Delito de rebelión

Artículo de Paco Romero

El pasado viernes, coincidiendo con la visita del “molt honorable” a SM el Rey, Felipe VI, el diario ABC publicaba:“la extrema izquierda y los independentistas vascos y catalanes -sobre todo estos últimos- están en un proceso de acercamiento para conseguir la ruptura con el régimen democrático surgido en 1978 en España, según análisis de los servicios de Inteligencia e Información”, noticia no desmentida por instancia alguna del Gobierno, si bien es verdad que, a estas alturas, la todopoderosa
Soraya no dispone de una herramienta parecida al Pravda 2.0 puesto en liza en el Ayuntamiento de la capital por Carmena y sus secuaces con el silencio cómplice de Carmona y sus mariachis.

La información trasciende a la par que el nacionalismo catalán, con el presidente a la cabeza, ha convocado para el día 27 de septiembre unas elecciones autonómicas a las que quiere dar un carácter plebiscitario, modalidad no prevista en la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, y por tanto saltándose -otra vez- la legalidad; todo ello el mismo día que, en su visita a la Zarzuela, al salerosillo “vengo en son de paz” del presidente de la Generalidad, le sobrevino una cara de tres cuartas del Jefe del Estado al que solo le faltó sugerir con adusto gesto a la pareja de la Guardia Civil más cercana que procediese a su detención.

La complacencia en su rostro, solo superada por la que exhibió hace apenas dos meses en el palco de autoridades del Campo Nuevo con motivo del perverso montaje de la final de la Copa de España, y mientras se silbaba al himno nacional, es solo el reflejo de una pérfida balada al autohalago y a la autolisonja del que se sabe ganador de múltiples y enclenques batallitas… esperemos que hasta la derrota final.

Rendición y capitulación -definitivas, y sin posibilidades de desagravio- que han de llegar de la mano de la Constitución y de la Ley.

Mucho se viene hablando -y cada vez con menos fe en su aplicación, es cierto- de la necesaria aplicación del artículo 155 de la Constitución Española que no resulta tan largo, ni tan difícil de entender, incluso para mentes confusas o embarulladas:

1.      Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

2.      Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

Parece claro que el desafío planteado por Convergencia -del que, hastiada, se ha desmarcado su hasta ahora siamesa Unión Democrática- y sus compañeros de viaje de la extrema izquierda nacionalista, refleja muy a las claras el incumplimiento del condicional con que se inicia el primer punto, lo que obliga (no se trata de una mera posibilidad) a la actuación prevista a continuación.

El fraude de ley y la burla al Estado de Derecho de estos zascandiles, aprovechando de forma torticera y abusiva la convocatoria de unas elecciones autonómicas, para revertirlas en un proceso de independencia a la que se llegaría en seis meses, como públicamente han anunciado, abre de par en par las puertas a algunas voces que, no tan desorientadas a mi modesto entender, abogan incluso por la aplicación del Código Penal, hallando en el tipo del delito de rebelión, inserto en el Capítulo I del Título XXI, Delitos contra la Constitución, las actuaciones planteadas por los responsables de la Generalidad y del resto de partidos bolcheviques catalanes:

Artículo 472

Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes:

1.º Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución.

…/…

3.º Impedir la libre celebración de elecciones para cargos públicos.

…/…

5.º Declarar la independencia de una parte del territorio nacional.

Artículo 473

1. Los que, induciendo a los rebeldes, hayan promovido o sostengan la rebelión, y los jefes principales de ésta, serán castigados con la pena de prisión de quince a veinticinco años e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo; los que ejerzan un mando subalterno, con la de prisión de diez a quince años e inhabilitación absoluta de diez a quince años, y los meros participantes, con la de prisión de cinco a diez años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años.

La única duda para su aplicación (el artículo parece redactado exclusivamente para castigar los pronunciamientos militares) podría radicar en qué sentido se entienda el vocablo “violenta” porque el otro requisito se da con creces, pues parece claro que no se esconden y que sus actuaciones son perennes y arteramente públicas. Así, la primera acepción del diccionario de la Real Academia Española establece para el primer adjetivo: “que está fuera de su natural estado, situación o modo”, y la séptima: “que se ejecuta contra el modo regular o fuera de razón y justicia”.
Parece claro que para que se actúe “violentamente” no se precisa necesariamente de la fuerza, porque, en su caso, no tendría sentido el punto segundo del mismo artículo:

2. Si se han esgrimido armas, o si ha habido combate entre la fuerza de su mando y los sectores leales a la autoridad legítima, o la rebelión hubiese causado estragos en propiedades de titularidad pública o privada, cortado las comunicaciones telegráficas, telefónicas, por ondas, ferroviarias o de otra clase, ejercido violencias graves contra las personas, exigido contribuciones o distraído los caudales públicos de su legítima inversión, las penas de prisión serán, respectivamente, de veinticinco a treinta años para los primeros, de quince a veinticinco años para los segundos y de diez a quince años para los últimos.

La actuación conjunta del Gobierno y de la sociedad española, sin más dilaciones, ha de llegar de la mano no solo de la ley, que porque así lo establece debe seguir siendo el principal motivo, sino de un pensamiento solidario puesto en el conjunto de catalanes -charnegos incluidos- que, abandonados a su suerte por su propio inmovilismo y por la inacción del resto del Estado, no quieren esto, viven secuestrados por un Síndrome de Estocolmo, que bien podía ser de Reus y que, acogotados y subyugados por el miedo nacionalista, no se notan, no se mueven y tampoco traspasan los límites establecidos por los camisas pardas de nuevo cuño, esos fantasiosos y perturbados soñadores de una Cataluña independiente que nunca existió, ni existirá.