La traición del PP

Imitando a la Junta de Andalucía, el PP está a punto de aprobar otra “administración paralela” para el Estado.

El Proyecto de Ley propone un modelo perverso de “Administración” para regocijo de los políticos que gobiernen en el Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.


Si en 2010 constituyó un hito histórico en España que más de 30.000 funcionarios se manifestaran en las calles de Sevilla, en protesta por la reordenación del sector público de Andalucía efectuada mediante la conocida “ley del enchufismo”, el Gobierno de Rajoy, a través del Ministro Montoro, podría conseguir que dicha cifra se multiplicara exponencialmente en las calles de toda España.

Desde estas páginas de El Demócrata Liberal quiero alertar de la aberración histórica que va a cometer el Gobierno del PP. Tanto los ciudadanos, por la parte que nos toca en nuestras relaciones con las Administraciones, como los funcionarios y laborales de la Administración General, se verán perjudicados gravemente por las reformas que este partido político, sin rumbo ni cabeza, pretende aprobar en breve plazo.

La denominada “Administración institucional” o “Administración instrumental” va a adquirir un peso que no le corresponde, en detrimento de la Administración Pública, la que se rige por el Derecho público. Para los inexpertos en la materia, esta Ley que está a punto de aprobarse permitirá que los políticos que ocupen cargos públicos adopten decisiones que afectan a las vidas de los ciudadanos sin los controles que deben garantizar la imparcialidad y objetividad de las mismas.

Y ya saben ustedes lo que dice el dicho: “cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar”. Mañana mismo podemos tener a todas las Comunidades Autónomas con el mismo problema que Andalucía, o a la Justicia sin jueces, magistrados o secretarios judiciales que hayan opositado (ya se ha hecho con los tercer y cuarto turno, que ocupan cerca del 20 % de jueces), y en vez de ser funcionarios, se acabarán contratando laboralmente a dedo. Y ya saben como está la Justicia, que da pena verla por la infección severa que padece de tanto partidismo y politiqueo, que remueve el estómago a cualquiera.

“A río revuelto, ganancia de pescadores”. Con la nueva norma que el Gobierno de Rajoy y Montoro ha remitido a las Cortes para su aprobación se crea una inseguridad jurídica de tal calibre que de ello sólo sacarán provecho los corruptos y los partidos políticos que gobiernen en cualquiera de las Administraciones territoriales, ya sean estatales, autonómicas o locales. Los ciudadanos…tendremos que pagarlo a costa de libertades y dinero.

No es posible justificar lo que va a hacer el PP, porque es de delito: tiene interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 1/2011, de reordenación del sector público de Andalucía, la de las agencias y el enchufismo, y ahora va a aprobar con la mayoría que tiene en las Cortes un Proyecto de Ley que precisamente sigue las pautas de la Ley andaluza que ha recurrido ante el Tribunal Constitucional. ¡Y después se preguntarán en el PP –y en el PSOE- a qué se debe la pérdida de votos!

El pasado el 11/05/2015 ha sido presentado el Proyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público en el Congreso de los Diputados, y actualmente se encuentra en trámite en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas. Hasta el 23/06/2015 se ha ampliado el plazo para presentar enmiendas al articulado. El texto está disponible en esta dirección: BOCG. Congreso de los Diputados Núm. A-154-1 de 18/05/2015

En los matices del texto de dicho Proyecto de Ley es donde se encuentra la trampa, difícil de percibir para muchos; sin embargo, para algunos, y me incluyo en este grupo, es evidente la intención que persigue, especialmente con las entidades públicas empresariales, en las que se mezclarán potestades administrativas con intereses empresariales, y se integrarán a funcionarios y laborales contratados, en un “tótum revolútum”.

En dicho Proyecto de Ley, el PP claramente apuesta por acabar con la Administración Pública y la Función Pública, y apoya “privatizar” todo el funcionamiento de las Administraciones, que pretende dejar en manos de entes de titularidad pública pero regidas por el Derecho privado, con un régimen económico-presupuestario y de recursos humanos que se alejan del Derecho público, con el grave peligro que conlleva de falta de vigilancia. Es una invitación en toda regla al gasto descontrolado y a practicar el deporte nacional de los partidos que llegan al poder: colocar a dedo a sus allegados.

