he puesto mi inteligencia al servicio de la lucha contra la corrupción y los abusos del poder, señalando los hechos, sus causas y sus presuntos responsables.

La corrupción en Andalucía ha ido a más con el paso del tiempo, lo cual es inevitable cuando en el poder se ha perpetuado el mismo partido político, el PSOE, durante demasiados años, acostumbrando a la sociedad andaluza a vivir con una enfermiza dependencia del poder que la subsidia. Es terrible el daño generado por el virus inoculado por el partido socialista andaluz durante años, y me temo que costará generaciones curar a tantos enfermos, que han desarrollado una resistencia brutal a los posibles tratamientos.

Pero volviendo a lo indicado en el inicio del artículo, recientemente ha sido objeto de mi lectura el Auto de 8 de septiembre de 2015, del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional, por el que acepta la competencia para el conocimiento de los hechos sobre el caso MADEJA. Sinceramente, no he añorado leer ciertas novelas.

Entre sus 108 páginas se encuentran episodios que podrían inspirar historias policíacas basadas en el crimen organizado y el gansterismo, sin el elemento –que se conozca hasta ahora- de la violencia física. El móvil de los presuntos delitos es, como siempre, alguna debilidad humana: envidia, codicia, lujuria, odio, etc., las cuales llevan a determinadas personas a realizar actos que muestran el deterioro ético de las mismas.

No puedo dejar pasar la ocasión para felicitar una vez más a la UCO de la Guardia Civil, y a la Magistrada Mercedes Alaya y su equipo, por el excelente trabajo realizado en este caso.

Toda la trama parece girar en torno al adorado dinero, de cómo ganarlo engañando, falseando, incumpliendo la ley, conspirando y actuando en grupos organizados con el ánimo de delinquir.

En el caso MADEJA, como dice el citado Auto, confluyen distintos factores de complejidad:

-   Hay distintas Administraciones estatales, autonómicas, locales, insulares e institucionales afectadas.

-   Hay 96 imputados (de momento), la mitad de ellos “funcionarios públicos” y la mitad representantes de distintas mercantiles involucradas en la trama.

-   Hay algunas decenas de sociedades mercantiles involucradas, radicadas en distintas partes del territorio español: algunas sociedades patrimoniales o sociedades pantalla de FITONOVO, otras sociedades concertadas con FITONOVO para simular la concurrencia en procesos de contratación, otras factureras.

Además, concurre en este caso una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional y también perjuicio patrimonial en una generalidad de personas. A ello se añade el quebranto grave en el tráfico mercantil causado al haberse producido durante años una grave distorsión en la contratación pública sectorial en las zonas afectadas, con los consiguientes perjuicios a la competencia empresarial.

El pago de las comisiones ilícitas parece remontarse al año 1995, y alcanza hasta 2013. El importe de las dádivas de acuerdo con los informes de la UCO de la Guardia Civil puede haber ascendido a 4.300.000 euros. Sin embargo, no ha sido todavía cuantificado el volumen de la contratación pública afectada, ni los perjuicios efectivos causados a la Administración Pública por el fraude cometido (los perjuicios por precios concertados a la baja con concurrencia ficticia; los perjuicios por precios concertados al alza para inflar facturas, comisiones y beneficios; o los perjuicios por trabajos contratados y facturados pero no ejecutados, entre otros). Y concluye el Auto de la Audiencia que, como consecuencia de todo ello, el importe total de los perjuicios causados supera notablemente la cantidad indicada.

Para que se hagan una idea de las ramificaciones del caso, las Administraciones perjudicadas cubren prácticamente todo el espectro orgánico (estatal, autonómica, local, insular e institucional), y corresponden a distintas Comunidades Autónomas: Andalucía, Extremadura, Canarias, Comunidad Valenciana, Aragón, Madrid y Cataluña. Entre las instituciones afectadas están:

• Ministerio de Fomento, en las Direcciones Provinciales de Jaén, Huelva y Cádiz.
• Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía.
• Jefatura de Conservación de Carreteras de la Junta de Extremadura.
• Diputación Provincial de Sevilla.
• Diputación Provincial de Córdoba.
• Diputación Provincial de Jaén.
• Gobierno de Canarias.
• Cabildo de Lanzarote.
• Cabildo de Las Palmas.
• Ayuntamiento de Sevilla.
• Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz).
• Ayuntamiento de La Carolina (Jaén).
• ADIF, en las Gerencias de Sevilla, Córdoba, Linares-Baeza, Valencia, Madrid, Zaragoza y Barcelona.

