A toda prisa y sin freno

Artículo de Mara Mago

Van a toda prisa y sin freno. Han pisado a fondo el acelerador tras la investidura, embragan a golpe de BOJA  y cambian de marcha en cada consejo de gobierno. No es cierto que el nuevo gobierno de Susana Díaz, X Legislatura del régimen socialista andaluz, marche a ralentí. Todo lo contrario. Cumpliendo su compromiso, “estapresidenta” no ha perdido ni un día desde que recuperó, oficialmente, el poder, gracias al apoyo de Ciudadanos, ese partido que venía a regenerar políticamente España –ja,ja,ja, disculpen que me ría-,  y gracias a la parálisis – reincidente- de la Oposición.

-   "Andalucía no puede esperar", reprochaba la líder del partido que representa el 35 por ciento del voto emitido en las elecciones autonómicas del 22 de marzo  a  los miembros de  la oposición, portavoces del 65 por ciento de la población votante.

Y, efectivamente, fue retomar posesión oficial de la vara de mando y atizar el fuego que alimenta la maquinaria de fabricar decretos leyes, resoluciones, órdenes, acuerdos, reuniones, contratos-programas, adjudicaciones, concesiones, subvenciones, etc, etc.

El BOJA echa humo desde junio. Si es que alguna vez estuvo ralentizado, que no lo estuvo. Porque el equipo de “estapresidenta” sigue a lo suyo siempre y en todo momento, como antes hicieron los equipos de otros presidentes,  independientemente de convocatorias y estrategias electorales, encuestas, campañas, resultados, retrasos en la investidura, pactos de gobierno o lo que sea a lo que obligue la puesta en escena del teatro de la Democracia. Porque una cosa es el espectáculo  y otra, muy distinta, el manejo detrás de bambalinas.

Así, independientemente de las movidas en la paralela de primer, segundo y hasta tercer grado, seguimiento que tan exhaustivamente realiza Cornelia Cinna, el magma en la Administración oficial se encuentra en plena ebullición, a punto de estadillo volcánico. Y no a causa de las altísimas temperaturas que hemos sufrido este verano por el sur peninsular. No, está ocasionado por un movimiento reivindicativo de larga tradición.  Me explico a continuación.

La campaña “Yo con Susana Díaz”, como es lo habitual, tenía segunda parte, un nuevo capítulo que podríamos denominar “¿Qué hay de lo mío, presidenta?”. Es más, aquella campaña traerá cola. Habrá otros capítulos. Esto va a ser un no parar, al menos, hasta las elecciones generales. Después, todo será una balsa de aceite o un rechinar y crujir de dientes, depende del que lo interprete.

Personalmente, creo que a partir de enero de 2016 gobernará este país una coalición de partidos que extenderá a todo el territorio nacional la experiencia bolivariana que ya sufrimos en Andalucía.

Por lo pronto, el Gobierno de Susana Díaz acelera el pago de deudas pendientes y, en respuesta a la movida “¿Qué hay de lo mío, presidenta?’’, aprueba en su primer consejo de gobierno tras retornar de vacaciones  un decreto-ley que resulta ser la ¡BOMBA! en la Función Pública andaluza. 

La Junta tiende alfombra roja a los antiguos  ‘’interinos pata negra’’. 

Los interinos pata negra ocupan puestos en la Administración General de la Junta de Andalucía desde su creación a principios de los años 80. Fueron contratados digitalmente, en muchos casos  por su afiliación o afinidad al partido gobernante. El Gobierno andaluz los ha protegido siempre con todo tipo de normas y  medidas que, no siempre, pudo llevar a fin. Intentó privilegiarlos con un pacto de estabilidad indefinida que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló en 2000.

Después de otros intentos y estratagemas, la Junta aprobó el Decreto-Ley 5/2013, por el que volvió a blindar al colectivo, en agravio comparativo con  los miles de interinos de otros sectores de la función pública, como sanidad o educación, donde se han despedido en torno a 10.000 interinos desde 2012.

Aunque en los inicios de la Junta los “interinos pata negra” fueron  mayoría, hace una década ya eran sólo unos 4.000. Y  en la actualidad son en torno a un millar, según fuentes sindicales. La cifra ha ido disminuyendo en la medida en que han logrado plaza fija en las sucesivas ofertas de empleo público que la Junta ha convocado. Algunas ex profeso. Estas convocatorias, aunque legalmente habrían tenido que ser anuales,  se han retrasado escandalosamente, a veces hasta tres años,  en una estrategia calculada para proteger estos puestos de trabajo y otros que han ido creándose de forma aleatoria y fuera de los conductos oficiales. Al mismo tiempo, se estaba evitando  el  acceso a la función pública andaluza a ciudadanía en general que podría encontrar por este camino un digno futuro laboral, pero que sería  ajena, en principio,  al partido gobernante. Por supuesto, esta intención nunca habrá sido verbalizada. Hay consignas. Sin embargo, la dilatación en el tiempo de las oposiciones y  el reducido número de plazas ofertadas en cada convocatoria  dice mucho del objetivo final de la estrategia, además de las denuncias por tráfico de influencias, que no han sido pocas, y probadas en sede judicial.