Se acabarán las oposiciones, el personal será contratado arbitrariamente, sin garantías en el cumplimiento de los principios de mérito y capacidad, hasta que la mediocridad acabe inundando las Administraciones. Ya no estarán los mejor preparados para cada función o tarea pública, sino los que tengan relaciones de afinidad, como las familiares, amistosas o políticas. Es un disparate que nos costará generaciones cambiar, porque inevitablemente nos llevará al fracaso. “Si quieres saber como es Manolillo, dale un carguillo”.

Si la idea del PP de Rajoy y Montoro es mercantilizar las Administraciones y laboralizar la Función Pública, al estilo anglosajón, primero cámbiese la Constitución y apuéstese por aquel sistema, ¡¡pero en todo!! Lo que es inadmisible es que sólo adopten algunas de las características del sistema anglosajón, casualmente las que favorecen el capricho de los gobernantes, pero no las características que suponen ventajas para los ciudadanos, como por ejemplo, que los poderes públicos se sitúen al mismo nivel que cualquier ciudadano en las relaciones entre ambos, en total igualdad de condiciones, como por ejemplo ante la Justicia. Sin embargo, como pasa con la separación de poderes en España, esto no interesa a los políticos que gobiernan, únicamente interesados en lo particular para perpetuarse: “yo, mí, me, conmigo”.

Nuestra Constitución de 1978 apostó tímidamente por la separación de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) en la organización del Estado. Tan tímidamente que es rotundamente mejorable. A su vez, dentro de cada poder, se crearon mecanismos de control para evitar abusos y desviaciones. En relación al poder ejecutivo, se diseñó un sistema político-administrativo en el que difícilmente un gobernante podría actuar caprichosamente. Históricamente se dotó a las Administraciones Públicas de una fuerte estructura basada en el Derecho público (organización y procedimientos administrativos), y de unos recursos humanos que constituyen la Función Pública, como forma de garantizar la prohibición de la arbitrariedad por parte de los dirigentes políticos.

¿Y por qué se adoptaron estas medidas tan importantes? Si lo piensan detenidamente, los privilegios, algunos exorbitantes, de los poderes públicos son situaciones y poderes que el ordenamiento jurídico le otorga a las Administraciones territoriales (Estado, Comunidades Autónomas y Municipios), y que las colocan en una situación desigual y superior, respecto de los administrados que con ellas se relacionan. Los ciudadanos hemos “cedido” parte de nuestra libertad a los poderes públicos, pero no sin límites, sino con ciertas garantías para que no puedan abusar de esos poderes.

Las potestades exorbitantes de las Administraciones Públicas, por mandato constitucional y estatutario, no pueden salir de su organización, que se rigen por el Derecho público en sus relaciones con los ciudadanos. Las potestades o funciones de expropiación, desahucio administrativo, autorización, sanción, liquidación y recaudación de tributos, concesión de subvenciones y ayudas económicas, detención y arresto policial, y demás funciones públicas o potestades administrativas, sólo pueden ser ejercidas con la participación directa o indirecta de  funcionarios públicos, y siempre dentro de la Administración Pública, pues de no ser así, tendría efectos sobre la validez y eficacia de los actos administrativos, y podrían anularse las decisiones. Por ejemplo, una fundación pública, una sociedad mercantil pública o una entidad pública empresarial, que se rigen por el Derecho privado, no podrían ejercer esas prerrogativas o potestades.

No podemos obviar que las Administraciones Públicas deben servir con objetividad los intereses generales y actúan con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Mientras que la Administración Pública tiene la obligación de satisfacer los intereses públicos, y por eso se rigen por el Derecho público, los entes que se rigen por el Derecho privado no tienen esa obligación porque su régimen jurídico beneficia el interés particular.

Por ejemplo, para que lo entiendan ustedes mejor, si se expulsa a un funcionario de la Administración, y acude a la Justicia, el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, que es el competente, valorará los intereses públicos en juego, que prevalecen sobre los particulares del funcionario. Sin embargo, si se despide a un trabajador contratado laboralmente, será un Tribunal de lo Social quien juzgue el caso por ser el competente, y éste velará por los derechos particulares del trabajador (le obliga la Ley), sin tener en cuenta el interés general de la Administración, es decir, el de todos los ciudadanos. Por este motivo, muchos de los trabajadores laborales despedidos en las Administraciones (como ha ocurrido con los 800 ALPES despedidos en la Junta de Andalucía), tienen que ser readmitidos sin haber tenido en cuenta los intereses generales, aunque a la Administración le cueste muchos millones de euros los sueldos de todos ellos cada año, dinero que tendrá que quitarse de otras partidas del Presupuesto (Sanidad, Educación, Servicios Sociales, Inversiones, Incentivos económicos, etc.).