Los hechos, de acuerdo con el testimonio remitido a la Audiencia y el auto de inhibición del Juzgado de Instrucción de Sevilla (redactado por la Magistrada Mercedes Alaya) podrían constituir múltiples ilícitos penales:

-   Cohecho (arts. 419 y siguientes del CP)

-   Fraudes y exacciones ilegales (art. 436 CP)

-   Corrupción entre particulares (art. 286 bis CP)

-   Asociación ilícita (art. 515.1 CP), en cuanto los anteriores delitos se cometieron en el seno de una organización criminal.

-   Blanqueo de capitales (art. 301 CP).

-   Delito contra la Hacienda Pública.

-   Fraude a la Seguridad Social.

-   Prevaricación, malversación, maquinaciones para alterar el precio de las cosas, tráfico de influencias y falsedades documentales, con carácter instrumental como medio para la comisión otros delitos.

Los hechos objeto de la causa implican la presunta existencia en la empresa FITONOVO de una actividad planificada dirigida a adjudicarse por medios fraudulentos contratos públicos. La dirección de FITONOVO creó una infraestructura tanto operativa como contable destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura comercial de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación, y creando una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos. 

Aquí es necesario hacer un inciso, dado que en el Derecho penal la denominación “funcionario público” engloba a “todo el que por disposición inmediata de la ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas” artículo 24.2 del Código Penal). Por tanto, hay que aclarar que en el concepto de “funcionarios públicos” se incluyen funcionarios de carrera, contratados laborales (como todo el personal de ADIF), concejales, etcétera.

Al mismo tiempo, el personal de FITONOVO creó una trama societaria que, en paralelo a una actividad comercial legal, se había ocupado de acaparar contratos públicos usando medios ilícitos, pervirtiendo numerosos procedimientos de contratación en detrimento de las arcas públicas, del interés público en una adecuada prestación de los servicios, además de un grave daño al orden socioeconómico al perjudicar a las sociedades que de forma legal pretenden participar en la contratación pública pero que no tienen posibilidad de resultar adjudicatarias al estar en franca desventaja por las prácticas corruptas de la trama.

Para conseguirlo, según el Auto judicial, concedían comisiones, en forma de entregas de efectivo o regalos, a funcionarios o autoridades para lograr la adjudicación de los contratos públicos o para una vez adjudicados ejecutarlos, incumpliendo los términos del contrato en beneficio de la empresa y perjudicando a la administración, a la que se facturaban servicios o trabajos no realizados.

También obtenían información privilegiada de los contratos, conociendo de antemano los pliegos de condiciones técnicas o administrativas o las ofertas presentadas por otras empresas, lo que les permitía articular las ofertas en condiciones ventajosas ya sea porque se las facilitaban antes de su publicación o porque intervenían en su elaboración. Esta información procedería de los funcionarios "en nómina" que tenía FITONOVO, quienes prevenían a la empresa de la próxima salida del procedimiento y de las condiciones de la misma.

Asimismo, falsificaban las certificaciones por los trabajos realizados, facturando trabajos no realizados o imputando un coste superior al real para de ese modo obtener un beneficio ilícito o para financiar la cantidad que se entregaba al funcionario. Además, la empresa manejaba una contabilidad y una tesorería paralela, pagando comisiones con una caja “B”.

Muchas empresas se quejan en las contrataciones de las Administraciones y de los entes de la administración paralela de las manipulaciones e irregularidades que se producen en las contrataciones públicas, otra fuente más de corrupción (en la Junta de Andalucía tenemos los recientes casos investigados de Aznalcóllar, Vigilancia de edificios del SAS, Servicio de ambulancias del SAS, etc.). Una vez más debo denunciar que estas irregularidades e ilegalidades no sólo se amparan por los cargos públicos, sino que se alientan con normas aprobadas mediante técnicas legislativas muy deficientes, y porque no se castigan debidamente los comportamientos torcidos.