Más aún si, en paralelo, se ha sobrecargado la Administración autonómica de puestos de confianza, libre designación  y contratados externos con cargo a capítulos diversos y nunca identificados en el Presupuesto General de la Junta de Andalucía.  Sorprendentemente, para este abuso arbitrario con fines partidistas del empleo público no hay restricciones, mientras la excusa de la crisis económica y los obligados recortes es argumento recurrente para impedir  la  cobertura de vacantes, sustituciones y bajas en los puestos incluidos en la RPT –Relación de Puestos de Trabajo-, los  legalmente reconocidos y dotados económicamente.

Otra modalidad muy extendida en la última década para callar bocas y someter al personal funcionario en la más cómoda complacencia con el régimen dominante, -que es de lo que se trata,  en resumen-,  ha sido la creación de puestos “virtuales”. Se perpetúa así,   hasta la jubilación si es necesario,  el  status de mandos intermedios y alta dirección administrativa,  una vez que pierden sus puestos de PLD o confianza.  Las “virtuales” son plazas dotadas  con cargo al Presupuesto Público de la Junta, pero sin estar incluidas en la RPT oficial. Los responsables de su creación y nombramiento nunca explican de qué capítulo sacan,  como si de magia se tratara,  las partidas económicas que permiten sufragar los jugosos salarios que percibe esta elite  venida a menos.  Tan habitual es ya la práctica, que ni quejas sindicales provoca el trajín de adjudicaciones virtuales que sigue a cada cambio de gobierno. 

Favor con favor se paga 

El decreto-ley aprobado el 27 de agosto de 2015 por el Consejo de Gobierno andaluz  supone un punto y final a este largo proceso de privilegios que la Junta siempre ha concedido a sus miles de interinos “pata negra”, la mayoría reconvertidos hoy en funcionarios  que, desde sus comienzos, se plegaron a las demandas e imposiciones del régimen socialista. Merecido pago a fidelidad tan duradera. Favor con favor se paga.

Hago un inciso para adelantar que similar agradecimiento recibirán esta legislatura,  vía nuevo convenio colectivo para el personal laboral, los miles de contratados, -30.000 aproximadamente-,  de la administración paralela, toda vez que pasaron a ser empleados públicos en virtud de la controvertida Ley 1/2011, de 17 de febrero, dereordenación del sector público de Andalucía. Los colectivos que recurrieron en su momento esta ley ante el Tribunal Constitucional aún esperan su veredicto después de cuatro años de demoledora espera.

Para los funcionarios de carrera que han entrado directamente a la Administración general de la Junta, sin pasar por periodos de interinidad, los que podemos considerar  en su justo término “funcionarios por excelencia”, -estimo que deben ser en torno a 15.000 de un total de 23.000-  la norma de 27 de agosto de 2015 supondrá un varapalo en sus aspiraciones de progreso y movilidad dentro de la Función Pública andaluza. Este colectivo constituye, precisamente, y no por casualidad, el germen del movimiento más contundente de oposición al régimen socialista. 

Para situar a sus protegidos por delante de los funcionarios de carrera genuinos, como viene siendo habitual cada vez que una norma interrumpe sus planes, el gobierno andaluz ha tenido que saltarse, entre otras, un reglamento vigente desde 2002, varios artículos de la Ley de 1985 que ordena la Función Pública de la Junta, el Estatuto Básico del Empleado Público e interpretar a “su manera”, según expertos en derecho administrativo, recientes directrices de la Unión  europea.

Establecidas las nuevas reglas de juego que favorecen  a su equipo con el partido ya iniciado, la propaganda oficial y su hierático portavoz tiene toda la desfachatez de anunciar,  ahora sí,  que podrán convocarse y resolverse “concursos de méritos cada seis meses, tras más de cuatro años sin llevarse a cabo”. Sin cortarse un pelo, todo lo contrario, aparece desafiante admitiendo que han tenido paralizada la posibilidad de prosperar laboralmente de miles de funcionarios andaluces desde 2011.

¡Prevaricación y alevosía! como mínimo. Para pedir daños y perjuicios con efectos retroactivos y denunciar discriminación a favor de un colectivo que trunca el futuro laboral de otros. 

Concluyo no sin antes aclarar, estimados lectores, que esta historia que acabo de contar es tan real como tediosa puede resultar su lectura y su comprensión. Pero, si he creído importante contarla es porque el empleo público  lo pagamos todos y a todos debería beneficiar en similares condiciones de mérito y capacidad.  Recuérdelo cuando vea a sus hijos partir, título universitario en mano, fuera de Andalucía, a la búsqueda de un empleo digno que aquí nunca tendrá.