Cuatro episodios de la muerte de Montesquieu

Artículo de Luis Marín Sicilia

Para Montesquieu, la división de poderes es fundamental y sin un respeto a la independencia de quienes han de administrar justicia, no hay Estado de Derecho, por mucho que así se proclame formalmente. Recientes acontecimientos ponen de manifiesto el descaro con que la clase política interfiere a la recta administración de la justicia. Veamos:

Episodio 1.- Es sintomático, al respecto, la dificultad para transmitir sensación de imparcialidad por parte de la Audiencia Nacional en el llamado caso Gürtel, con motivo de haber sido designado ponente el magistrado Enrique López y presidenta de la vista oral la magistrada Concepción Espejel. Uno y otra han sido promocionados por el llamado sector conservador de la judicatura, lo que despierta recelos en los llamados partidos progresistas. El problema es que, a la inversa, si los

responsables del proceso pertenecieran a “Jueces para la democracia”, los recelos serían para los pertenecientes al sector conservador.

Primera conclusión: Jamás se debiera haber permitido que la organización de la judicatura se realizara por adscripciones ideológicas sino estrictamente por criterios profesionales. En un Estado de Derecho lo importante es ser juez, y quizás no exista otra función mas íntimamente satisfactoria que la de administrar justicia con equilibrio e imparcialidad, al margen de criterios ideológicos.

Episodio 2.- El cerco permanente a la labor de la juez Alaya y la  presión constante para apartarla de investigaciones que incomodan al poder socialista en Andalucía, está dando sus frutos gracias al esfuerzo de un fiscal metido a consejero que ha conseguido ubicar en el centro judicial de las decisiones a una juez amiga e inexperta en causas penales que, con celeridad inusitada, ha decidido atomizar en unas doscientas piezas separadas el mayor caso de corrupción institucional de la democracia española. 

Segunda conclusión: El tráfico de influencias, como práctica moralmente deleznable, merece el repudio más profundo cuando las conexiones personales se utilizan para torcer el recto proceder de la Justicia. 

Episodio 3.- La juez Núñez Bolaños, con el satisfactorio parecer de su mentor, el consejero Emilio de Llera, fracciona en tres partes la causa de los ERE sin esperar al dictamen de la Audiencia de Sevilla ni a la resolución del Consejo General del Poder Judicial. El sindicato de funcionarios Manos Limpias, que ejerce la acusación particular, estima injerencias políticas en tales decisiones y denuncia estrechas relaciones entre algunos imputados, el fiscal metido a consejero y la nueva instructora. El consejero de Llera tilda de "actitudes impropias de magistrados" al rifirrafe entre Alaya y su sustituta. 

Tercera conclusión: Los políticos procedentes de la judicatura olvidan muy pronto el respeto debido al cumplimiento de las normas, anteponiendo criterios políticos a los que debieran, por su procedencia, definir su personalidad. El llamado "uso alternativo del derecho" es muy típico de estos personajes y basta recordar el oportunismo de jueces como Garzón para entenderlo. No habrá Estado de derecho si se sigue permitiendo que jueces o fiscales que se dediquen a la política puedan volver a desempeñar funciones judiciales, porque la duda sobre su imparcialidad por parte del justiciable sería una constante inquietud. 

Episodio 4.- La obsesiva invasión del poder ejecutivo andaluz de las instituciones que deben garantizar la adecuada aplicación de la Justicia no solo es una constante sino que empieza a ser escandalosa. No se puede, salvo que el trasfondo dictatorial se apodere de uno, justificar el pago de la vivienda a quien no pertenece al organigrama de la Junta, como es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sin que ello levante las sospechas, aparte de su irregularidad, de que se pretende influir en el órgano que ha de juzgar a los aforados socialistas encausados en los ERE y otros casos de corrupción. Ni es de recibo que a letrados de alto nivel de instituciones fundamentales andaluzas, se les facilite la permanencia en sus funciones forzando la norma en lo que aparenta un reconocimiento a los servicios prestados en momentos complicados. 

Cuarta conclusión: No se puede gobernar una autonomía como un cortijo, y es inconcebible que, con la composición parlamentaria andaluza, se estén permitiendo abusos que debieran haber provocado censuras sin fin y ceses fulminantes, que en todo caso serían insuficientes porque el problema de Andalucía es que las irregularidades son sistémicas y que la corrupción es piramidal, tal como la desentrañó la juez Alaya y lo confirmó el juez del Supremo Alberto Jorge Barreiro. 

Corolario: Hoy asistimos, con una oposición paralizada y entretenida en cuestiones menores, al triunfo del ejecutivo sobre la Justicia, haciendo bueno lo que hace tiempo proclamó Alfonso Guerra: Montesquieu ha muerto. Y ahora, en Andalucía, le están dando sepultura.