Otro ejemplo sería el siguiente: en la Administración General (Ministerio o Consejería), el presupuesto es limitativo, y el expediente de gasto (subvención, contrato, etc.) debe fiscalizarse previamente por funcionarios, sin poder gastarse más de lo presupuestado, con el objetivo de satisfacer el interés general. En una empresa pública, el presupuesto no es limitativo, ni hay fiscalización previa de los expedientes de gasto por funcionarios, de manera que la empresa puede gastar más de lo que tiene presupuestado, y sus cuentas no se fiscalizan hasta terminado el año, y todo ello se ha hecho sin tener en cuenta el interés público, sino el interés empresarial, permitiéndose pérdidas o endeudarse.

Los entes instrumentales (empresas públicas, agencias o entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles de titularidad pública, etc.) se crearon históricamente para ejecutar materialmente las decisiones adoptadas por la Administración Pública, decisiones que están sometidas a muchos controles. Por ello, dichos entes instrumentales han dependido siempre funcionalmente de la Administración Pública. Ahora se intenta revertir el proceso: se pretende que las decisiones se adopten fuera de la Administración, donde no hay controles (las potestades “exorbitantes” se están traspasando a los entes instrumentales), y se hace depender funcionalmente de dichos entes a los funcionarios y a las unidades administrativas de la Administración. Es el mundo al revés, muy atractivo para los políticos que gobiernen, pues podrán imponernos sus caprichos y arbitrariedades. ¡Es el paraíso para los corruptos!

Precisamente por ello, debido a la obligación de servir con objetividad los intereses generales, se apostó por una organización férreamente controlada y por la Función Pública, una organización profesionalizada y de élite con funcionarios públicos, cuya independencia y neutralidad se garantiza mediante el instrumento de la “inamovilidad” (bien entendida, en evitación de represalias), como forma de impedir arbitrariedades en las decisiones y actuaciones de los cargos públicos. Sin embargo, ello no sería posible si sus empleados no dispusieran de ese instrumento de la “inamovilidad”, porque de todos es sabido que si un contratado laboral de una empresa pública o agencia pública empresarial no firma lo que ordenen sus jefes políticos (aunque sea ilegal), puede ser despedido. Los ceses constantes en las Administraciones ya los sufrimos en España en las épocas de las “cesantías” cuando cambiaban los dirigentes políticos en las instituciones, y fue una época desastrosa. En 2005 tuve la oportunidad de conocer in situ las consecuencias de este sistema de ceses y cambios en los Ayuntamientos del Estado de Jalisco (México), y era objeto de fuertes críticas internas gubernamentales, dado que la experiencia acumulada era muy negativa. Y se está apostando por este camino en España...¡qué error, qué terror!

Es evidente que las Administraciones Públicas se han modernizado, especialmente con la llegada de la Administración electrónica. Pero sus fundamentos siguen siendo los mismos, y no deben ser abandonados en un país de corruptos como es España. ¿Acaso ha cambiado la Constitución española? El problema principal es que los políticos de este país han huido constantemente del Derecho Administrativo, aunque ahora más que una huida es una desbandada, pues todo lo que huela a control de sus decisiones, intentan erradicarlo. Y para ello utilizan caminos torticeros que pasan desapercibidos para la mayoría de los ciudadanos.

Nos encontramos en constante lucha contra las inmunidades del poder, y en materia de organización de las Administraciones Públicas y Función Pública, estamos en medio de la batalla, nos agrade o no.

Este tema es muy grave, trascendente para nuestras vidas. Los ciudadanos nos estamos jugando nuestra libertad. Si dejamos que los políticos sigan diseñando y aprobando sistemas que garanticen privilegios y prerrogativas, relajando los mecanismos de control que costaron muchos años diseñarlos y construirlos, acabaremos devorados por nuestra apatía.

Si yo fuera un militante o votante del PP, que no lo soy, y conociera este Proyecto que se va a aprobar, abandonaría para siempre a un partido que es igual de corrupto que el PSOE, sin visos de mejorar. El bipartidismo está muriendo por las acciones propias más que por las acciones de los demás partidos. Constituirá, sin duda, otra página negra de nuestra historia.