A continuación les pongo algunos de los oscuros pasajes del Auto de la Audiencia Nacional, para que ustedes calibren el alcance de lo ocurrido en nuestras Administraciones, y que de no actuar debidamente, puede seguir ocurriendo:

1) F.L.H.R., desde el 2002 al 2011 habría recibido en concepto de comisiones mensuales 129.655,58 € a razón de 750 € hasta 2005, fecha en la que comienza a cobrar 2.400 € mensuales hasta septiembre de 2007, reduciéndose a 1.000 € en el primer semestre de 2009, subiendo a 1.600 € hasta abril de 2011, reduciéndose nuevamente a 1.000 € en los restantes meses de dicho año. En atención al inculpado, el coche Toyota Corolla que fue adquirido a finales de 2004 por FITONOVO para la hija de H., mientras fue comercial de la empresa, por importe de 15.466 €, le fue regalado a la misma cuando en mayo de 2008 dejó de trabajar para la empresa continuando durante año y medio más el pago del seguro del vehículo.

Asimismo, FITONOVO, en mayo de 2007, regalaría a H. un caballo adquirido por el precio de 1.300 € y una yegua el 5-2-08 por importe de 1.000 €. Otros regalos serían el pago de dos cotillones de fin de año en 2002 y 2003 por importe de 285 euros, un tractor carriola por importe de 600 euros el 13-06-2003, un móvil Nokia el 27.07.2004 por importe de 225 €, un viaje a Budapest el 11.08.2004 por importe de 3.449 €, un equipo de lavado a presión en 2005 por importe de 435 €, dos alquileres de vehículo en 2006 y 2009 por importes de 301 € y 449 € respectivamente, un móvil Nokia el 2-4-2009 y dos lphone, uno de ellos el 16.06.2009.

2) M.J.H.R., director de producción de FITONOVO desde el año 2008, tuvo como competencias la ejecución de los contratos de control de márgenes de ADIF. Con motivo de dichas responsabilidades facturaba tramos sin ejecutar en detrimento de las arcas públicas, y se incluían en las mediciones zonas de túneles donde no se había realizado acción alguna en ellos. Así se recoge en el documento relativo a la reunión del día 11.11.2008 entre R.G., J.B., A.M. y el propio declarante, en la cual sobre el contrato marco de Prevención de Incendios Línea Sur de ADIF 2008-2011 adjudicado a FITONOVO, se puso de manifiesto la existencia de tramos sin ejecutar, concretamente sin desbrozar y asimismo la existencia de zonas de túneles habiendo incluido sus mediciones sin que se hubiera realizado acción alguna en ellos.

En dicha reunión, el hoy inculpado H.R. interviene para opinar que "tal vez sería conveniente por nuestra parte hacer algo en esos tramos para que no se vea tan clara la falta de tratamiento en ellos". Resultado de dicha reunión se pone de manifiesto que se han facturado a la fecha de la misma 11.11.2008, 116.000 € sin coste alguno, y 38.000 € en una ampliación posterior también sin coste. Todo lo anterior se realizaría con el consentimiento de los distintos técnicos y gerentes de ADIF de las provincias de Andalucía y demás territorio objeto del contrato quienes a cambio recibirían las ilícitas comisiones teniendo como último origen el erario público.

3) Ciertos directivos de FITONOVO habrían ordenado a P.P.B., empleado de FITONOVO SL, el pago al funcionario C.F.I.J. para el Secretario General de la Agencia Andaluza del Agua (desde el 01.04.2005 a 01.05.2011) al menos la suma de 20.000 € entre 2010 y mayo 2011 en concepto de dádivas en virtud de pagos mensuales de 2.000 €, resultando acreditado que en esos años FITONOVO fue adjudicataria de numerosos contratos de la Agencia Andaluza del Agua.

La pregunta del millón: ¿qué investigaciones internas se han abierto en esta Agencia? ¿Hay algún expediente de investigación o disciplinario abierto por estos hechos?

