Sanidad gratuita y perversión del lenguaje

Artículo de Paco Romero

Se cumple ahora un quinquenio del anuncio por la entonces ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, de la intención de comunicar individualizadamente a los ciudadanos, a partir de aquel septiembre, de lo que nos cuesta a todos la sanidad a través de una factura informativa.


El admirable objetivo no era otro que advertir a los usuarios del sistema nacional de salud, mediante la llamada “factura en la sombra”, del coste de ir al médico y recordarles al tiempo que ese habitual trance no es, ni mucho menos, gratis.

El admirable objetivo no era otro que advertir a los usuarios del sistema nacional de salud, mediante la llamada “factura en la sombra”, del coste de ir al médico y recordarles al tiempo que ese habitual trance no es, ni mucho menos, gratis.

Así se pretendía, por ejemplo, informar previamente que “su operación de apendicitis va a costar al conjunto de la sociedad unos 2.900 euros y puede encarecerse hasta los 8.500 si hubiese complicaciones”, o que “su trasplante de riñón rondará los 45.000 euros, o los 100.000, si es de corazón”. O, antes de salir por la puerta del hospital, que “su parto sin complicaciones le ha costado al Sistema Nacional de Salud 1.835,25 euros”, o que “tras las complicaciones habidas, la atención a su alumbramiento mediante cesárea se ha elevado a 4.651,65 euros”, o que, en fin, su cirugía de cadera, prótesis incluida, ha ascendido a 15.152,35 euros”.

Las cifras -aproximadas y ahora actualizadas- no son fruto del azar, sino ejemplos concretos facilitados por la Dirección General de Planificación e Innovación de la Junta de Andalucía que nos ofertó una campaña que cifraba la implantación de la “factura en la sombra” antes del final de aquel 2010 y que, a menor escala, llegó a detallar los precios de la lista de otros procedimientos, pruebas diagnósticas o tests complementarios, tales como los 100 euros de una biopsia, los 35 de una ecografía, los 200 de una sesión diálisis, o los 100 de una de radioterapia.

La medida que, para nuestra desgracia, nunca puesta en práctica, ya llegaba entonces tarde. Concienciar a los usuarios y pacientes, educar en definitiva, de lo que cuesta el acto médico y los medicamentos es básico para que todos actuemos con responsabilidad. El problema de nuevo radica en la perversión del lenguaje al uso de los políticos. No es lo mismo, para salvaguardar la sanidad pública que nos hemos dado, dirigirse a la población hablando de sanidad gratuita que de asistencia sanitaria universal; por cierto, con unos costes hoy por hoy casi insostenibles por culpa del latrocinio institucionalizado en la sociedad. No puede ser lo mismo salir por la puerta de un hospital vanagloriándose de “haberme ahorrado 10.000 euros” que dando las gracias y reconociendo que “entre todos habéis apoquinado los 10.000 euros de mi intervención”, no es igual ufanarse de “no haber pagado nada por este costoso medicamento” que “agradezco tu aportación para mi brebaje”; porque, parece mentira tener que aclararlo a estas alturas, la financiación de ambos remedios nace de los impuestos.


La crisis económica sólo ha venido a acentuar el debate sobre cómo proteger el sistema sanitario y la premisa fundamental es tener todos bien clarito que tanto la sanidad como el resto de servicios públicos no son en absoluto gratis, que nos cuestan el dinero a todos… y a todas, dicho sea por aquellos y aquellas que todavía se ofenden con el uso de un lenguaje al que tachan de sexista pero que manipulan como genios a su antojo y en su propio beneficio.