4) Pagos al Ingeniero Jefe del Servicio de Infraestructura municipal de la Diputación de Sevilla, E.O.M., por haber favorecido indiciariamente a FITONOVO en la adjudicación y/o ejecución de contratos de obra de la Diputación de Sevilla, de forma que desde el año 2003 al 2009 habría recibido comisiones por importe de 17.221 €. Dichos pagos son coincidentes con los contratos de construcciones de Puntos Limpios en los municipios de la Luisiana y Pruna en 2006, por importe de 138.000 € cada uno de ellos, la instalación de varios parques geriátricos en la provincia en 2007 por importe de 180.000€ y las mismas obras en 2008 por 175.313€ así como la restauración del margen fluvial del río Carbones de Cazalla de la Sierra entre 2007 y 2008 por importe de 143.000€. FITONOVO asimismo habría adquirido en el año 2001 para dicho funcionario un Ford Mondeo, para que éste se ahorrara el importe de IVA (2.281 €) más el descuento de flota y lo mismo habría ocurrido en 200 € con el vehículo de su hijo un Toyota Corolla, ascendiendo el IVA a 1.873 €.

5) Pagos a A.R.J., Director ejecutivo, mantenimiento de infraestructuras, Gerencia de mantenimiento ADIF Sevilla. Entre 2002 y 2011 por facilitar la adjudicación y la ejecución de los contratos a FITONOVO SL habría recibido en concepto de dádivas 428.535 €; pagos a L.M.R.,mando intermedio de ADIF Córdoba, por las mismas razones, habría recibido en 2.007 y de 2009-2012 en concepto de dádivas la suma de 22.904,20 €; pagos a J.R.C., de ADIF Jaén (Linares Baeza) por los mismos conceptos, entre 2.003 y 2.004, 15.350 €; pagos a J.C.M.C., de ADIF Jaén, de comisiones entre 2008 y 2009 de 3.095,98 €.

6) Pagos a J.A.G.P., Gerente del Área de Mantenimiento de Infraestructuras de Zaragoza por facilitar la adjudicación y/o ejecución de los contratos a FITONOVO, los directivos de la empresa a través de J.A.B. habrían abonado a G.P. entre 2003 y 2009, 100.400 € en concepto de ilícita comisión.

7) Directivos de FITONOVO prometieron el pago inmediato de comisiones al Alcalde de Algeciras (Cádiz), T.H.H., o al Delegado de Construcción y Urbanismo y posterior Alcalde

D.T.S.R. Dichas cantidades por lo que se refiere a FITONOVO ascenderían a 279.360 € entregadas entre el 25.06.2.010 y el 15.09.2011 con un primer pago en la primera fecha de 130.000 €.

La lista es aún mayor, pero creo que con estos ejemplos uno puede hacerse una idea de lo débil que puede ser cualquier persona que trabaje en una Administración o una empresa pública tramitando expedientes que conlleven gastos públicos. ¿Entienden ustedes por qué son necesarias las máximas cautelas en el manejo del dinero público?

Se critica mucho la “burocracia” de las Administraciones, pero les puedo asegurar que sin burocracia y los debidos controles, la corrupción económica no puede evitarse. Y el término burocracia no implica necesariamente procedimientos tediosos y con largos plazos. Hoy día la burocracia se ha modernizado hasta extremos impensables hace unos pocos años. La cuestión es si los partidos políticos que gobiernan tienen o no la voluntad de solucionarlo. Quizá el deterioro de la Función Pública está deliberadamente provocada, pues como dice el dicho popular, a río revuelto, ganancia de pescadores.

Si todos los “funcionarios públicos” imputados en este caso actuaban de esta manera con FITONOVO, cabe hacer esta pregunta: ¿sólo recibían pagos de esta empresa? ¿Hasta donde llegó la debilidad humana? No estaría de más que se investigaran los bienes de todos ellos y sus familiares, por si aparecieran dádivas de otras empresas contratistas.

Y respecto a los hechos que afectan a la Junta de Andalucía, los grupos parlamentarios de la oposición del Parlamento de Andalucía, ¿han actuado al respecto?

En particular, hay que preguntarle al líder del único partido que apoyó al PSOE para que Susana Díaz presidiera la Junta de Andalucía. Sr. Marín, ¿hablaron sobre estas corrupciones en las contrataciones cuando pactaron con el partido del Régimen? ¿Qué acciones han realizado sobre este caso concreto? ¿O también pasará por alto este otro caso de corrupción? Sr. Marín, sin atajar el grave problema de la corrupción de forma integral, cualquier otra actuación de la Junta acabará en saco roto. Si usted no lo ve, es preferible que abandone la política y se dedique a escuchar el paso de los barcos por el Guadalquivir en su desembocadura.